El 13 de junio pasado, el abogado Gustavo Gutiérrez Ticse asumió la defensa de Renovación Popular, cuyo líder es Rafael López Aliaga, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo hizo para apelar la sanción impuesta por el Jurado Electoral Especial de Callao a López Aliaga por haberse puesto una gorra con el símbolo de su partido durante un desayuno en Pachacútec el 11 de abril, día de las elecciones presidenciales.
Para el JEE de Callao, eso fue uso indebido de propaganda electoral, expresamente prohibido el día de las elecciones.
La apelación ante el JNE no tuvo éxito. El 22 de junio el colegiado la rechazó por mayoría. El voto singular en favor de López Aliaga fue el del hoy suspendido Luis Arce Córdova.
Gutiérrez Ticse ya había defendido a Renovación Popular a inicios de año, buscando revertir la exclusión de una candidata al Congreso por Ucayali por presentar información incompleta en su declaración jurada.
Todo el mundo tiene derecho a un abogado. Pero había un detalle en este caso: Gutiérrez Ticse ya era en ese momento candidato al Tribunal Constitucional. De hecho, estaba en proceso la etapa de selección de candidatos al TC.
Así, de ser elegido, el abogado de Renovación Popular ante el JNE podría estar examinando en poco tiempo la apelación a la demanda para anular la segunda vuelta electoral, posición que defiende López Aliaga y una buena parte de los congresistas que usurparon brevemente el poder Ejecutivo en noviembre pasado.
Gutiérrez Ticse es apenas uno de los candidatos al Tribunal Constitucional que muestran abiertos conflictos de interés y serios cuestionamientos.
Veamos, por ejemplo, el caso de Francisco Morales Saravia, quien conoce bien el TC, sobre todo a través de su vínculo estrecho, por cerca de una década, con el congresista hoy fujimorista, antes aprista y exmagistrado del TC, Carlos Mesía Ramírez.
En 2010, Morales, ese año secretario general del Tribunal Constitucional, integró una comisión que nombró a la entonces esposa de Mesía, Milushka Carrasco, en un puesto para el que no reunía requisitos mínimos. Tal fue la conclusión de un informe sobre irregularidades en el TC durante el período 2006-2011, entregado al entonces presidente del Tribunal, Óscar Urviola, en 2014.
El informe fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Tribunal Constitucional. En este se detalla que Milushka Carrasco no cumplía con haber ejercido la profesión de abogada por 5 años y haber sido jefe de práctica en la especialidad requerida o contar con experiencia laboral especializada de 3 años.
Carrasco fue ascendida a la plaza de asesora jurisdiccional-Profesional A. Su entonces esposo, Carlos Mesía, era magistrado del TC.
Debido al informe sobre esa irregularidad, el TC no renovó el contrato de Morales el 2014.
El defenestrado secretario general interpuso, sin embargo, una demanda judicial contra el Tribunal, solicitando el reintegro de remuneraciones, gratificaciones, vacaciones y CTS del período mayo 2004- junio 2005.
Todo indica que el TC manejó el caso con negligencia y Morales obtuvo una sentencia a su favor, que le permitió cobrar 63 mil 740 soles. El abogado solicitó además el reconocimiento de intereses legales por el tiempo transcurrido. Volvió a ganar y el 2018 cobró 20 mil 552 soles más de la institución a la que ahora quiere volver como magistrado.
Poco tiempo después, el 22 de agosto del 2019, el TC emitió una resolución administrativa que declaró la prescripción para el inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario contra Morales y otros funcionarios de la entidad comprendidos en el irregular ascenso de Milushka Carrasco.
Por esas fechas, Morales interpuso otra demanda contra el TC exigiendo el pago de 75 mil 180 soles por horas extras no cobradas entre el 2006 y el 2014. En septiembre del 2020, la Tercera Sala Laboral de la Corte de Justicia de Lima le dio la razón a Morales, pero la Procuraduría TC interpuso un recurso de casación. El caso está pendiente de ser resuelto en la Corte Suprema.
Morales mantuvo vínculo con Mesía hasta la actualidad. El año pasado, 2020, Morales integró el consejo consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso por recomendación del hoy congresista Mesía.
La comisión de selección de candidatos a magistrados del TC –encargada de evaluar a Morales– está integrada por Diethell Columbus, compañero de bancada fujimorista con Mesía. Columbus participó en la evaluación donde Morales ocupó el quinto lugar.
El caso de Fernando Calle Hayen es particularmente notorio. Este exmiembro del Tribunal Constitucional (2007-2014) busca ser reelegido pese a una trayectoria marcada por cuestionamientos.
Candidato sin suerte al Congreso por el Apra en el 2001, Calle es recordado por haber sido uno de los magistrados del TC que emitió la sentencia que anuló una condena contra Gerardo Castro Rojas. Gracias a este fallo, el exviceministro de Justicia durante el segundo gobierno aprista abandonó el penal San Jorge, donde se encontraba cumpliendo condena por haber sobornado a un funcionario del Ministerio de Producción.
Aunque su cercanía al Apra a lo largo del tiempo haya sido notoria, la afiliación formal de Calle al Partido Aprista fue fugaz: en el 2009. Quienes sí mantienen una militancia activa en el partido de la estrella son su hermano Oswaldo Calle Hayen y dos de sus primos.
La información cobra relevancia si se toma en cuenta que varios miembros de la comisión de selección de candidatos al TC tienen vínculos con el mismo partido. Jorge Luis Pérez Flórez (Somos Perú) militó en el Partido Aprista entre el 2008 y el 2015 al igual que su madre y esposa.
El padre y uno de los hermanos del congresista José Vega Antonio (UPP) también mantienen afiliación activa al Partido Aprista hasta la actualidad, mientras que uno de los hermanos del parlamentario Jim Mamani Barriga (Nueva Constitución) militó en dicha agrupación hasta el 2010. Dada la trayectoria de ambos congresistas, esta información no es irrelevante.
De acuerdo con documentos obtenidos por IDL-R, al momento de su postulación al TC Calle consignó cuatro propiedades a su nombre. Una casa en San Isidro, una oficina y una cochera en Miraflores, así como un departamento ubicado en la calle Rocca Di Cambio N°5 interior C2, en la ciudad de Roma (Italia).
Esta última propiedad, valorizada según el propio Calle en 706 mil 860 soles, fue adquirida a través de un crédito hipotecario con la Banca di Credito Cooperativo di Roma que el suscrito continúa pagando.
El dato resulta importante, pues Calle solo acredita ingresos mensuales de 858 soles por concepto de pensión de la ONP y hasta mayo de este año había percibido apenas 3,200 soles por su actividad privada, como profesional independiente.
De otro lado, el candidato al TC consignó ahorros por 543 mil 889 soles. Además de una biblioteca valorizada en 400 mil soles y joyas cuyo valor asciende a 134 mil 50 soles.
IDL-R se comunicó con Calle para conocer el año de la compra de la propiedad en Italia, así como la forma en que accedió al crédito, pero luego de prometer una respuesta Calle no volvió a contestar las llamadas.
Otra aspirante al TC cercana al Apra es María del Pilar Tello Leyva. La abogada fue candidata sin éxito al Congreso por ese partido en el 2001. Durante el segundo gobierno de Alan García, Tello ocupó puestos de importancia en el Estado.
En el 2006, Tello fue nombrada presidenta ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú y unos meses después ocupó la presidencia del directorio de Editora Perú. En el 2009, sin embargo, la Fiscalía le abrió una investigación que llevó a su renuncia a ambos cargos.
Tello fue acusada de recibir doble sueldo del Estado, dado que al mismo tiempo se desempeñaba como docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).
Un informe de la Contraloría de 2014 responsabilizó a Tello por los pagos irregulares de indemnizaciones a exfuncionarios de Editora Perú en el periodo en que fue presidenta del directorio (2006-2010).
En el 2018, la Contraloría volvió a incluirla en un informe por la contratación irregular de docentes en la UNFV.
Además de sus vínculos con el aprismo, Tello fue asesora de la presidencia del Congreso durante el período en que Luis Iberico (APP) ocupó dicho puesto. Iberico pertenece al mismo partido de la congresista Tania Rodas, miembro de la comisión encargada de seleccionar a los candidatos al TC.
El exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui, otro candidato al Tribunal Constitucional, también es un personaje con pasado aprista. En 1980, Walde postuló a regidor de la Municipalidad de Jesús María por el Apra, aunque no resultó electo.
El paso de Walde por la magistratura registra escándalos. En el 2005, el abogado fue destituido de su puesto como vocal supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura –hoy Junta Nacional de Justicia– después de que la Sala que este integraba anulara una sentencia que el mismo colegiado había expedido a favor de la Sunat en un litigio entre dicha institución y la empresa Becom S.A. El CNM consideró que tal decisión contravenía una cosa juzgada y que por lo tanto no podía ser anulada.
Al año siguiente, Walde presentó una acción de amparo en el Tribunal Constitucional, con lo cual logró que se anulara la medida en su contra. El CNM, sin embargo, no repuso al magistrado ya que consideró que ello representaba una injerencia en sus funciones, lo que dio origen a otra demanda ante el TC por parte de Walde Jáuregui en 2009.
El asunto quedó zanjado definitivamente con una sentencia del TC del 2010 que ordenó por mayoría la reincorporación del demandante a su puesto en el Poder Judicial. Votaron en minoría por declarar improcedente la demanda de Walde los entonces magistrados Beaumont Callirgos, Urviola Hani y el actual postulante al TC, Fernando Calle Hayen.
El ahora aspirante al TC también tiene pendiente una investigación preliminar en la Junta Nacional de Justicia a raíz de un diálogo sostenido con César Hinostroza en marzo del 2018.
En el diálogo, Walde Jáuregui, quien entonces era jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), le pidió a Hinostroza ‘apoyar’ con un puesto en la relatoría del Poder Judicial a una empleada de su confianza llamada Yeri de la Cruz.
De acuerdo con documentos obtenidos por IDL-Reporteros, al momento de inscribirse en el concurso de selección de magistrados del TC Walde Jáuregui declaró que alquilaba una propiedad ubicada en la calle Los Cerezos N° 197, Urbanización Monterrico, La Molina.
Walde indicó que el nombre de la arrendataria era Verónika Jesús López Morán y que el pago mensual por el alquiler ascendía a 13 mil 300 soles.
La historia de esta propiedad resulta más interesante. En el 2009, el inmueble fue comprado por López Morán y Roger Poémape Chávez por 100 mil dólares. Pero en el 2013 el bien fue transferido a una sociedad con sede en Panamá llamada Lindsay Assets & Partners Corporation.
Según los Registros Públicos de Panamá, la compañía se constituyó en el 2011 a nombre de ciudadanos de ese país, pero le fueron conferidos amplios poderes a Franzuet Cristofer Ramos Bossio, un peruano que entonces tenía 23 años. Luego, en el 2014, Ramos Bossio le otorgó poderes sobre la misma compañía a Poémape Chávez.
A través de esta triangulación, la compañía que adquirió la propiedad de la Molina volvió a manos de este último.
Róger Poémape Chávez tiene un largo historial de detenciones por tráfico ilícito de drogas. En el 2015, según una nota de América Televisión, el Ministerio Público dictó una orden de captura en su contra como parte de las investigaciones por el caso Gerald Oropeza, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico.
Antes, en el 2012, la procuradora antidrogas Sonia Medina denunció a Poémape por amenazas de muerte. Consultada por este hecho, Medina informó a IDL-R que la denuncia no prosperó porque no se llegó a localizar a Poémape.
En diálogo con IDL-R, Walde Jáuregui se negó a responder desde cuándo alquilaba el inmueble, aunque según su declaración jurada fue inquilino de esa casa al menos desde 2016. Solo se limitó a decir que ya había resuelto el contrato de alquiler y que su nueva dirección era [la calle] Miguel Checa 525.
Carlos Hakansson Nieto se presenta ahora por tercera vez a concurso para magistrado del TC. En el 2014, fue promovido por Alianza para el Progreso (APP) y en el 2019 por el fujimorismo.
Ambas tiendas políticas tienen representación en la comisión que eligió a los candidatos al TC hace apenas unos días. Diethell Columbus (Fuerza Popular) y Tania Rodas (APP) formaron parte del grupo de trabajo que realizó la evaluación curricular y la entrevista personal de Hakansson Nieto.
De acuerdo con la declaración jurada entregada por el candidato al Congreso, Hakansson fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y aún se mantiene ligado a esa institución como profesor principal. La casa de estudios pertenece al Opus Dei.
Rafael López Aliaga, entre otros personajes públicos, pertenece también a esta orden religiosa ultraconservadora.
Hakansson ha sido también presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. El año pasado, cuando ocupaba ese puesto, la institución repuso a Fernando Cantuarias como presidente de un tribunal arbitral a pesar de que este se encontraba investigado por el Equipo Especial Lava Jato.
Hakansson argumentó entonces que ya se había levantado una medida de prisión preventiva que pesó sobre Fernando Cantuarias y que no existía, por tanto, impedimento en el reglamento de la institución para que este volviera a presidir dicho tribunal.
Al igual que Morales Saravia, Hakansson es parte del consejo consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Equipo de trabajo al que pertenecen varios congresistas a cargo de las evaluaciones de candidatos al TC como Jim Mamani (Nueva Constitución), Tania Rodas (APP), María Retamozo (Frepap), José Vega (UPP), José Luna (Podemos) y Diethell Columbus (Fuerza Popular).
Menos conocido que los mencionados hasta ahora es Aarón Oyarce Yuzzelli. El abogado se presenta por primera vez a un concurso para integrar el TC. Pese a ello, Oyarce se ubica en el segundo lugar del cuadro de méritos detrás de Calle Hayen con 88.78 puntos.
Oyarce es hasta la actualidad Vicerrector Académico y de Investigación de la Universidad Peruana de las Américas. Según su página web, dicho centro educativo fue fundado en el 2002 por Lastenia Fernández Pérez y Luis Hurtado Valencia.
Hurtado, coronel de la Policía en situación de retiro, fue también rector de la universidad hasta el 2020. Lo relevante, sin embargo, es que a inicios de este año Hurtado fue candidato al Congreso por Podemos, partido liderado por José Luna Gálvez.
El hijo de Luna Gálvez, el congresista José Luna Morales, integra la comisión del Congreso encargada de evaluar a Oyarce.
Otro aspirante al TC que mantiene vínculos con la misma universidad es David Velasco Pérez Velasco. El abogado declaró ingresos mensuales de 933 soles por su labor docente en esa institución.
Aunque afirma haber presentado su renuncia, Velasco aún figura como militante activo de Acción Popular en el Registro de Organizaciones Políticas. En el 2004, ocupó la Subsecretaría Nacional de Administración y desempeñó el cargo de Administrador Nacional de dicha agrupación, puesto que dejó en el 2007. En 2013 ocupó la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y Defensa del Patrimonio Nacional.
Rolando Ruiz Pinedo, el congresista que preside la comisión de selección de candidatos al TC, pertenece también al partido de la lampa.
Estos son algunos de los personajes que podrían integrar el próximo Tribunal Constitucional. Lo que está en juego supera largamente la carga procesal –más de 70 casos considerados importantes– pendiente de resolución en la institución encargada de interpretar la Constitución.
De las catorce demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo en contra de leyes aprobadas por el Congreso desde el 2018, apenas se han resuelto seis. En cuatro de estos casos el actual TC le dio la razón al Ejecutivo y sólo en dos resolvió a favor del parlamento.
También está en curso una acción de amparo con aire golpista presentada por el exjuez supremo Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta electoral del 6 de junio. De ser rechazada en segunda instancia por la Corte Suprema, Villa Stein podría presentarla al nuevo Tribunal Constitucional.
