Hace unos meses IDL Reporteros publicó una historia que había permanecido oculta en el legajo personal de Luis Arce Córdova. En 1994, un operativo montado por la Ocma y la Policía permitió descubrir que dos abogados del entorno de Arce solicitaban coimas a litigantes del Poder Judicial para asegurar un fallo a su favor.
El magistrado fue investigado durante cinco años pero en 1999 el Consejo Nacional de la Magistratura desestimó un pedido de destitución en su contra, sin dilucidar el fondo de la cuestión.
Varios años después, en el 2015, un nuevo CNM encabezado por Guido Aguila tuvo a la vista este antecedente pero igual que en el pasado, el caso no fue tomado en cuenta.
De acuerdo a una investigación del fiscal supremo Ramiro González, ese antecedente no sería lo único que el hoy desactivado CNM pasó por alto en el concurso donde Arce Córdova fue nombrado fiscal supremo.
A inicios del 2015, el CNM convocó a concurso para dos plazas de supremos en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Arce Córdova, quien había comenzado su carrera como auxiliar en la Corte Superior de Justicia de Lima en 1989 y era juez titular desde el 2003, sorprendió a sus colegas postulando a la plaza de fiscal supremo.
Esto en sí no suponía un problema. Técnicamente se trataba de un ascenso que, como tal, estaba sujeto a algunas reglas establecidas en la propia Constitución. En el 2015, Arce Córdova contaba con 52 años, doce de ellos como juez superior. De modo que cumplía de sobra con dos requisitos esenciales: ser mayor de 45 años y haber ejercido el cargo de magistrado superior durante diez años por lo menos.
Había, sin embargo, un tercer requisito que todo postulante a una plaza de supremo debía también cumplir: haber aprobado el curso de ascenso – llamado PROFA (siglas de Programa de Formación de Aspirantes)–, que imparte la Academia Nacional de la Magistratura.
Ficha de postulante de Luis Arce Córdova en el CNM by IDL_Reporteros on Scribd
Cuando el CNM llamó a concurso la plaza de Fiscal Supremo en marzo del 2015, Arce Córdova no había cursado, y menos aprobado, el PROFA.
Pero la omisión de este requisito no detuvo a Arce, quien adjuntó a su cartilla de postulante una resolución emitida por el CNM un año antes, en el 2014.
En dicha resolución, el organismo admitió que un postulante participara de un concurso sin haber aprobado el PROFA. Se trataba de Braulio Paredes, quien ese año postuló a una plaza de juez titular en la Corte de Lima Norte.
La decisión, empero, se basó en un antecedente que nada tenía que ver con el caso de Arce Córdova. En el 2012, la jueza Patricia Beltrán Pacheco postuló a una plaza de Supremo pero no obtuvo a tiempo el diploma del PROFA que había cursado meses atrás debido a demoras de la Academia de la Magistratura.
El CNM, entendiendo que se trataba de un mero trámite administrativo, permitió entonces que Beltrán fuera parte de aquel concurso.
En el 2015, La Comisión de Selección y Nombramiento del CNM pudo advertir fácilmente la diferencia entre el caso de Arce Córdova y el de Beltrán Pacheco, – que ella había hecho el curso, y él no– pero mantuvo, en una decisión manifiestamente anormal, a Arce en carrera.
Arce Córdova también recibió puntaje extra, gracias a pedidos de reconsideración. Tras superar la prueba escrita del 20 de septiembre, donde Arce se ubicó en segundo lugar con 91 puntos detrás de Tomás Gálvez Villegas (99 puntos), los postulantes se enfrentaron a la evaluación curricular cuyos resultados se dieron a conocer el 26 de octubre.
Arce volvió a obtener un puntaje alto (91.5), aunque otra postulante comenzó a pisarle los talones. Se trataba de la jueza Hilda Piedra Rojas, quien sacó 90 puntos. Arce pidió entonces una reconsideración para elevar su nota.
El CNM había calificado con cero puntos un libro que Arce había publicado ese mismo año bajo el título de “Constitución y Derecho Procesal” (Grijley, 2015).
De acuerdo con el criterio de la Dirección de Selección y Nombramiento del CNM, encabezada por Beatriz Jerí Kuriyama, el tomo de más de 700 páginas se limitaba a reproducir sentencias del Tribunal Constitucional y no contenía análisis ni aportes del autor. Es decir, no cumplía con los requisitos de originalidad y novedad que las reglas del concurso exigían.
En su defensa, Arce argumentó que su obra podía pecar de recopilatoria, pero destacó su presunta ardua labor de curaduría constitucional. “No se trata de una selección arbitraria de partes de la argumentación de decisiones del Tribunal Constitucional, sino antes bien de un cuidadoso análisis para identificar la ratio decidendi de cada fallo”, alegó el magistrado.
Unos días después, dando un giro radical a su primer análisis del libro, la misma Dirección encabezada por Jerí Kuriyama aceptó los alegatos de Arce Córdova y le otorgó 3 puntos extra en su evaluación curricular, con lo cual el postulante elevó su puntaje a 94.5.
Hilda Piedra, quien también hizo un pedido de reconsideración a su nota, solo obtuvo 0.5 de bonificación, puesto que varios de sus artículos académicos quedaron descartados por no haber sido indexados.
El concurso culminó el 15 de diciembre del 2015 con la entrevista personal a los postulantes. Arce Córdova no tuvo problemas en absolver las preguntas de un interrogatorio amiguero y ocupó el segundo lugar en la competencia detrás de Tomás Gálvez.
Al magistrado ucayalino le correspondía como tal una plaza de candidato en reserva, pero esa condición \ duró apenas unas semanas pues en enero del 2016 juramentó como fiscal supremo en reemplazo del destituido Carlos Ramos Heredia.
Amistades peligrosas
Para el fiscal Ramiro González, este trato preferencial del entonces CNM hacia Arce Córdova no sería casual.
A inicios del 2020, su despacho recibió una denuncia contra Arce Córdova de Carlos Sosa Estupiñán, un expolicía radicado en Ucayali.
Sosa sostenía que tanto Luis Arce Córdova como su hermano Moisés Arce Córdova habrían logrado sus nombramientos en el 2015 gracias a sus conexiones con el expresidente del CNM, Guido Aguila, y el excongresista Glider Ushñahua, fallecido a causa del Covid-19 en abril pasado.
La ruleta de favores comenzó, según el denunciante, cuando Ushñahua ganó las elecciones del Colegio de Abogados de Ucayali para el período 2015-2016.
Durante los primeros meses de su gestión, Ushñahua puso particular interés en la firma de un convenio entre su institución y la Escuela de Altos Estudios Jurídicos y Capacitación en Derecho (Egacal), institución fundada por Guido Águila en el año 2000.
Las gestiones surtieron efecto y en los siguientes dos años Egacal dictó cuatro diplomados a la comunidad de abogados ucayalinos.
Guido Águila, quien a inicios del 2015 presentó su candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura, estableció entonces una cercana relación con Ushñahua.
El 13 de abril de ese año, horas después de ser elegido miembro del CNM, Águila viajó a Pucallpa para dictar una conferencia en el Colegio de Abogados de esa ciudad y participar de un agasajo que Ushñahua le tenía preparado.
En los siguientes meses a su elección, Águila Grados se abocó al concurso de nombramientos de jueces y fiscales en todo el país. Varios de los cuales hoy están bajo la lupa de la Junta Nacional de Justicia.
Dos de estos concursos tenían como postulantes a los hermanos Arce Córdova. En el 2015, como ya se mencionó líneas arriba, Luis Arce Córdova postulaba a una plaza de fiscal supremo y su hermano Moisés buscaba ser nombrado juez titular en la Corte de Justicia de Ucayali.
Fue entonces cuando, según la denuncia de Sosa, Ushñahua usó sus influencias con Águila para recomendar a sus paisanos.
Ushñahua no era ajeno a los Arce Córdova ni a sus aspiraciones. A Luis Arce lo conocía como litigante, puesto que el primero había sido juez y presidente de la Corte de Ucayali entre el 2004 y el 2006.
En el 2015, cuando Arce postulaba a una plaza de fiscal supremo, Ushñahua incluso firmó un diploma de reconocimiento para este a nombre del Colegio de Abogados de Ucayali.
Pero la relación entre Ushñahua y Moisés era más cercana. Entre el 2008 y el 2012, ambos habían laborado en el Gobierno Regional de Ucayali durante la gestión de Jorge Velásquez Portocarrero.
Mientras Ushñahua era asesor legal, Moíses Arce ocupó el puesto de procurador adjunto de dicha institución.
Otra demostración del vínculo entre los Arce con Ushñahua es que, cuando este último fue electo congresista, llevó a trabajar a su lado como asesoras a la pareja de Luis Arce Córdova, la abogada Candy Ojeda, y a su sobrina, la contadora Jennifer Arce La Torre.
En ese mismo período, Ushñahua también contrató como asesor de su despacho al hermano de Guido Aguila, el zootecnista y abogado Carlos Aguila Grados.
El fiscal supremo provisional Ramiro González ha asumido la denuncia como una hipótesis razonable y se encuentra trabajando en ella.
En mayo del 2019, un aspirante a colaborador eficaz se presentó ante el despacho del fiscal Pablo Sánchez para informar sobre el presunto favorecimiento a los hermanos Arce Córdova en el desactivado CNM.
Según su testimonio, Moisés Arce realizó un curso durante dos años en Egacal a inicios del dos mil, tiempo en el que habría forjado una amistad con Guido Águila.
El colaborador eficaz también contó a la Fiscalía que, tras la elección de Moisés Arce como juez titular de la Corte de Ucayali, Águila visitó Pucallpa a fines del 2016 con el propósito de convencer a cuatro jueces titulares de que votaran a favor de Arce para que este fuera el nuevo presidente de esa institución.
A cambio, Águila les habría ofrecido a los magistrados ucayalinos traslados a sedes judiciales en Lima. Esto último forma parte de una investigación realizada por la OCMA en el 2017.
Luis Arce y el JNE
Después de ser electo fiscal supremo, Luis Arce Córdova fue designado como el representante del Ministerio Público ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en febrero del 2016.
El cargo, además de convertirlo en un trotamundos- Arce reporta viajes de representación a China, Corea del Sur, España y Uruguay-, le ha valido al magistrado una investigación por tráfico de influencias.
Se trata de las presuntas gestiones que Arce habría realizado en favor de la agrupación política Unión por el Perú (UPP) y su líder, el actual congresista José Vega Antonio. El hecho es investigado por el fiscal Pablo Sánchez, quien en los últimos meses ha recabado información clave sobre el caso.
A finales de mayo del 2018, Arce Córdova recibió dos llamadas del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi. El contexto eran las elecciones municipales y regionales programadas para octubre de ese año.
En los diálogos, el último de ellos llevado a cabo el 29 de mayo de ese año, Hinostroza le pedía a Arce que recibiera al personero legal del partido Unión por el Perú, Víctor Soto Remuzgo. “Es un tema de vida o muerte para ellos”, le dijo Hinostroza a su interlocutor a modo de súplica.
Arce, lejos de sorprenderse por la proposición, aceptó de buena gana, aunque se excusó por no poder atenderlo personalmente. A cambio, propuso que Soto se entrevistara con una secretaria de nombre “Carolina”. “Que lo reciba Carolina. Cosa que ella va tomando nota de lo que quiere, con confianza que le diga, ¿ya?”, respondió el fiscal supremo afablemente.
Los audios de dicha conversación pusieron a Arce Córdova bajo los reflectores por algunos días, pero el hecho eventualmente quedó sepultado por la avalancha de otras revelaciones del caso Lava Juez. El propio magistrado, buscó zanjar el asunto en una entrevista para el diario El Comercio.
“He sido el primer magistrado que en el día mismo que se conocieron (los audios) pedí al Jurado Nacional que se me investigara inmediatamente, que se me apartara de las causas, y me puse a disposición del Ministerio Público. ¿Sabe qué se concluyó? Que nunca se produjo la visita de la persona que se habla en los audios”, declaró.
Los avances de la investigación, lejos de confirmar su inocencia, muestran que Arce no dijo toda la verdad sobre el pedido de César Hinostroza para que este recibiera al personero legal de UPP.
De acuerdo con un escrito enviado por el fiscal Pablo Sánchez a la Fiscalía de la Nación el 4 de enero de este año, la reunión pactada entre Hinostroza y Arce Córdova sí se llegó a realizar.
La información fue obtenida luego de consultar el registro de visitas de la institución y notar que el personero legal de UPP, Víctor Soto Remuzgo, sí había asistido al JNE al día siguiente de la conversación entre Arce e Hinostroza.
Lo recibió Leonor Carolina Romero Angulo, asesora del Pleno del JNE.
Romero Angulo, abogada de profesión, trabaja hace una década al lado de Arce Córdova, desde que en el 2011 el magistrado ocupó la jefatura de la Oficina de Control Interno (Odecma) de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Según el registro de visitas del JNE, Romero recibió a Soto Remuzgo a las 11 y 45 de la mañana del 30 de mayo del 2018. El encuentro entre ambos personajes duró quince minutos, luego de lo cual el personero legal de UPP abandonó las instalaciones del JNE ubicadas en el jirón Lampa, en el centro de Lima.
De acuerdo a la investigación de Pablo Sánchez, antes de que esta reunión tuviera lugar, el Registro de Organizaciones Políticas del JNE había rechazado en dos ocasiones una solicitud presentada por UPP. La agrupación liderada por José Vega Antonio buscaba la inscripción del nuevo comité directivo y el cambio de símbolo del partido.
Pero el ente electoral argumentaba que el partido no había logrado acreditar el quórum necesario para elegir a su nuevo comité directivo. Y objetaba la autenticidad del nuevo símbolo de UPP tras un reclamo formal presentado por la agrupación “Lima va”, que contaba con pronunciamientos favorables del Indecopi.
El 24 de mayo del 2018, sin embargo, Soto Remuzgo presentó un recurso de reconsideración tentando lo imposible: lograr que el mismo ROP que le había negado la solicitud cambiara de parecer pese a que varios de los documentos presentados correspondían a elecciones internas pasadas y por lo tanto eran inalterables.
¿Cómo resolvió el ROP este pedido de reconsideración? Horas después del encuentro entre Soto Remuzgo y la secretaria de Arce Córdova el 30 de mayo de ese año, el ente electoral dio un giro de ciento ochenta grados con respecto a su posición inicial y dio por consentido el pedido de UPP en todos sus extremos.
La decisión se hizo pública el 31 de mayo a primera hora de la mañana. Llevaba la firma del abogado Fernando Rodríguez Patrón, el mismo jefe del ROP que había rechazado de manera tajante la solicitud de UPP.
Por último, la agrupación “Lima Va” apeló la decisión pero el pleno del JNE integrado por Arce desestimó el recurso el 6 de agosto del 2018.
Tras ello, UPP participó sin inconvenientes en las elecciones regionales y municipales de octubre. Contienda en la que Esther Capuñay, candidata por UPP a la alcaldía de Lima, apenas obtuvo el 2.4% de los votos pese a su millonaria campaña.
El pasado 20 de enero, sin embargo, sorprendió ver el nombre de Arce Córdova en una resolución que favorecía a UPP en estos comicios electorales.
Ese día, el pleno del JNE integrado por Arce Córdova anuló un dictamen del Jurado Electoral Especial Centro 1 que excluyó de las elecciones a la plancha presidencial de UPP liderada por el congresista José Vega.
El JEE alegaba que los dos candidatos a la vicepresidencia por esa agrupación, Haydee Andrade y Daniel Barragán, no habían entregado su reporte de ingresos y bienes del año 2019. El JNE, sin embargo, anuló esta medida bajo el argumento de que el JEE debió haberle otorgado al partido un plazo razonable para subsanar la falta.
Según explicaron fuentes del JNE, Arce Córdova solicitó abstenerse de votar en esta causa al tener una investigación pendiente que involucraba a UPP y a sus dirigentes. Pero esta solicitud tuvo que ser rechazada puesto que se requiere de al menos cuatro votos para que el pleno del JNE emita una decisión o fallo.
Ante la ausencia de un quinto miembro en el pleno, el mismo que debería haber sido elegido por los Colegios de Abogados, Arce Córdova no podrá inhibirse en ninguno de sus numerosos conflictos de interés. Y nada menos que en el Jurado Nacional de Elecciones en pleno año electoral.