Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición la 2493 de la revista ‘Caretas’.
Es muy probable que en los próximos días y semanas se amplíe, quizá en forma considerable, el conocimiento sobre el caso Lava Jato en el Perú.
Pero antes de entrar en esos capítulos, que serán trepidantes y sorprendentes (aunque quizá no del todo inesperados), es muy útil repasar y revisar dónde estamos en cuanto a la investigación y el conocimiento del caso.
Mi primera impresión es que corremos el riesgo de olvidarnos que este es el caso Lava Jato y no solamente Odebrecht. Hace pocos días me pasaron la foto de una sanguchería en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, donde ofrecen ahora los “combos Odebrecht”, ilustrados con las figuras de Toledo, García y Nadine Heredia. Hay dos opciones de precio. Si fuera el “combo Lava Jato” tendrían para un menú entero.
¿Qué sabemos hasta ahora? Mucho más que antes, pero estamos muy lejos todavía del cuadro completo de los hechos. La torrencial delación corporativa de Odebrecht ha encauzado un más bien anémico riachuelo informativo hacia nuestro país. Las confesiones de los principales funcionarios de Odebrecht (Jorge Barata y Ricardo Boleira) durante los gobiernos de Toledo, García y Humala atestiguan el pago de coimas millonarias a Alejandro Toledo; contribuciones electorales igualmente millonarias y no declaradas a Ollanta Humala; sobornos menores a funcionarios de segundo y tercer nivel durante el gobierno de García; coimas a dos gobernadores regionales (Moreno y Acurio) con la participación de intermediarios pitucos con offshore propia (Shavit, Zaragozá y Salazar), por alrededor de treinta millones de dólares; es decir, la suma grosso modo confesada en el acuerdo de reconocimiento de culpa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Las confesiones de Odebrecht sobre los casos de corrupción en el Perú no terminan sino apenas comienzan el caso. Los nuevos capítulos serán trepidantes aunque quizá no inesperados”.
¿Corresponde esa confesión a la realidad? Estoy seguro que no, que la cifra global de las coimas pagadas por Odebrecht en el Perú es varias veces superior. Creo que eso se puede demostrar y que se demostrará.
Pero ¿no era que los delatores estaban obligados a decir toda la verdad, a riesgo de perder todos los beneficios de la delación? Sí, pero no a contestar lo que no se les preguntó. Pueden además omitir la revelación de aquello que no se les inquirió en forma concreta y puntual.
Toda la información base sobre la que se sustentan hasta ahora los casos aquí se produjo en Brasil, en respuesta a las investigaciones y las preguntas de investigadores brasileños, que conocían muy bien su realidad y muy poco la de los otros países involucrados en el caso. Por eso, la calidad de la información sobre Brasil es enteramente diferente y muy superior a la que existe sobre los otros países latinoamericanos, incluyendo el nuestro.
De manera que las confesiones de Odebrecht sobre los casos de corrupción en el Perú no terminan sino apenas comienzan el caso. Hay una larga investigación pendiente, que logrará muchas más revelaciones confesionales (bajo el régimen brasileño) en cuanto empiece a agarrar tracción.
Dicho lo cual, es necesario observar la otra cara de la moneda: Es cierto que la confesión de Odebrecht es hasta ahora insuficiente, pero es la que hay y es, por eso, la única fuente de conocimiento puntual sobre el caso Lava Jato en el Perú. Las otras compañías, tanto las brasileñas como las peruanas, no revelan ni confiesan y parecen, más bien, esperar a que las investigaciones fiscales, la atención pública y, sobre todo, el castigo, se concentren en Odebrecht y encapsulen el caso y toda la carga de culpas en él y en los denunciados hasta ahora.
La pachocha con la que la fiscalía de la Nación lleva el caso, pronostica un desenlace sin gloria y sin justicia. El fiscal Hamilton Castro no solo es más lento que el caballo del malo en sus investigaciones sino tampoco las hace bien, como demostró la puesta en libertad de Félix Moreno por las fallas gruesas en el procedimiento que señaló la sentencia en mayoría. No solo eso: Castro no tiene los medios ni la jerarquía para manejar una investigación muy compleja, que requiere un número mucho mayor de fiscales de gran calificación, dirigidos con energía y visión de conjunto por un fiscal superior que pueda compararse en calidad y dinamismo con los brasileños.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, puede tener buenas intenciones pero no pone fuerza ni decisión en la más importante responsabilidad que ha enfrentado hasta ahora su cargo desde los tiempos de Gonzalo Ortiz de Zevallos. Debajo de él hierven las intrigas y enfrentamientos. En el proceso, buenos fiscales han sido apartados de casos importantes, en cuanto parecían tener buenos resultados y otros no han sido considerados para la misión, pese a la gran necesidad que existe de incorporar a los mejores.
No solo eso. El peso de personajes influyentes que intentan favorecer a los investigados, se hace sentir con fuerza. Por ejemplo, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura y exjuez, Pablo Talavera, ha llevado a cabo gestiones judiciales y fiscales a favor de la empresa Camargo Correa. Muchos fiscales y jueces que tienen que ver con el caso, fueron nombrados o confirmados cuando Talavera ejercía protagonismo central en el CNM. ¿Sorprenden las decisiones recientes a favor de Camargo Correa y de su ex empleado, Marcos de Moura Wanderley, una de las personas que tendría más historias que contar sobre Lava Jato? No sorprenden. Y desde el juego doble o triple de abogados hasta las estrategias de las camarillas corruptas de influencia dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial, habrá mucho más que decir en el ámbito deprimente de la doblez y la hipocresía en el proceso legal de la lucha anticorrupción. Por eso, entre otras razones, es evidente que en la transición de Brasil a Perú ha habido una degradación investigativa de Lava Jato.
Volvamos a las empresas involucradas. Está claro que la confesión es vital en el caso Lava Jato. Y, pese a sus limitaciones, Odebrecht es la única que ha delatado hasta ahora en el Perú. Se entiende que la confesión debe ser premiada para estimular a otros a hacerla también, mientras se concentra la presión en los que, pese a las evidencias, no confiesan.
Pero aquí no se ha tocado a quienes buscan la impunidad y se ha concentrado la acción punitiva contra Odebrecht.
Si se quiere cerrar a Odebrecht y proteger a las demás compañías, las que no han confesado, el único mensaje que emerge con claridad es que se castiga al que reveló, aunque sea en parte, los delitos; y se protege al que calló y encubrió a los delincuentes. Es decir, la omerta en lugar de la justicia.
Exactamente lo opuesto de lo que se debe hacer.
¿Qué se debe hacer? Los cambios organizativos y de liderazgo que lleven a una investigación rápida, eficaz, para forzar a buena parte de los delincuentes corporativos a capitular y delatar. Los principales culpables deben ir a prisión. Pero aún dentro de ese grupo, como en Brasil, debe reducirse las penas en proporción a lo confesado.
A la vez, las compañías que luego de confesar emprendan las reformas profundas anticorrupción en sus operaciones bajo el modelo establecido por casos como los de Siemens o Alstom, deben continuar trabajando, para que, precisamente, no se estanque la economía, no se rompa la cadena de pagos, no se pierdan puestos de trabajo ni se deje de hacer obras necesarias. Deben ser consideradas como compañías reformadas (si mantienen las reformas bien) en todo menos en la obligación de pagar sus multas a partir de sus utilidades hasta cancelarlas.
