[Actualización a las 19:20, del 16 de febrero de 2018: Comunicado de la Presidencia de la República y Respuesta de IDL-Reporteros]
La foto parecía destinada a ilustrar el futuro monumento. El 21 de enero de 2006, los presidentes de Perú y Brasil, Alejandro Toledo y Luiz Inacio Lula da Silva sostenían triunfantes los extremos de la cinta recién cortada sobre el puente que une a Perú con Brasil a través de Acre y Madre de Dios.
Los símbolos eran elocuentes y poderosos. Dos presidentes democráticos, ambos salidos de la pobreza y curtidos por la adversidad, unían a dos naciones a través de lo que los separó por los siglos: la selva. Y ese puente empalmaba con la carretera cuyo propósito visionario era no solo unir al Brasil con Perú sino a este consigo mismo, desde la Costa, por el Ande hasta la Amazonia por obra de una denodada ingeniería civil. Todas las empresas que participaban en este empeño eran brasileñas y peruanas, bajo el liderazgo de la entonces prestigiosa y poderosa Odebrecht. Era uno de esos momentos infrecuentes en los que la política y la épica parecen encontrarse y a veces, en realidad, se encuentran.
Ahora, doce años después, sabemos que quienes en realidad se encontraron fueron la política y el robo. El chorro potente de Lava Jato se encargó de demostrarlo. Hoy, Lula lucha por su libertad y lo que queda de su legado, después de ser condenado en segunda instancia a 12 años de prisión en Brasil. Toledo está prófugo de la justicia peruana, en Stanford, reclamando ser un perseguido político. Odebrecht perdió poder, prestigio y lucha por sobrevivir, luego de confesar gran parte de sus delitos y pasar por la expiación de penas, descabezamientos, humillaciones, multas y profundas reformas.
La carretera Interoceánica Sur existe, pero nadie la reclama como hazaña y parece pertenecer más al atestado que a la historia.
Ese día de celebración, ¿sabía alguien la historia oculta detrás de la épica proclamada de integración e ingeniería civil?
Toledo lo sabía, claro está, de acuerdo con la abrumadora evidencia que se dispone hoy a partir de las delaciones de Odebrecht, complementadas luego por las de Yosef Maiman y anudadas antes por el caso Ecoteva.
Además, varios de los asistentes VIP no solo conocían la historia detrás de la historia sino habían participado activamente en ella, en la cutra detrás de la obra.
En esta foto, tomada ese día durante la celebración, están dos personajes cruciales en el pacto de la cutra. En el extremo derecho está Avi Dan On, jefe de seguridad y hombre de confianza de Toledo. En el extremo izquierdo, separado por cuatro personas, algunas conocidas y otras no tanto, está Jorge Barata, entonces el poderoso jefe de Odebrecht en el Perú. Ambos, de acuerdo con la confesión del propio Barata, a fines de 2016, iniciaron todo el proceso de la coima por la obra.
En diciembre pasado, IDL-Reporteros publicó en exclusiva videos inéditos de la confesión de Jorge Barata ante fiscales brasileños, donde relató minuciosamente cómo y cuándo se negoció la coima (finalmente de 20 millones de dólares pagados a Alejandro Toledo a través de la organización de Maiman) para ganar la buena pro de la Interoceánica y llevar adelante la obra.
¿Fueron estos todos los sobornos que se realizaron para otorgar a Odebrecht la Interoceánica Sur y pagarle luego callados todos los sobrecostos con los que esta compañía transformó hasta las coimas en una lucrativa inversión?
No.
La coima a Toledo fue, digamos, la coima macro, la que hizo posible obtener la obra. Luego, durante su ejecución, hubo una segunda coima, mucho menor, que permitió que el consorcio liderado por Odebrecht cobrara más rápido. Y entre la cutra grande y la cutra chica hubo un caso muy importante de conflicto de interés: el diseño de instrumentos financieros que permitieron al consorcio mantener liquidez, por Westfield, la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, que contrató, ejecutó y cobró mientras PPK servía como ministro en el gobierno de Toledo.
La secuencia fue así: cutra grande, conflicto de interés, cutra chica. Es muy probable que el mismo patrón de sobornos se vaya a encontrar en otras obras cuando se profundice mejor la investigación.
Ahora, IDL-R presenta en exclusiva nuevos videos que relatan cómo y para qué fue el segundo soborno. En ellos, Jorge Barata y Luis de Meneses Weyll confiesan cómo se acordó coimear a Juan Carlos Zevallos, entonces presidente de Ositran.
También relatan cómo un instrumento financiero – que hoy sabemos, fue diseñado por Westfield, de Pedro Pablo Kuczynski– le facilitó a Odebrecht el trabajo de construcción de la carretera Interoceánica Sur. Entenderemos mejor por qué fue esta la obra de la empresa brasileña en Perú que más sobrecostos generó. Empecemos por ahí.
I
Como se publicó en “Barata Confiesa”, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú fue interrogado por los fiscales brasileños sobre la Carretera Interoceánica Sur el 15 de diciembre de 2016. Barata contó que a mediados de 2004 fue abordado en un evento en Palacio por Avi Dan On, entonces jefe de seguridad y persona de extrema confianza de Alejandro Toledo, quien fue enviado por el presidente para pedir un “beneficio” a cambio de que el consorcio liderado por Odebrecht (conformado también por Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) ganaran la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Luego de varias negociaciones que concluyeron en el hotel Copacabana Marriott de Río de Janeiro, se pactó el monto de 35 millones de dólares, de los que Odebrecht terminaría pagando solo 20 millones.
II
Durante el último año de gestión del gobierno de Toledo, se aprobaron tres adendas para cada tramo de la Interoceánica Sur. La primera y la segunda adelantaron pagos y modificaron conceptos de transitabilidad. La tercera –firmada solo dos días antes del cambio de mando, el 26 de julio– introdujo, entre otros cambios, un nuevo instrumento financiero para facilitar a la empresa la obtención de financiamiento rápido para construir la obra: los Certificados de Reconocimiento de pago del Pago Anual por Obras (CRPAO) fueron un mecanismo “muy innovador”, según Barata.
Según el informe de la Contraloría sobre causas y efectos de las renegociaciones en concesiones, publicado en 2015, esta adenda permitió que se acorte el plazo para que la empresa acceda al financiamiento “como si se tratara de una obra pública, donde el Estado tiene que pagar en plazos cortos al contratista”. Sucedía que ahora el pago sería en función a «hitos», tramos cortos -calculados según el costo- en los que se dividía la obra.
Cuando la empresa terminara un hito, se le otorgaría un Certificado de Avance de Obra (CAO), que luego cambiaría por CRPAOs en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Con ese certificado, uno iba a la banca privada, que te daba los recursos y te financiaba a largo plazo”, detalló Barata a los fiscales brasileños.
La Comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de Toledo concluyó en su informe final de 2008 (el informe Serna) que este instrumento solo beneficiaba al concesionario, al reducir los riesgos financieros de la obra e incrementar el interés moratorio para el Estado. Al mismo tiempo, perjudicaba a los antiguos postores, que no habían tomado en cuenta este esquema de financiamiento al presentar sus propuestas.
¿De dónde salió este mecanismo que cambió las reglas del juego en la Interoceánica? En diciembre del año pasado, ante una amenaza inminente de vacancia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a dar un discurso a la nación sobre su relación con Odebrecht. Presentó ahí el contrato de su empresa Westfield con el consorcio de IIRSA Sur tramo 3, firmado por Denise B. Hernández el 15 de julio de 2006, entre otros documentos. Este tenía como finalidad la “evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAOs”, por lo que Westfield recibiría 300 mil dólares.
“Yo no tuve nada que ver con la firma de esos contratos”, dijo Kuczynski en esa oportunidad, aludiendo a que existía una “muralla” entre sus negocios y él mientras se desempeñaba en cargos públicos; pero no mencionó que Westfield ya había firmado – esta vez representada por el exsocio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda – otro contrato con Odebrecht en abril de 2005, para la “evaluación financiera de IIRSA Sur”, cuando la empresa brasileña estaba concursando para ganar la licitación de dicha obra; tal como lo muestra un informe del BCP enviado a la comisión Lava Jato el 10 de enero de 2018. El contrato estipulaba que si Odebrecht ganaba la concesión, la empresa también tendría que implementar en la obra las alternativas financieras diseñadas en esa primera etapa.
Cuando se firmó el primer contrato con Westfield, en 2005, Kuczynski era ministro de Economía y Finanzas, y al mismo tiempo presidente de Proinversión. Cuando se suscribió el segundo, en 2006, era presidente del Consejo de Ministros. Los registros mercantiles de Florida indican que durante esos años también fue parte del directorio de Westfield.
Aunque solo se ha hecho público un contrato de diseño de CRPAOs –para el tramo 3 de la carretera Interoceánica–, estos se aplicaron también a través de la adenda 3 en los contratos de lIRSA Norte, y del tramo 2 y 4 de IIRSA Sur. El 3 y 4 de diciembre de 2007, cuando Kuczynski ya no era parte del gobierno, Westfield recibió dos transferencias de la concesionaria IIRSA Norte por un total 717 mil dólares. Días después, el 7 de diciembre, Westfield depositó más de 380 mil dólares a la cuenta de Kuczynski en el BCP.
III
Y ahora llegamos a la, comparativamente hablando, coima chica de IIRSA Sur. El día siguiente de la confesión de Barata ante los fiscales brasileños, otro ex-ejecutivo de Odebrecht en Perú contó, en su delación premiada, más detalles de las coimas pagadas para la Interoceánica Sur. Se trataba de Luis de Meneses Weyll, ex-representante del consorcio que construyó los tramos 2 y 3 de la carretera.
Luego, fuera del Perú, Meneses Weyll siguió coimeando. En 2010, fue promovido a superintendente de Odebrecht en México. Desde ese puesto, acordó el pago de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que la empresa brasileña obtenga contratos con la petrolera estatal.
En su confesión sobre IIRSA Sur, Meneses explicó que el CAO, “era un certificado de avance de obras, porque el gobierno no nos pagaba directamente. (…) Un CAO servía como un documento para que el ministerio de Transportes emitiera un certificado [CRPAOs], que era un bono. El gobierno no nos pagaba. El mercado financiero compraba”. Para conseguir financiamiento, entonces, Odebrecht tenía que asegurar la rápida emisión de los CAOs por parte de Ositran.
Pero había trabas. Según dijo Barata en su confesión, “una cosa que estimabas iba a tomar 90 días para concluir, estaba tomando 170, 200 y tantos días”.
Meneses Weyll lo confima. “[El proyecto] presentaba un flujo financiero negativo. Tuve varias reuniones con el presidente de Ositran, Juan Carlos Zevallos, indicándole la necesidad de mayor celeridad, para no interrumpir la ejecución del proyecto”.
Zevallos era un funcionario que trabajó en varios ministerios durante el gobierno de Toledo. Empezó en 2004 como jefe de Gabinete de Asesores del entonces ministro del Interior, Javier Reátegui. Al año siguiente, Zevallos se convirtió en viceministro del Interior y a inicios de 2006, poco antes de que Toledo termine su mandato, fue designado viceministro de Agricultura. Con el cambio de régimen y el inicio del segundo gobierno de Alan García, este adaptable personaje entró a dirigir Ositran en febrero de 2007.
Según Meneses Weyll, Zevallos dio el primer paso. “Él [Zevallos] insinuó [la coima] y yo le dije que podría contribuir con ese trámite. Yo percibí que había una apertura, exposición y coloqué el tema”.
A tenor de lo dicho a los fiscales brasileños, Meneses acordó con Barata sobornar a Zevallos con 750 mil dólares. En realidad, la Fiscalía peruana ha podido rastrear hasta 780 mil dólares. Barata detalló además que el pago se hizo a través del Sector de Operaciones Estructuradas y que el dinero fue depositado en una cuenta en la Banca Privada de Andorra, abierta en octubre de 2008.
“Juan Carlos Zevallos nos dio la cuenta”, precisó Meneses, “yo la pasaba, y luego yo verificaba que el dinero había sido depositado”.
Aparentemente, hubo también descuidos. En 2013, un año después de que Zevallos dejara el cargo, personal del área de sistemas de Ositran que realizaba mantenimiento a los servidores, descubrió en un disco duro un archivo Excel con registros de supuestos pagos hechos por Odebrecht a Zevallos, por un monto de 365 mil dólares entre los meses de abril de 2007 y junio de 2008. La investigación sobre el disco fue archivada en la Fiscalía Anticorrupción por “no precisar expresamente quién o quienes estarían involucrados (…) y no describir cómo supuestamente se habría perpetrado algún delito”
En 2015, sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra Zevallos, debido a un desbalance patrimonial de casi 600 mil soles encontrado por la Contraloría. La investigación estaba en curso cuando, a principios de 2017, Zevallos fue delatado por uno de los colaboradores eficaces de Odebrecht en Perú. Hoy cumple prisión preventiva de 18 meses en Ancón I por las coimas que recibió como presidente de Ositran.
Meneses Weyll contó que “luego que hicimos el pago indebido (…) hubo más celeridad con los CAOs”. Barata también lo confirmó: “con esa ayuda el plazo [de la emisión de CAOs] fue reducido a un plazo aceptable, y se logró remontar a un ritmo adecuado de la obra”. La aceleración en la firma de CAOs luego de la entrada de Zevallos es notoria. Lo que tardaba meses, comenzó a realizarse en días.
¿Cómo pagamos los peruanos esos sobornos? A través de exorbitantes sobrecostos. En 2017, la Contraloría calculó que el Tramo 2 pasó de 286 a 1,409 millones de dólares. Y el Tramo 3, de 356 a 1,130 millones de dólares. Casi 300% más de lo establecido inicialmente.
Y ahí están las sumas y restas de la corrupción. Los sobornados en el caso IIRSA Sur recibieron en conjunto alrededor de 25 millones de dólares. Quizá un poco menos. Y eso nos costó a los peruanos un 300% más de lo que debíamos pagar.
[Actualización a las 20:58, del 15 de febrero de 2018: Comunicado de la Presidencia de la República]
La Presidencia de la República, a través de un comunicado difundido la noche del 15 de febrero, dice lo siguiente sobre el artículo:
[Actualización a las 19:20, del 16 de febrero de 2018]
Respuesta de IDL-Reporteros
El comunicado de la Presidencia sostiene que Pedro Pablo Kuczynski no incurrió en conflicto de intereses basándose en la reiterada afirmación de este que “al asumir funciones públicas él siempre se desligó de la gestión de Westfield Capital”. Esa afirmación solo se respalda en su palabra que, como eventos recientes lo demuestran, no es del todo fiable. En los registros de Florida, aparece como miembro del directorio de Westfield en los años en que se firmaron los contratos con Odebrecht. PPK no ha presentado ningún documento que compruebe que se haya desligado de la empresa en ese periodo.
Cuando se firmó el primer contrato con Westfield, en abril de 2005, Odebrecht estaba participando en la licitación de IIRSA Sur, Kuczynski era titular del MEF, y al mismo tiempo, presidente de Proinversión, organismo que se encargaba de otorgar la buena pro de, justamente, IIRSA Sur. Es decir, su empresa contrató con uno de los postores del concurso que realizaba el organismo que PPK presidía. Claramente hubo un conflicto de interés.
El comunicado señala que el mecanismo financiero que se implementó con la tercera adenda fue resultado del trabajo de meses del MTC y que también tuvo sustentos técnicos de parte del MEF y de Ositran. Sin embargo, IDL-R recuerda que la adenda se hizo a pedido de la empresa. La solicitud de modificación del contrato fue presentada por el consorcio liderado por Odebrecht al MTC en abril de 2006.
Según refiere Jorge Barata en el video que hemos publicado, los CRPAOs facilitaron a la empresa la obtención de financiamiento. Sobre la idoneidad o no del mecanismo, hay opiniones encontradas. Discrepantes del comunicado son los informes de la Contraloría y de la comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de Alejandro Toledo, citados en el texto.
Finalmente, el comunicado asegura que PPK no participó en la emisión de normas que favorecieran a las asesorías de Westfield mientras tuvo un cargo público. Lo que la nota de IDL-R muestra es que los consorcios liderados por Odebrecht ganaron la adjudicación de los tramos 2 y 3 cuando PPK dirigía el MEF y era presidente de Proinversión; y que las primeras tres adendas de cada tramo fueron aprobadas mientras Toledo era presidente y PPK era primer ministro. La primera se firmó el 24 de febrero de 2006; la segunda, el 16 de junio; y la tercera, el 26 de julio, dos días antes de que acabe el gobierno.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).
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