El embajador estadounidense retirado y miembro de la Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Stephen McFarland, es un observador participante de la política latinoamericana hace más de 45 años y su comprensión sobre Guatemala, donde fue embajador entre 2008 y 2011, trae lecciones de un país que intenta zafar de un régimen corrupto y autoritario.
Esta es la tercera vez de McFarland como observador internacional en el Perú. Formó parte de la misión militar de los países garantes en la Cordillera del Cóndor, en representación del gobierno estadounidense en 1995. Ese mismo año, integró la misión de observación electoral de la OEA. Fue consejero político de la embajada de EE.UU. en el Perú entre 1992 y 1996.
Durante la primera visita de la misión, McFarland fue testigo de las acciones del Congreso para afectar el funcionamiento de la JNJ, y del voto de Marco Falconí que impidió la renovación en el cargo del jefe de la ONPE.
¿Qué nivel de autonomía tenían los organismos electorales en los comicios generales de Guatemala el año pasado?
La nueva era democrática arranca en Guatemala en 1986 y desde entonces nunca hubo mayor controversia acerca de una elección, en gran parte porque tienen un sistema efectivo de registro –de votantes y de candidatos– y sobre todo, de conteo de votos. Sobre las autoridades electorales había cuestionamientos días antes de la primera vuelta porque habían eliminado tres candidatos por distintos pretextos, pero el proceso de votación ocurrió con total normalidad. Hubo observadores de todos los partidos con candidatos, observación de algunas ONG y observadores de las misiones de la OEA y de la Unión Europa, y nadie notó nada que llamara la atención. De ahí la importancia de tener no solo un proceso electoral sino un proceso de contar los votos que inspire confianza.
Perú padece un régimen que quiere someter los organismos electorales a sectores equivalentes al ‘Pacto de los corruptos’ de Guatemala. Ya consiguieron afectar la ONPE al no renovar a Piero Corvetto como jefe de esa entidad. Si pierden autonomía ¿es posible un contrapeso cuando haya elecciones?
En términos generales, es muy difícil contrapesar una autoridad electoral que no cuente con la aceptación y la credibilidad de todos los participantes. No sé cómo se podría poner un contrapeso.
En sus análisis sobre la corrupción en Guatemala señala que desde 1986 los gobiernos electos han sido cleptocracias.
La corrupción no empieza con el retorno a la democracia, ya había durante los gobiernos militares. Es difícil medir la corrupción pero ésta da un salto en Guatemala con el gobierno de Otto Pérez Molina entre 2014 a 2015, renunció antes [ante protestas por una defraudación aduanera millonaria] porque su período terminaba en 2016. [La corrupción] No era tanto la excepción sino la fuerza motriz de Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti y de otros partidos.
¿Por qué es tan recurrente y por qué hay tan pocas maneras de controlarla?
Esa pregunta escapa al objetivo de la misión de observación, pero contesto como alguien que ha vivido parte de esos procesos en el Perú y los ha seguido a lo largo de su vida. No es solo en el Perú, ocurre también en los Estados Unidos y otros países: hay una crisis de valores y un debilitamiento de los partidos políticos. Antes los partidos se identificaban con ciertas posiciones y todos compartían valores democráticos también. En todo el mundo ha habido una crisis. El Perú por supuesto tiene una herencia muy difícil después de…
¿Alberto Fujimori?
Sí, pero antes de eso el colapso de la economía con la hiperinflación, más de una década de terrorismo y violencia. Estos problemas ocurren en muchos países y uno ve en cierta medida algunos de los mismos síntomas hasta en Estados Unidos.
Usted sostiene que en Guatemala en 2023, los indígenas fueron un componente importante para defender los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Bernardo Arévalo. ¿Era un grupo social activo previamente?
No se puede hablar de un movimiento indígena, sino de respuestas de distintos grupos de indígenas en distintos momentos. Tradicionalmente los indígenas –a pesar de ser mayoría en el país– se encuentran muy divididos. Creo que todos los políticos en Guatemala asumían que lo normal era que siguieran divididos, que reaccionan por temas locales: generalmente en protestas de corta duración. Quienes tomaron la batuta [de las movilizaciones en defensa de su voto] y el liderazgo de los indígenas fueron actores que hasta ese momento mucha gente no los tomaba en cuenta: los líderes ancestrales. Ellos no tienen presupuesto pero tienen legitimidad y credibilidad en sus territorios y en sus pueblos, aunque no son reconocidos como parte de la estructura del Estado. Sin embargo, respondiendo a que hay muchísima inequidad en Guatemala, porque lamentablemente sigue fuerte el racismo, eso los motiva a asumir un mayor liderazgo. El mismo presidente [Alejandro] Giammattei fortaleció ese proceso porque es de carácter muy abusivo. Los trató con soberbia a lo largo de los cuatro años de su mandato.
¿Qué hizo, por ejemplo?
Una vez en una reunión en Chimaltenango, un grupo de indígenas le presentó un reclamo de una manera muy formal: algo que uno podría presenciar aquí en el Perú. La comunidad llega, se acerca al presidente, le hace una petición con un documento y lo plantea respetuosamente. Y Giammattei los trató muy mal. Cosas así.
Creo que [ese papel que jugaron] marca un hito en términos de que los líderes ancestrales indígenas pueden ser protagonistas importantes en los grandes debates nacionales. Eso sí es histórico: yo no soy un gran estudioso, pero parece que lo que ocurrió [las protestas] en octubre y noviembre [de 2023] no se había realizado desde la rebelión del cacique indígena Atanasio Tzul en 1820. Hay sectores en Guatemala que saben que es un país marcado no tanto por la pobreza como por la inequidad y la desigualdad, no solo de plata y de tierras sino de esperanza y oportunidades. Entonces, a algunos sectores, sobre todo los que tienen más recursos, esto los dejó atónitos y lo vieron con mucha preocupación.
En el fondo esa respuesta de sociedad civil, donde el rol del mayor impacto fue de los líderes ancestrales indígenas, dejó una señal de que si anulaban las elecciones el país podría entrar en un conflicto mayor, con mucho menos estabilidad. Eso posibilitó que la presión internacional y las sanciones estadounidenses y algunas de la Unión Europea tuvieran mayor impacto. Si los indígenas no hubieran hecho lo suyo, las sanciones no hubieran tenido mayor impacto.
Es decir, ¿sin las protestas de los ciudadanos indígenas no hubieran llegado las sanciones?
Para decirlo en términos prácticos, si los indígenas no hubieran hecho lo que hicieron, el gobierno [saliente, de Giammattei] hubiera logrado anular de facto el resultado de las elecciones, y habría un gobierno de facto.
¿Además de los indígenas había una sociedad civil urbana significativa en las movilizaciones?
Hubo manifestaciones en la capital, pero no tantas como las que en el 2015 obligaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
En el Perú este es un momento de debilitamiento de la sociedad civil: organizaciones que en el pasado fueron fuertes no han tenido ninguna intervención en este período de grave deterioro institucional.
El año pasado los grupos de sociedad civil guatemalteca se sentían bastante presionados y solos.
Algunos defensores de derechos humanos tuvieron que irse de Guatemala.
Había una presión psicológica porque pensaban que no había cómo responder a lo que veían: un régimen autoritario y corrupto. No hay respuestas fáciles para personas y grupos en esa situación. Hubo algún apoyo de instituciones internacionales, y era importante, pero esos grupos viven de la esperanza de que sus objetivos y sus ideales se cumplan y que puedan efectivamente reformar democráticamente el Estado. Cuando pierden esa esperanza es difícil recuperarse. Sí contribuyeron a informar a la gente acerca de lo que estaba pasando, a hacer el análisis de las maniobras políticas y judiciales y de los actores que jugaban en su contra. Por supuesto se reunieron con la OEA y con otros gobiernos que apoyan la democracia en Guatemala.
Los periodistas jugaron también una función muy importante: como ya los corruptos copaban todas las instituciones y no había reglas, siempre podían sacar un poco más del presupuesto y a veces no lo escondían muy bien. Ahí la importancia de la investigación de los periodistas. Ello le valió una persecución y encarcelamiento a José Rubén Zamora, el exilio a Juan Luis Font, y a algunos otros. Conozco periodistas que han recibido amenazas, sus familiares también las reciben y eso tiene un impacto. Sin embargo continuaron. Todo el mundo sabía que el gobierno era corrupto. Uno de los problemas del gobierno para que saliera electo alguno de sus candidatos era que se sabía que iban a ser cuatro años más de lo mismo. Había tanta conciencia de que era corrupción, desgobierno e indiferencia, que de pronto en los últimos días decidieron votar por [el Movimiento] Semilla en la primera vuelta. Ya en la segunda vuelta la victoria fue aplastante, por poco más de 20 puntos de diferencia. Así que el papel de la sociedad civil y del periodismo son importantísimos.
¿Esa votación en primera vuelta fue sin confianza en que pudiera ganar Arévalo?
Sí: fue un voto de protesta. En la primera vuelta quedó primera Sandra Torres [candidata oficialista, del ‘Pacto de corruptos’] y en segundo puesto, Arévalo. Pero más grande que cualquiera de esas votaciones fueron los nulos y blancos. Y ni hablar de los que no llegaron a votar.
Una diferencia entre los procesos en Guatemala y el Perú, es que allá las fuerzas de seguridad no reprimieron de manera letal las protestas de 2023 que defendían el voto por Arévalo. En cambio en el Perú desde 2020 los policías ven que pueden quedar impunes así infrinjan la ley al reprimir manifestaciones. ¿Por qué las fuerzas de seguridad guatemaltecas no se arriesgaron a cometer violaciones de derechos humanos?
Buena parte de la respuesta consiste simplemente en el carácter y el liderazgo de ciertos personajes que tenían a su cargo la Policía. El ministro de Interior de entonces, José Napoleón Barrientos, gozaba de la confianza de Giammattei pero comprendió correctamente que la Policía no podía reprimir exitosamente esas protestas, aunque recurriera a métodos letales. No sé hasta qué punto habrá recibido información desde abajo. Estoy seguro que Estados Unidos, que tiene una relación muy cercana con la policía y con las fuerzas armadas, envió mensajes por ese lado también, formalmente y en privado. Pero no creo que esos mensajes hayan sido el factor determinante, sino que hicieron un cálculo racional certero [de fuerzas]. Por supuesto, todos los sectores reciben sus críticas, pero las fuerzas armadas me parece que acertaron en concluir que, en ese momento, lo más importante era no interferir en un proceso totalmente legítimo de las elecciones. No fue por miedo a ser investigados o perseguidos, sino que llegaron a esa conclusión: que no había que dejarse utilizar para fines partidistas o de un grupo de corruptos.
Respecto al tema de la misión de observación que integra: el Congreso ha aprobado en primera votación que candidatos que tuvieron menores calificaciones en el concurso de la JNJ puedan entrar como suplentes. ¿Ha visto ataques semejantes en otros procesos de cooptación de poderes del Estado?
No sé si existe un organismo igual a la JNJ en otros países, pero no creo que esto sea una copia de alguna maniobra usada en otro país. Aquí habría que ser muy claro: esta misión termina su primera visita de una semana y aún no se ha reunido con todas las fuerzas interesadas en el proceso, nos falta el Congreso y los partidos políticos. Antes de comentar esta situación queremos hablar con las personas que puedan tener otra opinión, pero en esta primera semana hemos escuchado de distintos protagonistas y observadores en el Perú que todo lo que ha pasado tiene que verse como un conjunto. La imagen que pinta es de un esfuerzo por obstaculizar la toma de decisiones en la JNJ. También hay una propuesta de ley para eliminarla y reemplazarla por la escuela de la magistratura. Son parte de un conjunto de acciones que, si se realizan, van a afectar la percepción de independencia y de efectividad que tiene la actual junta.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha alertado en su informe anual de derechos humanos sobre los retrocesos institucionales graves en el Perú. En el caso de Guatemala, EE.UU. y la Unión Europea impusieron sanciones. En el Perú, hace meses hay un encargado de negocios, no un embajador estadounidense. ¿Qué tiene que pasar para una mayor reacción ante el deterioro de la democracia?
Debo enfatizar que no represento la posición del gobierno de Estados Unidos.
Por supuesto: le pregunto en su condición de conocedor de estos procesos.
No tengo una buena respuesta, pero en general no solo en el Perú, Estados Unidos tiene varios intereses, si no muchos intereses, que debe balancear para ver cómo seguir adelante. No digo que sea el caso aquí, pero es un hecho. Pero siempre me parece importante, no solo en el caso peruano, que en su informe anual Estados Unidos deje sus cartas sobre la mesa, en cualquier país.
Usted fue consejero político en Perú durante el régimen de Fujimori. Luego de que fue condenado en 2009, el Perú era visto de manera muy positiva porque logró enjuiciar a un expresidente por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo observa el país ahora que Fujimori está libre sin haber concluido su condena ni pagado la reparación civil? Esto ha sido duro para las víctimas de ese régimen.
También hubo violaciones de derechos humanos contra personas asesinadas por Sendero Luminoso: asistí al lugar en Huaycán donde todavía reposaban en un arenal los restos de la dirigente Pascuala Rosado en 1996. No puedo responder la pregunta como miembro de la misión, sino como alguien que ha vivido muchos años en el Perú. Fue muy significativo que Fujimori y Vladimiro Montesinos hayan sido acusados y sentenciados, ese mensaje tan fuerte no lo quita nadie. Que hayan soltado ahora al expresidente lo veo más como una movida política. El gran mensaje político sobre Fujimori ya se dio: cayó del poder, fue investigado y ha permanecido en la cárcel 16 años desde que lo extraditaron.
¿Cómo continuará la labor de la Misión Internacional de Observación?
No somos un grupo que pueda tomar acciones porque el Perú es un país soberano. Sin embargo, hay interés legítimo fuera del Perú sobre lo que ocurre aquí porque estamos interconectados, y los éxitos o los problemas del Perú tienen un impacto sobre los demás países. Si bien nuestra misión no es parte de ningún gobierno o de una institución, somos voces independientes con cierta experiencia, no comprometidos con ningún partido político, comprometidos con la democracia –con todas sus imperfecciones– y con el Estado de Derecho –que es tan difícil de concretarse– como las mejores opciones para nuestros pueblos.
Hemos notado mucho interés en nuestra misión por parte de otros países, la ONU y la OEA, y estarán atentos a los informes que publiquemos.
He estado en varios países en guerra o bajo situaciones de terrorismo, sé lo que es ser atacado por esas fuerzas, pero la democracia y el Estado de Derecho deberían ser temas que competen a todas las fuerzas del espectro político: desde la ultraderecha hasta la izquierda. Quienes piensan que solo los izquierdistas están interesados en la democracia y los derechos humanos están equivocados.
Una buena manera de evitar la máxima descomposición política, la inestabilidad, y la violencia política es ofrecer mecanismos independientes y claros para que la gente ventile sus opiniones y, en elecciones justas, el pueblo dirima. Por eso es tan importante proteger la independencia de las instituciones judiciales y electorales.
