El Pleno de la Junta Nacional de Justicia definirá este miércoles 2 de febrero, si habrá sanción a las exfiscales del caso “Los Cuellos Blancos” [ o “Lava Juez”] Sandra Castro y Rocío Sánchez. Como se recuerda, en febrero del año pasado ambas revelaron haber sostenido una reunión informal con el expresidente Martín Vizcarra. El motivo habría sido gestionar protección ante las amenazas y peligros que enfrentaba la investigación a su cargo.
IDL-R obtuvo el informe del caso, a cargo del miembro instructor Antonio de la Haza Barrantes.
De acuerdo con este, las fiscales Castro y Sánchez incurrieron en dos faltas que la Ley de la Carrera Fiscal califica como muy graves. Pese a ello, de la Haza concluye que la cita con Vizcarra no comprometió la objetividad e independencia de las magistradas, por lo que no recomienda su destitución.
El informe deberá ser debatido por el Pleno de la JNJ, aunque la decisión que este adopte sólo tendrá efectos prácticos sobre Castro, puesto que Sánchez renunció a la Fiscalía en noviembre pasado. Hay algunos cabos sueltos sobre todo en cuanto a la cronología de los hechos. ¿Cuándo ocurrió aquella reunión y por qué las fiscales se contradicen en este punto?
En el curso de la investigación, la JNJ recibió las versiones de Sánchez y Castro. Ambas admiten haber asistido al departamento de Vizcarra, en la avenida 2 de mayo, en San Isidro. También coincidieron en que el cuarto asistente a la reunión fue el mayor PNP Manuel Arellanos, asignado al apoyo de la investigación fiscal por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
Pero el testimonio de las fiscales difiere respecto de la fecha en que se llevó a cabo la reunión. Rocío Sánchez sostiene que fue en marzo del 2018, poco después de que Martín Vizcarra asumiera la presidencia. Castro asegura, en cambio, que fue en julio, tras la propalación de los primeros audios de “Los Cuellos Blancos”.
La versión de Sánchez es que la reunión con Vizcarra se produjo al mismo tiempo que se realizaban las primeras escuchas telefónicas a jueces y fiscales involucrados en el megacaso de corrupción. En ese contexto, dijo, a fines de marzo del 2018 Castro la invitó a una reunión con Vizcarra aprovechando que esta vivía en el mismo edificio que el presidente, en San Isidro.
La exfiscal rechazó haber violado la reserva de la investigación en aquel encuentro. Dijo que en ese momento ella no podía saber de la existencia de las fotografías de Vizcarra y Antonio Camayo, uno de los investigados en el caso. Vizcarra, quien también ofreció su declaración a la JNJ, sostuvo una versión similar a la de Sánchez, aunque dijo que la reunión se llevó a cabo a fines de abril.
Castro, por su parte, sitúa la reunión en otro contexto. Según declaró la fiscal, tras la difusión de los primeros audios de “Los Cuellos Blancos” en IDL-R el 7 de julio del 2018, Sánchez la llamó, nerviosa y atemorizada. “La mafia es grande, que no íbamos a poder, que corríamos peligro, que tenía a sus hijos y que (Pedro) Chavarry pronto iba a asumir como Fiscal de la Nación”, le dijo.
A decir de Castro, la elección de Chavarry como Fiscal de la Nación- la misma que se hizo efectiva el 20 de julio de ese año- representó un riesgo particular, de los muchos que enfrentó la investigación de “Los Cuellos Blancos”. Sabían entonces que el propio Chavarry había tenido conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza que denotaban cercanía y colaboración con quien era uno de los más importantes investigados en el caso.
Es por ello que, según la misma versión, Castro y Sánchez acudieron a Vizcarra a mediados de julio para gestionar una mayor protección, sobre todo de su seguridad física.
Había, además, otro motivo de inquietud para Castro. A mediados de mayo del 2018, el entonces fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza supo de las interceptaciones telefónicas y se encargó de alertar a los investigados.
Los detalles de ese evento son descritos en el informe que la expresidenta de la JNJ, Inés Tello, elaboró, recomendando la destitución de Rodríguez Monteza, en septiembre pasado. Ahí quedó establecido que el 16 de mayo del 2018 la fiscal Eliana Iberico, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao, le informó a Rodríguez sobre las escuchas telefónicas en desarrollo.
De inmediato Rodríguez Monteza alertó a los investigados Walter Ríos y César Hinostroza a través de dos intermediarios: los abogados Miguel Torres Reyna y Pablo Morales Vásquez. Rodríguez Monteza se reunió con ambos una veintena de veces entre enero y julio del 2018, por lo que pudo seguir informando de la marcha de las investigaciones a sus colegas.
Castro dijo a la JNJ que la filtración de información le fue confirmada por el mayor Arellanos.“El mayor PNP Manuel Arellanos le indicó al señor Vizcarra que los integrantes de la organización ya sabían que las fiscales Sánchez y Castro eran las que estaban investigando y que la intención de esa mafia era agarrar el expediente y desaparecer a las fiscales”, declaró Castro.
A su turno, Arellanos coincidió con Castro en que la reunión con Vizcarra se llevó a cabo en julio y no en marzo, como señala la exfiscal Rocío Sánchez. En su declaración a la JNJ, un domingo de julio (probablemente el 8 de julio) fue contactado por la fiscal Castro sobre una reunión a llevarse a cabo con el señor Vizcarra y se trasladó a su domicilio. La reunión, dijo, no duró más de diez minutos.
Sánchez, por su parte, alega que no pudo participar de una reunión en las fechas que indican Castro y Arellanos. Como prueba, la exfiscal presentó un cuaderno de asistencia al grupo Constelación que la sitúa en esa dependencia de la Policía el domingo 15 de julio del 2018, para recolectar información del caso. Lo extraño es que Castro no precisó una fecha del encuentro con Vizcarra.
Según se lee en su declaración, Castro solo indicó que el encuentro se llevó a cabo un domingo del mes de julio. Para Arellanos, en cambio, pudo tratarse del 8 de julio. Es decir, ninguno sostuvo que la reunión se dio el 15 de julio. Para Antonio De la Haza, miembro instructor del caso en la JNJ, esto resulta irrelevante.
Sea irrelevante o no, el hecho es que cuando se produjo la reunión, ambas fiscales habían avanzado considerablemente en una investigación sobre delitos muy graves que involucraban a los niveles más altos del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, a las jerarquías supremas del sistema de justicia, dentro del cual ambas, como meras fiscales provinciales, podían ser fácilmente aplastadas por la poderosa mafia que su investigación había descubierto.
¿No era lógico que estuvieran por lo menos muy preocupadas por el destino de la investigación y por su propia seguridad?
¿A quién iban a acudir dentro de sus canales regulares para buscar protección? ¿A Chávarry? ¿Al jefe de Control Interno de la Fiscalía, que era nadie menos que Rodríguez Monteza?
Al final, el escudo que protegió a ambas fiscales de la represalia de sus superiores fue la enfurecida opinión pública cuando el periodismo de investigación –sobre todo, hay que decirlo, a través de las publicaciones de IDL-Reporteros– expuso el caso en la inequívoca infamia de las fechorías narradas por sus propios perpetradores.
Al aplicar la norma no se debe ignorar la realidad de los hechos que le toca juzgar.
