En los últimos años el distrito de Santiago de Surco ha sufrido cambios importantes debido a la febril construcción de edificios. Construcciones que elevan la demanda de servicios, empeoran el tráfico y en ocasiones ponen en riesgo a las viviendas aledañas.
Carlos Bruce, alcalde del distrito, prometió detener esta ola al iniciar su gestión. “Vamos a ser estrictos con que se respete los parámetros urbanísticos actuales, se respete la residencialidad y que los edificios no tengan la altura que les dé la gana tener”, proclamó el 8 de enero en entrevista con el diario El Comercio.
Cuatro meses después, sin embargo, hay un caso de patente irregularidad sobre el que la comuna elude pronunciarse. Veamos:
Así se veía, en septiembre de 2015, el cruce de la calle Manuel Águila Durand y la avenida Ayacucho, ubicado en la urbanización Liguria (Surco), tomada de Google Maps:
En el frontis había dos pequeños locales comerciales de una sola planta, ocupados por dos salones de belleza.
Más de siete años después, así luce la misma propiedad:
Aunque los locales comerciales se mantienen, sobre estos se eleva un robusto, aunque no del todo estético, edificio de cuatro plantas, dividido en ocho departamentos.
¿A quién le pertenece y quién autorizó su construcción?
El 26 de agosto de 2022, IDL-R informó sobre la compra de diversas propiedades por parte de la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación. Entre ellas, una casa de dos pisos ubicada en la urbanización Liguria, en Surco.
La propiedad se encuentra en el jirón Manuel Águila Durand Nº110 y fue adquirida por Benavides a Carla Andrea Maldonado Valencia por un precio de 120 mil dólares el 5 de diciembre de 2017.
Maldonado Valencia es hija del abogado Hildo Andrés Maldonado Cortéz, con quien la jueza Benavides contrajo matrimonio en 2017 y quien falleció en 2020.
Esa no fue la única compra que Benavides hizo a su hijastra por esos años.
En fecha posterior a la publicación, una búsqueda en los Registros Públicos reveló que en 2018 y 2019 Enma Benavides adquirió otras dos propiedades vecinas, de una sola planta, a la misma Maldonado Valencia.
Se trata de los dos locales comerciales que se aprecian en la primera foto de esta nota. Están ubicados en el jirón Manuel Águila Durand Nº 102 y la avenida Ayacucho Nº1302, y fueron adquiridos por 100 mil dólares y 80 mil dólares respectivamente.
Actualmente, sin embargo, solo uno de los dos sigue figurando a su nombre. Es el local comercial ubicado en el jirón Manuel Aguila Durand Nº 102.
El otro, localizado en la avenida Ayacucho Nº1302, fue transferido a sus hijos Julio Rafael (30) y José Giuliano Luján Benavides (26) a través de un anticipo de legítima herencia.
Pero se trató de una mera formalidad, puesto que al poco tiempo los hijos cedieron el derecho de usufructo vitalicio a favor de su madre, la jueza Enma Benavides, por lo que ella sigue percibiendo las rentas de ambos inmuebles.
Aunque enredado, el ruleteo de las propiedades quedó consignado en detalle en los Registros Públicos. La opacidad vino después.
De acuerdo con testimonios de vecinos, sobre la base de los locales comerciales se comenzó a construir el edificio de cuatro plantas que aparece en la segunda foto de este reportaje.
La construcción del edificio se dio cuando Benavides ya se encontraba investigada por cohecho y asociación ilícita por presuntamente haber cobrado sobornos a narcotraficantes que buscaban su libertad.
Pese a las dimensiones del inmueble de cuatro pisos, sin embargo, los departamentos no figuran en los Registros Públicos a nombre de Benavides ni de sus hijos. La magistrada tampoco consignó estos bienes en su última declaración jurada de ingresos, bienes y rentas entregada a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
¿Contó con los permisos de la Municipalidad al menos?
De acuerdo con expertos en Derecho Registral consultados por IDL-R, cualquier modificación en la infraestructura de un inmueble debe ser reportada y aprobada por la Municipalidad del distrito antes de su ejecución.
La documentación respectiva debe estar contenida en el expediente de la propiedad que cada Municipalidad guarda en sus archivos.
En octubre del año pasado IDL-R hizo una solicitud de transparencia a la Municipalidad de Surco para conocer si los propietarios de los locales comerciales (Enma Benavides y sus hijos) habían tramitado dichos permisos.
Luego de un mes, el municipio respondió al pedido y entregó el Expediente Nº 024352200521. Según refirieron, este expediente reúne la información de los dos locales comerciales, puesto que en el pasado estos y otros inmuebles aledaños conformaron un solo lote.
La carpeta contiene información histórica del bien que va desde la década del ochenta hasta el año 2005, sin embargo no se encuentra ahí ninguna licencia de edificación ni mucho menos un certificado de conformidad de obra emitido por la Municipalidad en años recientes.
IDL-R solicitó entonces información a la Municipalidad a través de la Gerencia de Imagen Institucional, pero luego de tomar nota de la consulta, los funcionarios indicaron que la comuna no se iba a manifestar al respecto.
La (falta de) licencia también fue motivo de una consulta al propio alcalde Carlos Bruce, pero tras reiterados mensajes, el exministro de Vivienda durante el régimen de Toledo optó por el silencio.
A falta de respuesta por parte de la Municipalidad, en febrero pasado IDL-R acudió al predio y tomó nota del teléfono que figuraba en un aviso de alquiler colocado en uno de los locales comerciales.
La persona que contestó a la llamada se identificó como Jackeline Viera y dijo estar a cargo de las coordinaciones del alquiler, pero se rehusó a dar el nombre ni ninguna otra referencia sobre los verdaderos propietarios.
Viera informó que el valor del alquiler de dicho local comercial era de 1500 dólares mensuales, precio que no incluía el pago de servicios. También señaló que ella podía agilizar la obtención de la licencia de funcionamiento a través de un “facilitador”.
Al ser consultada por los departamentos que se encuentran en los pisos superiores del local, ella aseguró que pertenecían al mismo dueño y accedió a mostrar uno de los que se ubica en el quinto piso de la propiedad.
El valor del alquiler de dicho departamento era de 1,700 soles, precio en el que estaban incluidos los pagos de agua y luz.
Pero ¿quién es en realidad Jackeline Viera?
Según información del Poder Judicial, hasta el año pasado Viera se desempeñaba como secretaria de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, integrada por Enma Benavides Vargas.
La relación entre ambas viene de tiempo atrás. Benavides y Viera también coincidieron en la Sala Penal Nacional, cuando la primera era miembro del Colegiado E, y la segunda ejercía como secretaria de esa sede judicial.
Cuando Benavides comenzó a ser investigada por los presuntos cobros a narcotraficantes entre 2012 y 2015, la Fiscalía ordenó a la Diviac el rastreo de las comunicaciones entre ambas. El registro resultó abundante.
De acuerdo con el informe, entre 2013 y 2020 Benavides realizó 734 llamadas al teléfono de Viera, mientras que en el mismo período de tiempo la secretaria judicial se comunicó con Benavides en 210 oportunidades.
Viera también estuvo presente cuando en 2017 Enma Benavides se graduó en la maestría en Derecho con especialización en Litigación Oral en la California Western School of Law, localizada en San Diego (Estados Unidos), según lo evidencia una publicación de Facebook.
Hace algunos días IDL-R se comunicó con Viera para obtener su versión sobre la función que tiene en los inmuebles, pero luego de indicar que no tenía ninguna vinculación con las propiedades descritas en esta nota, cortó la comunicación y no volvió a responder las llamadas.
En los Registros Públicos, la secretaria judicial no figura como propietaria de ningún bien inmueble y según su ficha del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) reside actualmente en el distrito de Ventanilla (Callao).
Archivo en tiempo récord
El 6 de septiembre del año pasado, la construcción de los cuatro pisos en Surco fue objeto de una denuncia en la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo con el denunciante, que pidió mantener su identidad en reserva, además de no contar con los permisos municipales, Benavides había construido dichos pisos sobre áreas comunes de los departamentos que se encuentran a la espalda de su propiedad.
La denuncia también señalaba que, pese a la aparente irregularidad, Benavides buscaba que los vecinos firmaran un acta de conformidad para inscribir la propiedad en los Registros Públicos y así sanear el predio.
La denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal supremo Uriel Terán, pero el 21 de octubre pasado, apenas seis semanas después, este declaró no ha lugar a iniciar investigación preliminar en este caso por carecer de “connotación jurídica penal”.
El fiscal supremo argumentó que los hechos denunciados estaban orientados a una “controversia respecto a la utilización de las áreas comunes” de la propiedad, por lo cual no se hacía necesaria la intervención del Ministerio Público.
Como se recuerda, Terán es el fiscal que en julio del año pasado reemplazó a Bersabeth Revilla, la fiscal que estuvo a cargo de la investigación contra Enma Benavides. La orden provino de la fiscal de la Nación y hermana menor de Enma, Patricia Benavides, quien usó como argumento la supuesta baja productividad de Revilla. Pocos días después, IDL-R demostró que la producción de Revilla no era baja sino, por el contrario, sobresaliente.
Aún así el cambio se mantuvo y el 2 de febrero de este año Terán solicitó al Poder Judicial el archivo de la investigación contra Enma Benavides por cohecho y asociación ilícita en el caso del presunto cobro de coimas a narcotraficantes.
El asunto no quedó ahí. A mediados de febrero de este año, el denunciante de Enma Benavides pasó a ser denunciado. El comandante PNP (r) y abogado Daniel Francisco Molina López lo acusó por denuncia calumniosa en agravio de Enma Benavides ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco y Barranco.
Por cuestiones de competencia territorial, unos días después la denuncia fue transferida a la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Centro y fue ahí que, con inusitada diligencia, el diecisiete de febrero el fiscal Juan Martín Herrera Farje resolvió iniciar diligencias preliminares en este caso.
Herrera citó a las partes, incluyendo a la propia Enma Benavides, para el 16 de marzo pasado. Sin embargo, la magistrada solicitó una reprogramación y recién pudo dar su declaración el 21 de marzo.
El fiscal ha solicitado la ampliación de la investigación por seis meses contra el denunciante de Enma Benavides.
