Índice
El caso de Reggis Oliver Chávez
El prontuario de Reggis Chávez
El factor Paucar
Visita de la OECD
Sus críticos reprochan a José Domingo Pérez una cierta inflexibilidad, un maximalismo fiscal que puede enfatizar en exceso el rigor acusatorio y afectar la estrategia procesal.
Algo de eso puede ser cierto, pero está también relacionado con sus virtudes. Porque lo que no se le puede regatear a Pérez Gómez es su entrega a la misión fiscal y, en especial, su intrepidez en investigar resueltamente a personajes u organizaciones poderosos, que poseen una alta capacidad de intimidación y represalia.
Esto último ha significado tradicionalmente una casi invulnerable impunidad.
Que no fue invulnerable para Pérez Gómez en los grandes casos de corrupción que investigó.
Su resuelta valentía no se manifestó solo a partir de su nombramiento en el equipo especial, a cargo de los casos más difíciles en el Lava Jato peruano, sino desde mucho antes.
¿Recuerdan el caso ‘Petroaudios’, el escándalo de corrupción durante el segundo gobierno de Alan García? Pérez Gómez actuó como fiscal en ese caso e investigó y acusó, entre otros, a un personaje importante en aquel affaire: el exministro alanista de Salud, Hernán Garrido Lecca.
Garrido Lecca contraatacó judicialmente a Pérez Gómez a través de su entonces (y también después) abogado, José Luis Hauyón. Acusó a Pérez Gómez de “enriquecimiento ilícito” por la compra de su departamento en Miraflores. A la vez le planteó una demanda por dos millones 600 mil dólares por “daño moral”.

La acusación penal contra Pérez Gómez fue archivada por el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Tampoco prosperó la millonaria demanda civil.
Garrido Lecca y Hauyón reaparecieron juntos diez años después, delatados en la Operación Valquiria, cuando Jaime Villanueva (confesando –detalle crucial– como colaborador eficaz y no como testigo) reveló las intrigas de largo aliento de ambos personajes para lograr, primero, el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema, en camino a ser fiscal de la nación; y también el de Juan Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Según el entonces prolijo colaborador eficaz, tanto Benavides como Fernández Jerí aceptaron la misión encomendada desde el inicio por Garrido Lecca y Hauyón: Sacar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato (y también a Vela de la coordinación de las fiscalías de lavado de activos).
La Operación Valquiria marcó luego, para los círculos mafiosos, un nuevo objetivo por liquidar: la fiscal Marita Barreto. Entonces ya había sido destituida Benavides pero quedaba Fernández Jerí para ejecutar la contraofensiva corrupta. Este no tardó en suspender a Barreto.

Los ataques contra los fiscales del caso Lava Jato (y contra los periodistas que investigaron el caso), tomaron cuerpo en 2019 y crecieron gradualmente desde entonces, conforme la maquinaria de desinformación, difamación y hostigamiento se organizaba para actuar en múltiples frentes sincronizados entre sí.
Desde enero-febrero de 2024, la campaña arreció y se focalizó en torno al caso ‘Cocteles’, especialmente en cuanto a su proceso judicial. El objetivo era, y es, matar el caso mediante ofensivas sincronizadas de desinformación que desemboquen en acciones leguleyas junto con un hostigamiento sostenido.
Se trataba de desprestigiar la investigación, desacreditar a los fiscales y, en general, a quienes han investigado el caso.
Un objetivo ulterior –una vez que el socavamiento desde todos los ángulos hubiera producido un efecto en la percepción pública– era, es, criminalizar a fiscales e investigadores, travestir todo el proceso, limpiar y hasta enaltecer a los bribones (habiendo ocultado o desaparecido o desacreditado la contundencia de las pruebas), para invertir por completo la visión de la realidad: los cleptócratas exaltados, mientras quienes investigaron, revelaron y documentaron sus fechorías, debían terminar derrotados, calumniados y escarnecidos.
¿Suena extremo? No lo es. A través de la historia, la desinformación calumniosa ha desembocado muchas veces en ataques letales contra gente por completo inocente de las difamaciones en contra suya.
Como queda dicho, José Domingo Pérez fue y es un blanco central. No el único, pero el más importante, por el peligro que significaba para los acusados el juicio por el caso ‘Cocteles’.

A mediados de febrero de 2024, el partido del Keiko-fujimorismo, Fuerza Popular, presentó una aparatosa denuncia penal contra varias personas, entre ellas, las siguientes:

La denuncia fue presentada por la representante legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama. El equipo legal a cargo de la acusación fue encabezado por Christian Salas Beteta.

Poco después, en marzo de 2024, el fiscal supremo provisional, Alcides Chinchay, abrió una “investigación preliminar compleja” contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, entre otros, con base en las declaraciones como testigo (no como colaborador eficaz) de Jaime Villanueva.

Yo fui también uno de los “investigados” en un caso que giró en torno a las diversas versiones de Villanueva.
La “investigación” de Chinchay arrancó sobre la base formal de una denuncia presentada por el militante aprista Luis Miguel Caya. Dicha denuncia estuvo anclada en la desaforada campaña de desinformación de los medios lumpen, que fueron rebotados en determinado momento por El Comercio y RPP. Eso dio pie a la “investigación compleja” de Chinchay.
Con el paso de los meses, la mayor parte de los testigos convocados por Chinchay desmintieron por completo a Villanueva. Desde Hamilton Castro hasta Pedro Chávarry, por mencionar a dos de muchos.

Al terminar sus plazos de investigación, Chinchay buscó delegar su malogrado caso enviándolo a la fiscalía de la fiscal suprema provisional Rosario López Wong. Esta no quiso aceptarlo y ambas fiscalías quedaron enzarzadas en una contienda de competencia que acaba de dirimirse: el caso se queda con Chinchay.
Pero lo que sí logró esa “investigación” fue malgastar abundantemente el tiempo de “investigados”, entre los cuales los fiscales del caso Lava Jato, que tuvieron que defenderse a costa de la atención que, en el caso de Pérez Gómez debía concentrar en sus casos, especialmente el de ‘Cocteles’.
El caso de Reggis Oliver Chávez
Poco antes, siempre sobre la base de raquíticas informaciones y robustas desinformaciones, se cocinó otra “investigación“ dentro del Ministerio Público contra José Domingo Pérez. Esta vez por nada menos que “enriquecimiento ilícito”.
La excusa para empezar la “investigación” provino inicialmente de un tuit de Beto Ortiz, que comentó maliciosamente la compra de una camioneta Volvo de segunda mano que hicieron José Domingo Pérez y su esposa.
El tuit rebotó en un medio de prensa basura (Expreso) y fue seguido por una denuncia, en noviembre de 2023, por presunto enriquecimiento ilícito, hecha por la abogada aprista Patricia Tubilla. Tubilla es defensora, entre otros, de Juan Muñico, alias ‘Maelo’, el cabecilla de las turbas de ultraderecha que han hostigado decenas de veces la oficina fiscal donde trabaja Pérez Gómez, así como su domicilio, y las oficinas y domicilios de los proclamados como enemigos por la ultraderecha y sus grupos mafiosos.

Fue una denuncia marginal y descabellada. Que fue tratada como si fuera razonable y documentada por un fiscal superior llamado Reggis Oliver Chávez Sánchez, quien abrió una investigación fiscal a comienzos de diciembre de 2023.
En la denuncia basada en desinformación, la camioneta Volvo fue valorizada en casi 298 mil soles. También se pedía investigar a Pérez Gómez por la compra, varios años atrás, de su departamento y un estacionamiento.
Ese mismo mes, Pérez Gómez advirtió al fiscal Reggis Chávez que el asunto de la compra de su departamento y estacionamiento había sido investigado y archivado diez años atrás por el entonces fiscal de la nación, José Antonio Peláez Bardales, luego de la denuncia maliciosa de Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón, en el caso ‘Petroaudios’.
Uno hubiera supuesto que, con esa aclaración, las “diligencias preliminares” de Reggis Chávez se iban a limitar a investigar la compra de la camioneta Volvo de segunda mano.
Nada de eso: En la primera quincena de marzo de 2024, Reggis Chávez dispuso sin más ampliar la investigación por posible desbalance patrimonial a toda la gestión de Pérez Gómez como fiscal especializado en investigar casos de corrupción de funcionarios: desde fines de 2011 hasta fines de 2023. Una docena de años.
Ante la protesta de Pérez Gómez, el Poder Judicial ordenó a Reggis Chávez que precisara el ámbito y objeto de su investigación, que se redujo a la camioneta Volvo y a cómo se pagó su adquisición.
Sin embargo, unos meses después, en julio, en el mismo día en que se inició el juicio oral por el megacaso ‘Cocteles’, Reggis Chávez, determinó ejecutar una pericia. Ya no sobre las “denuncias” de Ortiz y Tubilla, sino sobre todos los ingresos y gastos, patrimonio, depósitos, transferencias de Pérez Gómez entre 2011 y 2023.
Para el desatado Reggis Chávez, todo era todo. Así que, para escudriñar cada transacción de dinero, dispuso levantar el secreto bancario, tributario, bursátil de Pérez Gómez.

¿Hubo alguna razón, indicio o sospecha para eso? Ninguna. Todos los gastos mayores de Pérez Gómez (incluyendo la compra de la camioneta Volvo de segunda mano por la mitad del precio que se dio en la denuncia) habían sido satisfactoria y documentalmente explicados por este. No importó. Reggis Chávez persistió en levantar la reserva financiera.
Pérez Gómez acusó que se le investigaba por “hechos que no han sido objeto de imputación”. La respuesta hubiera complacido a un policía de la NKVD staliniana. Los hechos no eran objeto ni de imputación ni de investigación, pero podían serlo… y con eso bastaba.
Los “peritos” juramentaron, “periciaron” e informaron. Encontraron desequilibrios en algunos meses de la docena de años. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, contabilizaron los gastos de los frecuentes viajes que tuvo que hacer Pérez Gómez en su investigación fiscal, pagados con tarjeta de crédito; pero no consideraron los viáticos que Pérez Gómez recibió en efectivo… precisamente para hacer frente a esos gastos. ¿Por qué? Ninguna razón válida. Ninguna.
Pese a todo el registro molecular, resultó que en el cálculo total de la docena de años no emergía desbalance patrimonial alguno. ¿Importó eso? Claro que no.
Pérez Gómez abundó no solo con razones, sino en datos, en recibos, en la minuciosa aritmética de la arqueología contable. Presentó un abultado dossier, pero no se tomó nada en cuenta. Nada.
La información nueva no estaba fedateada, le dijeron… o no había llegado a tiempo y tendría que verse en la nueva etapa de la “investigación”… que se intensificaba en evidente sincronización con el avance procesal del caso ‘Cocteles’.
Entonces, dado que no había logrado ningún dato que revelara irregularidades en los doce años escudriñados, el fiscal Reggis Chávez decidió apretar la presión.
Como había separación de bienes entre José Domingo Pérez y su esposa, ¡había que levantar también todos los secretos bancarios, tributarios, bursátiles de ella para ver si se pescaba algo que no cuadrara en esa docena de años!
Como si todos estos abusos y atropellos a la razón fueran lo más lógico y normal, el 12 de diciembre pasado, en una de sus primeras disposiciones como fiscal de la nación, Delia Espinoza determinó: “Autorizar el ejercicio de la acción penal y por ende ordenar, formalizar y continuar la investigación preparatoria contra José Domingo Pérez Gómez como presunto autor del delito contra la administración pública […] en la modalidad de enriquecimiento ilícito […] en el período comprendido entre diciembre de 2011 a diciembre de 2023”.
No. No lo firmó Patricia Benavides. Lo hizo Delia Espinoza.

En medio de una huracanada ofensiva de desinformaciones, descréditos y difamaciones por parte de la prensa lumpen, y los troles en las redes; a la que hicieron eco los opinólogos a la medida y los profesionales al servicio de los oligarcas investigados en el caso ‘Cocteles’; el fiscal Pérez Gómez se encontró enfrentando, en momentos cruciales del caso, la ofensiva más dura, dirigida desde el pináculo de su propia institución, que –con una falta de razones que hubiera ruborizado hasta a la propia Consuelo Porras– lo etiquetaba como un probable delincuente sujeto a una profunda investigación.
Ahí no terminó el asunto. Poco después, la fiscal de la nación, Delia Espinoza emitió una resolución prohibiendo a los fiscales (especialmente si se apellidan Vela o Pérez Gómez, le faltó decir) hacer declaraciones públicas. Eso era para que hubiera orden y disciplina, sostuvo.
La fiscalía de la nación y sus fiscales se iban a expresar a través de un solo portavoz, o vocero: el veterano y prestigioso fiscal Víctor Cubas Villanueva. Muy bien, en principio, en cuanto al seleccionado.
El problema –aparte del ámbito de su misión– es que Cubas Villanueva salió del país, con licencia, apenas nombrado y recién debió incorporarse al trabajo desde el lunes 20 de enero. Durante todo el ínterin lo que hubo es una fiscalía muda.
Cuando, en medio de lo más crudo de la ofensiva, José Domingo Pérez dio una entrevista a la publicación de “Pasión por el Derecho” [Ver en particular desde el minuto 56 hasta el 1:07], la reacción no se hizo esperar.
Desde la oficina de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, la secretaria general, Ana María Velarde envió a Pérez Gómez un severo oficio de apercibimiento, en el que, luego de indicarle que toda declaración pública se debe hacer a través de la “vocería”, lo exhorta a cumplir “con la norma interna”.
Es decir, a callarse, enmudecer como un trapense en medio de la tormenta de calumnias, difamaciones, hostigamientos y retorcidas leguleyadas.
Ahí no terminó la cosa:
A principios de enero, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que jefatura el notorio Juan Antonio Fernández Jerí, notificó a José Domingo Pérez el inicio de una “investigación preliminar sumaria”, con “trámite especial”, en contra suya por su entrevista en “Pasión por el Derecho”. La sumaria y “especial” investigación era por tres faltas: una leve, otra grave y otra “muy grave”.
No hay que explorar a Nostradamus para saber lo que se viene. Para sacar de juego a Rafael Vela, actuó presto Fernández Jerí, con una suspensión de seis meses. Para anular a Marita Barreto y la Eficcop, apareció de nuevo Fernández Jerí, con otra suspensión, que sirvió para desbaratar la Eficcop mientras el Ejecutivo destruía la Diviac.
Y ahora, para aplastar a José Domingo Pérez, en medio de los ataques concentrados (y a toda luz sincronizados) que recibe desde dentro y fuera de la institución, aparece presto de nuevo Fernández Jerí para otra “investigación” que terminará en una suspensión más, a fin de tratar de terminar de destruir lo que queda de la histórica investigación del caso Lava Jato.
Ya que hemos mencionado a la guatemalteca Porras, Fernández Jerí podrá terminar siendo considerado, si se sigue saliendo con la suya, como el Consuelo Porras peruano. El que logró destruir –como lo hizo y trata de seguirlo haciendo Porras en Guatemala– las mayores investigaciones anticorrupción persiguiendo a los fiscales que las llevaron a cabo.
La acción conjunta de la Fiscalía y Fernández Jerí, es amarrar y amordazar al fiscal José Domingo Pérez, mientras lo difaman desde fuera y facilitan desde dentro el trabajo de fiscales como Reggis Oliver Chávez, que convierten esas difamaciones en emponzoñadas “investigaciones” leguleyas.
Y si Pérez Gómez se atreve a explicar el caso, se le tiran de inmediato encima por haberse atrevido a levantar la mordaza.
Solo faltó que algún achorado de ese grupo le grite entre risotadas al asediado fiscal: “¡Ya pe’! ¡Pelea limpio, José Domingo!».
El prontuario de Reggis Chávez
¿Qué explica el enérgico encono del fiscal Reggis Oliver Chávez en la “investigación” contra José Domingo Pérez? ¿Tiene una animosidad especial o la decisión de inculpar al margen de lo que indiquen los hechos?
El hecho es que Reggis Oliver Chávez nunca debió estar a cargo de esa ni de ninguna otra investigación anticorrupción.
Reggis Chávez ha sido acusado de perpetrar acciones corruptas en el caso ‘Cuellos Blancos’ (o ‘Lava Juez’), en especial para favorecer de manera cómplice al abogado José Luis Castillo Alva, uno de los importantes investigados en el caso.

Es lo que expuso y describió el entonces fiscal (y ahora juez) Junior Rodríguez Domínguez, quien estuvo a cargo de las investigaciones a Castillo Alva mientras permaneció en el equipo especial ‘Cuellos Blancos’. Lo hizo en tres informes que envió en mayo de 2023 a sus superiores y a la Autoridad Nacional de Control.
No solo eso: en noviembre pasado, una fiscal suprema preparó y rubricó un informe de casi 11 mil palabras sobre la vinculación de Reggis Chávez con José Luis Castillo Alva.
El informe contiene datos precisos de varias fuentes: desde los fiscales del caso ‘Cuellos Blancos’ Andy Junior Rodríguez y Max Alessandro Castro; y del fiscal supremo provisional Franklin Tomy, entre otros, que documentan la cercana relación entre Reggis Chávez con José Luis Castillo Alva; y su intento de acusar penalmente a los fiscales que investigaron a Castillo Alva. Se complementa con el testimonio de testigos como Jaime Villanueva o el abogado Jefferson Moreno.

El informe fue firmado por Delia Espinoza, quien no había juramentado ni asumido todavía el cargo de fiscal de la nación.
Luego de compilar y organizar la información, Espinoza dispuso remitirla «a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y a la Autoridad Nacional de Control, a efectos que procedan conforme a su competencia y atribuciones».
Era lo correcto, pues Espinoza estaba concentrada en la investigación de Patricia Benavides y aunque el informe sobre Reggis Chávez la mencionaba repetidamente, no estaba centrado en ella. Pero el informe de Espinoza fue parte de su investigación sobre Benavides, puesto que los datos sobre Reggis Chávez surgieron de ella.
Es evidente entonces que Delia Espinoza estaba bien informada sobre los antecedentes y el presente de Reggis Chávez. Pese a eso, aceptó su informe contra José Domingo Pérez, a pesar de conocer que el fiscal adjunto supremo provisional Hernán Mendoza, que fue el primero en recibir la “investigación” de Reggis Chávez, había optado por declarar el archivamiento de la acusación.
¿Qué explica esa contradicción?
El factor Paucar
De acuerdo con diversas fuentes con conocimiento del tema, pasó lo siguiente:
En el segundo semestre del año pasado, Reggis Chávez, como fiscal superior, elevó su “investigación” sobre Pérez Gómez al despacho de la fiscalía de la nación, cuando Juan Carlos Villena era todavía fiscal de la nación.
El caso fue derivado al fiscal adjunto supremo provisional, Hernán Mendoza. Según fuentes dignas de crédito, Mendoza encontró que la “investigación” no tenía mérito y debía ser archivada. Informó al respecto a Villena y, de acuerdo con las fuentes, preparó la resolución de sobreseimiento y archivo de la “investigación”.

Entonces se produjo la elección del fiscal de la nación, que ganó Delia Espinoza. Villena prefirió no firmar y Mendoza presentó el caso a Espinoza.
Un nuevo actor ingresó entonces en esta historia: el fiscal adjunto supremo Marcial Paucar, a quien Espinoza nombró como adscrito a su despacho poco después de asumir el cargo. Con el mismo nivel que Mendoza, pero en función de coordinador en la práctica, por disposición de Espinoza.
De acuerdo con el testimonio de las fuentes con conocimiento de causa, un par de semanas después de asumir funciones, Paucar pidió a Mendoza la carpeta con el caso de Reggis Chávez contra Pérez Gómez.
Luego cambió por completo la decisión de Mendoza. Este, sostienen las fuentes, protestó. Discutieron y Paucar levantó la voz. Hubo tensión, Mendoza evaluó renunciar. Delia Espinoza continuó apoyando a Paucar.
El cambio de la posición fiscal se produjo en un par de días, sin desarrollo ni justificación propia. Ello significó adoptar en lo fundamental la “investigación” de Reggis Chávez, “pericia” incluida. Así, en su “Disposición Nº 01”, del 12 de diciembre del año pasado, Delia Espinoza autorizó la continuación y preparación de la investigación preparatoria contra Pérez Gómez.
Normalmente, las disposiciones y resoluciones de la fiscalía contienen, junto a la firma y las iniciales del funcionario que las rubrica, las iniciales de quienes prepararon el proyecto del documento. En este, y en los otros documentos en los que la FN responde a las razones y apelaciones de Pérez Gómez (desestimando todas), solo se encuentran las iniciales de la propia Delia Espinoza, como si solo ella hubiera redactado el texto. Ese no fue el caso.
Paucar se cuidó de que su intervención no aparezca porque sabía que debió haberse inhibido en el caso, por su animosidad en contra de los integrantes del equipo especial Lava Jato y en especial contra José Domingo Pérez y Rafael Vela.
La historia no es corta, pero mencionaré solo algunos de sus aspectos más importantes.
Paucar fue uno de los fiscales que integró el primer equipo especial del caso ‘Lava Jato’, bajo la dirección operativa de Hamilton Castro.
Aquí está la foto de los cuatro fiscales.

Su gestión terminó a fines de julio de 2018, cuando el entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry nombró a Rafael Vela como nuevo coordinador del Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato. Ingresaron varios nuevos fiscales, entre los cuales José Domingo Pérez. Paucar salió del equipo poco después.
Meses más tarde, el entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarry, destituyó en Año Nuevo a los fiscales del equipo especial que él mismo había nombrado y, en medio de las protestas de la gente, nombró a los reemplazos de los fiscales destituidos.
Frank Almanza fue designado en lugar de Rafael Vela y Marcial Paucar en lugar de José Domingo Pérez. Tanto Almanza como Paucar aceptaron públicamente la designación.

La intensa y creciente protesta pública forzó a Chávarry a recular. Vela y Pérez Gómez reasumieron sus puestos, en medio del apoyo popular, mientras Almanza y Paucar, luego de quedar colgados de una brocha, abandonaron en silencio el escenario, con sentimientos que no parecen haber sido ni fraternos ni felices.
Mucho ha cambiado desde entonces. Paucar es ahora una persona con poder dentro de la Fiscalía, gracias a su cercanía con Delia Espinoza, mientras Pérez Gómez es ahora una de las personas más atacadas, hostigadas y calumniadas en el país enfermo de estos tiempos.
Sin embargo, hay cosas que no debieron haber cambiado.
Paucar no solo no debió intervenir en el caso de Pérez Gómez, sino debió inhibirse, incluso si no se lo solicitaban.
Y si, pese a todo, él quiso intervenir, Delia Espinoza, que sabía perfectamente a esas alturas quién es el fiscal Reggis Chávez, el que preparó la acusación contra Pérez Gómez, no debió permitirlo.
Ni permitir tampoco, como lo ha hecho hasta ahora, la continuación de la persecución y el abuso contra Pérez Gómez, cuyos perpetradores y agentes están expuestos y a la vista en el elenco de la infamia que protagoniza este tiempo.
La fiscalía de la nación ha sido, a lo largo de su historia, ocupada por algunos fiscales extraordinarios, que dejaron una memoria perdurable. Ha sido ocupada por muchos mediocres, que pasaron sin mucha pena y con menos gloria. Y también ha sido ocupada por algunos bribones, que la convirtieron en una agencia del delito y su gestión en un prontuario.
Uno tiene que escoger a dónde quiere llegar y por dónde quiere caminar. Lo que debe saber es que al final, uno siempre está sola o solo, salvo la compañía de los hechos de la vida como sombra al lado.
[Actualización del jueves 23 de enero, a las 9:24 p.m.]
Visita de la OECD
El 21 y 22 de enero una Misión de Alto Nivel del Grupo de Trabajo Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), llevó a cabo varias reuniones reservadas, que pueden tener una importancia crucial para la aceptación o rechazo de la candidatura peruana para pertenecer a esa importante organización.
La OECD exige a sus miembros el cumplimiento de un conjunto de estándares anticorrupción. La Misión que estuvo en Lima llegó para hacer una investigación en el terreno sobre ese aspecto en el Perú.
Una de las reuniones más importantes –si no la más importante– fue la que tuvieron los comisionados de la OECD con los fiscales del caso Lava Jato: Rafael Vela y José Domingo Pérez; con la procuradora ad-hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, y con la procuradora general María Carhuajulca.
En sus intervenciones, Rafael Vela y José Domingo Pérez hablaron sobre las ofensivas que deben enfrentar, desde dentro y fuera del gobierno e incluso dentro de su propia institución, dirigidas a desacreditar y finalmente destruir las investigaciones, las pruebas (y los juicios) del megacaso Lava Jato.
Los comisionados, que conocen la dimensión y trascendencia de la investigación de ese caso, escucharon con atención e hicieron preguntas precisas después.
Hubo algunas cosas que resonaron particularmente en las exposiciones. José Domingo Pérez leyó su presentación, cuyo texto fue distribuido tanto a los comisionados como a los traductores. Gran parte de lo que dijo, sobre los acosos, hostigamientos y ataques que lo tienen como objetivo, está reseñado en esta nota de IDL-R.
Hubo, sin embargo, algo nuevo. En su exposición, Pérez Gómez dijo que:
“En la oficina de la Fiscalía de la Nación tenían conocimiento de un audio en que una persona ligada a la acusada Keiko Fujimori conversaba con el jefe de la Autoridad Nacional de Control Fernández Jerí para sacarme del cargo de fiscal del Lava Jato…”.
¿Qué se hizo al respecto? “¡Nada!”, dijo Pérez Gómez.
Por lo menos, no hasta ahora.
Otra cosa concitó poderosamente la atención de los comisionados de la OECD.
Al revisar las acciones hostiles, las denuncias presentadas por los abogados de investigados y campañas de desinformación en contra de la procuradora ad-hoc del caso Lava Jato –que se han intensificado a raíz de la decisión del TC para que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht–, un caso destacó de inmediato:
La investigación hostil que ha abierto el fiscal Alcides Chinchay contra Silvana Carrión, ¡por haber viajado a una reunión de la OECD!
Gran parte de las preguntas de los comisionados estuvieron centradas en ese caso que debe haberles resonado como un ejemplar del esperpento latinoamericano en el disfraz de la corrupción como anticorrupción.
Por eso, en el comunicado que sacaron después de sus entrevistas, los de la OECD fueron todo lo claros que se puede ser dentro del lenguaje diplomático.
“Perú logró grandes avances en la lucha contra la corrupción, incluido el lanzamiento de varias investigaciones de corrupción de alto perfil en los últimos años contra altos funcionarios”, dijo la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, Kathleen Roussel, refiriéndose a los extraordinarios resultados que tuvo la investigación del el equipo especial de fiscales y procuradores en el caso Lava Jato. Pero, añadió, “para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política”.
¿Más claro?
¿Qué está en juego? La posibilidad de que el Perú sea admitido en la OECD. Y lo que vieron aquí debe haber disminuido considerablemente esa posibilidad.