Las visitas de los asesores de Patricia Benavides al despacho de la congresista Gladys Echaíz, de la bancada de Renovación Popular, se dieron en el contexto de la campaña sostenida por inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos y remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Echaíz ha admitido haberse reunido en tres ocasiones con Jaime Villanueva, exasesor de Benavides. “El señor vino a mi solicitud en momentos en que el país estaba convulsionado y yo tenía una información que se la di a la Policía y a la Fiscalía”, indicó Echaíz en una rueda de prensa.
Las visitas, según el registro del Congreso, fueron en realidad cuatro: el 3 y el 17 de octubre de 2022 Villanueva asistió solo; el 16 de noviembre de ese mismo año fue acompañado de Miguel Girao, entonces asesor de Benavides; y el 12 de enero de este año fue la cuarta visita.


La parlamentaria recibió estas visitas a la par que el líder de su partido tenía una investigación en curso en la Fiscalía.
Echaíz fue electa congresista por el partido Alianza Para el Progreso, de César Acuña. Sin embargo, el 15 de julio de 2022 renunció a dicha bancada y a los pocos días se incorporó a la de Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga. El actual alcalde de Lima es investigado por la Fiscalía por presuntamente integrar una organización criminal incursa en lavado activos.
Algunos meses después de su incorporación a Renovación Popular, Echaíz comenzó a recibir las visitas de Jaime Villanueva.
Las primeras dos visitas, del 3 y el 17 de octubre, se dieron en el contexto de la primera acusación constitucional contra el entonces presidente Pedro Castillo, presentada por Patricia Benavides ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el 12 de octubre. También fueron incluidos los ministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda) por organización criminal y tráfico de influencias agravado en relación a los casos Puente Tarata III y Petroperú.
El 16 de noviembre de 2022, a la misma hora en que se producía la tercera reunión entre Echaíz y Villanueva, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por Lady Camones (Alianza Para el Progreso) admitió a trámite la denuncia constitucional contra Castillo.
En la misma sesión, la Subcomisión aprobó por mayoría el informe de calificación que declaró improcedentes dos denuncias contra Patricia Benavides. La primera denuncia había sido formulada por la bancada de Perú Libre y la segunda por el congresista Guillermo Bermejo. Ambas cuestionaban a Benavides por la remoción de Bersabeth Revilla, la fiscal que investigaba a la jueza Enma Benavides, hermana de la entonces fiscal de la nación, por el presunto cobro de sobornos a investigados por narcotráfico a cambio de su libertad.
A favor de archivar las denuncias contra Benavides votaron 12 congresistas, incluyendo a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, y dos colegas de bancada de Echaíz: Noelia Herrera y Milagros Jáuregui.

Ese mismo día, por último, la Subcomisión corrigió un error material en la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Hay que recordar que, aunque Echaíz no era integrante de la Subcomisión, la parlamentaria hizo suya una de las dos denuncias que fueron acumuladas para posteriormente inhabilitar a Ávalos en el Congreso.

Hecha la corrección material, la denuncia quedó lista para ser presentada ante la Comisión Permanente el 21 de diciembre de 2022 y votada en el Pleno el 21 de junio de 2023.
En una entrevista concedida a IDL-R del 10 de enero pasado, Zoraida Ávalos denunció un complot para apartarla de la Junta de Fiscales Supremos por parte de la fiscal de la nación y el Congreso. En ese contexto, esto fue lo que dijo sobre Echaíz:
“Echaíz, como fiscal de la nación, archivó dos denuncias por casos de corrupción en contra del expresidente Alan García y ahora promueve esta denuncia contra mí, que sí abrí investigación contra dos expresidentes. No critico su criterio jurídico, eso lo respeto, pero señalo la incongruencia: si ella archivó liminarmente las denuncias en virtud del 117 de la Constitución, ¿por qué hizo suya ahora esta denuncia contra mí, que sí abrí investigación y avancé con los casos contra dos expresidentes, bajo el supuesto –falso además– de que me demoré en hacerlo? No puedo entenderlo, no tiene lógica”.
Dos días después de la entrevista a Ávalos, el 12 de enero de este año, Jaime Villanueva visitó a Gladys Echaíz en su despacho. La reunión se extendió desde las 12:04 m. hasta las 10:37 p.m.
Dicho encuentro y algunos posteriores con personajes afines al Ministerio Público parecen haber trazado una línea de acción clara para Echaíz en relación a varios temas relevantes.
El 24 de febrero pasado, por ejemplo, Echaíz recibió en su despacho a Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP). Entre el 2011 y el 2014, al mismo tiempo que Echaíz se desempeñaba como fiscal suprema, Fernández Jerí ocupó una plaza provisional como fiscal supremo adjunto del entonces fiscal de la nación, José Peláez Bardales.
De acuerdo con una publicación de la ANC-MP, Fernández Jerí fue a informarle a Echaíz “el avance del trabajo que venía realizando”.

Coincidentemente, poco tiempo después Echaíz y Fernández Jerí actuaron coordinadamente cuando los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, criticaron a la fiscal de la nación por inmiscuirse en el caso de Alejandro Toledo, tras su llegada a Perú en el contexto de su proceso de extradición.
En unas declaraciones del 26 de abril al diario Expreso, Echaíz exigió que la ANC-MP intervenga para corregir la “conducta” de los fiscales. Pocos días después, el 2 de mayo, la Autoridad Nacional de Control inició una investigación a Vela y Pérez por estos hechos.
Echaíz también se reunió el 10 de marzo de este año con el abogado Luis Pacheco Mandujano. Un día antes, Pacheco había asumido la defensa de los prófugos Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, investigados por el Equipo Especial Lava Jato por lavado de dinero.

Un mes después de la reunión de Echaíz y Pacheco, el abogado protagonizó una campaña de desinformación que intentó vincular a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, con Gustavo Gorriti, director de IDL-R, y Gustavo Mohme, director de La República. La farsa fue desbaratada por IDL-R, pero aun así Pacheco logró que la Autoridad Nacional de Control del MP –con Fernández Jerí a la cabeza– de curso a una denuncia suya contra el fiscal José Domingo Pérez.
Echaíz también se reunió con un personaje notorio del caso ‘Cuellos Blancos’. El 11 y el 24 de abril pasado, Echaíz recibió en su despacho al exfiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, destituido por la Junta Nacional de Justicia por faltas muy graves por su participación en la trama de corrupción de ese caso.

Días previos a la primera reunión entre Echaíz y Rodríguez, Patricia Benavides había presentado una denuncia constitucional por organización criminal contra Rodríguez Monteza y Pedro Chávarry ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ese contexto, Rodríguez Monteza, quien años atrás se desempeñó como fiscal adjunto de Echaíz en la Fiscalía, buscó a la congresista en una ocasión más, el 26 de junio.
Otra de las visitantes al despacho de Echaíz fue la actual fiscal adjunta suprema Gianina Tapia Vivas. Según el registro de visitas del Congreso, Tapia visitó a Echaíz el 7 de junio de este año entre las 3 y las 5 de la tarde.

Dos semanas después de esta reunión –coincidentemente al día siguiente de que Ávalos fuera inhabilitada– Tapia envió un oficio a Patricia Benavides solicitando ocupar la plaza vacante de fiscal suprema. Tapia había ocupado el tercer puesto en el concurso de ascenso a fiscal suprema organizado por la JNJ, detrás de Patricia Benavides y Delia Espinoza.
Lograda la inhabilitación de Ávalos, el siguiente objetivo en la agenda de Echaíz fue la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Echaíz fue una de las parlamentarias más activas durante la investigación sumaria promovida por la congresista Patricia Chirinos a inicios de septiembre.
El mismo día que comenzó la investigación en esa comisión, el 13 de septiembre pasado, Echaíz declaró: “Si la Junta Nacional, por menos, ha destituido a fiscales y jueces por qué no asume la responsabilidad si es que ahora se le está atribuyendo hechos. Que digan la verdad, porque si no es malo lo que han hecho, que digan “esto está bien y lo hice al amparo de tal cosa”. Perfecto. Se ha comenzado una indagación, pero ya pusieron en nuestra boca la condena”.
Pocos días después, sin embargo, adelantó opinión sobre dos temas que eran parte de la investigación: el comunicado emitido por la JNJ en el contexto de la inhabilitación de Zoraida Ávalos en el Congreso y la vacancia de magistrados de la JNJ por sobrepasar el límite de edad.
El 18 de octubre pasado, pese a que los cargos contra los miembros de la JNJ fueron desbaratados públicamente, Echaíz votó a favor de remover a todos sus miembros por supuestas faltas muy graves. Esta decisión debía ser ratificada por el Pleno del Congreso, pero el Poder Judicial otorgó una medida cautelar a favor de los miembros de la JNJ y la votación fue suspendida indefinidamente.
Recientemente, Echaíz también votó a favor de aprobar por insistencia una reforma a la ley del procedimiento especial de colaboración eficaz, proyecto que fue impulsado por la propia Echaíz cuando fue presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso en el período 2021-2022. La principal crítica a dicha modificación es que limita el plazo a 8 meses desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo, con una prórroga excepcional de 4 meses.
Otro punto en cuestión es que el proyecto propone castigar penalmente la revelación del contenido de la colaboración eficaz, lo cual atenta contra la libertad de expresión y de prensa.
El 21 de julio de este año, el Ejecutivo objetó el proyecto de ley, pero en sesión del 15 de noviembre pasado la Comisión de Justicia desestimó los argumentos y aprobó la ley por insistencia, entre otros, con el voto de Echaíz.