Las maniobras para blindar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyo desenlace podría ser la suspensión de Benavides o su destitución en el cargo, van en varias direcciones, con los plazos que corren en paralelo, unos más veloces que otros.
Benavides es investigada por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla para evitar que formule una acusación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, por el presunto cobro de coimas a investigados por narcotráfico; por los cambios de fiscales que integran el Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’ y las llamadas que la vinculan a un investigado por ese caso; por la obtención de sus grados académicos en la Universidad Alas Peruanas; y por la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien era investigado en la Fiscalía por el delito de lavado de activos.
La vía más rápida para blindar a Benavides es la investigación sumaria promovida por la parlamentaria Patricia Chirinos, y tramitada por la Comisión de Justicia del Congreso, con el objetivo expreso de destituir a los miembros de la JNJ. El desenlace se dará el próximo 17 de octubre, cuando el informe final sea presentado y sometido a voto por los integrantes del grupo parlamentario.
En paralelo está en trámite una denuncia presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El objetivo es el mismo: remover a todos los miembros del Pleno de la JNJ.
Un tercer camino es el del Poder Judicial. El 4 de septiembre pasado, la jueza Jacqueline Tarrillo concedió una medida cautelar a favor de Benavides y con ello paralizó las investigaciones en la JNJ. Un mes después, sin embargo, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló el fallo y ordenó a Tarrillo que emitiera una nueva resolución. Lo hizo esta semana y volvió a otorgar la medida cautelar a la fiscal de la nación.
La cuarta vía es a través del Tribunal Constitucional (TC). El 16 de agosto pasado, Benavides presentó una demanda competencial –a nombre del Ministerio Público y autorizada por la Junta de Fiscales Supremos–, cuyo argumento central fue que las investigaciones llevadas a cabo por la JNJ en su contra “vulneran las competencias constitucionalmente asignadas a la institución (…) con una clara violación al principio de separación de poderes”.
La pretensión de la Fiscalía es que el TC declare que la JNJ “carece de competencia para cuestionar o revisar los actos de administración o actos de gestión de la Fiscal de la Nación”. En otras palabras, pide que recorte las funciones de la JNJ para limitar su capacidad de investigar a Benavides.
En una entrevista en RPP, de agosto pasado, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, sostuvo que los actos de administración fueron precisamente parte de los intercambios de favores entre miembros de la red criminal del caso ‘Cuellos Blancos’. “Hemos escuchado los audios entre Walter Ríos [expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao] y sus interlocutores, donde muchas veces se decidía desplazamientos de personal, designaciones de jueces provisionales, etc. No podríamos haber investigado ese tipo de actos si hubiésemos aplicado un criterio como el que se manifiesta en la demanda competencial”, indicó Vásquez.
A pesar de ello, la demanda fue admitida a trámite el 29 de agosto pasado. La decisión contó con el voto aprobatorio de seis de los siete magistrados del TC, uno de los cuales fue Gustavo Gutiérrez Ticse.
Como ya se ha descrito línea arriba, una de las investigaciones que realiza la JNJ a Benavides tiene que ver con la condecoración que esta recibió del alcalde Rafael López Aliaga el 8 de marzo pasado. El detalle es que el magistrado Gutiérrez Ticse ha tenido vínculos profesionales con López Aliaga y a la vez tiene vínculos familiares directos con personas que dependen laboralmente de Benavides.
En junio del 2021, cuando ya era candidato en el proceso de elección de los nuevos magistrados del TC en el Congreso, Gutiérrez Ticse asumió la defensa de Renovación Popular, el partido de López Aliaga, para apelar la sanción que le había impuesto el Jurado Electoral Especial del Callao por el uso indebido de propaganda electoral el día de las elecciones presidenciales en abril de 2021.
No era el primer servicio legal que Gutiérrez Ticse prestaba a Renovación Popular. Antes había defendido a una candidata al Congreso, que fue excluida del proceso electoral por presentar información incompleta en su declaración jurada.
Según un reporte de gastos entregados por Renovación Popular a la ONPE, entre febrero y mayo de 2022, el partido de López Aliaga pagó al estudio del actual magistrado del TC, “Gutiérrez Ticse Abogados & Consultores Asociados”, un monto total de 23 mil 128 soles por “asesoría legal en materia constitucional (amparo) y consultoría en material electoral”.
Gutiérrez Ticse había fundado ese bufete en 2015 junto con su hermana Kennia Cóndor Ticse; pero renunció a sus acciones el 12 de mayo del 2022 de acuerdo con su declaración jurada de ese año. Esto ocurrió diez días después de que recibiera el último pago de Renovación Popular.
Sin bien la demanda competencial no se refiere a la condecoración en sí, un fallo del TC favorable a las pretensiones de Benavides podría tener impacto en otras investigaciones que se le siguen en la JNJ. El antecedente es clave si se tiene en cuenta que Gutiérrez Ticse, cuyo voto será decisivo, obtuvo una plaza en TC con 97 votos a favor, 11 de ellos de la bancada de Renovación Popular.
Lazos familiares
El otro potencial conflicto de interés para Gutiérrez Ticse en la demanda competencial presentada por la fiscal de la nación puede medirse por grado de consanguinidad: tiene una hermana y un cuñado que trabajan actualmente en la Fiscalía, es decir, son parte de la estructura institucional encabezada jerárquicamente por Patricia Benavides. Pilar Gutiérrez Ticse se desempeña como fiscal adjunta provincial de Huancayo y Richard Tello Llantoy es fiscal adjunto superior de la Séptima Fiscalía de Lima Norte.
El ahora magistrado del TC fundó en 2007 una asociación con su hermana Pilar llamada “Instituto de Derecho Público”, para dictar seminarios y talleres de formación en derecho. Dos años después, en 2009, su hermana Pilar pasó a integrar su consejo directivo como secretaria. Se mantiene en ese cargo hasta la actualidad, de acuerdo con sus registros públicos.
En cuanto al fiscal Richard Tello Llantoy, cuñado de Gutiérrez Ticse, en 2013 el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo por presunta falta de idoneidad para desempeñar el cargo, pero este apeló y a través de un recurso extraordinario logró que al año siguiente la decisión se revirtiera.
Por otro lado, la hermana con la que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse fundó el estudio de abogados que dio asesorías legales a Renovación Popular, Kennia Cóndor Ticse, trabajó en la gerencia general del Ministerio Público por lo menos en el año 2022, de acuerdo con la declaración jurada que Gutiérez Ticse presentó ese año. También ha trabajado en la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República.
El propio Gustavo Gutiérrez Ticse también se desempeñó como consultor de la Gerencia General de la Fiscalía entre julio y agosto de 2018, de acuerdo con su declaración jurada del 2022. Entonces el gerente general era Mariano Cucho Espinoza.
Coincidentemente, Gutiérrez Ticse fue previamente abogado de Cucho cuando el segundo impugnó la decisión del CNM al no haberlo ratificado como jefe de la ONPE.
Al cierre de esta edición, IDL-R intentó contactar sin éxito a Gutiérrez Ticse.
Como se ve, Gutiérrez Ticse presenta antecedentes profesionales y vínculos familiares que lo conectan en distinto grado con la fiscal de la nación: uno de sus antiguos clientes dio la condecoración que motivó una investigación en curso contra Patricia Benavides, y dos parientes de su entorno cercanos trabajan para la institución que Benavides controla en medio de distintas denuncias. Gutiérrez Ticse es uno de los siete magistrados que decidirá si Benavides logra su objetivo de un recorte de facultades que anule las comprometedoras investigaciones de la Junta Nacional de Justicia.
