Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2558 de la revista Caretas.
Les cuento la versión corta de un largo misterio. Hay misterios románticos, otros siniestros, algunos trágicos. Este no es nada de eso. Encierra un crimen, por lo menos, que todo el mundo sabe se cometió. También hay confesiones y gente presa que no han resuelto sino complicado el caso.
Se trata del Tren Eléctrico de Lima, construido en el segundo gobierno de Alan García por un consorcio liderado por Odebrecht en tiempo record y alto sobrecosto. Fue una obra hecha, entre otras cosas, para terminar otro Tren Eléctrico, el del primer gobierno de Alan García, que solo logró movilizar acusaciones de legendaria corrupción.
Lava Jato reveló ahora que también hubo corrupción en el Tren Eléctrico del siglo XXI. La delación premiada en Brasil del ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, relató coimas pagadas a funcionarios de segundo nivel, el más importante de los cuales era el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba.
Las inconsistencias en la delación de Barata saltaron pronto a la vista. ¿Cómo pudo un mero viceministro de Comunicaciones chantajear y coimear a Odebrecht por la realización de una obra de transporte público por la cual el entonces presidente de la República, Alan García, había expresado un interés activo y preferente? Y además el monto que Odebrecht reconoció haber pagado a Cuba y algunos otros no se acercaba siquiera al porcentaje del costo total de la obra que Odebrecht y gran parte de las compañías de construcción pagaban rutinariamente como coima en casi todos sus proyectos.
“Los acuerdos de colaboración entre las fiscalías de Perú y Brasil, tienen dos ventajas complementarias: una es que decir la verdad no trae ningún perjuicio legal sino, acaso, beneficios; otra es que mentir tiene consecuencias graves”.
IDL-Reporteros publicó en septiembre de 2017 un reportaje: “La regla del 3%”, que era el porcentaje que las empresas de Lava Jato destinaban usualmente para el pago de coimas a funcionarios corruptos. Establecido como regla en Brasil, la nota buscó determinar si también se utilizó en Perú.
El resultado fue de que casi todas las obras se ajustaron o acercaron al porcentaje de coima estandarizada. 3,04% en IIRSA Sur; 3,6% en Costa Verde Callao; 2,62% en Vía de Evitamiento Cusco; 2,5% en la carretera de Carhuaz-Chacas-San Luis, por ejemplo.
Pero el porcentaje de coima fue apenas el 0,82% en el Tren Eléctrico. Fue una de las obras más caras, con masivos sobrecostos (380 millones de dólares) pero con coimas que, por lo bajas y por el nivel de mando medio de los sobornados, no explicaban nada y solo despertaban sospechas.
Las personas que podían responder por lo menos parte de ellas, especialmente Jorge Cuba, estaban presas y, aparentemente, no hablaban. Pero por lo menos Cuba sí quería hablar y tenía mucho que contar.
Pero el fiscal a cargo de negociar la colaboración eficaz con Cuba, Sergio Jiménez, que trabajaba en el equipo dirigido por Hamilton Castro, mantuvo en suspenso el proceso de confesiones, iniciado en marzo de 2017, hasta ser separados de la investigación por sus limitadísimos avances. Entonces, el fiscal Jiménez decidió denegar la colaboración y darla por terminada al mandarla al archivo. Además de ello, la carpeta donde figuraban las declaraciones y confesiones de Cuba no fue entregada al nuevo grupo de fiscales a cargo de la investigación. Solo el 22 de agosto, en una diligencia por lo menos extraña, Jiménez entregó la carpeta.
Coordinado por el fiscal superior Rafael Vela, el nuevo equipo que ve el caso del tren eléctrico es dirigido por el fiscal José Domingo Pérez. Luego de leer el contenido de la carpeta archivada, los fiscales contactaron a Cuba. El ex viceministro estuvo dispuesto a declarar.
En IDL-Reporteros publiqué, junto con mi colega Romina Mella, dos reportajes sobre el tema, el lunes 24 y el martes 25. El primero, “La confesión silenciada” examinaba las extrañas acciones del fiscal Jiménez y revelaba buena parte de las confesiones de Cuba que el fiscal intentó sacar del proceso. El segundo, “El político y el funcional” reseñaba lo que Cuba declaró ante los fiscales (y procuradores) de los nuevos equipos a cargo de la investigación.
¿Qué cuenta Cuba? Muchas cosas, pero una en particular es relevante en este artículo. El contacto de Odebrecht con Cuba era Carlos Nostre, el director del proyecto. Según Cuba, fue Nostre quien lo persuadió para recibir coimas y facilitó la mecánica para hacer operativo el proceso.
“Carlos Nostre –declara Cuba– me indicó que ellos trabajaban en dos segmentos”: el de los operadores políticos y el de los funcionales. Los primeros son los que pueden lograr o modificar el marco legal: el presidente de la República, los ministros específicos para el proyecto. Su contraparte, para ‘trabajar’ con García, era Jorge Barata. “La parte de los actores políticos lo trata Jorge Barata con las más altas autoridades” había dicho Cuba a Jiménez. Los ‘funcionales’ … son “los encargados de ver los detalles técnicos, lanzar procesos al interior de Provías o Proinversión, según donde se licite, y de la administración de la obra y del contrato”. Cuba era un funcional y su contacto (y manejador) era Nostre.
Cuba fue –extraigo citas de dos o tres declaraciones diferentes– “testigo de la familiaridad y amistad que existía entre Jorge Barata y el presidente García […] [esa] amistad entre el presidente García y Barata se da por la familiaridad en el trato, porque se sentaban juntos, tomaban juntos, comían juntos, y eso ha sucedido en todas las visitas en que he participado […] debo mencionar que era un secreto a gritos, que el expresidente Alan García Pérez y Jorge Barata coordinaban las principales obras de infraestructura del país”.
El porcentaje de coimas que Nostre confió a Cuba que Odebrecht [y los miembros del club de la construcción] aplicaban era del 2,5%, parecido, aunque menor al que encontró IDL-Reporteros. Según Cuba, “Jorge Barata tenía un acuerdo con Alan García, porque ya era una política de Odebrecht pagar comisiones por las grandes obras que se adjudiquen ellos, y en este caso, estamos hablando de una obra de más de 1,100 millones de dólares”.
Antes que explosivas, las confesiones y declaraciones de Cuba tienen gran importancia potencial. Fueron rescatadas del intento de esconderlas pocas semanas antes de que se lleven a cabo interrogatorios cruciales en Brasil. Nostre será interrogado, por ejemplo. Barata también.
Ambos lo harán bajo las exigencias de la ley brasileña. Mentir u omitir puede significar para ellos perder todos los beneficios de la delación premiada e ir a la cárcel. Lo que Nostre responda será clave para él y para el caso:
¿Confirmará Nostre la versión de Cuba, que es en muchos aspectos verificable por otros medios? Si ambos testimonios coincidieran, el de Barata sería, para él, decisivo.
Lo primero que le podría preguntar a Barata el propio fiscal [procurador] federal brasileño Orlando Martello es por qué faltó a la verdad u omitió información vital en su primera declaración sobre el caso en su delación premiada. ¿Por qué, en desafío de toda interpretación lógica, adscribió toda la iniciativa, responsabilidad y capacidad de acción (incluyendo la exigencia extorsiva de coimas) a un grupo de ‘funcionales’ de limitada autoridad mientras omitía a los actores ‘políticos’ que tuvieron y ejercieron la autoridad para hacer posible la obra? ¿Por qué insistió en una versión en la que no cuadraban ni la lógica ni las cuentas? ¿Quiso proteger a alguien, tuvo miedo, ambas cosas?
Los acuerdos de colaboración entre las fiscalías de Perú y Brasil, y con Odebrecht, tienen dos ventajas complementarias: una es que decir la verdad no trae ningún perjuicio legal sino, acaso, beneficios; otra es que mentir tiene consecuencias graves.
Así que existe ahora la posibilidad real de revelar las verdades encerradas por viejos y corrosivos misterios. Entiendo que Alan García sostiene que solo se trata de “puro humo”. Quizá olvida que donde hay humo hay fuego.
