El veloz avance, los espectaculares resultados de las investigaciones del equipo especial de fiscales liderados por Rafael Vela en el caso Lava Jato, han sombreado y hasta impedido ver que ellos se dan en medio de una guerra interna en el ministerio público de cuyo resultado depende el éxito o el fracaso de esa histórica investigación.
En esta etapa decisiva de la investigación, el pequeño equipo especial de fiscales que la lleva a cabo y que ha logrado en el proceso un nivel inédito de aprobación y respaldo del público, está enfrentado nada menos que al propio Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y a los múltiples recursos que, desde el tope de una institución jerárquica, este puede poner en acción.
El enfrentamiento transcurre en medio de un equilibrio volátil que puede quebrarse en cualquier momento. En teoría, Pedro Chávarry tiene la facultad de disolver en cualquier momento al Equipo Especial coordinado por el fiscal superior Rafael Vela y poner a otros fiscales en su lugar, reorganizar por completo la investigación o hacer todo lo anterior a la vez.
En la práctica no es así. Gracias a una acción que, mediante decisiones judiciales, ha llevado, entre otros eventos, a prisión preventiva a Keiko Fujimori y parte del liderazgo de Fuerza Popular; ha causado las reveladoras confesiones de varios dirigentes del movimiento; provocado el colapso de sucesivas coartadas; llevado a Alan García a una fuga disfrazada de asilo luego de los primeros descubrimientos de lo que trató durante años de ocultar: que recibió dinero de la caja 2 de Odebrecht en forma disfrazada; el Equipo Especial y señaladamente el fiscal José Domingo Pérez Gómez, ha logrado un enorme respaldo social y una popularidad que compara algebraicamente con la desaprobación pública de Pedro Chávarry.
Si a eso se añade el respaldo expresado varias veces por el presidente de la República, Martín Vizcarra, al Equipo Especial y a las fiscales que llevan el caso Lava Juez, el peso específico de esos pequeños equipos resulta enorme y el riesgo de intentar decapitarlo no es en absoluto menor.
Del otro lado, Pedro Chávarry padece una enorme desaprobación pública y debe ahora su estabilidad únicamente a la mayoría fujimorista en el Congreso, hoy en franco proceso de erosión. Sin siquiera el apoyo del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fujimorista en licencia probablemente indefinida, solo el apoyo del presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales César Segura garantiza por ahora la permanencia de Chávarry en su puesto. En términos estratégicos, el pronóstico de longevidad funcional del fiscal de la Nación augura una gestión efímera.
Pero en el ámbito táctico, el de los efectos directos y las acciones inmediatas, el peligro amenaza con mayor inminencia a los fiscales del Equipo Especial y también a las del caso Lava Juez (o CNM audios).
Dentro de su institución, Chávarry cuenta hoy por hoy con una mayoría de tres sobre cinco en la Junta de Fiscales Supremos, la que puede tomar las decisiones finales en la Fiscalía de la Nación. Los fiscales supremos Tomás Aladino Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza apoyan a Chávarry por una solidaridad de supervivencia: los tres han sido comprendidos en las investigaciones del caso Lava Juez y enfrentan la posibilidad de desafuero y juicio. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no representa un riesgo grave para ellos pues, aunque se mantiene como fiscal Supremo, está, para todo propósito práctico, de salida. La única que, desde la minoría, puede plantearles una oposición seria, es la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Los tres fiscales supremos que mantienen la mayoría en el ministerio público están amenazados por las investigaciones criminales de dos notables fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, jerárquicamente subordinadas. Así que para esos tres, atacar tanto a la notable investigación como a las fiscales que la realizaron (en lugar de apoyarlas a fondo, como deberían) es cuestión de sobrevivencia.
Ese, en los hechos, travestismo funcional solo puede sostenerse con el apoyo político de las dos fuerzas que, en obvia coalición, mantienen una atribulada mayoría en el Congreso: Fuerza Popular y el Apra. Es decir, Keiko Fujimori y Alan García.
Es un respaldo que tiene precio. La exigencia fundamental de fujimoristas y alanistas es neutralizar al Equipo Especial que ha avanzado tanto en la investigación de sus casos. Así que dos desesperadas necesidades de encubrimiento e impunidad se encuentran en el nivel más alto de liderazgo político y fiscal para protegerse mutuamente mediante la neutralización o liquidación de los fiscales del Equipo Especial y del caso Lava Juez que han cumplido hasta ahora hazañosamente la misión de luchar contra el crimen organizado en los niveles más altos del poder.
En resumen: Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza se encuentran directamente amenazados por el caso Lava Juez. Podrán sobrevivir solo mientras el fujimorismo y el alanismo mantengan una mayoría que los sostenga en el Congreso. Así, el recurso final para ambos grupos es neutralizar o liquidar al Equipo Especial del caso Lava Jato primero y luego el de Lava Juez.
Eso no es fácil, mientras ambos mantengan el enorme respaldo social que tienen hoy, a lo que hay que agregar la nada desdeñable solidaridad del presidente de la República. Eso hace poco probables (aunque no imposibles si alguien convence a Chávarry de elegir la senda del kamikaze) las medidas de destitución inmediatas. Más bien obliga a Chávarry y sus coligados a acciones de socavamiento, desprestigio y desgaste que les permita actuar con una esperanza de impunidad durante las largas fiestas y vacaciones de fin de año.
Para el ataque contra el Equipo Especial, Chávarry encontró un instrumento dispuesto y deseoso en el encargado de cooperación internacional de la fiscalía, Alonso Peña Cabrera.
No siempre fue así.
Chávarry antes y después de Lava Juez
En realidad, hasta hace pocos meses, la situación parecía por completo diferente. Pedro Chávarry esperaba asumir la fiscalía de la Nación en unas semanas y no hacía secreto de cuáles iban a ser sus dos primeras, casi simultáneas medidas.
Sacar a Hamilton Castro y a su virtualmente invisible coordinador, el fiscal superior César Zanabria, de la investigación del caso Lava Jato en Perú; y sacar también a Alonso Peña Cabrera de la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía de la Nación.
La misma razón aplicaba en uno y otro caso: la poca eficiencia funcional para investigar y para facilitar la investigación mediante la cooperación internacional.
Chávarry no solo comunicó reiteradamente esa decisión a quienes estaban entonces más cercanos a él sino lo habló con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que apoyaba tanto a Castro como a Peña Cabrera e intentó lograr el compromiso de Chávarry de mantener a ambos. Este se negó, pese a que Peña Cabrera había sido persona cercana a él y también, según fuentes con conocimiento cercano del ambiente fiscal y judicial, a los hermanos José Antonio y Edmundo Peláez Bardales. Este último tiene relación próxima con Chávarry.
Además, siempre de acuerdo con fuentes del entorno de Chávarry, este resintió la cercanía de Peña Cabrera con Pablo Sánchez e incluso que apoyara una iniciativa para la reelección de Sánchez en la fiscalía de la Nación. La iniciativa, como se sabe, no prosperó.
Poco después de asumir la fiscalía de la Nación, Chávarry sacó a Hamilton Castro de la jefatura del Equipo Especial y a César Zanabria de la coordinación de las fiscalías anticorrupción. Nombró a Rafael Vela como nuevo coordinador y a José Domingo Pérez en la posición que tuvo Hamilton Castro. La medida desagradó a Pablo Sánchez y a otras personas, pero pareció señalar la decisión de Chávarry de producir una enérgica investigación del caso.
De acuerdo con varias fuentes con conocimiento cercano del tema, Peña Cabrera no fue reemplazado al mismo tiempo porque la fiscal que Chávarry designó en principio para el cargo, Gianina Peña, terminó asignada a otra fiscalía.
Mientras el nuevo fiscal de la Nación buscaba otro candidato para el puesto, el caso Lava Juez – que remeció la opinión pública y el sistema judicial desde el 7 de julio de este año, con la publicación de “Corte y corrupción” en IDL-R–, alcanzó a Chávarry, con información que lo implicaba en el caso. Chávarry mintió una y otra vez al intentar explicar las informaciones. Luego, ya acorralado, intentó utilizar su posición para coaccionar a las fiscales investigadoras. Crecientemente acosado por los hechos, se parapetó en su cargo y buscó alianzas para lograr su supervivencia.
Las encontró con los fujimoristas y los alanistas, que, como escribió Rosa Bartra en La Botica, buscaban exactamente lo mismo: sobrevivir. ¿El precio? Neutralizar y, si posible, decapitar funcionalmente a los fiscales del caso Lava Jato que acababa de nombrar.
En el proceso, Peña Cabrera se acercó a Chávarry y todo indica que tanto las diferencias previas como las intenciones de separar a Peña Cabrera fueron prontamente, para utilizar el término fiscal, archivadas.
A comienzos de septiembre, cuando el escándalo Lava Juez se encontraba en plena turbulencia y arreciaba la presión para que Chávarry deje el cargo, este canceló a último momento su viaje a la convención de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en México. Peña Cabrera, programado para acompañarlo, sí viajó. Poco después, la AIMP sacó una declaración conjunta respaldando “la autonomía de los Ministerios Públicos frente a los poderes públicos del Estado y la sociedad civil”.
Peña Cabrera apareció ante Chávarry como la persona que había gestionado la declaración. Desde ese momento su cercanía se consolidó mientras ambos se preparaban para socavar y atacar directamente tanto la investigación Lava Jato como la Lava Juez.
No les fue fácil por el avance veloz, las dramáticas revelaciones y profundos cambios que producía la investigación del caso Lava Jato.
Uno de los puntos más fuertes en la estrategia investigativa del Equipo Especial, fue la excelente colaboración lograda con los procuradores anticorrupción de la Fuerza de Tarea en Curitiba, especialmente con el procurador federal Orlando Martello. La coordinación con él aceleró tremendamente los plazos e hizo concretar en semanas lo que hubiera tomado meses.
A la vez, Odebrecht intensificó su ya importante colaboración y la hizo más organizada y fluida. La diligencia en la que declaró el ejecutivo de Odebrecht, Carlos Nostre, sobre el caso de la Línea 1 del Metro de Lima representó un avance cualitativo importante. La inminente firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht prometía (y aun promete) mejorar considerablemente la calidad de la información, aún teniendo en cuenta la relevancia de la ya conseguida.
En ese contexto se aproximó la diligencia de interrogatorio a Alan García en Lima. En extraña coincidencia, se desataron poco antes hostilidades abiertas entre el Equipo Especial del caso Lava Jato y Alonso Peña Cabrera, de la Unidad de Cooperación Internacional, ya reforzado y respaldado por Pedro Chávarry.
Rompen las hostilidades
La seguidilla de estocadas epistolares empezó el 14 de noviembre, un día antes de que Alan García llegara a Lima al interrogatorio con el fiscal José Domingo Pérez, y que IDL-Reporteros revelara el pago de 100 mil dólares salidos de la Caja 2 de Odebrecht al expresidente aprista por una conferencia en 2012.
Ese día Peña Cabrera, envió un primer oficio a Rafael Vela. El documento alegó filtraciones de información reservada a la prensa por parte del equipo que preside Vela. Peña Cabrera – el mismo que en 2017 pidió al fiscal José Domingo Pérez que no interrogara a Marcelo Odebrecht sobre “AG”– terminó con una admonición al fiscal Vela:
“lo exhorto […] a unir esfuerzos, sinergia y voluntad compartida, para garantizar escrupulosamente la reserva y confidencialidad de la información que se recaba producto de la Cooperación Judicial Internacional […]”.
Oficio N° 10754-2018-MP-FN-… by on Scribd
El fiscal Vela respondió con rapidez, el 16 de noviembre, a la “exhortación” de Peña Cabrera:
“[…] hasta que el señor Fiscal de la Nación así lo decida, no recibo exhortaciones suyas o de su unidad, actúo con plena autonomía de conformidad con la ley y los reglamentos internos de la institución”.
En el documento de dos páginas, el fiscal Vela detalló varias filtraciones de declaraciones que aún no habían sido traducidas al español, a las que solo tenía acceso la Unidad de Cooperación.
“[…] advertimos que la filtración de información se está produciendo de manera reiterada en medios de comunicación (…) lo que definitivamente vulnera la reserva de dichas diligencias fiscales […]”.
El fiscal Vela demandó a continuación que la asistencia judicial pendiente de enviarse desde Brasil al Perú sea lacrada y que solo “el fiscal provincial a cargo del caso en concreto sea el encargado del deslacrado, transcripción y traducción (…) en aras de salvaguardar la reserva de la investigación, máxime si en la actualidad se desconfía de su Unidad, dadas las filtraciones de información mencionadas […]”.
El oficio no fue firmado solo por Vela sino por todos los integrantes del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato.
Oficio N° 741-2018-FSCEE-MP-FN by on Scribd
El intercambio de mensajes acusatorios, sin embargo, no se detuvo allí.
El 21 de noviembre el fiscal Peña Cabrera respondió a Vela que le “causa extrañeza el desconocimiento de las reglas de cooperación jurídica internacional que se advierte en sus aseveraciones cargadas de dosis de subjetividad” [sic].
Sostuvo estar preocupado porque declaraciones de testigos y colaboradores del Caso Odebrecht “hayan sido difundidas en tiempo real y sin reserva alguna a ciertos sectores de la prensa”, y adujo que siempre ha declarado a la prensa con autorización de Chávarry.
Vela no tardó en responder.
El 22 de noviembre el fiscal superior coordinador del caso Lava Jato ya no dirigió un oficio a Peña sino al propio Pedro Chávarry solicitándole tome medidas para frenar la filtración de información reservada desde la Unidad de Cooperación Internacional. Vela afirmó que Peña Cabrera:
“[…] de manera temperamental e intolerante realiza exhortaciones a la coordinación además de una poco elegante autoevaluación de su trabajo desvinculada de lo esencial que resultaba la toma de medidas de resguardo de la información sensible que es remitida desde el extranjero para los fiscales del equipo especial”.
También critica declaraciones de Peña Cabrera que exponen indagaciones en curso de carácter reservado.
“Lo que viene aconteciendo con la unidad […] vulnera la reserva de las diligencias fiscales que se disponen en las investigaciones en trámite del Equipo Especial”.
Pero lo más grave en el oficio de Vela es la acusación de que Peña Cabrera ha entorpecido las últimas coordinaciones de asistencia judicial para tomar declaraciones de exfuncionarios y directivos de Odebrecht en Brasil. “[Peña] pretende por el contrario un protagonismo innecesario en el desarrollo de las asistencias burocratizando las mismas, perjudicando con un excesivo formalismo y quejas las investigaciones en trámite del Equipo Especial […] El señor Peña Cabrera demuestra una absoluta desidia e ineficiencia en la tramitación de los pedidos de cooperación […]” .
Vela finalizó pidiendo a Chávarry:
“[…] evaluar los hechos expuestos y la conducta prejuiciada del fiscal […] Peña contra el equipo especial adoptando la decisión que en su consideración sea necesaria en salvaguarda de las investigaciones en trámite ante el equipo especial”.
Oficio N° 755-2018-FSCEE-MP-FN by on Scribd
El sábado 24 Peña Cabrera respondió desde la cuenta de Twitter del Ministerio Público con comunicado breve que reclamó tener “la venia del señor Fiscal de la Nación”. Con dicha ‘venia’ Peña Cabrera acusó al fiscal Vela de estar detrás de:
“[…] una campaña sistémica [sic] de desprestigio lanzada por el señor Fiscal Superior Coordinador del equipo Especial – Caso Lava Jato, donde de forma temeraria e infundada, se atribuye a la Oficina de Cooperación Judicial internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, desidia y negligencia en los trámites de los procedimientos de cooperación judicial internacional […]”.
Contra las apariencias, nada de esto fue un choque de personalidades sino fundamentalmente un combate centrado en el ataque y la defensa de la investigación Lava Jato.
Los objetivos reales
Para comprender los motivos reales y los objetivos ulteriores desatados por la ofensiva epistolar de Peña Cabrera (con el muy probable respaldo de Chávarry y los otros dos fiscales supremos del caso Lava Juez), es necesario examinar primero la circunstancia presente en la investigación Lava Jato, que tiene las siguientes características:
– Desde que el actual Equipo Especial tomó cargo de la investigación Lava Jato, el avance en los principales casos ha sido dramático. Así:
– En el caso de Keiko Fujimori– Fuerza Popular-Fuerza 2011, la confesión de Jorge Barata, de haber aportado 1 millón 200 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, fue corroborado por la Confiep en los 200 mil dólares que le conciernen. En cuanto a lo demás, las confesiones de testigos protegidos y los hallazgos documentarios permiten establecer que por lo menos 800 mil dólares en efectivo fueron entregados por Jaime Yoshiyama (a quien Barata dijo habar dado el dinero) a su sobrino Jorge Yoshiyama para que fueran lavados y disfrazados como múltiples aportes de decenas de individuos. Forzado por los hechos, Jaime Yoshiyama dejó de lado todas las coartadas insistentemente repetidas hasta ese momento para reconocer que sí recibió el dinero al contado y en secreto, pero no de Barata sino de un empresario ya fallecido. Sin necesidad de ouija, el cierre del círculo probatorio es inminente.
– En el caso de Alan García Pérez, su permanente reclamo de no haber recibido un centavo de Odebrecht y menos de la Caja 2, resultó desbaratado cuando IDL-R publicó la nota “Alan García y la Caja 2”, el 15 de noviembre. En la nota quedó probado que la Caja 2 pagó su conferencia en Sao Paulo el 25 de mayo de 2012, mediante un esquema destinado a disfrazar el origen de los fondos. Poco después de la revelación y de que un juez le impusiera impedimento de salida, Alan García fugó y pidió asilo en la embajada de Uruguay.
Los casos de Fujimori y García eran hasta hace poco los más atrasados en la investigación pese a estar entre los más importantes. El avance reciente los acerca, aunque no de manera uniforme, a la resolución.
Esos avances –igual que en otros casos– fueron inmensamente ayudados por la cooperación con los procuradores federales brasileños y por la de Odebrecht, como ha sido explicado líneas arriba.
Esa cooperación está a punto de entrar en un momento decisivo, de compromiso firme a entregar toda la información, sin límite ni plazo, y de confesión sin reserva alguna. Para ello ha sido crucial, hay que repetirlo, la excelente relación entre Rafael Vela y el procurador brasileño Orlando Martello. Tal como avanza el proceso, puede lograr resultados históricos en enero o febrero del próximo año.
¿A quiénes alarma eso? ¿Se necesita decirlo?
La necesidad vital de esas personas es tratar de retardar el proceso y, si se puede, frenarlo o, más aún, hacerlo abortar.
¿Cómo empezar? Interfiriendo, por supuesto, en el proceso de colaboración.
Metiéndose al medio. Reclamando secretos para ocultar los hechos. Socavando diligencias para lograr que no se realicen.
Y esperar, en medio de ello, a ver si las fiestas de fin de año adormilan la vigilancia de la gente, como para terminar de sabotear el Equipo Especial, sacando a uno o más fiscales indispensables para el proceso. A Rafael Vela o a José Domingo Pérez, por ejemplo.
El que interfiere y busca de sabotear la colaboración fluida es Peña Cabrera, con la muy probable aprobación de Chávarry.
Ya hay ejemplos en estos días.
En Curitiba, el procurador federal Orlando Martello había programado una diligencia confesional de tres ejecutivos de Odebrecht: Luiz Eduardo Soares, Sergio Panicale e Igor Vasconcelos para los días 22 y 23 de noviembre. El más importante de los tres era, por cierto, Luiz Eduardo Soares, uno de los dos funcionarios claves del ex Sector de Operaciones Estructuradas.
El día 20, un mensaje urgente de Curitiba informaba que la diligencia se suspendía por observaciones hechas en Brasilia sobre trámites formales pendientes que, según un experimentado procurador, se “hubieran podido solucionar en un rato en Curitiba, como se ha venido haciendo”. Algunos, muy molestos procuradores brasileños averiguaron con alguna compañera de promoción de dónde provenían los obstáculos.
No fue difícil. Era la misma persona que reconoce haber escrito el año pasado a los brasileños instándoles a evitar la “exposición de información” y pidiéndoles que realicen las “coordinaciones necesarias […] con el propósito de cautelar la reserva y confidencialidad de la información que deba ser transmitida al Perú”.
Es Alonso Peña Cabrera, el que exigió al fiscal José Domingo Pérez antes de la primera diligencia de este, en Brasil, que no pregunte “sobre AG”. Es también la persona que cuando IDL-R publicó en mayo de 2017 la primera información de Marcelo Odebrecht sobre aportes a Keiko Fujimori, al Apra y otros, promovió un comunicado de la fiscalía de la Nación sosteniendo que eso no era cierto, a sabiendas que mentía al decirlo. La misma persona que escribió a los brasileños pidiéndoles que encubran después que IDL-R publicara la anotación de Marcelo Odebrecht de darle “500 mais a Keiko”. Y que ahora, al protestarles, busca indisponer a Orlando Martello con los funcionarios fiscales de Brasilia.
Su empeño es cortar el flujo informativo con Brasil, poniéndose al medio, quejándose con Brasilia para sabotear la cooperación de Curitiba. Para que lo que ahora toma semanas vuelva a tomar meses y llegar en secreto, información lista para hacer con ella lo que antes se hacía: ocultarla, sesgarla, distorsionarla.
Peña Cabrera depende, al fin, de los tres fiscales supremos que hoy controlan la Fiscalía de la Nación, cada uno de los cuales tiene una investigación pendiente en el caso Lava Juez y que dependen de principales acusados en el caso Lava Jato para sobrevivir.
La investigación Lava Jato (y también la Lava Juez) pasará por un serio peligro hacia fin de año, pese a sus inéditos avances y al gigantesco respaldo social que tiene. Y las estocadas epistolares de esta nota son además de una historia en sí misma, el anuncio de que la hora de peligro se acerca.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), Quinto Elemento Lab (México), Univisión Investiga (Colombia) y El Universo (Ecuador).
