Desde diciembre pasado, los peruanos han participado en cientos de movilizaciones, vigilias, plantones y protestas. En la marcha del sábado 16 en rechazo al nuevo golpe desde el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los ciudadanos eran conscientes de que para revertir el quiebre de la democracia, solo queda ejercer presión en la calle y en los medios. En Puno, el mismo día, los manifestantes decían que seguían en lucha; hubo manifestaciones similares en defensa de la JNJ en Cusco, Lambayeque y Huancayo, entre otras ciudades.
¿Cómo medir el peso de una manifestación? ¿Cómo calcular si se llenó la Plaza San Martín o Dos de Mayo, o el Paseo de los Héroes? La Policía Nacional y el Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por instrucción del alcalde ultraconservador que integra la coalición gobernante, impide desde diciembre concentrarse en esos espacios públicos. El Concejo Metropolitano de Lima emitió en febrero un acuerdo inconstitucional que los efectivos usan como pretexto para violentar a los manifestantes alegando que el centro histórico es “zona intangible para marchas y concentraciones públicas”.
Entonces, ¿fueron 5.000? ¿Quién contabiliza en cuatro horas de marcha por tres distritos la cantidad de personas que se fueron sumando y quién registra a los que recorrieron gran parte de la ruta pero no llegaron, por diversos motivos, al destino frente a Palacio de Justicia? Además, en ese momento final la Policía volvió a violar sus protocolos y arrebató la gran bandera y carteles que portaban los manifestantes. ¿Para qué? Para dañar la movilización que fue pacífica y calmada en toda la ruta, para dejar la sospecha de “enfrentamiento” en los vídeos que muestran segundos de desbarajuste, correteo, gritos, reclamos. Si la Policía expulsa de la pista al pie de Palacio de Justicia a manifestantes pacíficos y realiza una detención arbitraria a un joven brigadista, ¿es respeto al derecho a la protesta? Los efectivos luego impidieron un plantón de un puñado de jóvenes afuera de la Comisaría de Cotabambas, los desplazaron a 100 metros.
A mitad del recorrido de la movilización, en la avenida Canevaro de Lince, decenas de personas salieron desde sus ventanas o desde la puerta a aplaudir o hacer ruido con las tapas de sus ollas: caceroleaban, como en meses anteriores de protestas en Ayacucho. El 29 de julio, cuando los familiares de las víctimas de la masacre de Juliaca realizaban un plantón para exigir justicia, cerca de una iglesia evangélica donde Boluarte participaba en una liturgia, algunos linceños los miraban de mala manera. “¡Vayan a trabajar!”, “vagos” “terrucos”, “estos no trabajan”, decían quienes volvían de la panadería o de pasear a la mascota. El sábado, sin embargo, no hubo hostilidad de los residentes en Lince: posiblemente sean parte del 90% de los peruanos que desaprueba la gestión del Congreso así vivan en un distrito cuya alcaldesa pertenece a Renovación Popular.
Esta vez, la convocatoria procedió de más de 60 organizaciones de la sociedad civil agrupadas rápidamente la semana previa en la Plataforma por la Democracia, liderada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). En la marcha participaron, entre otros, el Partido Morado, Nuevo Perú, Patria Roja, Juntos por el Perú, Tierra y Libertad, Primero la gente, y lideresas progresistas como las excongresistas Mirtha Vásquez, Indira Huilca y la congresista por Cusco Ruth Luque. También la parlamentaria Susel Paredes de la agrupación política Primero la gente. Si bien los militantes del Partido Morado ya estuvieron en las manifestaciones en julio, estuvo por primera vez el economista y ex director del BCRP Luis Alberto Arias Minaya, experto en política tributaria.
En el segundo bloque de manifestantes, los ciudadanos llevaban decenas de retratos de algunos de los 50 ciudadanos fallecidos por acción de las fuerzas del orden en las protestas de diciembre, enero y febrero. La demanda de justicia estuvo otra vez muy presente, como en los actos de meses anteriores, debido a la creación, por parte de la fiscal de la nación, de un grupo especial de fiscales en Lima para que se encargue de las pesquisas de esos hechos, retirando así las carpetas fiscales de los distritos donde ocurrió la represión. Ello complicó a los familiares de las víctimas de regiones y a sus abogados la participación en citaciones en Lima o en las diligencias vía Internet.
Marcharon cientos de miembros de organizaciones de la sociedad civil como Paz y Esperanza, Fomento de la Vida, Foro Educativo, la Asociación Nacional de Centros, el Instituto de Defensa Legal, Aprodeh; y redes ciudadanas recientemente creadas, como Evangélicos presentes, que acompaña humanitariamente a familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por la policía y el Ejército desde que inició el gobierno de la coalición autoritaria y ultraconservadora.
Testigos que aplauden y cacerolean
“¡Democracia, ya!”, la pancarta que encabezó la movilización, la portaban la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador; el dirigente del SUTEP César Barrera Bazán –de largo recorrido en marchas y disidencias–; Magdalena Jorge, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima; Jorge Pizarro, dirigente de la base Lima de Nuevo Perú; la activista del movimiento feminista Rocío Gutierrez; Erwin Salazar, del Frente de Defensa de Lambayeque; y Germán Altamirano como representante de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), uno de los dos núcleos que participan en las protestas desde diciembre, para demandar el adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte, principalmente.
El 19 de julio fue la primera marcha en el centro de Lima acogida por representantes del centro y la centro-derecha, en la que los más visibles fueron la periodista Rosa María Palacios, el exministro de Interior Gino Costa, la congresista Flor Pablo, y el rector de la UNI, Alfonso López Chau. El sábado último, entre quienes caminaban por primera vez en estas movilizaciones estaba el psicólogo social Hernán Chaparro, un especialista en opinión pública que no estaba en la calle por curiosidad intelectual sino por la urgencia de hacer algo para que no se rompa la democracia. Como él, con ánimo de participación ciudadana, se sumaron la exvicerrectora de la PUCP Pepi Patrón, y los politólogos Eduardo Dargent y Paula Muñoz, entre otros académicos. Cerca de ellos caminaba Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.
El bloque con mayor número de ciudadanos el sábado era el del Frente Dignidad Callao: 150 chalacos sujetaban una inmensa bandera peruana de unos 100 metros de largo. En la marcha del 19 julio habían participado más de 400 chalacos de ese grupo en el centro de Lima. En la cabecera, su pancarta tenía una foto de Patricia Chirinos, la rosabartra de la actualidad. “El Callao te repudia, Paty Chirinos, no nos representas”, era la inscripción en la tela blanca. Se referían a ella como “la chimpunera”, en alusión a la mafia-política que malversó presupuesto público desde el gobierno regional o municipal en el puerto. “Cuando fue alcaldesa de La Perla le encontraron desbalance patrimonial”, comentó uno de los ciudadanos del colectivo que lucha hace años contra la corrupción de la política. Chirinos es la principal impulsora de las denuncias constitucionales contra los magistrados de la JNJ y presentó la moción para destituirlos pese a carecer de argumentos, razones o evidencias de “falta grave”.
Un par de manifestantes mayores de 60 años comentaban que veían pocos jóvenes y se preguntaban la razón. La hipótesis de una profesora universitaria que marchaba era que los jóvenes no ven noticias, están hartos de los escándalos y la corrupción en la política, y no se han enterado del ataque a la Junta Nacional de Justicia: “un asunto muy abstracto”, y quizá por eso la movilización del sábado no tenía las dimensiones de noviembre de 2020, añadió.
El problema que está causando el Congreso al querer destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es gigantesco y concreto. El caricaturista Carlos Tovar, Carlín, ha dedicado dos viñetas recientes para presentar las amenazas. Si el Parlamento se tira abajo al colegiado no cooptado por la coalición autoritaria, podrá maniobrar la política y la judicatura como le venga en gana, más de lo que ya lo hace desde que nombró a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Si cae la ficha de dominó de la JNJ, le pueden seguir en la caída la ONPE, y la RENIEC –cuyas cabezas son nombradas o retiradas por la JNJ–. El colegiado además nombra a magistrados supremos que luego eligen a sus representantes ante el JNE, y dado que esta instancia es la única que puede destituir a magistrados, podría hacerlo con quien preside el máximo tribunal electoral. Los miembros de la Junta afrontan la maquinaria pesada aplastante, tipo caterpillar, del Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, y el (no) defensor del Pueblo.
¿Puede pasar algo peor que las próximas elecciones no sean limpias, justas y transparentes si destituyen a los miembros de la JNJ? Sí, porque un nuevo colegiado puede nombrar más clones de Blanca Nélida Colán, César Hinostroza o Pedro Chávarry, y archivar las investigaciones a los amigos y aliados de los Cuellos Blancos, la red de corrupción que IDL-R reveló ampliamente en julio de 2018. La impunidad podría extenderse a los políticos que actualmente enfrentan casos por lavado de activos, como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori; pero también a los investigados por las graves violaciones a los derechos humanos desde diciembre, entre ellos, Otárola, Boluarte y jefes policiales y militares. Y también podrían beneficiarse los procesados por delincuencia de otro tipo, como los casos de investigados por narcotráfico que fueron liberados por la hermana de la fiscal de la nación, Enma Benavides.