Curitiba, Estado de Paraná.- En el barrio de Santa Cándida, alejado del centro de Curitiba, se alza el edificio de la Policía Federal. Más robusto que alto, ahí se encuentra literalmente encerrada buena parte de la historia reciente (la económica en especial) del país y ahí también toman forma las acciones y decisiones que abrirán una u otra puerta del futuro brasileño y quizá latinoamericano.
Al primer piso (lo que sería el segundo para nosotros) se sube por una escalera ancha de caracol que da a pasadizos amplios y relucientes. Si se avanza al frente se llega a una puerta angosta que solo resalta por cerraduras que parecen tomar en serio su papel.
Es el ingreso al centro de detención de la Policía Federal, donde están las pocas celdas que hoy por hoy tienen entre sus trece inquilinos a los empresarios más poderosos de Brasil, dueños de fortunas que para ser igualadas en el Perú probablemente exigirían la multiplicación de varias Confiep.
Ahí está, entre los detenidos, el más prominente de ellos, Marcelo Odebrecht, presidente de la gigantesca corporación brasileña, la más grande de su país, arrestado el 19 de junio pasado. También está Otávio Marques de Azevedo, jefe de Andrade Gutierrez, otra megacorporación que, como Odebrecht y otras, no permaneció dentro de las fronteras amplias de Brasil sino se expandió por, sobre todo, a Latinoamérica y África.
Ahora ellos, como varios otros grandes empresarios brasileños, sobre todo de la construcción, están sometidos a una detención preventiva (que en Brasil no tiene plazo definido) investigados y acusados de haber organizado y protagonizado un esquema complejo y billonario de corrupción, sobre todo con Petrobras, mediante la cartelización de fingidos competidores, la sobrefacturación sistemática abonada por el pago constante de sobornos y coimas multimillonarias a los funcionarios con capacidad de decisión y administración.
Coimas (o “propinas” como les dicen en portugués) pagadas a través de un complejo sistema de empresas offshore y cuentas en varios países, alimentadas por traficantes financieros – los “doleiros”–, algunos de los cuales, una vez capturados empezaron a confesar y a contarlo todo.
No es que hayan tenido una súbita necesidad espiritual de apaciguar sus conciencias, sino que la ley criminal brasileña, sobre todo la reciente ley 12850 de 2013, premia la delación fidedigna en forma muy concreta y puede reducir radicalmente la pena de acuerdo con el valor de la información proporcionada a los policías investigadores y a los fiscales que manejan el caso.
En el mismo lugar en el que están presos Marcelo Odebrecht y Otavio Marques de Azevedo también se encuentra el más importante doleiro detenido hasta ahora en la investigación Lava Jato: Alberto Youssef –quien es a la vez uno de los principales delatores premiados del caso–.
La cantidad de información que los delatores premiados han proporcionado a la policía y los fiscales de Lava Jato –una investigación que no solo abarca todo Brasil sino que ya se ha hecho internacional, pero que continúa centralizada en Curitiba- es impresionante. Como resultado de ella, varios otros acusados, muchos de ellos presidentes de empresas, como Dalton Avancini, de Camargo Corrêa; o Ricardo Pessoa, de UTC, han optado también por la delación premiada. Otros, en cambio, sobre todo Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, mantienen una defensa cerrada, que niega todos los cargos, descalifica las confesiones y ataca las pruebas.
Dos tipos diferentes de abogados los defienden. Digamos que unos son los abogados Ying y otros los abogados Yang. Los Ying consideran que la delación premiada representa la mejor solución para su cliente; y además para la sociedad. Colaboran con la fiscalía buscando a cada paso mejorar las condiciones y reducir la pena de su defendido. Y en general lo logran.
Los abogados Yang ejercen la defensa de modo más tradicional y enfrentan como adversarios a los fiscales – a quienes frecuentemente acusan de abuso – y hasta al juez de la causa, el hoy celebérrimo Sergio Moro. Sostienen que la investigación está llena de vicios procesales, de “medidas aflictivas” que violan la presunción de inocencia y acusan de parcialidad al juez. Afirman estar seguros de ganar la causa en las instancias superiores, la última de las cuales es el Tribunal Supremo Federal (TSF) en Brasilia. Los abogados de Marcelo Odebrecht, y de la corporación en general, son totalmente Yang, por lo menos hasta ahora.
La abogada más conocida entre ellos es Dora Cavalcanti, de Sao Paulo. Pero, el principal abogado de Odebrecht en Curitiba, es no solo peruano sino además charapa: Rodrigo Sánchez Ríos, que, como veremos en una siguiente entrega, sostiene su posición con loretano apasionamiento.
Llegamos a Curitiba con dos objetivos principales: Hacer un reportaje de primera mano sobre el avance de la investigación en general, en la que quizá sea su etapa más compleja; y ver qué revelaciones se ha logrado hasta ahora sobre la corrupción brasileño-peruana.
Sobre esto, en exclusiva, los primeros resultados.
Alberto Youssef, hoy uno de los delatores estrella en el elenco confesional de Lava Jato, trabajó con varios doleiros durante el apogeo de su tráfico clandestino de dinero.
Uno fue Adarico Negromonte, hermano del ex-ministro brasileño Mario Negromonte; otro, Rafael Angulo López, un sexagenario español-brasileño, veterano en esa actividad; y Leonardo Meirelles, un abogado y empresario. Hubo otros, pero estos tres son quienes tienen relevancia en esta historia.
Negromonte y Angulo López (la ortografía en portugués es Ângulo Lopez, pero sigamos con la española) trabajaban frecuentemente como “mulas” o “burriers” de cash para los clientes de Youssef, tanto en Brasil como el extranjero.
Meirelles, en cambio, creó, solo y junto a Youssef, una red de empresas offshore en diversos países, especialmente en Hong Kong y Shanghai, en China.
Esa red de empresas, junto con otras tres en Brasil, dedicadas a la industria farmacéutica, le permitieron a Meirelles (y a Youssef) efectuar complejas transacciones en las que se escondía exitosamente el propósito principal: camuflar transferencias internacionales destinadas a pagar sobornos o a ingresarlos en cuentas extranjeras.
Meirelles fue apresado el 17 de marzo de 2014, por orden del juez Sergio Moro, cuando la investigación de Lava Jato empezaba a tomar cuerpo. Compartió prisión con Youssef, quien le dijo entonces que cada cual debía defenderse de la mejor manera posible.
Meirelles tomó una decisión que, para él, tuvo importancia decisiva.
Contrató como abogado defensor al catedrático de derecho procesal penal Haroldo Nater.
Nater no es abogado Ying, ni tampoco Yang.
Él clasifica, más bien, a los abogados en tres categorías:
– Los que admiten todo.
– Los que no admiten nada.
– Los que admiten parcialmente, pero no están dispuestos a firmar todo.
Él se identifica con esa última categoría.
Nater sostiene que la delación premiada viola garantías constitucionales y, por eso, se opone a ella. El principal problema de la ley, es que no respeta el “derecho a guardar silencio”.
En lugar de negociar la delación bajo la nueva ley, Nater defendió su tesis de que “un reo no debe firmar delación premiada para que pueda colaborar… Sin firmar puede colaborar, ser considerado colaborador y reducir la pena hasta los dos tercios”.
Nater defendió su tesis ante otro académico como él, el juez Moro. Y, por lo menos en este caso, Moro coincidió con el abogado defensor.
Meirelles salió de la prisión el 14 de abril del año pasado, menos de un mes después de haber ingresado. Fue el primero en salir liberado entre los que tuvieron prisión preventiva. La siguiente persona salió casi seis meses después.
Hace menos de un mes, con el permiso de Moro, Meirelles viajó a China a reunir documentación que pruebe las transacciones que hizo para las grandes empresas brasileñas involucradas en actos de corrupción.
Los documentos, cuyo procesamiento por los bancos chinos tomará cerca de un mes, según indicó el abogado de Meirelles, ilustrarán las más de 4 mil 800 operaciones que hizo entre 2009 y marzo de 2014. Y servirán para probar quién pagó qué, a quién y cómo.
Eso corresponde al gran cuadro del caso. A nosotros nos interesaba conocer cuánto sabía él de pagos clandestinos –probablemente sobornos– hechos por compañías brasileñas en el Perú.
Meirelles sabía.
Luego de contar con la aprobación de su abogado, Haroldo Nater, en Curitiba, Meirelles tuvo una entrevista exclusiva con IDL-Reporteros y Caretas en el café Kopenhagen, del aeropuerto internacional de Sao Paulo.
A lo largo de casi tres horas, además de explicar el sistema de transacciones ilegales y sus personajes, Meirelles nos contó algunos hechos de los que él había sido testigo presencial o participante.
“Yo personalmente llevé dinero a Lima en una oportunidad… Los de OAS requerían que se hagan pagos en el Perú y se llevó el dinero en cash”.
¿Los pagos eran para pagar propinas [sobornos]? le preguntamos.
“Sí, sí” dice Meirelles […] “se entregaba el dinero en un hotel o en la sede de la compañía… quienes llevaban más eran Rafael Angulo y Adarico [Negromonte]. Son las dos personas que trabajaban en la oficina de Alberto [Youssef]. En algunas oportunidades yo vi cómo se preparaban para viajar”.
– ¿Cómo se preparaban?
“Llevaban el dinero en el cuerpo. Colocaban el dinero en papel film plástico. Lo embalaban bien comprimido, bien pequeño y se lo colocaban alrededor de las piernas, con medias de compresión. Llevaban entre 200 y 400 mil dólares en cada viaje. Yo vi unos cuatro o cinco viajes de ellos, entre Rafael y Adarico. Ellos viajaban en vuelos comerciales”.
“Yo viajé una vez llevando 200 mil dólares a Lima. Fui en un avión particular… llegué y entregué en el mismo aeropuerto. Fue muy rápido […] Yo llevé el dinero en una maleta y le entregué el dinero a un enviado”.
En su delación premiada, Rafael Angulo López refirió que entregó el dinero a Alexandre Mendonça, gerente de contratos de la constructora OAS, en Lima. Le preguntamos a Meirelles si supo sobre eso cuando ocurrió.
“Lo de Rafael es verdad” responde Meirelles” […] Yo presencié que llevaron en total [en varios viajes] un aproximado de un millón 500 mil dólares entre finales de 2012 y 2014”.
Hace pocos meses, la revista Veja publicó extractos de la delación premiada de Rafael Angulo, que fueron reproducidos aquí, en Lima, por la revista Hildebrandt en sus 13, en un artículo de Alonso Ramos.
En esta ocasión, IDL-Reporteros contactó a Mendonça para preguntarle sobre el testimonio de Meirelles.
Mendonça cortó bruscamente la llamada. Fue imposible contactarlo luego.
Llamamos entonces a Ignacio Doadrio, de Apoyo Comunicaciones, que hace relaciones públicas (o de prensa, si prefieren llamarlas así) a OAS. Doadrio pidió que se lo llamara de nuevo a las seis de la tarde, pero a esa hora ya había abandonado la oficina y tenía el celular tan apagado como el de Mendonça.
IDL-Reporteros intentó contactar al abogado de OAS en Sao Paulo, Roberto Telhada, quien dirige el equipo de abogados que patrocina a los procesados de la compañía OAS. Tenía el teléfono apagado, de modo que solo se le pudo dejar un mensaje.
Según el portal de proveedores del Estado del MEF, entre el 2012 y lo que va de este año, la filial de OAS en el Perú se adjudicó contratos por 548 millones 468 mil 247 soles. Sus contratos principales fueron con el ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el gobierno regional de Cusco.
También ha participado centralmente en el megaproyecto Vía Parque Rímac, con la municipalidad metropolitana de Lima.
En la actualidad, OAS está en proceso de quiebra en Brasil.
Su presidente, Jose Adelmario Pinheiro Filho, se encuentra bajo detención domiciliaria por el caso Lava Jato.
Eso no impide que contesten para quién o quiénes fue el dinero que trajeron clandestinamente a Lima, en varios viajes, Rafael Angulo, Adarico Negromonte; y Leonardo Meirelles en una ocasión.
Este reportaje continuará.
