Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2517 de la revista ‘Caretas’.
Por fortuna no soy abogado, pero leyendo lo que han escrito sobre el tema las personas con mayor y mejor conocimiento sobre la prisión preventiva, encuentro abusivas y falaces las últimas decisiones de encarcelamiento de varios ejecutivos y exejecutivos de las antiguas socias empresariales de Odebrecht.
La prisión preventiva es una medida excepcional para evitar peligros específicos: de fuga, de obstrucción de la justicia, de destrucción de pruebas.
El arresto preventivo no debe ser un adelanto de sentencia ni una derogación del debido proceso. Calcular, por ejemplo, la pena a la que serían sentenciados los procesados en caso de determinarse su culpabilidad no significa que se los pueda meter a la cárcel mientras se espera la sentencia.
En Brasil, donde ha habido muchas detenciones preventivas en el marco de la megainvestigación de Lava Jato, la investigación previa es fundamental y el plazo para iniciar la acción acusatoria luego de la detención, es muy corto. No se puede tener a nadie recluido y con su caso paralizado. O se avanza enérgicamente con la investigación acusatoria o se acaba la prisión preventiva.
Por eso sostengo que no se justifican las detenciones preventivas de los ejecutivos (o exejecutivos) de las compañías peruanas que actuaron en consorcio con Odebrecht.
Pero no se trataba de canear sin motivo legal, sino de aclarar, de terminar de investigar un caso ya muy avanzado gracias al periodismo, de concretarlo en pruebas precisas y de acusar judicialmente.
Ni la Schadenfreude (la alegría ante la desgracia ajena), ni la presunción de culpa, ni el espectáculo de los ricos caneados, ni la oportunidad de engolar solemnes tonterías como la de que ese encarcelamiento demuestra que la “justicia” “mide a todos con la misma vara”, justifican la reiteración del abuso de la prisión preventiva.
Lo único que sí puede decirse es que el encarcelamiento de José Graña, Hernando Graña, Fernando Camet y José Castillo demuestra que se puede abusar contra empresarios presuntamente poderosos a condición de que tengan enemigos más poderosos que ellos.
Y este es exactamente el caso ahora, como paso a explicar.
Las investigaciones y revelaciones sobre los exsocios de Odebrecht no son nuevas. IDL-Reporteros, la publicación digital de periodismo de investigación que dirijo, llevó a cabo la mayoría de ellas. El 20 de abril de 2016, por ejemplo, IDL-R publicó “Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú”, donde reveló cómo en menos de un año, en 2007, el consorcio IIRSA Norte (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Graña y Montero) transfirió alrededor de 11 millones de dólares a oscuras compañías que canalizaron finalmente 7 millones de dólares a una cuenta de Barbados (de la offshore Balmer Holding Assets), donde desapareció el rastro.
Le preguntamos entonces, por supuesto, a Graña y Montero cómo pudieron esfumarse 11 millones del consorcio sin que ellos lo notaran. Su respuesta fue de que Odebrecht había tenido el control total de la operación, que no les habían informado y de que, además, la auditora Pricewaterhouse Coopers revisó las cuentas y las encontró conformes.
La nota terminaba apuntando que: “Eso nos deja a Graña y Montero, a quienes es difícil suponer que les pasara inadvertido el traslado de más de 10 millones de dólares en un año. Usualmente, los costos se comparten. Esos, los del dinero que no se confiesa, a menos que sea descubierto, también”.
En mi artículo: “Confesión en tinta invisible”, publicado en Caretas 2488, en mayo de este año, revisé nuevamente el tema de los 11 millones de IIRSA Norte que desaparecieron el 2007 en las redes del lavado y, luego de hacer constar la respuesta de Graña y Montero de “no haber sabido nada de los pagos, no haber sido informados sobre ellos y no haber tenido ninguna participación en el manejo del Consorcio”, añadí que: “Los representantes de Odebrecht, en cambio, sostienen ahora que Graña y Montero estuvo perfectamente informada sobre las decisiones que tomó el Consorcio”.
¿La conclusión en esa nota? “El más elemental sentido común indica que Graña y Montero sí conocía sobre esos pagos […] Ahora, les toca confesarlo.[…] Y, sobre todo, decir a quién le pagaron”.
El 7 de julio de este año, hace casi seis meses, IDL-Reporteros publicó “Obtención de resultados”. La nota fue firmada por mí y por Romina Mella. Ahí reseñamos primero, la investigación de la periodista brasileña Malú Gaspar, que reveló “cómo funcionaba la división de los sobornos entre Odebrecht y las constructoras peruanas”. En “tuits secos y breves”, Gaspar indicó que “surgen ahora pruebas de que las constructoras locales participaron en la división […] de las coimas”; y que “las actas del consorcio del metro de Lima muestran que [Graña y Montero S.A.] la mayor constructora del Perú, cedió parte de sus utilidades para compensar la coima”.
Nuestra propia investigación en IDL-Reporteros confirmaba y complementaba la de Gaspar. Indicamos que, “en un proceso independiente de investigación, IDL-Reporteros obtuvo documentos que muestran a los “riesgos adicionales” en acción en otra fecha [el 2015] y en otro proyecto y fecha [el tramo 2 de IIRSA Sur]”. El artículo documentó profusamente la forma en la que las socias nacionales de Odebrecht, cedieron una “parte desproporcionada” de sus utilidades, en IIRSA Sur y en el Tren Eléctrico, para aportar su parte de las coimas que ya había pagado Odebrecht.
En la nota apuntamos que todo ese conocimiento “durmió un plácido sueño en la fiscalía hasta la publicación, ayer, de la nota de Malú Gaspar…”.
Luego de esa publicación, el sueño fiscal, quizá ya no tan plácido, continuó.
Hasta que el mototaxi fujimorista, de un lado, acusó constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber, supuestamente, descuidado la investigación a Graña y Montero. Sin mencionar para nada, por supuesto, la participación de su secretario general, José Chlimper, en el directorio de Graña y Montero durante esos años.
Poco después, la exfujimorista Yeni Vilcatoma acusó al fiscal Hamilton Castro de la misma negligencia en su nivel funcional.
Coincidentemente, o no, recién en ese momento Hamilton Castro tuvo un súbito acceso de actividad en la que reunió la información hace largos meses disponible para pedir (y finalmente obtener) la prisión preventiva de los Graña, Camet y Castillo.
Así, una investigación necesaria ha sido secuestrada por motivos espurios y efectos falaces.
El fujimorismo se centró en utilizar el caso Graña y Montero solo a partir de las acciones investigativas del fiscal José Domingo Pérez Gómez sobre Keiko Fujimori y también luego de que la fiscal Elizabeth Peralta ordenara reabrir la investigación por lavado de activos a Joaquín Ramírez. En este caso, su supuesto celo investigativo tiene como fin último el encubrimiento.
De otro lado, es inescapable la coincidencia entre el ataque de Vilcatoma a Hamilton Castro y la inesperada adrenalina funcional de este.
Pero no se trataba de encerrar, de canear sin motivo legal, sino de aclarar, de terminar de investigar un caso ya muy avanzado gracias al periodismo, de concretarlo en pruebas precisas y de acusar judicialmente.
¿Por qué contaminar una investigación que pudo haberse redondeado en poco tiempo, con un atropello, como fue la detención sin motivo legítimo? ¿Dónde estuvieron las pruebas de que los detenidos pretendían fugar, destruir pruebas u obstruir la justicia? ¿Qué gana la investigación con esos encarcelamientos? Nada.
Entonces, lo único que queda suponer es que se trata de acciones punitivas cuyo objetivo es aplacar con sacrificios propiciatorios al mototaxi fujimorista y sus compañeros de ruta, sometiéndose frente a quienes más deben ser investigados y pretendiendo disfrazar como demostración de fuerza lo que no es más que una muestra de debilidad.
