El Equipo Especial Lava Jato presentó el jueves 7 de agosto, a través de la fiscal Diana Canchihuamán, su acusación fiscal por el ‘caso Arbitrajes’ contra 29 personas, entre ellas 14 árbitros y sus testaferros, secretarios y peritos arbitrales, exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y abogados; por haber participado de un esquema complejo de corrupción para favorecer a la constructora Odebrecht en 17 procesos arbitrales contra el Estado, entre los años 2011 y 2015.
Los procesos arbitrales corresponden a cinco proyectos de infraestructura adjudicados a Odebrecht (en consorcio con otras empresas): los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la carretera Interoceánica Norte, la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa; y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
En sus más de mil páginas, la acusación fiscal describe de manera granular el mecanismo de robo al Estado disfrazado de solución de controversias arbitrales desplegado por Odebrecht, con la complicidad de funcionarios públicos, a lo largo de varios años.
¿Cómo empezó el caso? IDL-Reporteros publicó hace nueve años, en septiembre de 2016, la primera entrega de una serie investigativa sobre los cientos de millones de dólares que Odebrecht cobró del Estado a través de arbitrajes. Por primera vez se conoció cómo, entre el 2003 y 2016, la constructora brasileña aplastó al Estado peruano en 35 de 42 procesos arbitrales, para conseguir más de 254 millones de dólares. El Estado no logró obtener un centavo en los pocos arbitrajes que ganó.
IDL-R reveló entonces quiénes fueron los árbitros responsables de esos fallos a favor de Odebrecht y, sobre todo, cuáles fueron los mecanismos que usaron para favorecerla.
En el artículo ‘Tras cuernos, palos’, IDL-R expuso que “más de la mitad de los 35 casos de arbitraje en los que el Estado fue derrotado se debió a deficiencias en las bases (contratos, modificaciones al contrato y expedientes técnicos) de los proyectos.
Es decir, se trató de errores o ambigüedades que debieron haber sido identificados antes que el Estado firmara los contratos; y que –lo que es peor– se repitieron a lo largo de 11 años.
¿Se trató de incompetencia sistemática del Estado, que no aprendió de errores previos a lo largo de los años?
En verdad, no.
Del total de veces que el Estado perdió por deficiencias en las bases, el 85% de ocasiones, es decir, en 17 casos, fue la propia Odebrecht la responsable de realizar el expediente técnico o el proyecto de ingeniería de detalle sobre los que posteriormente la misma Odebrecht demandó al Estado peruano …y le ganó. Solo gracias a eso, la compañía recibió más de 114 millones de dólares.
Las carreteras interoceánicas estuvieron entre los proyectos más costosos realizados por la compañía en nuestro país. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005, Odebrecht obtuvo la concesión, en consorcio, de los tramos II y III de IIRSA Sur y la concesión de IIRSA Norte. Estas tres obras tuvieron sobrecostos, en el orden mencionado, de 149%, 74% y 98% con relación al monto contratado.
A la vez las tres acumularon la mayor cantidad de laudos arbitrales de la empresa contra el Estado (30 de 42) en los que este perdió principalmente por deficiencias en las bases. Y fue Odebrecht –en los consorcios donde fue socia dominante– la que elaboró los expedientes técnicos o proyectos de ingeniería de detalle para las tres obras. Es decir: Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecto defectuoso hecho por la propia compañía y luego lo demandó para que le pague por esas fallas”.
IDL-Reporteros publicó la lista de los 40 árbitros que participaron en los 42 arbitrajes entre Odebrecht y el Estado. Desde el inicio, la investigación de este medio ubicó a Horacio Cánepa como un personaje clave en la trama, porque había favorecido a Odebrecht en 16 de los 19 arbitrajes en los que participó. Sus votos a favor de Odebrecht beneficiaron a la compañía con más de 500 millones de soles. Este patrón indicaba síntomas inequívocos de corrupción, pero había que probarlo.
Un año después de las primeras publicaciones de IDL-R sobre el caso, el diario El País reveló, en setiembre 2017, que la policía de Andorra había rastreado 1,4 millones de dólares depositados secretamente por Odebrecht a Cánepa en una sociedad offshore en la Banca Privada de Andorra (BPA). Todo esto como parte de una investigación sobre las transacciones de la firma brasileña en ese banco entre 2008 y 2015.
A su vez, IDL-R reveló, a través de los Panamá Papers, otras dos empresas offshore vinculadas a Cánepa.
El Equipo Especial Lava Jato inició una investigación a partir de estas revelaciones periodísticas. En el proceso investigativo de la Fiscalía, las confesiones de los exejecutivos de Odebrecht –como parte de su acuerdo de colaboración eficaz con el Estado peruano–, respaldadas por documentos, hicieron posible reconstruir, de manera detallada, cómo se prostituyó el sistema de arbitrajes para beneficiar a la constructora Odebrecht y cómo se trazó la ruta de los sobornos a los árbitros, funcionarios públicos y testaferros.
Fue posible confirmar, por el testimonio de los protagonistas de la trama, lo que IDL-R había revelado años antes: que al inicio de la etapa de ejecución contractual de cada proyecto adjudicado, Odebrecht generó “controversias” con el objetivo de “incrementar de forma exorbitante e indebida los montos establecidos en los contratos”. Para ello, según la acusación fiscal, Odebrecht formó un “equipo técnico” integrado por abogados e ingenieros, que se encargaron de elaborar las demandas arbitrales con las que emplazó al Estado a pagarle montos millonarios.
La confesión de Horacio Cánepa, como colaborador eficaz, tuvo un efecto crucial para la reconstrucción de la trama y también de efecto cascada que movilizó a otros a confesar. Él, además de jugar el rol de árbitro de la constructora, también fue coordinador de otros árbitros corruptos y punto de contacto con el “equipo técnico” de Odebrecht. Cánepa fue instruido por los directivos de Odebrecht para pactar el pago de sobornos con sus colegas árbitros y organizar parte del esquema de pagos ilícitos.
Odebrecht desplegó un esquema de sobornos funcional y flexible que incluyó el pago de coimas encubiertas a través de honorarios profesionales a los árbitros, pagos en efectivo y a través de sociedades offshore. Pero en determinado momento surgió la necesidad de crear una empresa de asesoría jurídica en Perú, a nombre de un tercero, para pagar los sobornos a algunos de los árbitros o abogados a través de contratos ficticios por “asesorías legales” de forma directa o a través de testaferros. Horacio Cánepa fue encargado de gestionar esto último.
Esto se originó debido a que Emilio Cassina Ramón, uno de los abogados que integró el “equipo técnico” de Odebrecht, no podía girar recibos directamente a la constructora porque su padre, Emilio Cassina Rivas, era árbitro en tres laudos entre la constructora y el Estado. Debido al patente conflicto de intereses, Cánepa le pidió a un amigo suyo, Juan Zorrilla Quintanilla, que constituya una compañía para gestionar ese y otros pagos simulados de Odebrecht. Así fue como se creó el estudio jurídico Jure Et De Jure Abogados EIRL.
Apenas fue constituído el estudio, y bajo la premisa que tercerizar el cobro de sus honorarios por esa vía no levantaría sospechas, Cassina Ramón giró una factura del Estudio Cassina Abogados por la suma de 35 mil dólares más IGV a Jure Et De Jure Abogados, el 13 de septiembre de 2011. Esto correspondía a los pagos de adelantos de siete procesos arbitrales, cuyas demandas ya se encontraban presentadas y una de ellas se presentaría días después.
Según la acusación fiscal, Cassina Rivas recibió la suma total de 447 mil 274 soles como sobornos encubiertos en sus honorarios como árbitro, entre abril de 2011 y agosto de 2013; y 125 mil dólares en cash como “bonos de éxito” (es decir, sobornos) por laudar a favor de Odebrecht en los procesos arbitrales 1991-2011, 2070-2011 y 2077-2011.
Sobre los detalles de otros pagos simulados hechos a través de Jure Et De Jure Abogados, IDL-R publicó un extenso reportaje titulado ‘Cómo se compró árbitros y arbitrajes’, en junio de 2019, que hoy recobra actualidad.
Horacio Cánepa también se encargó de ser el intermediario para la entrega de sobornos en efectivo a sus colegas. Por ejemplo, el árbitro Weyden García Rojas recibió 70 mil dólares en efectivo por concepto de “bonos de éxito”, de parte de Cánepa, por laudar a favor de Odebrecht en los procesos arbitrales 1992,1993, 2075 y 2077-2011. Por esos mismos laudos, García cobró un total de 273 mil 131 soles por sobornos encubiertos en sus honorarios (vía transferencia bancaria y cheques), entre abril de 2011 y agosto de 2013.
Otro de los árbitros que, de acuerdo con la acusación fiscal, recibió sobornos de Odebrecht, es el abogado Humberto Abanto. “Aceptó sobornos encubiertos en sus honorarios, así como sobornos entregados en efectivo, con la finalidad de laudar en beneficio de la Concesionaria IIRSA Norte S.A., integrada por Odebrecht” en el proceso arbitral AD HOC S/N del 6 de septiembre de 2013, según la acusación fiscal.
Por ese laudo ad hoc, según la Fiscalía, Abanto recibió un soborno encubierto en sus honorarios profesionales por 112 mil 222 dólares, entre mayo y agosto de 2013; y un pago en efectivo de 106 mil dólares por intermedio de Alejandro Álvarez Pedroza, uno de los árbitros que integró junto con él el tribunal arbitral de esa causa.
De acuerdo con la acusación, Alejandro Álvarez y Ramiro Rivera Reyes (el tercer árbitro de ese tribunal) recibieron en partes iguales pagos ilegales por favorecer a Odebrecht con sus decisiones en ese laudo arbitral ad hoc.
A continuación, un cuadro con el detalle de los pagos ilícitos recibidos por cada árbitro por laudar a favor de Odebrecht en los 17 procesos arbitrales contenidos en la acusación fiscal, que significaron un indebido beneficio económico de más de 538 millones de soles para Odebrecht, de acuerdo con cálculos del Ministerio Público.
Otro eslabón clave en el esquema corruptor de Odebrecht fue captar a funcionarios públicos del ministerio de Transportes y Comunicaciones para tener conocimiento y control sobre las decisiones del ministerio con respecto a los laudos. En esta lista figuran, por ejemplo, Alejandro Chang Chiang, exviceministro de Transportes; Celso Gamarra Roig, exdirector general de concesiones en Transporte; y Jéssica Reátegui Véliz, exdirectora general de asesoría jurídica del MTC.
El siguiente organigrama, contenido en la acusación fiscal, grafica la distribución de roles y jerarquías en el esquema desplegado por Odebrecht para beneficiarse con arbitrajes contra el Estado.
En su acusación, la fiscal Diana Canchihuaman ha solicitado al Poder Judicial penas de cárcel que van desde los 9 hasta los 25 años. Dentro de los acusados figuran los árbitros Weyden García Rojas, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard Martin Tirado, Randol Campos Flores, Franz Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias, Ramiro Rivera Reyes y Marcos Espinoza Rimachi, contra quienes la Fiscalía ha pedido 25 años y 4 meses de prisión efectiva; el abogado Humbero Abanto (12 años y 8 meses de pena privativa de la libertad); y Emilio Cassina Rivas (8 años de prisión efectiva).
El juez a cargo de revisar la acusación fiscal es Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
