[Actualización del 14 de diciembre a las 4:15 p.m.]
Esta investigación se realizó hace algunos meses, pero su publicación fue postergada por las urgencias del reportaje y cobertura en profundidad de la pandemia, que fue, a lo largo de casi todo el año, la prioridad central de IDL-Reporteros.
Durante la fase de reportaje de esta nota sucedió algo totalmente fuera de lo común. IDL-R recibió no una sino dos cartas notariales de los empresarios cuyas transacciones eran parte de la investigación periodística.
No es infrecuente recibir cartas, notariales o no, después de una publicación. Pero antes de ella, es anormal, a menos que quien envía las cartas tenga el don de la clarividencia (que claramente no fue el caso)… o la voluntad de presionar e incluso intimidar.
El hecho es que las cartas llegaron notarialmente a IDL-R entre el 12 y 14 de agosto pasados. Ello ocurrió luego de realizar las primeras indagaciones sobre una millonaria compra de uniformes en el Ejército durante el Estado de Emergencia. Las cartas, como se ve, fueron una forma poco sutil de tratar de impedir la publicación de esta investigación.
Carta Notarial de Renato Díaz Costa by IDL_Reporteros on Scribd
Carta Notarial de Military &Outdoord Products by IDL_Reporteros on Scribd
Poco después, un extraño personaje se comunicó por teléfono con el autor de esta nota declarando su intención de comprar la investigación para un supuesto nuevo medio de comunicación, cuyo nombre no quiso revelar. Fue una gestión bastante torpe, pero elocuente por su propia torpeza.
A continuación, publicamos el resultado de la investigación que provocó esos esfuerzos por mantenerla en la oscuridad.
Cambio de reglas
Los primeros días de febrero de este año, dos decretos supremos firmados por el expresidente Martín Vizcarra cambiaron las reglas de juego en el complejo mundo de las compras militares. A través de un cambio en el reglamento de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, oficina creada en el 2012 para centralizar las compras del sector, optimizar procesos y, también, evitar actos de corrupción, el Ejército y los otros dos institutos armados volvieron a tener carta abierta para adquirir un número importante de artículos, entre ellos los uniformes de su personal.
Los decretos tuvieron particular impacto en el Ejército, cuyas puertas volvieron a abrirse a antiguos proveedores de reputación por lo menos cuestionada. Entre los meses de abril y mayo, en plena pandemia y sin pasar por una licitación pública, la institución castrense adquirió 179 mil 471 uniformes camuflados modelo Unipat por un monto que supera los 45 millones de soles. Una de las empresas elegidas a dedo para surtir de estas prendas al Ejército fue Military & Outdoor Products, más conocida por sus siglas como Miloup.
El nombre de esta empresa textil con sede en Ate saltó a la notoriedad en el 2007. Ese año la revista Caretas reveló la transcripción de un audio en el que el empresario Renato Díaz Costa admitía haber pagado coimas para que un consorcio integrado por Miloup fuera beneficiado con la buena pro en una licitación de uniformes para el Ejército. El destape provocó la anulación del contrato y el relevo del entonces jefe de Contrataciones del Servicio de Intendencia del Ejército (Sinte), el coronel Jorge Arias Mendez.
Pero la cosa no quedó ahí. El entonces Inspector del Ejército, el general Francisco Vargas Vaca, realizó una exhaustiva investigación donde descubrió que Díaz Costa usaba varias empresas –a nombre de su madre, hermanos, etc. – para obtener millonarios contratos con el Ejército. Vargas Vaca también comparó los precios de los uniformes que Díaz Costa le vendía al Ejército con los que ofrecían distintas empresas textiles, y estimó un sobreprecio de hasta el 70% en las prendas adquiridas por la institución.
Luego, la fiscal Marlene Berrú Marreros también abrió una investigación por el caso de las presuntas coimas donde incluyó al ex comandante general del Ejército, el general César Reinoso Díaz. Pero, tras siete largos años de juicio en los que la defensa de Díaz Costa buscó infructuosamente invalidar los audios de la corrupción, todos los investigados fueron absueltos del delito de colusión, en el caso de Díaz Costa, y de cohecho, en el caso de los oficiales del Ejército.
El razonamiento de los jueces de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima, entre los que se encontraba Aldo Figueroa Navarro –hoy investigado en la JNJ por sus nexos con “Los Cuellos Blancos”– fue que al haberse anulado la licitación no se había ocasionado perjuicio al Estado y por lo tanto las pruebas en contra de los acusados carecían de valor.
Entrevistado para este reportaje, el empresario Renato Díaz Costa defendió su inocencia en ese caso y negó cualquier vínculo comercial con Miloup o sus representantes. Refiriéndose a las pesquisas del general Vargas Vaca, a quien calificó como “ignorante”, señaló que la única relación que había entre Miloup y su familia por esos años es que dicha empresa le alquilaba un inmueble a sus padres frente al Pentagonito, en la avenida Boulevard 594, en San Borja. “Esto es un refrito”, repitió varias veces durante la entrevista.
Esto, como veremos más adelante, no se ajusta a la verdad. Luego de estar bajo la lupa de la prensa y tras la abrupta salida del general Vargas Vaca de la Inspectoría del Ejército en el 2007, Miloup siguió contratando con dicha institución durante algunos años. Pero la suerte de la empresa textil parece haberse acabado en el 2014, justo cuando la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas entró en operaciones y sustituyó al Ejército en la tarea de comprar uniformes y otros artículos que denominan “rutinarios” para el personal militar.
Miloup redujo drásticamente sus ventas al Ejército y por algunos años se dedicó a brindar servicios tan ajenos a la textilería como el transporte de carga en distintas regiones del país. Entre el 2014 e inicios de este año, Miloup apenas logró un contrato con el Ejército. A fines del 2017, dicha empresa surtió a la institución castrense de polos tácticos y fundas para almohadas por un valor de 240 mil soles. No hubo otra compra hasta este año, cuando la pandemia obligó a los militares a patrullar las calles.
¿Qué y quiénes permitieron el retorno de la cuestionada empresa al Pentagonito? Como se señaló al inicio, el expresidente Martín Vizcarra y el general en retiro Walter Martos, quien entonces ocupaba el ministerio de Defensa, firmaron dos decretos a inicios de este año que modificaron los procedimientos de compras en las Fuerzas Armadas. El primero, del 5 de febrero, cambió el reglamento de la ACFFAA. restringiendo su acción únicamente a las compras denominadas “estratégicas” o de oferta restringida como las armas.
Decreto Supremo N° 002-2020 del Mindef by IDL_Reporteros on Scribd
Decreto Supremo N° 001-2020 del Mindef by IDL_Reporteros on Scribd
El segundo, del 7 de febrero, aprobó la modificación del “Plan Estratégico de Compras Período 2016-2021 de la ACFFAA”, donde el recorte de competencias de esta última se hizo todavía más evidente. “La ACFFAA no tendrá participación en los procesos de contratación de los productos identificados como rutinarios, quedando a cargo de los OBAC llevar a cabo estos procesos de contratación”, se lee en un documento de quince páginas. Los OBAC u Órganos bajo el Ámbito de Competencia son los tres institutos armados.
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Estos cambios, como se desprende de los propios decretos supremos, se hicieron siguiendo las recomendaciones de una comisión sectorial designada por el exministro de Defensa, el fallecido general José Huerta Torres, el 15 de enero del 2019. Dicha comisión, integrada por representantes de la propia ACFFAA, el Ejército, la Marina y la FAP, entregó sus resultados el 4 de marzo de ese mismo año. La nueva normativa fue aprobada casi un año después, cuando el nuevo Congreso todavía no había asumido funciones.
Las compras
Con la nueva posibilidad de compra ya autorizada, el Ejército se aprestó a realizar una licitación de 40 mil 667 uniformes camuflados modelo Unipat programada para el mes de marzo.
Lo que correspondía era hacer una licitación. Sin embargo, la pandemia ayudó a modificar drásticamente este esquema. Tras recibir la misión de colaborar con las tareas de patrullaje, el Ejército modificó su Plan Anual de Compras para acelerar la adquisición de bienes como los uniformes.
El general Jorge Céliz Kuong, hasta hace poco comandante general del Ejército, autorizó entonces la contratación directa por la causal de “desabastecimiento” de 68 mil 749 uniformes camuflados, pero adicionalmente la de otros 19 mil 442 uniformes que debían ser utilizados por la Reserva Orgánica del Ejército que había sido llamada a presentarse a los cuarteles para apoyar en las labores de patrullaje. Ambos contratos, que incluían otras prendas de vestir para el personal, fueron firmados el 15 de abril y el 12 de mayo de este año.
La provisión de uniformes en el Ejército parecía estar cubierta, pero en el mismo mes de mayo el Ministerio de Defensa gestionó ante el MEF recursos adicionales para el sector. Y otra vez el Ejército resolvió comprar uniformes. En esta tercera ocasión, donde la justificación fue la “emergencia sanitaria”, Céliz autorizó la compra de 91 mil 280 uniformes camuflados por un monto de 19 millones 406 mil soles. En total, el Ejército compró 179 mil 471 uniformes por más de 45 millones de soles durante el Estado de Emergencia.
La entidad encargada de este vendaval de compras fue, como solía ocurrir antes de que se creara la ACFFAA., el Servicio de Intendencia del Ejército (Sinte). El general Carlos Díaz Dañino, jefe del Sinte hasta la actualidad, admitió en una entrevista para este reportaje que él mismo se encargó de verificar qué empresas podrían cumplir con el encargo a un costo razonable y en el más corto tiempo. “Yo mismo fui a tocar las puertas de las fábricas y tramité los permisos para que puedan trabajar en pandemia”, indicó.
Sin las ataduras de una licitación, Díaz Dañino y el jefe de Contrataciones y Adquisiciones del Sinte, el coronel Alberto Woll Espinoza, no tardaron en identificar a las empresas que cumplían con los requisitos. Y luego de una evaluación exprés se declaró ganadoras de la buena pro a Creatividad Textil Import & Export y Military & Outdoor Products, la conocida Miloup. Por la operación, cada compañía recibió alrededor de 23 millones de soles y ambas se comprometieron a entregar las prendas en un plazo de noventa días.
Lo relevante para este caso, sin embargo, es que, a pesar de que su nombre no aparece en la lista de accionistas de Miloup, la compañía opera en un local de propiedad del empresario Renato Díaz Costa, el protagonista de los audios de la presunta coima en el Ejército del 2007. Una fábrica de cuatro plantas ubicada en la avenida Michael Faraday 565 que fue remodelada el año pasado por el mismo Díaz Costa, según consta en un registro de autorización de obras en la vía pública emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La otra dirección que Miloup consigna en los contratos con el Ejército (Avenida El Polo 661,Santiago de Surco) también le pertenece a Renato Díaz Costa a través de su inmobiliaria Redbay del Perú. De hecho, al visitar dicha dirección, en lugar de máquinas de coser lo que hoy se encuentra es una caseta de ventas de departamentos exclusivos que serán construidos por la empresa Corporación Inmobiliaria Sudamericana, compañía que está a nombre de otro miembro de la familia: Julio César Díaz Costa.
Al ser consultado por estas coincidencias, Díaz Costa aseguró que él sólo arrendaba el inmueble a Miloup, pero que no tenía nada que ver con sus representantes ni las ventas de esa empresa al Ejército. “La única relación es el alquiler del inmueble de Michael Faraday”, indicó enfático. Pero esta versión resultó ser falsa. A lo largo de una década, entre el 2011 y el 2019, una de las empresas de Díaz Costa, estuvo representada por la misma persona que ahora funge de representante de Miloup.
Desde el 2011, Carmen Hurtado Palma firmó como representante legal de la empresa SJT Comercialización y Representaciones en contratos con la PCM, Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y a partir del 2018, cuando la misma empresa pasó a llamarse como su dueño –Renato D’Costa S.A.C–, firmó contratos con la Corte de Justicia Arequipa y el INEN.
Hurtado Palma es la actual representante legal de Miloup y quien firmó todos los contratos de esta última empresa con el Ejército por la millonaria compra de uniformes durante la pandemia. Hurtado también fue entrevistada para este reportaje, pero al igual que Díaz Costa mostró dificultades en la memoria cuando se le mostró contratos en los que aparece como representante de la empresa de Díaz Costa. “En algún momento debemos habernos asociado pero para un tema específico”, comentó sin ahondar en detalles.
Pese a las evidentes coincidencias, el general Carlos Díaz Dañino, el responsable de las compras del Ejército durante la pandemia, ni se inmutó al escucharlas.“Me estás preguntando por situaciones tributarias, judiciales, históricas, catastrales de hace catorce años que yo no tengo por qué conocer”, comentó tras oír los detalles de esta investigación. Lo que sí recordaba y muy bien es que las empresas de la familia Díaz Costa habían realizado contratos con el Ejército en el pasado, pero aseguró que bajo su gestión las empresas de esa familia ya no tenían ninguna preferencia en el Ejército.
“De los 736 prendas que yo adquiero para el Ejército, los Díaz Costa solo me abastecen de uno: los uniformes”, sostuvo. La declaración resultó desconcertante tomando en cuenta que ninguna persona que lleve esos dos apellidos ha participado en contratos con el Ejército desde hace por lo menos una década; o al menos no directamente. Por ello, insistimos para conocer a qué empresas o contratos se estaba refiriendo el exjefe del Sinte. Entonces Díaz Dañino reveló la existencia de un vínculo de Díaz Costa hasta ahora desconocido.
Según explicó, en años recientes el Ejército había firmado contratos para la dotación de uniformes con Corporación Industrial Independencia, una empresa que al igual que Miloup es de propiedad de Bertha Natalia González Caballero y opera en la misma fábrica de Michael Faraday 565. Al hacerle notar que Díaz Costa no figura entre los propietarios de esta segunda empresa, el jefe del Sinte indicó: “Ella (Bertha Natalia González Caballero) es su esposa. ¿O no?”.
Díaz Costa, por su parte, no quiso revelar los detalles de su parentesco con Bertha Natalia González Caballero, la dueña de Miloup y Consorcio Industrial Independencia. “En mi DNI sale que soy soltero”, se limitó a responder sin afirmar ni negar algún tipo de relación. Lo concreto es que la revelación de la existencia de esta empresa, algo así como una gemela de Miloup, permitió conocer un largo historial de contrataciones con las Fuerzas Armadas que data del 2006 y que tampoco está exento de cuestionamientos de la justicia.
Corporación Industrial Independencia figura en una investigación de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima por colusión y negociación incompatible en la venta de uniformes militares a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas en el 2017. De acuerdo a la tesis de la fiscal Diana Paico Guevara, la empresa Corporación Industrial Independencia habría obtenido ventajas de parte de los miembros del comité evaluador de dicha licitación, pero también del exjefe del Sinte, el general en retiro Jorge Yanac Chávez.
Yanac Chávez fue jefe del general Díaz Dañino en el Sinte el año en que se realizó la licitación, pero este último indicó que ignoraba por completo los detalles de esa investigación. “Las investigaciones penales son personales. Las notificaciones deben haberle llegado a su domicilio”, dijo a modo de deslinde. Es de esperar que los uniformes comprados directamente tengan mejor camuflaje que las versiones.
