Los más de US$13 millones que no pagan las empresas mineras en multas por daños ambientales y operaciones inseguras, es casi igual al monto que Osinergmin gastó entre 2007 y 2009 para fiscalizarlas. La sanción económica que se les impone resulta impotente ante infracciones consumadas.
Con los descargos que algunas empresas mineras presentan al Osinergmin, podría escribirse un libro para dummies o principiantes sobre “Cómo hacer para no pagar una multa”.
La empresa Volcan, que opera en Cerro de Pasco y tiene el mayor número de sanciones por contaminación, ha tratado de invalidar las multas que le ha impuesto la gerencia general de Osinergmin, con pruebas de laboratorio hechas por encargo.
La minera impugnó la resolución N° 001075 de octubre de 2008 en la que se evidencia que uno de los efluentes de Volcan superaba los límites máximos permisibles (LMP) de zinc y hierro. Como parte de su defensa, presentó informes de ensayo con resultados por debajo de los LMP que mandó a hacer al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. en una fecha distinta a la supervisión y sin indicar el punto de monitoreo.
“Volcan no aporta medio probatorio que sustente técnicamente su pretensión de invalidar el resultado obtenido”, sentenció el órgano regulador. El caso sigue entrampado en la segunda instancia.
Buenaventura, que ha impugnado todas las resoluciones de la gerencia general, no se queda atrás en los alegatos de manual. Como reveló IDL-Reporteros en la parte central de este reportaje, en la resolución N°001029, la gerencia general del órgano regulador sancionó a esta minera con US$126 mil 325 (100 UIT) por encontrar hasta tres infracciones relacionadas con la muerte del trabajador Ronie Edgar Canaza Coila, el 8 de enero de 2007. Su deceso se produjo cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura.
La compañía arguyó que el accidente se originó por “un acto propio, voluntario y negligente del accidentado” y que le entregó la indumentaria y equipos de seguridad necesarios como si la responsabilidad de la empresa sólo radicara en entregar casco y guantes.
De acuerdo a las normas, la empresa debió supervisar la operación de alto peligro y no lo hizo, no capacitó al trabajador para esta tarea y tampoco contaba con el respectivo procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) que le hubiese permitido prevenir los riesgos.
Con argumentos como estos, varias empresas han logrado que más del 77% de las multas impuestas entre 2007 y abril de 2010 no puedan ser cobradas. El monto no pagado supera los US12.3 millones que la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin ha tenido como presupuesto en los tres últimos años.
Asesores S.O.S.
¿Cómo se explica la actitud y los alegatos de las compañías? “Son los abogados de las empresas que en su afán de defensa buscan cualquier argumento. Las compañías se equivocan al recurrir a ellos”, respondió a IDL-Reporteros el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.
Las grandes mineras tienen sus propias áreas legales para argumentar sus descargos pero también recurren a importantes estudios de abogados según la complejidad de los casos.
“Las sancionadas pagan las multas bajas, de 10 UIT (US$12 mil 631) y tienden a impugnar las más altas”, apuntó Shinno.
Pero el gremio minero dice sentirse acosado. El presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Arana, declaró al diario Expreso en marzo que Osinergmin realizaba una “persecución cuasi policial” contra las empresas. Y esperaba que esos “métodos” no sean aplicados por la institución que asumirá en breve la fiscalización de la minería en el tema ambiental: el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.
“Si se espera que la minería trabaje con guantes y mandil blanco, se está en otro planeta (…) la minería es barro, tierra, hacer huecos (…) minería que no perturba no existe”, argumentó Arana con extrema sinceridad. En realidad, tal exceso de vigilancia no existe.
Lo que hay es una mejor fiscalización desde que Osinergmin asumió esta función en 2007 si se compara con el trabajo realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pero aún se está lejos de regular con eficiencia la minería.
Luces y sombras
La gerencia de fiscalización cuenta con 25 profesionales (abogados e ingenieros) que analizan los expedientes en oficina y contrata a ocho supervisoras que tienen 64 técnicos destinados a inspecciones de campo. Estas inspectoras pasaron por un nuevo proceso de selección porque, según Osinergmin, algunas no tenían la capacidad para fiscalizar a las empresas más grandes.
¿Pero eso basta para una fiscalización profesional?, ¿no hay casos que escapan del radar de Osinergmin?
“Una institución no se construye de la noche a la mañana. Cuando nos dieron esta tarea, el Minem no nos dio en forma inmediata los documentos de los procesos, tampoco personal ni recursos. Hemos funcionado con el dinero que aportan otros sectores como energía e hidrocarburos para contratar a técnicos capaces”, respondió Alfredo Dammert, presidente de Osinergmin.
El funcionario admitió que recién en 2009 se empezó a agilizar los procesos de sanción que incluyen multas y recomendaciones para remediar las faltas, pero esto sólo ocurrió en la gerencia de fiscalización donde se acumulan las pruebas y se valoran los descargos de las empresas en primera instancia. El mayor entrampamiento continúa en el consejo directivo, la segunda instancia. Ahí está el cuello de botella.
IDL-Reporteros verificó que por lo menos unos 50 casos ya resueltos por la gerencia siguen esperando una respuesta del consejo directivo por infracciones que incluso fueron consumadas hace tres años. Apenas 11 resoluciones fueron emitidas por impugnaciones a multas impuestas por la gerencia general desde que Osinergmin asumió la fiscalización del sector minero. Los casos que se han priorizado son los de mayor escándalo público como los de Doe Run y Casapalca.
Hasta el momento no se ha instalado el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minas (TASTEM), sala que debería ver los casos en segunda instancia como sucede en los sectores energéticos y de hidrocarburos. Con este tribunal, podrían haberse agilizado los procesos ya que está integrado por expertos que pueden sesionar hasta dos veces por semana.
Dammert anunció que pronto se elevarán los expedientes al TASTEM y que antes no fue posible porque no había consenso en el consejo.
Pero ¿sirve de mucho ahora que la OEFA está a punto de asumir la fiscalización del impacto ambiental? La supervisión ambiental a estas empresas representa aproximadamente el 60% de la carga de la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin que ahora sólo se quedará con los casos de infracción a normas de seguridad e higiene.
Osinergmin logró incrementar el tope de multas por infracciones ambientales hasta por 10 mil UIT pero sólo para proyectos de exploración. Aún no se ha registrado una sanción por ese monto.
Las multas por falta de seguridad e higiene en las operaciones mineras siguen siendo bajas.
Para Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, hay varios problemas de fiscalización que surgen de las normas: los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el sector minero no se actualizan desde hace 14 años y tampoco está definida la indemnización de daños a terceros.
¿Cómo se explica que el gobierno promueva la inversión minera y resalte su aporte económico para el país, sin las armas necesarias para regular, a la vez, esta peligrosa actividad? Ni las leyes ni los mecanismos son suficientemente disuasivos para proteger el medio ambiente y la vida, y tampoco para sancionar eficazmente a quienes los incumplen.
Con lo rentable que es, la actividad minera puede ser un peligroso agente de desequilibrio ecológico, de depredación ambiental y de conflictos sociales. ¿En qué momento el daño supera el beneficio?, ¿cuándo la avaricia se convierte en amenaza? Eso lo debe responder una entidad fiscalizadora experta y con una fuerte autoridad, capaz de actuar en forma pronta y decisiva, tal cual Barack Obama hubiera ahora deseado hacer a tiempo con la British Petroleum.
