Entre las firmas de abogados especializadas en crear empresas de gaveta u offshores en Panamá, Mossack Fonseca es probablemente la más grande en el país y una de las mayores del mundo, con centenares de funcionarios o asociados repartidos en cuarenta países.
Sus representantes han buscado y buscan defender su trabajo como honesto, legal y hasta necesario para salvaguardar la libertad económica y el derecho individual.
Desde esta semana, la argumentación se les va a hacer más difícil; y buena parte de ella va a tener que exponerse en el ámbito penal.
En la última etapa de la mega investigación anti-corrupción Lava Jato, en Brasil, la Policía Federal arrestó a dos funcionarios de la oficina brasileña de Mossack Fonseca y busca a otros tres por lo menos una de las cuales –María Mercedes Riaño, la encargada de la firma en Brasil– salió a tiempo para, según parece, llegar a Panamá, mantener la libertad y ayudar a su firma a manejar la seria crisis.
No se los acusa de poco: tal como informó Rolando Rodríguez, de La Prensa de Panamá, Carlos Fernando dos Santos Lima, fiscal anticorrupción de la fuerza de tarea Lava Jato sostuvo que ha quedado en “evidencia” que la firma Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero”.
A su turno, el juez federal a cargo de la causa de Lava Jato, Sergio Moro –experto, además, en la investigación del lavado de dinero – afirmó que “existen evidencias de que Mossack Fonseca, incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, […] para practicar el fraude y lavado de dinero. Al ofrecer sociedades offshore para los criminales, la firma Mossack Fonseca & Co. estaría participando, a través de su ayuda, en la comisión de estos crímenes”.
Algunas evidencias –que comprenden comunicaciones legalmente interceptadas– ya han salido a la luz. Otras, siguiendo el esquema de revelaciones de las etapas anteriores de Lava Jato, se desvelarán en las siguientes semanas, conforme se anuden las pruebas, delaten los acusados o lo recomiende la estrategia procesal de los fiscales.
Varias revelarán operaciones oscuras, por lo general de pago de sobornos, que utilizaron a offshores panameñas, algunas de las cuales fueron constituidas por Mossack Fonseca.
Algunas indicarán el destino de esos sobornos. El Perú, entre otros países.
De hecho, eso ya ha sido expuesto, como reveló hace pocos meses IDL-Reporteros.
Y ahora, en medio de las resonantes acusaciones de esta nueva etapa de Lava Jato, nuevas evidencias emergen, de un activo tráfico ilegal de divisas al Perú durante los últimos años, con el objetivo de pagar coimas.
Aunque hay sólidos indicios (y acusaciones) de que otras compañías brasileñas estuvieron involucradas también en el pago constante de sobornos, la mayoría de las evidencias (sobre todo a través de confesiones) apunta hasta hoy sobre todo a una constructora: OAS.
Como se sabe, ya el traficante de divisas Rafael Angulo López confesó haber contrabandeado cientos de miles de dólares por viaje, pegados al cuerpo, para ser entregados al encargado de OAS en Lima. También lo hizo otro traficante, Adarico Negromonte, hermano de un ex ministro brasileño. Cada uno llevó entre 200 y 400 mil dólares por viaje, hicieron por lo menos cinco viajes y probablemente más.

Luego, el empresario y doleiro Leonardo Meirelles, reveló en Sao Paulo a IDL-Reporteros que él también había traído dinero contrabandeado a Lima. 200 mil dólares transportados en un vuelo particular y entregados en un maletín a un enviado de OAS.
¿Llevan la cuenta?
Ahora, delaciones premiadas que recién se hacen públicas revelan otros viajes con dinero de contrabando para OAS destinado a coimas en Lima, a la par de otros delitos.
La confesión de un nuevo personaje: Carlos de Souza Rocha, vinculado, igual que los anteriormente mencionados, a Alberto Youssef en el tráfico de divisas, añade una dimensión adicional al mapa de las coimas de OAS en el Perú.
Rocha reveló haber viajado cuatro o cinco veces a Lima en 2013 y 2014, a pedido de Youssef, para entregar, en cada viaje, 300 mil dólares a la filial de OAS en Perú. Según dijo, él cobró 3,5% de comisión por su servicio.
En una ocasión, indicó Rocha, hizo la entrega del dinero en la oficina de OAS. En otras oportunidades, lo hizo en el hotel Meliá, donde se hospedaba en Lima. En algunos casos, precisó que hizo entrega a peruanos.

Entre los cuatro, un cálculo muy conservador indica que por lo menos tres millones de dólares en billetes fueron contrabandeados al Perú.
Rocha dijo que aparte de los doleiros, Youssef utilizó a un abogado de la propia OAS, Alexandre Portela Barbosa, para transportar dinero a esa empresa fuera de Brasil.
Entre 2012 y 2014, OAS tuvo a su cargo la construcción del Centro de Convenciones de Lima y el Hospital Antonio Lorena, en el Cusco; el proyecto Vía Parque Rímac, y la construcción y mejoramiento de la carretera Quilca-Matarani, en Arequipa.
Otra persona convertida en colaborador eficaz, Roberto Trombeta, descrito como “operador de transferencias de sobornos”, relató cómo hizo para transferir dinero de OAS en Perú y Ecuador a su oculto destinatario final.
Trombeta “fue contratado” para asumir el control accionario de una offshore panameña llamad Kingsfield Consulting Corp para un proceso que empezó cuando, según él, “OAS Perú contrató servicios ficticios de consultoría técnica” con una empresa de Chile: Constructora Andreu Ltd, por 6 millones 150 mil dólares.
Andreu a su turno transfirió casi toda esa suma – 5 millones 996 mil 250 dólares – a una compañía española llamada DSC Workshop Obras, Construcciones y Promociones, la que realizó transferencias a través de sociedades holandesas por el monto de 5 millones 760 mil 250 dólares a una cuenta del banco BPA, de Andorra, perteneciente a Kingsfield.
Esos y otros dineros que llegaron a Kingsfield fueron remitidos, “por orden de OAS” a una cuenta en Suiza indicada por Youssef. El monto de la transferencia fue de 8 millones de dólares.
Así, Kingsfield operó en el “tercer nivel de lavado” previo a la entrega final a, muy probablemente, el o los beneficiados por las coimas.
El esquema es muy parecido al descrito por el ministerio público brasileño al examinar el sistema de lavado de dinero que realizó Odebrecht para entregar sus coimas a altos funcionarios de Petrobras. [Ver: “Cómo Odebrecht lavó sobornos” en IDL-R].
En el detallado esquema de la investigación fiscal, una de las compañías utilizadas en el “tercer nivel” de lavado fue la offshore panameña Milzart, que transfirió el soborno destinado al entonces alto funcionario de Petrobras Renato Duque.
Tanto Milzart como Kingsfield fueron constituidas por Mossack Fonseca.
Por eso, en su decisión operativa sobre esta etapa de la investigación, el juez Sergio Moro afirmó que “en el curso de estas investigaciones se constató que diversos agentes involucrados en el esquema criminal que tuvo como víctima a Petrobras, habrían utilizado los servicios de la empresa Mossack Fonseca & Corporate Services para la apertura de empresas offshore, posteriormente utilizadas para ocultar y disimular el crimen de corrupción”.
Mossack Fonseca emitió hoy un comunicado en el que reclama inocencia.
Es poco probable que su argumentación convenza al juez Moro o a los fiscales anticorrupción en Curitiba.
Donde sí parece que Mossack Fonseca tiene un auditorio más favorable es en Panamá. En el Palacio de las Garzas, o Palacio de Gobierno, para ser más preciso.
Resulta que uno de los dos socios principales de la firma, Ramón Fonseca, es presidente encargado del Partido Panameñista, el partido gobernante del presidente Juan Carlos Varela.
Además, en julio de 2014, Varela nombró a Fonseca como uno de sus tres asesores presidenciales, con “trato de ministro consejero”.
Fonseca es, también, escritor, autor de cinco novelas, ninguna de las cuales, lamentablemente, tiene como argumento las intrigas corporativas internacionales, las complejas maniobras de las offshores, el cálculo preciso para que el dinero desaparezca sin notarse en un lado del mundo y emerja en otro, en la cuenta anónima de un secreto beneficiario que jamás revelará que la tiene a menos que sea descubierto. Es una pena. Pocos podrían escribirla mejor que él.
Mientras tanto, lo que ya sabemos, y ahora sabemos mejor, es que en ese baile equívoco de las offshores y los sobornos, hay peruanos que cutrearon y cobraron. El camino de cómo llegar a sus nombres está cada vez más claro.