La reciente entrega a las autoridades de Oswaldo Chauca Navarro y su esposa, y la detención de cuatro ex funcionarios de Cofopri, son las más recientes –pero no las últimas– repercusiones judiciales que ha provocado la historia que IDL-Reporteros destapó hace tres semanas: la entrega, a precio de regalo, de un terreno de playa de 30,000 metros cuadrados a un traficante de tierras, quien planeaba revenderlo a 12 millones de dólares. Una corrupta operación dirigida desde el interior mismo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.
Como se recuerda, IDL-Reporteros describió cómo, en junio de 2009, Cofopri inscribió en Registros Públicos a su nombre un terreno de 840,058 metros cuadrados –ubicado a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur, entre la playa Puerto Viejo y el Club Regatas San Antonio, en una de las zonas del sur de Lima más apetecibles en términos inmobiliarios–, el mismo que, hasta ese momento, estaba en manos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
Asimismo, explicó cómo, sin atender las advertencias de la SBN, la institución tomó una parte de ese propiedad y la independizó en dos predios de 15,000 metros cuadrados y se los adjudicó, por un valor de 4,908 soles, a Chauca, a su esposa Mery Campos y a sus socios Juan Carlos Quiñones, Ana María Salazar y Jorge Abanto Medina.
En ese momento, la denuncia implicó directamente a Hernando Hidalgo Díaz, jefe zonal de Cofopri Lima-Callao, quien había firmado las resoluciones de adjudicación. Hidalgo, según diversos testimonios, era un hombre de confianza de Omar Quesada, director ejecutivo de la entidad.
Repercusiones mayores
La publicación de IDL-Reporteros remeció las estructuras más altas del Ejecutivo. El viernes 23 de abril, cuando la historia era recogida por la mayoría de medios de Lima, Quesada ordenó la destitución de Hidalgo y de otros cuatro funcionarios involucrados en el negociado. Horas después, esa misma tarde, mientras el escándalo crecía, él mismo tuvo que presentar su carta de renuncia a Cofopri. Alan García la aceptó de inmediato.
Si Quesada calculó que con su renuncia detendría el escándalo o que por lo menos atenuaría su impacto, se equivocó. Durante los días siguientes, las críticas en su contra le llovieron desde todos los sectores políticos. La Comisión de Fiscalización decidió investigar el caso y lo propio hizo el Ministerio Público. Durante su presentación ante el Congreso, el renunciante titular de Cofopri no logró disipar las sospechas de algunos parlamentarios de que sabía más de lo que decía sobre el caso. Quesada dijo que estaba dispuesto a que le levanten el secreto bancario y tributario, en un intento por demostrar que no tenía nada que ocultar.
En el ámbito partidario no le fue mejor. Alan García dijo que lo ocurrido en Cofopri era un “acto de corrupción asqueroso” cometido por “una partida de basuras” y, unos días después, mandó al premier Javier Velásquez Quesquén a proponerle a Quesada y a Jorge del Castillo –este último vivía su propio vía crucis a causa de los audios que lo vinculaban aun más al escándalo de los ‘Petroaudios’– que dejaran sus cargos de secretarios generales colegiados del Partido Aprista. Ambos se negaron. Días después, ante la presión de la opinión pública, Del Castillo pidió una licencia hasta que concluyeran las investigaciones sobre el “Faenón” y dejó a Quesada en off side. Este último se resistió a seguir sus pasos hasta el final. El sábado 8 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional del PAP lo licenció del cargo.
El hombre clave
Mientras el líder de los ‘cuarentones’ caía en desgracia, las pocas piezas que quedaron sueltas en el tablero del negociado playero fueron encajando. Hidalgo y César Castagne, el ingeniero que efectuó la inspección de campo en el terreno entregado a Chauca, revelaron que el funcionario que condujo la corrupta operación que ‘vendió’ la propiedad a menos de 5 mil soles fue Julio Calderón Rodríguez, hasta hace dos semanas secretario general de Cofopri.
Calderón, un aprista de larga militancia, conocido como el ‘Chileno’, era hasta entonces la mano derecha de Omar Quesada en la institución. Allegado a los ‘cuarentones’ del Apra, hasta que fue implicado directamente en el escándalo ejercía la presidencia del Tribunal Electoral de ese partido. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y desde la clandestinidad sigue clamando su inocencia.
Tras las órdenes de captura dictadas por el Segundo Juzgado Anticorrupción contra 12 personas, ya se ha detenido a Hidalgo, a Castagne, a los abogados Daniel Gonzales y Erika Serrano y a Oswaldo Chauca y su esposa. La detención de Calderón –quien ha anunciado que se entregará a las autoridades en los próximos días– será determinante para conocer si la historia de corrupción descubierta por IDL-Reporteros alcanza a Quesada, su ex jefe y amigo.