En estos tiempos de microcontabilidad electoral, sin mayor certeza que la incertidumbre, con esperanzas devaluadas, cuando hasta la perspectiva del mal menor se aleja…
Miremos lo que ha pasado con el sistema de justicia, porque muestra lo que le puede pasar al resto de la sociedad. Y también trae memorias, de otro lado, de tiempos mejores.
¿Recuerdan los avances espectaculares en la investigación de grandes casos de corrupción política y corporativa, sobre todo en el caso Lava Jato?
¿Recuerdan también las conmocionantes revelaciones de la corrupción en el sistema de justicia, involuntariamente revelados por sus propios perpetradores, que se dieron en el caso Cuellos Blancos, o Lava Juez?
¿Y recuerdan el gran y emocionado apoyo que dio la gente a los investigadores que revelaban las fechorías perpetradas desde el privilegio y la inmoralidad? ¿Recuerdan a los fiscales de equipos especiales que avanzaban investigaciones de alcance inédito? ¿Y recuerdan el apoyo que la gente dio a algunos de los más destacados entre esos fiscales cuando se intentó sacarlos de sus cargos aprovechando la celebración del Año Nuevo?
Aquel apoyo popular frustró las maniobras tempranas de encubrimiento e hizo posible que esas investigaciones continuaran. Mucha gente sintió y deseó que esos avances anticorrupción fueran irreversibles.
Irreversibles…
Luego, los círculos de la corrupción contraatacaron, con acciones a todo nivel, desde masiva desinformación hasta acosos de turbas.
Los mafiosos, movilizados, coordinaron acciones a todo lo ancho del espectro ideológico. Controlaron el Congreso y desde ahí recapturaron una a una las instituciones, especialmente las del sistema de justicia. Hostigaron y persiguieron a los fiscales y jueces más destacados por su acción contra los corruptos o por su independencia de criterio. Y a medida que progresaron en capturar las instituciones del sistema de justicia, continuó degradándose la democracia y la lucha anticorrupción agonizó.
Eso ya lo conocen ustedes, pero había que mencionarlo porque ahora, en medio de esta elección que revela las disfunciones de la nación y la atrofia de su democracia, se termina de consumar la captura y sometimiento del sistema de justicia a manos de la coalición mafiosa.
Un símbolo de esto hoy por hoy ha sido el retorno, limpiado de polvo y hasta de paja, de Víctor Raúl Rodríguez Monteza, al cargo de fiscal supremo del que fue destituido por corrupto. Cuando estalló el caso Cuellos Blancos, en julio de 2018, Rodríguez Monteza, que era entonces fiscal supremo de control interno, intentó intimidar a IDL-R para que le entregue todo su material investigativo e identifique sus fuentes. No lo consiguió.
Un mes después, en agosto de 2018, IDL-Reporteros reveló que Rodríguez Monteza alertó –luego de recibir, por su cargo, información clasificada– a miembros importantes de la red de Cuellos Blancos, sobre la investigación contra ellos. Eso ocurrió antes de la primera publicación que sacó a luz el caso.
Luego, a comienzos de julio de 2019, en una audiencia de la Corte Suprema sobre un recurso de casación de Keiko Fujimori y otros, Rodríguez Monteza, que representaba a la acusación fiscal, la contradijo abiertamente y no solo opinó a favor de Fujimori sino que pidió declarar fundado su recurso.
Con ello y otros hechos en mente, dos años después, en noviembre de 2021, la primera JNJ (creada precisamente por el escándalo Lava Juez) procesó el caso, encontró que había “faltas muy graves” y resolvió en unanimidad destituir a Rodríguez Monteza.
Hace pocos días, menos de cinco años después, con la mafia en triunfante control de las instituciones claves, el actual Tribunal Constitucional anuló la destitución de Rodríguez Monteza y el Poder Judicial ordenó su reposición como fiscal supremo.
El retorno de Rodríguez Monteza cierra el círculo que consolida la dominación mafiosa del Ministerio Público. A partir del control del Congreso, la contraofensiva mafiosa ha conquistado el Ministerio Público y abrumado de miedo al Poder Judicial. Si en otras naciones, el Congreso es el órgano central de la democracia, aquí ha sido la herramienta fundamental de una virtual dictadura, solapada pero real.
Este Congreso, el que se va, quizá el más aborrecido en la historia de esta república, ha logrado el objetivo de destruir la lucha contra la corrupción, uniendo, en una firme coalición de intereses, a fuerzas políticas por fuera dispares, pero estrechamente ligada por dentro en su defensa de la cleptocracia. Fuerza Popular ha sido su columna vertebral, pero ha contado con la alianza de facto de Perú Libre, de Renovación, de APP, Podemos y otros. Con esa mayoría han gobernado, con presidentes títeres y han terminado de someter o intimidar a los otros poderes del Estado.
El método es directo: erradicar a los actores de la lucha contra la corrupción y reponer en su antigua posición, a quienes fueron destituidos al demostrarse su vinculación con redes de venalidad.
Tomaron primero el control de organizaciones clave: la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y, en especial, la Junta Nacional de Justicia. Eso, les dio una eficacia ejecutiva virtualmente inmediata, que facilitó la intervención en el MP y el PJ.
En el Ministerio Público tuvieron un terreno previamente preparado por la llamada Autoridad de Control del Ministerio Público, bajo la dirección de Juan Antonio Fernández Jerí. Este se dedicó a perseguir a fiscales destacados como José Domingo Pérez y Rafael Vela; y también a Marita Barreto, fiscal a cargo de Eficcop.
Los tres fueron eventualmente suspendidos, con justificaciones de bochornosa estupidez, por Fernández Jerí, con la tácita anuencia de los fiscales de la nación en cada caso. Hubo también investigaciones internas dentro de la fiscalía por acusaciones alimentadas por prensa lumpen, como Willax, que se parasitaron con maliciosas leguleyadas y evidente animosidad.
Eso hizo las cosas fáciles para la nueva y tóxica JNJ, nombrada por la mafia, que resolvió, el 19 de marzo pasado, no ratificar como fiscal a José Domingo Pérez. Es decir, sacarlo de la carrera fiscal. Muy poco después, la fiscalía de la nación lo separó oficialmente de la institución.
Así, luego de años de continuo hostigamiento, a todo nivel, uno de los mejores fiscales de investigación del Ministerio Público pudo aprender en carne propia la amarga lección, que la experiencia enseña en instituciones corroídas por lo mediocre y lo venal “no hay buena acción que quede sin castigo”.
Poco antes, en enero, la actual JNJ decidió, no ratificar al exfiscal de la nación, Pablo Sánchez, como fiscal supremo. Fue una decisión particularmente mezquina contra un veterano y prestigioso jurista que se encontraba cercano a la jubilación, pero que era demasiado independiente para sus estándares.
La misma JNJ destituyó, también en enero, a la exfiscal de la nación y luego fiscal suprema, Delia Espinoza. Antes la había suspendido por no haber acatado la orden de esa JNJ de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la nación. Ignoraron intencionalmente que solo la junta de fiscales supremos puede nombrar al fiscal de la nación.
A la vez, del otro lado, mientras eliminaban a fiscales meritorios en la lucha contra la corrupción, repusieron a quienes habían sido separados o destituidos por vinculación con redes o casos de venalidad.
Tomás Aladino Gálvez fue repuesto en su posición de fiscal supremo por la JNJ, en junio de 2025. Poco después fue elegido fiscal de la nación interino y en marzo de este año devino fiscal de la nación para el período 2026-2029.
Una de sus primeras acciones fue separar de sus puestos a las fiscales Alejandra Cárdenas y Carolina Delgado, que llevaban a cabo las investigaciones por los casos de “Cuellos Blancos” donde figuraba Gálvez.
Con esas medidas paralizó y virtualmente canceló el desarrollo de una de las investigaciones más importantes de este siglo en el Perú. Eventualmente, Gálvez desactivó todos los equipos especiales, como los de Lava Jato, Cuellos Blancos y el Eficcop.
Poco después, Gálvez dispuso el archivo definitivo de la investigación contra la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, por el caso Valquiria.
Otro fiscal supremo al que la actual JNJ restituyó como fiscal supremo es Luis Arce Córdova, quien fue destituido por la anterior JNJ por sus documentados vínculos con el caso Cuellos Blancos. Así que para la actual, tóxica JNJ, la vinculación con Cuellos Blancos recomienda un nombramiento y los logros investigativos reclaman una destitución.
La exfiscal de la nación, Patricia Benavides fue primero suspendida y luego destituida, en mayo de 2024, por la primera JNJ por, sobre todo, los casos Valquiria y el de la fiscal Revilla.
Pero la actual JNJ anuló, a mediados de 2025, su destitución y ordenó que fuera repuesta como fiscal de la nación. Como se ha visto, el o la fiscal de la nación solo puede ser nombrado por la junta de fiscales supremos. En agosto de 2025, Benavides fue reincorporada al ministerio público como fiscal suprema.
Y así el Ministerio Público expulsó o desactivó a sus mejores fiscales anticorrupción y retornó, en posición de liderazgo, a fiscales contaminados por casos de venalidad, deshonestidad, corrupción.
Es el tipo de fiscalía que necesita el gobierno de hoy. En el espíritu de Blanca Nélida Colán.
Hasta hace poco, el Poder Judicial logró mantener un cierto grado de independencia. Cuando el Congreso mafioso promulgó leyes violatorias de convenciones de rango constitucional, suscritas por el Estado, que otorgaban impunidad a violadores de derechos humanos, encontró una oposición judicial.
Algunos jueces se negaron a aplicar la ley, en particular la 32107 que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados antes de 2002. Los jueces que la inaplican sostienen que esta ley contradice acuerdos y convenciones con rango constitucional, de mayor jerarquía.
Fernando Rospigliosi, en su actual metamorfosis, se lanzó al ataque contra ellos. En uno de sus varios tuits contra los que él llama “jueces prevaricadores” terminó con un “no se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!”.
Lista para actuar, la JNJ de hoy se lanzó a perseguir jueces.
En poco tiempo perpetraron: La no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez, presidente de la Asociación de Magistrados del Perú y miembro del Consejo Asesor de la Federación Latinoamericana de Magistrados.
A fines de 2024, Ordóñez intervino en una sesión de la CIDH en Washington. Acusó a la “mayoría parlamentaria” de desestabilizar el sistema de justicia… que no se respeta el equilibrio de poderes y se atenta frontalmente contra el estado de derecho y la democracia”.
Un discurso inteligente y, sobre todo, acertado. La JNJ, que pugna por razonar su deshonestidad mediante una mediocridad sin fisuras, se estrenó como policía del pensamiento, censuró sus expresiones y lo castigó ¡No ratificándolo (es decir, expulsándolo) como juez del Poder Judicial!
En marzo pasado, esta misma JNJ suspendió por seis meses al juez Fidel Torres Tasso, por haber concedido una medida cautelar a la exfiscal de la nación Delia Espinoza, suspendida también por la JNJ.
Es decir, que un juez se atreviera a contradecir a la JNJ, especialmente sus abusos y desafueros, gatilló la inmediata represalia contra el juez Torres Tasso.
El juez Jorge Chávez Tamariz enfrenta una “investigación” disciplinaria en la JNJ por no aplicar la ley 32107. Es un segundo intento punitivo. En abril de este año, la Autoridad Nacional de Control del PJ archivó una denuncia de oficio sobre el mismo tema, considerando que Chávez Tamariz actuaba dentro de los parámetros de su función jurisdiccional. Eso, por supuesto, no importó a la JNJ a la que la “función jurisdiccional” interesa sobre todo como objeto de demolición.
El célebre juez Richard Concepción Carhuancho fue también víctima de esta JNJ que le abrió investigación este mes de junio luego de una denuncia en su contra, por aplicar el control difuso, del archi renegado Fernando Rospigliosi. Poco después, el 10 de junio, la JNJ suspendió a Concepción Carhuancho por seis meses, mientras continúa investigándolo por hechos tan graves como cantar “Triciclo Perú”, de los Mojarras.
Hubo en estos días una entrevista que probó que la ofensiva destinada a aterrorizar jueces había logrado ya algo de éxito. Abordada por periodistas en la puerta del Congreso, que le preguntaron por la no ratificación (es decir, la expulsión) del juez Ordóñez, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello respondió que no quería hablar sobre eso, sino expresar su agradecimiento al Congreso por haber aprobado un incremento presupuestal en beneficio de los trabajadores del PJ.
Poco antes se había fotografiado, comedida, con Rospigliosi, el de “hay que barrer el sistema judicial, ¡Soluciones radicales!”.
Qué vergüenza. Por lo menos, pudo haber contestado refiriéndose a los tres motivos del Oidor. Esos que, como relata Ricardo Palma, contienen una sincera respuesta: ¡Por miedo, por miedo y por miedo!
