Este mes fueron emitidos dos largos documentos sobre un mismo tema: el caso Lava Jato. 

Uno provino del Ministerio Público. El otro de una comisión del Congreso.

El primero sorprendió a muchos. El segundo a nadie. 

El del Ministerio Público fue suscrito por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, por el también fiscal adjunto supremo Luis Felipe Zapata y por el fiscal adjunto provincial Robert Percca.  

¿El caso? La investigación fiscal acusatoria centrada sobre todo contra los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez; y contra mí, Gustavo Gorriti. 

¿El tema, en mi caso? La acusación, en lo esencial, de haber recibido información privilegiada de los fiscales a cambio de una cobertura favorable. 

¿La fuente? Jaime Villanueva, el “testigo” virtualmente único del caso.

¿El camino del testimonio a la acusación? La estridente campaña de los medios desinformadores encabezados por Willax Televisión, eventualmente reportada por algunos medios tradicionales, lo cual dio pie a la acción fiscal que durante toda la primera parte estuvo a cargo del fiscal Alcides Chinchay.

El caso empezó en marzo de 2024. Consumió cientos de horas de testimonios y diligencias. Despertó alarmas en el hemisferio por el ataque a la libertad de prensa disfrazado bajo palabrería leguleya y se hizo parte de la estridente orquesta desinformadora contra los actores anticorrupción y contra el periodismo investigativo de IDL-Reporteros. 

La chillona desinformación amplificó al máximo las “revelaciones” de Villanueva y acalló los desmentidos de muchos testigos de sus mentiras más gruesas. Pero los abogados defensores cumplieron a cabalidad con su papel y los hechos abrieron trocha en la maraña procedural, para  hablar con inequívoca elocuencia.

Al fin, este cuatro de diciembre, el fiscal Casaverde, junto con los fiscales Zapata y Percca, emitieron una resolución inequívoca: “No formalizar ni continuar con la investigación preparatoria” tanto en el caso “Cócteles” (el principal), como en los otros y disponer el “Archivo Definitivo” de la investigación.

La disposición fiscal tiene 185 páginas con análisis pormenorizado de cada testimonio, que permite identificar varias (aunque no todas) las inconsistencias y mentiras del testimonio de Villanueva, el “testigo único”, carente de corroboración y abundante en desmentido y denegación.

¿Qué va a pasar ahora? La disposición fiscal de Casaverde fue emitida antes de que culminara el copamiento –a través de la movilización de todos los resortes del gobierno mafioso, desde el Congreso y las instituciones subordinadas– de la fiscalía de la nación por los fiscales asociados a los cuellos blancos y la corrupción. 

Así que es probable que este caso sea apelado y continúe, en los turbulentos meses previos a las elecciones, bajo el régimen de corte de milagros que dirigirá en ese lapso, el Ministerio Público.

Y ahora examinemos las acciones del lado más oscuro de la coalición corrupta.

El siniestro informe Muñante

El 5 de diciembre, se presentó el informe que no sorprendió a nadie. Es el de la “Comisión Muñante”, cuyo homenaje a la brevedad se expresó en su título:

El informe tiene 246 páginas. Si uno hiciera una lectura en paralelo del informe del fiscal Casaverde, que cubre temas y eventos en común, buena parte del contenido de su texto quedaría desmentido. 

¿Comparar, salvo lo anterior, ambos informes? No tiene sentido, pues uno es intelectualmente honesto y el otro, el de Muñante, ni lo es ni lo parece.

¿Con qué se lo podría comparar? De repente con algo como lo siguiente.

Imaginen un escenario distópico en el Estados Unidos de los años 30 del siglo pasado, en el que se hubiera creado, con leguleya pomposidad, una comisión investigadora sobre las estrategias de la lucha contra la mafia “y los efectos lesivos que dicha estrategia haya creado en desmedro de los derechos e intereses del Estado Usamericano”. 

E imaginen que esa comisión estuviera presidida por Vito Genovese, con Lucky Luciano como secretario y los tocayos Frank Nitti y Frank Costello como integrantes. 

Los investigados por la comisión habrían desfilado para dar testimonios sobre sus acciones y las acusaciones en su contra. Los más duramente acusados hubieran sido el policía Eliot Ness y el fiscal Thomas Dewey. Ness ya habría sido pasado al retiro y la destitución de Dewey se vería inminente.

¿Exagerado? No tanto. Algo muy parecido, con nombres y escenarios diferentes, es lo que sucedió en Guatemala, cuando los círculos corruptos lograron socavar y terminar con la campaña anticorrupción que llevó a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organizada y respaldada por las Naciones Unidas. 

Cuando esos círculos corruptos consolidaron el poder, persiguieron judicialmente, con todas las armas de la tinterillada y la leguleyada, a los jueces y fiscales que habían actuado contra la corrupción, y a los periodistas que la investigaron. 

Tomaron la Fiscalía y el Poder Judicial y efectuaron encarnizadas persecuciones. Incluso ahora, gracias a un presidente débil, Bernardo Arévalo, permanece en sus puestos gente como la fiscal Consuelo Porras (una Blanca Nélida Colán con esteroides) y el fiscal Rafael Curruchiche; mientras periodistas como José Rubén Zamora, siguen en la cárcel. 

Su ejemplo es el que ha inspirado a los círculos corruptos, especialmente los de ultraderecha, de todo el continente a copiar sus métodos. Los corruptos de izquierda, a la vez, tienen en Maduro u Ortega a sus propios modelos. 

Y aquí está la llamada Comisión Muñante, que es una espectacular colección de conflictos de interés y propósitos aviesos.  

El informe es, en gran parte, una compilación de mentiras, inexactitudes y desinformaciones. Parte de ellas fueron incorporadas e investigadas por el fiscal Chinchay antes de ser definitivamente desestimadas por el fiscal Casaverde.

Al margen de lo distorsionadas o esperpénticas que sean, resultará necesario examinarlas en detalle y en conjunto, porque el objetivo evidente de la Comisión Muñante será perpetrar el mayor de los atropellos. A través del cual la mafia que controla el Congreso, y el gobierno, intentará exterminar todo lo que queda de la lucha contra la corrupción, persiguiendo a quienes la libraron a través del poder que ya controlan …y que controlarán más. 

El informe será aprobado y la coalición corrupta que controla el Congreso ordenará que se abra acciones fiscales y judiciales contra los acusados. Los fiscales de cuello blanco ya estarán aprestados para perpetrarlas.

En las próximas semanas IDL-R publicará los análisis y revelaciones necesarios para sacar a luz y probar la verdad de los hechos sobre este tema.

Veamos desde ya algunos de los que muestran los monumentales conflictos de interés de la Comisión Muñante.

Empieza con el propio presidente de la comisión, dirigente de un partido, Renovación Popular, que es investigado en el caso Lava Jato. Hay ahí también integrantes de otros partidos (como Fuerza Popular), que han sido investigados por profundas corrupciones vinculadas con el caso.

El jefe político de Muñante, Rafael López Aliaga, también investigado por lavado de activos, es uno de los más importantes propulsores de las frenéticas oleadas de desinformación difamatoria que han sido parte central de la contraofensiva corrupta contra las investigaciones de Lava Jato.

Muñante es su cumplido subordinado. Cuando López Aliaga, atascado en el caso Brookfield, buscó el auxilio de la entonces procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, para gestiones oficiales en Estados Unidos, la amenazó públicamente con destituirla si no le obedecía. 

De la amenaza a los hechos. López Aliaga movilizó a sus congresistas para presionar al Ejecutivo para que se despida a Carrión. Uno de los que cumplió la orden con más diligencia, fue Muñante, cuando ya tenía a cargo la Comisión de título interminable. 

No tuvieron mayor problema en lograr que el Ejecutivo, cómplice y cobarde a la vez, despida a Carrión. Y el mismo Muñante, que activó ruidosamente para lograr ese despido, la citó luego a su comisión, bajo una pretensión de imparcialidad que sería patética si no fuera ridícula. 

Empleados del Congreso y militantes de Renovación fueron convocados como testigos expertos y gentilmente interrogados sin mención alguna ni de sus pasados ni de sus conflictos de interés. Abogansters de mafiosos prófugos asesoraron a la Comisión antes de apartarse formalmente cuando estaban a punto de ser expuestos…

Con todo ello, el “informe” de la Comisión Muñante excedió hasta las más extremas expectativas de la mafia gobernante, en el empeño de exterminar la mayor investigación anticorrupción del siglo en el Perú; para vengarse, además, de quienes la investigaron (o permitieron que se haga); y para garantizar la impunidad presente y futura de los corruptos. Así, la Comisión Muñante resolvió “recomendar” (entiéndase ordenar) al Ministerio Público iniciar acciones penales contra:

• José Domingo Pérez, por todo lo que se les pudo ocurrir (prevaricato, encubrimientos personal y real, omisión de actos funcionales, usurpación de funciones).
• Rafael Vela (prevaricato, encubrimientos personal y real).
• María de los Ángeles Álvarez Camacho, ¡la jueza que homologó el acuerdo de colaboración eficaz! (Acusada de prevaricato).
• Gustavo Gorriti, (nada menos que cohecho activo, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia).
• Jorge Ramírez, el exprocurador (omisión de actos funcionales).
• Silvana Carrión, la exprocuradora despedida por orden de López Aliaga (omisión de actos funcionales).
• Zoraida Ávalos, la exfiscal de la nación, a quien la coalición corrupta inhabilitó en 2023, en coordinación con Patricia Benavides y su asesor Villanueva, antes de ser repuesta por el Poder Judicial. (Abuso de autoridad, cohecho pasivo, omisión de actos funcionales y encubrimiento real)
• Pablo Sánchez, ¡Exfiscal de la nación, a punto de jubilarse y a quien faltaba aplastar para que repercuta como lección entre los demás asustados! (Cohecho pasivo y abuso de autoridad).

No solo eso. La Comisión recomienda también (ordena, entiéndase de nuevo) a la fiscalía de la nación, remover a Rafael Vela y a José Domingo Pérez del Equipo Especial. Y, sobre todo, iniciar acciones para anular el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Además, “pide” a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público iniciar “procedimientos disciplinarios” contra José Domingo Pérez y Rafael Vela, por “faltas muy graves” y pide, además, que sean apartados mientras tanto. La ANC no necesitaba que se lo pidan, pues desde hace buen tiempo está abocada a perseguir a ambos fiscales.

Pide también (y aquí no está del todo claro si encontrarán o no el mismo grado de sumisión servil y complicidad) a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que inicie un “procedimiento disciplinario” por “faltas muy graves” contra la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. 

Y el informe de la Comisión Muñante ordena a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (de Ríos Patio), que inicie investigaciones contra Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, “por faltas muy graves” y se disponga entre tanto su “apartamiento preventivo”. 

Además de lo anterior, ordena a la Procuraduría General del Estado iniciar acciones civiles “por daños y perjuicios” contra Jorge Ramírez y Silvana Carrión. 

Y finalmente, para remachar el propósito de exterminio funcional hasta de los funcionarios menos combativos, pero aforados, la Comisión Muñante recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, denunciar a Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, cohecho pasivo y encubrimiento real, “a efectos de que se habilite la apertura de la causa penal” contra ellos. 

Así que, ante el tiempo que se acorta, al ingresar a los azares (pese a sus esfuerzos de convertir la trampa en regla) de la campaña electoral, la siniestra Comisión Muñante, atravesada por rampantes conflictos de interés, termina siendo la mal disfrazada operación para terminar de liquidar (para exterminar, más bien), al reforzado estilo Guatemala, lo poco que queda de la lucha contra la corrupción.

Es la criminalización de la verdad perpetrada por criminales.