Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder (Eficop) que desembocaron primero en la Operación Valquiria y ahora, como parte de una nueva fase, en el allanamiento y descerraje de inmuebles de cuatro personas vinculadas al caso, han puesto al descubierto los presuntos acuerdos delictivos entre la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides y un buen número de congresistas, quienes vendieron sus votos al precio de beneficios delictivos en varios casos penales que estos afrontaban.
A inicios de mayo de este año, Patricia Benavides, entonces fiscal de la Nación, planeó con sus entonces asesores Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao cómo captar congresistas con el objetivo de obtener los votos suficientes para destituir e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
¿Cómo negociaron las votaciones? La fiscal de la Nación podía ofrecer –y no titubeó en hacerlo– el archivamiento o sobreseimiento de investigaciones por serios actos de corrupción. Su principal instrumento fue el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, entonces a cargo del área de enriquecimiento ilícito adscrita al despacho de la fiscal de la nación. Huamán perteneció al círculo de confianza de Benavides.
Para ello, Benavides y sus asesores establecieron tres pasos: El primero, sondear a los congresistas para saber su opinión sobre Benavides, trabajo que fue hecho por el coordinador parlamentario de la Fiscalía de la Nación, Abel Hurtado, por encargo de Jaime Villanueva; el segundo, hacer una relación de los congresistas con investigaciones en curso en la Fiscalía, labor que estuvo a cargo del fiscal Huamán; y el tercer paso, con la información en la mano, negociar y comprar los votos de los congresistas para la inhabilitación de Ávalos. El intermediario de Benavides fue Villanueva.
De acuerdo con la evidencia recabada por el Eficop y el equipo de policías que trabajan en el caso, las negociaciones con los congresistas para comprar sus votos para la inhabilitación de Ávalos datan de inicios de mayo pasado, debido a que la votación del informe final que recomendaba la inhabilitación de la fiscal suprema estaba inicialmente prevista para el jueves 25 de ese mes.
Según lo declarado hasta este momento por Jaime Villanueva, como parte de su colaboración eficaz, Patricia Benavides negoció la compra de votos con el prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre; y con varios congresistas de diferentes bancadas entre los cuales figuran Manuel Revilla Villanueva, de la bancada Fuerza Popular; José Jerí Oré, de Somos Perú; Luis Cordero Jon Tay, ex Fuerza Popular; Katy Ugarte Mamani, de Unidad y Diálogo Parlamentario; Edgar Tello Montes y Germán Tacuri Valdivia, del Bloque Magisterial; e Ilich López Ureña (ex Acción Popular).
Enma Benavides como intermediaria
De acuerdo con Jaime Villanueva, en mayo pasado la entonces fiscal de la nación lo convocó a su despacho para indicarle que su hermana, la jueza Enma Benavides –investigada por presuntamente recibir sobornos de investigados por narcotráfico a cambio de su libertad–, le había conseguido una reunión con el congresista César Revilla, de Fuerza Popular.
Según Villanueva, Benavides le dijo que el congresista Revilla había conseguido que otros colegas de su bancada votaran a favor de la inhabilitación de Ávalos. Es por eso que Villanueva contactó a Revilla, y este último organizó en su despacho una reunión para que algunos colegas llegaran, uno por uno, para reunirse con el entonces asesor de la fiscal de la nación.
Esto se condice con un mensaje del 23 de mayo, vía Whatsapp, enviado por Villanueva al congresista cuyo seudónimo operativo es el de “agente especial Roberto”. Ahí le dice que a través del congresista César Revilla había tomado contacto con varios parlamentarios. “He hablado con algunos congresistas y he conseguido a Somos [Perú], Cordero [Jon Tay]. Revilla de FP me coordinó esas reuniones. Tal vez, si llegamos”, escribió Villanueva. Como se ve, no había fronteras entre las bancadas y sus presuntas ideologías a la hora de los pactos ilícitos, pues a renglón seguido, Villanueva aparece indicando cómo Patricia Chirinos ha ofrecido al Bloque Magisterial.
La reunión entre Villanueva y Revilla se dio de noche, en la oficina parlamentaria del segundo, en el Jirón Azángaro. Hasta ahí llegó el congresista José Jerí Oré, de Somos Perú, quien ofreció su votos y los de su bancada a cambio de que la fiscal de la nación los “ayude” en el caso del exgobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, del partido de Somos Perú, por un caso de corrupción. Jaime Villanueva le dijo que le haría llegar su propuesta a la fiscal de la nación. El congresista Jerí se retiró. Aunque no hay detalles específicos de cómo culminó la transacción, todo indica que pactaron pues Jerí votó a favor de la inhabilitación de Ávalos.
A los cinco minutos ingresó el congresista Luis Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), quien –según Villanueva– condicionó su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos a cambio de que le archivasen una investigación “que tenía por haber viajado a Panamá y estar involucrado en el caso conocido como ‘El español’”. También le pidió a Villanueva que dilataran una investigación contra su hermana, la congresista María Cordero Jon Tay. Villanueva también le dijo que le haría llegar la propuesta a Benavides.
Tanto César Revilla como Luis Cordero Jon Tay votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
Las negociaciones con Katy Ugarte
Jaime Villanueva se reunió varias veces con la congresista Katy Ugarte Mamani para negociar su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos. Ugarte fue ministra de la mujer por una semana en febrero de 2022 y perteneció a la bancada de Perú Libre hasta mayo de 2022 —renunció luego de la votación del Tribunal Constitucional—. En febrero de 2023 renunció al Bloque Magisterial y pasó a la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario.
De acuerdo con la confesión de Villanueva, Ugarte comprometió su voto y ofreció 5 o 6 votos más de otros congresistas a cambio de que le archivaran dos investigaciones en curso en la Fiscalía de la Nación. La primera es sobre el caso conocido como ‘mochasueldos’: un informe de Cuarto Poder del 9 de abril reveló que la congresista quitaba 300 o 400 soles mensuales a trabajadores de su despacho para pagar publicaciones en Cusco favorables a su gestión. El entonces procurador general Daniel Soria la denunció por delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, y el Ministerio Público –bajo la gestión de Benavides– abrió una investigación preliminar pocas horas después.
El segundo caso es también por una presunta compra de votos. Ugarte fue una de las 18 congresistas para quienes hubo orden de allanamiento y descerraje con fines de incautación el 24 de marzo pasado, como parte de la investigación por organización criminal que abrió el fiscal Marco Huamán, hombre de confianza de Benavides. Según la hipótesis fiscal, el entonces presidente Pedro Castillo habría dado una cuota de poder a los congresistas a cambio de que votaran contra su vacancia. El operativo se realizó en 41 inmuebles en siete regiones.
De acuerdo con Jaime Villanueva, Patricia Benavides aceptó archivar la denuncia por el caso ‘mochasueldos’ y dilataría el otro caso, en coordinación con el fiscal Marco Huamán. Ugarte votó a favor de la inhabilitación a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
El nombre de la congresista Katy Ugarte figura en el archivo “CUADRO.docx” que fue enviado por Villanueva el 24 de mayo, vía Whatsapp, a las 9:50 p.m. al congresista (‘agente Roberto’). El documento tenía tres páginas y contenía un cuadro con la relación de 95 parlamentarios aptos para la votación de la inhabilitación de Ávalos, la bancada a la que pertenecían, la proyección de su voto y un ítem denominado “OBSERV”, que indicaba si tenían investigaciones vigentes en la Fiscalía de la Nación.
Estos fueron agrupados en tres bloques denominados NIÑO1”, “NIÑO2” y “NIÑO3”, por el tipo de investigación.
Según Villanueva, ese documento había sido elaborado por Abel Hurtado el 19 de mayo, desde una computadora de la Fiscalía de la Nación, sobre la base de información previamente proporcionada por el fiscal Marco Huamán.
Meses después, en octubre, el asesor de la congresista Katy Ugarte, Roger Torres Pando, llamó a Villanueva por teléfono –según este ha relatado en su colaboración eficaz– para decirle que el día que allanaron la oficina de la congresista, en marzo pasado, incautaron su teléfono celular y que hasta ese momento no se lo entregaban.
Torres le pidió a Villanueva que gestionara su devolución. El entonces asesor de Benavides contactó al fiscal Marco Huamán y le dijo que tenían que ayudar a Ugarte “porque había cumplido con parte de la negociación ilícita de haber votado a favor de la inhabilitación de Zoraida Avalos”. Además, le dijo, es “una aliada política”.
De acuerdo con la confesión de Villanueva, Huamán verificó que la diligencia de extracción de información del teléfono demoraría unos cuatro meses, así que para ayudarlo hizo un oficio dirigido a la gerencia de peritajes del Ministerio Público indicando que necesitaba la extracción de información de ese celular con carácter de urgencia, y unos días el equipo le fue devuelto a la congresista.
La compra de votos del Bloque Magisterial
Jaime Villanueva se reunió en por lo menos dos ocasiones con el congresista Edgar Tello Montes, del Bloque Magisterial. De acuerdo con el exasesor de Benavides, Tello ofreció su voto a cambio del archivo de sus investigaciones en la Fiscalía de la Nación que estaban en el área de enriquecimiento ilícito.
Según Villanueva, Benavides aceptó el pedido de Tello, pero el archivo se concretaría recién el próximo año, para evitar cuestionamientos.
Un reportaje de Punto Final reveló el 28 de mayo que Tello hostigó laboralmente a una trabajadora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que él presidía, por no dejarse recortar el sueldo. La misma trabajadora indicó que el parlamentario les pedía dinero para comprar implementos de cocina y donarlos a ollas comunes. Otros dos extrabajadores de su despacho denunciaron que Tello les quitaba parte de sus ingresos. Al día siguiente, el entonces procurador general Daniel Soria lo denunció ante la fiscal Benavides por concusión al haberse presuntamente apropiado del dinero de los servidores públicos.
Un año antes, en febrero de 2022, la Fiscalía le había abierto otra investigación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, al interceder a favor de un consorcio ante el alcalde de San Juan de Lurigancho para la construcción de una obra por 15 millones de soles. La investigación aún continúa abierta: en septiembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside César San Martín denegó la apelación del congresista para anular la ampliación del plazo de investigación preliminar.
En enero de este año, Tello fue incluido en el caso ‘Los Niños’, investigado por organización criminal y tráfico de influencias, a causa del supuesto acuerdo para votar contra la censura e interpelación de ministros o la vacancia del entonces presidente Castillo. La contraprestación supuestamente ofrecida era el manejo de ministerios o de oficinas públicas descentralizadas.
En el archivo enviado por Jaime Villanueva al “agente Roberto”, vía Whatsapp, Tello aparece en el ítem “Niños 2”.
De acuerdo con la confesión de Jaime Villanueva, en determinado momento Tello lo contactó para decirle que otros compañeros de su bancada estaban interesados en dar su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos, también a cambio del archivo de investigaciones. De hecho, Tello reunió a todos los congresistas de su bancada para que Villanueva les explicara directamente el ofrecimiento de la entonces fiscal de la nación a cambio de sus votos, pero Villanueva se negó –de acuerdo con su confesión– a entrar en la reunión, por considerar que quedaba muy expuesto ante tanta gente.
Ante la negativa de Villanueva, Tello le dijo que podían reunirse con un congresista de su bancada, Germán Tacuri Valdivia, quien sería “la garantía del acuerdo que iban a tener”. Los tres se reunieron cerca al Congreso. Ahí, Tacuri Valdivia le dijo a Villanueva que actuaba a nombre de su bancada, que representaban 8 votos, y que votarían a favor de la inhabilitación a cambio del archivo de denuncias. De acuerdo con Villanueva, Benavides aceptó archivar las investigaciones a cambio de asegurar los votos para inhabilitar a Ávalos.
Sin embargo, solo seis congresistas del Bloque Magisterial votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Estos fueron German Tacuri, Edgar Tello, Silvio Gutiérrez, Francis Paredes, Segundo Quiroz y Óscar Zea; y los dos que votaron en contra fueron Pasión Dávila y Lucinda Vásquez.
El pedido del congresista Ilich López
En mayo pasado, Abel Hurtado coordinó una reunión entre Jaime Villanueva y el congresista Ilich López (ex Acción Popular). Cuando Villanueva se reunió con él, le dijo que actuaba a nombre de la fiscal de la nación y que quería tener su voto para la inhabilitación de Ávalos. López le dijo que aceptaba, “pero que tenían que ayudarlo en su investigación por el caso conocido como Niños”.
Villanueva le dijo que informaría a Benavides sobre su pedido.
Inmediatamente después, Villanueva se reunió con Benavides, quien convocó al fiscal Marco Huamán. La entonces fiscal de la nación le dijo a Huamán “que tenía que ayudar al congresista Ilich López Ureña en su investigación” porque votaría a favor de la inhabilitación de Ávalos. Huamán dijo que la única forma de poder ayudarlo era desacumular la carpeta fiscal donde estaba investigado junto a otros congresistas porque ya habían acordado con el congresista José Williams Zapata que presentarían una denuncia constitucional.
“La fiscal de la nación le dijo [a Huamán] que haga lo que tenga que hacer, pero que no lo denuncie porque la iba a apoyar”, relató Villanueva en su colaboración eficaz.
Huamán aceptó. Villanueva le informó de la decisión de la fiscal de la nación al congresista López, quien votó a favor de la inhabilitación de Ávalos.
Lo que exigió Vladimir Cerrón
De acuerdo con Jaime Villanueva, los primeros días de junio se reunió con Vladimir Cerrón en el local de Perú Libre. Villanueva le dijo que acudía a él en representación de Benavides para pedirle “que interceda entre los congresistas de su bancada para que voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos”.
Cerrón, según ha dicho Villanueva en su colaboración eficaz, contestó que para poder interceder con los parlamentarios exigió “que lo ayuden” en la investigación fiscal que tenía en curso en Huancayo por el caso ‘Aeródromo Wanka’. “Pedía que intercedan con el fiscal de su caso para que no acuda a una audiencia de su juicio oral hasta el 26 de julio porque el delito por el que lo investigan iba a prescribir”, relató Villanueva.
Jaime Villanueva le dijo a Cerrón que le haría llegar su propuesta a Benavides. Y así lo hizo.
Según Villanueva, Benavides habría intercedido por Cerrón con la fiscal Sonia Vergara Cabrera, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien, de acuerdo con Villanueva, no pudo hablar con el fiscal a cargo del caso.
La votación en el Pleno del Congreso del informe de inhabilitación a la fiscal suprema Zoraida Ávalos fue el 21 de junio. De la bancada de Perú Libre, siete congresistas votaron a favor de la inhabilitación: María Agüero, Américo Gonza, Isaac Mita, Alfredo Pariona, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, y María Taipe. Dos votaron en contra: Alex Flores (quien el mes siguiente renunció a la bancada) y Silvana Robles (quien renunció al día siguiente de esta votación). Siete no votaron: Waldemar Cerrón, Flavio Mamani, Segundo Montalvo, Margot Palacios, Jaime Quito (quien renunció a esa bancada un mes después), Janet Rivas y Abel Reyes (que tuvo licencia por enfermedad). Los miembros de la Comisión Permanente impedidos de votar eran: Jaime Quito, Margot Palacios y Waldemar Cerrón; Palacios estuvo ausente.
Fue una votación sorprendente, en la que congresistas de diversas bancadas, supuestamente contrapuestas, unieron sus votos en el mismo coro de sinrazones. Sonaba contradictorio y hasta absurdo a primera vista pero había un vínculo subyacente entre todos ellos, de acuerdo con las precisas y corroborables confesiones de Villanueva: vender su voto a cambio de la impunidad que ofrecía la fiscal de la Nación. Por un tiempo funcionó.
