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El factor OAS en la trama de Lava Jato

Léo Pinheiro, expresidente de OAS, en custodia de la policía federal de Curitiba. (Foto: O Globo)
SERIE INVESTIGATIVA:
LAVA JATO
por Romina Mella
PUBLICADO martes 23 DE abril, 2019 A LAS 00:36
ACTUALIZADO jueves 15 DE agosto, 2024 A LAS 22:17

Alrededor de las 10 de la mañana de hoy, fiscales del equipo especial del caso Lava Jato liderados por su coordinador, Rafael Vela, llegaron a la sede de la Policía Federal de Curitiba, para interrogar al expresidente de la constructora OAS, Léo Pinheiro, sobre los aportes a la campaña presidencial de Ollanta Humala, la campaña de Susana Villarán en contra de la revocatoria, el Club de la Construcción, la adjudicación del proyecto Línea Amarilla durante la gestión de Luis Castañeda, la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Lima-Canta, entre otras obras públicas.

Casi una hora después de iniciada la diligencia, esta fue suspendida debido a que el abogado peruano del expresidente de OAS, Fernando Silva, tuvo un retraso con su vuelo a Curitiba.

Los fiscales del equipo especial que iban a participar del interrogatorio, entre ellos Germán Juárez y Carlos Puma, firmaron un acta de suspensión de la sesión y acordaron que se retomará mañana martes 23 de abril, a las 7 de la mañana.

Este interrogatorio forma parte de las diligencias previas de cara a un acuerdo de colaboración corporativa entre OAS y la Fiscalía peruana, similar al suscrito con Odebrecht a inicios de este año.

En marzo pasado, los fiscales del equipo especial, el procurador ad hoc Jorge Ramírez; y el actual presidente de la compañía, Josedir Barreto, suscribieron un “acta de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz”. La compañía se comprometió a que sus exejecutivos entregarían información sobre pagos ilegales y el financiamiento de campañas políticas; junto con documentos que sustenten sus confesiones.

Es por esa razón que la declaración de Léo Pinheiro abrirá un nuevo escenario de revelaciones sobre coimas en Perú.

Fiscales del Equipo Especial Lava Jato salen de la sede de la Policía Federal de Curitiba. El interrogatorio a Léo Pinheiro se postergó para el día siguiente. (Foto: IDL-Reporteros)

OAS es una de las siete compañías del cartel Lava Jato que operó en el Perú y que se asoció con empresas peruanas que integraron el Club de la Construcción. Durante los mandatos de Alan García y Ollanta Humala, la constructora brasileña se adjudicó, sola o en consorcio, obras públicas por aproximadamente 1,634 millones de dólares.

Así como Odebrecht, la constructora OAS también tuvo un departamento de coimas, que se llamó ‘Contraloría de Proyectos Estructurados’. Ex ejecutivos del área internacional de la contabilidad clandestina de la empresa ya han dado detalles – como parte de su acuerdo de delación premiada en Brasil – que la constructora suscribió contratos ficticios en Perú para generar recursos para la caja 2, y así abastecer de dinero al área de la contabilidad clandestina para el pago de sobornos.

Parte de esta trama ya había sido revelada por IDL-Reporteros en 2015. Leonardo Meirelles, abogado y delator clave del caso por haber sido socio del notorio ‘doleiro’ Alberto Youssef , declaró –en entrevista exclusiva para IDL-R– que fue testigo del envío de más de un millón y medio de dólares para el pago de sobornos de OAS en el Perú. (Ver: ‘Testigo de cargo’)

Un año después de esta entrevista, IDL-R publicó correos electrónicos y mensajes de Whatsapp de Léo Pinheiro que revelaron cómo este negoció con Luis Castañeda – por intermedio de una exfuncionaria de la municipalidad de Lima– aspectos importantes del proyecto Línea Amarilla. (Ver: ‘El champagne que no se descorchó’)

En abril del año pasado, IDL-R publicó la confesión del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, sobre el aporte de 3 millones de dólares para la campaña de Susana Villarán en contra de la revocatoria. Según el testimonio del publicista brasileño que manejó la campaña de la exalcaldesa, Valdemir Garreta, OAS también hizo un aporte de un millón de dólares.

De acuerdo con fuentes de IDL-R, la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato ya está trabajando en el cálculo de la reparación civil que deberá pagar la constructora, en base al reglamento de la ley 30737.

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