Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en edición 2492 de la revista ‘Caretas’.
Hay gente, poca menos mal, a la que uno refuta una vez, una segunda, una tercera y otra más. Se prueba lo falaz de las premisas, lo erróneo de los hechos, lo ridículo de las conclusiones. Se le indica además que la terquedad sin razón revela la cualidad que describió Camus: “La estupidez insiste siempre”.
Pero no hay nada que hacer. Meses después, cambiando un poco el ángulo de razonamiento, agarrándose de alguna justificación parcial, volverá con el mismo argumento mentecato, a decir que las cosas demuestran que él siempre tuvo razón y que quienes lo refutaron quedan indeleblemente manchados.
Pues sí. Fernando Rospigliosi argumenta de nuevo.
El sábado pasado, en su artículo semanal en El Comercio, Rospigliosi afirmó que tanto el fiscal Álvaro Rodas como la congresista Luciana León sostienen la existencia de un “Escuadrón de la Muerte” sobre el que “quedan pocas dudas de que ese grupo existió y asesinó a sangre fría a por los menos 34 personas”. Así, dice Rospigliosi, queda “desbaratada la campaña mediática de [Raúl] Prado Ravines que, ayudado por algunos periodistas como Philip Butters y Gustavo Gorriti, pretendía hacerse pasar como una víctima”.
Hay gente a la que no es necesario dedicarle tiempo, puesto que importa poco lo que diga. Con este, la cosa es diferente, porque así como nunca reconocerá una razón opuesta a la suya, considerará que la falta de respuesta a su necedad la convierte en sabiduría.
Veamos cuál fue mi “campaña mediática” en este caso.
La discusión sobre el supuesto “Escuadrón de la Muerte” de la Policía se dio el año pasado luego de una sucesión de “destapes” periodísticos y reacciones políticas protagonizados por gente a la que he visto coordinar otras investigaciones con agendas paralelas desde hace algunos años.
El tema merecía, sin duda, investigarse. En diferentes naciones y circunstancias, grupos dados de policías se han organizado paralelamente en “escuadrones de la muerte” clandestinos, que bajo el pretexto de dispensar justicia expeditiva y terminal, acababa casi invariablemente en bandas de crimen organizado.
«La auditoría de IDL-Reporteros sirvió para demostrar las falacias que armaron las acusaciones. Pero quedaron preguntas. Algunas importantes, todas necesarias».
Pero había fallas evidentes en la investigación periodística, que señalé en mi artículo “Investigar a fondo, pero bien” (https://www.idl-reporteros.pe/investigar-a-fondo-pero-bien/). En el párrafo final de ese artículo reiteré que “las acusaciones deben investigarse a fondo, pero bien. Sin prejuzgar, sin adelantar juicio, sin dejar de entrevistar a los imputados, sin abandonar la imparcialidad de juicio y el rigor en el examen de la evidencia que confirman o cancelan lo investigado”.
No era (ni es) un mal consejo, ¿verdad? Pero para el entonces reciente ministro del Interior, Carlos Basombrío, fue casi un insulto. Él y su entorno de exsubordinados de Rospigliosi (como lo es el propio Basombrío) salieron a afirmar con energía y vehemencia que no solo había “indicios abrumadores” sobre la existencia del “Escuadrón de la Muerte” sino que se trataba, según Basombrío, de “un grupo de casi 100 policías que habría realizado ejecuciones extrajudiciales para obtener ascensos”.
El viceministro Ricardo Valdez precisó más los números y dijo, en una entrevista en RPP, que el “Escuadrón de la Muerte” estaba compuesto por 96 oficiales y suboficiales.
El de mayor grado entre los acusados era el general PNP Vicente Álvarez, que venía de desempeñar un papel fundamental en las acciones contrainsurgentes coordinadas por el viceministro Iván Vega (del Interior primero, de Defensa después) contra el Sendero del VRAE. En esas acciones, debe recordarse, el SL-VRAE sufrió los golpes más duros y la mayor contracción de territorio desde que los hermanos Quispe Palomino asumieron el control de la organización.
Los otros acusados, aparte de Prado Ravines, eran la mayoría de integrantes de la SUAT de la Policía, que habían participado en casi todas las acciones en las que se imputaba asesinatos a personas rendidas o desarmadas.
Quise entrevistar a Basombrío, para que me explicara sobre qué base calculó el centenar de policías asesinos, pero se negó a hablar. Decidí entonces hacer una suerte de auditoría investigativa a un caso mayor, el que Basombrío llamaba “paradigmático”: el de la intervención policial en Chincha en un secuestro el 20 de septiembre de 2014, en el que la SUAT rescató al secuestrado, dio muerte a tres secuestradores y dejó herido a un cuarto que falleció poco después.
En tres entregas sucesivas publicadas en IDL-Reporteros, examiné cada paso del operativo, desde su origen hasta el final (https://www.idl-reporteros.pe/el-caso-chincha/). En el penúltimo párrafo de la tercera entrega escribí que: “La auditoría que IDL-Reporteros hizo de la investigación en general y, sobre todo, del llamado ‘caso emblemático’ de Chincha por el otro, sirvió para demostrar las falacias que armaron las acusaciones. Hay, sin embargo, y como hemos visto en esta entrega, preguntas pendientes que deben ser resueltas. Algunas son importantes, todas son necesarias”.
La auditoría investigativa ayudó a que los SUAT que participaron en el operativo no fueran encarcelados. Otro posible efecto, logrado unos días antes, fue el de haber sido uno de los factores que llevaron a que el ministro Basombrío reculara y exonerara a la SUAT de toda responsabilidad. Poco después, el Ministerio del Interior presentó un informe en el que el supuesto Escuadrón ya no tenía 97 sino apenas nueve policías: un décimo de lo afirmado poco antes.
Las “investigaciones” llevadas a cabo hasta entonces estaban plagadas de vicios básicos de razonamiento y de manejo de evidencias. Pese a ello se pasó al retiro al general Álvarez (y de paso, aunque esto no compete solo a Interior sino al gobierno entero, especialmente a Defensa, se descuidó el VRAE, se desactivó lo fundamental de la operación contrainsurgentes, con los resultados ya visibles del reagrupamiento y expansión operativa del SL-VRAE).
Apenas terminada la auditoría investigativa, establecidos algunos hechos, identificadas las falacias y formuladas las preguntas pendientes, dejé el caso para concentrarme en el de Lava Jato.
No conozco la investigación del fiscal Rodas. Espero que sea mejor que los adefesios que vi entonces. Hay, sin duda, cosas nuevas que considerar (como el vídeo de Piura, por ejemplo), pero ellas no cambian lo que pude ver en el caso Chincha y, con menos prolijidad pero igual seriedad, en otros casos.
De tal manera que si la auditoría investigativa, la revisión de hechos que hice sobre varios aspectos de ese caso, significa, para Rospigliosi, ayudar a la “campaña mediática” de uno de los acusados, tendré que concluir que ya Camus no es suficiente, pues debió haber añadido su valoración del cinismo a la de la estupidez.
