El Ministerio Público archivó de forma definitiva la investigación por el presunto delito de cohecho contra los periodistas César Prado, Rodrigo Cruz y la fiscal Marita Barreto, excoordinadora del extinto Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Este caso tuvo como punto de partida el testimonio de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la nación Patricia Benavides, involucrado en la trama de corrupción del caso Valquiria. Girao relató en una declaración fiscal que hubo una supuesta coordinación entre la fiscal Barreto y los periodistas César Prado, que entonces formaba parte de IDL-Reporteros, y Rodrigo Cruz, del diario El Comercio en ese momento, con el objetivo de favorecer a Benavides durante el proceso de elección de nuevos fiscales supremos en la Junta Nacional de Justicia, en 2022, a través de publicaciones periodísticas.
Sobre la base de ese testimonio, difundido por Willax Televisión como parte de las agresivas y sostenidas campañas de desinformación y difamación contra IDL-Reporteros, Rodolfo Orellana –hijo de Rodolfo Orellana Rengifo, investigado en el pasado por la fiscal Barreto por encabezar una red criminal– presentó una denuncia contra ambos periodistas y la fiscal, en noviembre de 2024.
El caso recayó en el despacho del fiscal superior Reggis Oliver Chávez, de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En agosto pasado, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ambos periodistas y la Fiscalía se sumó al pedido. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó la petición en primera instancia, pero el caso fue apelado.
Este hecho generó el enérgico rechazo de organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de prensa como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana y Reporteros sin Fronteras, que calificaron este pedido como un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y un intento de vulnerar la reserva de fuentes periodísticas.
El 13 de abril pasado, la fiscalía archivó de forma definitiva el caso, que únicamente tuvo como base los dichos falsos propalados por el exasesor de Patricia Benavides. El caso se cerró cuando aún estaba pendiente de resolverse, en la vía judicial, el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Prado y Cruz.
Es importante mencionar que IDL-Reporteros fue el primer medio –y por momentos el único– que investigó a Patricia Benavides y su gestión en el Ministerio Público.
Bajo la autoría de César Prado, IDL-R publicó una serie de investigaciones que incluyeron las maniobras que empleó Patricia Benavides para exculpar a su hermana, la jueza Enma Benavides, de la investigación penal en su contra por presuntamente liberar a investigados por narcotráfico a cambio de coimas. En represalia Benavides sacó a la fiscal del caso, Bersabeth Revilla. También fue publicada una extensa investigación sobre las liberaciones de investigados por narcotráfico que ordenó el Colegiado E de la Sala Penal Nacional que Enma Benavides integró; así como la investigación sobre los grados y títulos de Patricia Benavides, entre varios otros caso, que están incluidos en la serie investigativa ‘El expediente Benavides’.
