Criterio de competencia… en el caso de Odebrecht

A fines de agosto, IDL-Reporteros reveló que el precio de las obras adjudicadas en los últimos seis años a la empresa brasileña Odebrecht siempre termina por incrementarse. Y no por poco: Son más de 750 millones de dólares adicionales que el Estado ha tenido que pagar para cubrir los supuestos sobrecostos que fueron surgiendo cuando los contratos ya estaban firmados.  No solo eso, la mayoría de esos proyectos no pasó por el control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que hizo que el Estado los entregara a ciegas, sin conocer (al menos oficialmente) su valor real.

No es lo único extraño que ha ocurrido en los concursos en los que ha participado Odebrecht. En mayo de 2005, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, la empresa ganó, a través del Consorcio Eje Vial Norte, (que también integra Graña y Montero y del que entonces formaba parte la constructora Andrade Gutiérrez), mediante un concurso, la buena pro de la carretera Interoceánica Norte que va de Paita a Yurimaguas, y tiene un valor actual de 359 millones de dólares. Pero a diferencia de los otros postores de este concurso, la empresa brasileña gozó de algunas ventajas. Así lo advierte un informe elaborado en marzo de 2007 por la Contraloría al que IDL-R tuvo acceso.

Para empezar, el concurso se resolvió a última hora, ya que Proinversión decidió hacer en los últimos tres días lo que no había hecho en todos los meses que duró el proceso.

El 3 de mayo de 2005, dos días antes de la fecha fijada para entregar la bueno pro, Proinversión reveló los montos máximos para el Pago Anual por Obras (PAO) y el Pago Anual por Mantenimiento y Operaciones (PAMO),  los dos valores a los que debían aproximarse las ofertas de los postores para ganar la buena pro. El problema es que ese mismo día se presentaron las ofertas técnicas y económicas de los concursantes. Es decir, los postores no tuvieron tiempo para ajustar sus ofertas a estas dos cifras pese a que el componente económico era el factor de competencia del concurso.

Al respecto, la Contraloría dice lo siguiente: “Con relación a la oportunidad en que se comunicó los montos máximos de PAO y PAMO, se aprecia que el Comité no otorgó a los postores información completa e indispensable con un plazo prudencial para que estos pudieran presentar sus ofertas económicas”.

Esta situación desanimó a la mayoría de postores, ya que, al no tener información precisa, decidieron no presentar sus ofertas económicas. Lo que no sabían, es que Proinversión terminaría dando más tiempo para que adecuaran sus propuestas a las empresas que se quedaron, que fueron el Consorcio Eje Vial Norte y la Constructora Queiroz Galvao S.A, que sí presentaron sus ofertas en el acto realizado el 3 de mayo de 2005.

Después de dar a conocer los montos máximos de PAO (29 millones de dólares) y PAMO (15 millones), Proinversión dio treinta minutos al consorcio que integraba Odebrecht y a Queiroz Galvao para que adecuaran sus propuestas. Pero, ante una observación de Carlos Alberto Ruiz Paredes, abogado de Odebrecht, Proinversión decidió dar 48 horas más a ambos postores. Los otros siete concursantes precalificados no fueron informados de esto.

En la nueva fecha fijada, el 5 de mayo de 2005, Odebrecht presentó una nueva oferta económica con las mismas cifras que Proinversión había establecido como montos máximos de PAO y PAMO.  Con esto ganó la buena pro.

Para la Contraloría este cambio en las reglas de juego “le restó transparencia al proceso”, además que se pasó por alto el “principio de debido procedimiento”.

El actual ministro de Vivienda era el director Ejecutivo de Proinversión cuando se dio la concesión. René Cornejo, como se puede suponer, piensa distinto. Para el hoy ministro, Proinversión decidió dar a conocer los montos máximos de PAO y PAMO el mismo día de la presentación de las ofertas para “procurar la mayor competencia posible entre los postores en el proceso y obtener así la mejor oferta económica por parte de los mismos, teniendo en consideración que, dada la complejidad del proyecto, los postores efectúan sus propias evaluaciones y cálculos respectivos en forma antelada”.

Lo curioso es que su intención de “procurar la mayor competencia posible” entre postores se desvaneció ni bien se conocieron las cifras máximas de PAO y PAMO, ya que se dio dos días más a los postores que no se retiraron y presentaron sus ofertas técnicas y económicas.

Sobre este punto, Cornejo sostiene que cuando se tomó esa decisión ya “sólo existían dos postores en carrera”. “El Comité consideró oportuno dar opción a estos dos postores que quedaban en carrera para poder mejorar las ofertas económicas contenidas en el sobre 3”, dice.

¿Y por qué no consideró oportuno darle la misma oportunidad a los demás?

¿Y qué tipo de competencia se podía esperar cuando quedaron solo dos compañías?

Consulta y omisión

Hubo otro hecho que la Contraloría observó. El 4 de mayo de 2005, un día antes de que se diera la buena pro, Proinversión respondió una consulta remitida por el Consorcio Eje Vial Norte, es decir por Odebrecht, respecto a la versión final del contrato de IIRSA Norte. A simple vista, aquello no pasaba de ser un mero trámite, el problema es que en un concurso público solo se puede responder las consultas de los postores quince días antes de la presentación de las propuestas económicas. Así lo dice el artículo 15 del Decreto Supremo 060-96-PCM, que regula la entrega en concesión de obras públicas de infraestructura. Ante esto, la Contraloría sostuvo que Proinversión “carecía de facultad” para absolver la consulta de Odebrecht.

El informe también indica, como ya lo había declarado el ex contralor Genaro Matute a IDL-Reporteros, que el concurso de IIRSA Norte no contó con el informe previo de la Contraloría debido a que se le entregaron los documentos requeridos dos días antes de que se entregara la buena pro. “En el caso del proceso de concesión de IIRSA Norte, Proinversión remitió a la Contraloría General de la República, documentación parcial dos días antes del otorgamiento de la buena pro”, dice el documento.

Sobre este punto, René Cornejo señala que Proinversión solicitó el informe previo dos días antes de la entrega de la buena pro “considerando que la CGR podía emitirlo hasta antes de la fecha de cierre (firma del contrato de concesión)” y que en esa fecha “no existía norma alguna ni disposición expresa de la Contraloría respecto  de la oportunidad para emitir el informe”.

Pero resulta que luego de este concurso –como resultado de la queja de la Contraloría– Proinversión dispuso que en futuros concurso no se recibieran ofertas de los postores sin contar con el informe previo de la Contraloría. Fue una reforma que llegó a destiempo.