Con el fin de determinar si la Policía había violado o no sus reglamentos sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante las marchas de noviembre del año pasado contra el régimen de Manuel Merino, el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, dispuso el 20 de noviembre el inicio de una investigación a cargo de la unidad de la Oficina General de Integridad Institucional (OGII).
La primera etapa de esta indagación, realizada por la OGII, finalizó el 6 de enero del presente año. Basada en sus resultados, la Oficina de Asuntos Internos (de la OGII) abrió el lunes 11 de enero un proceso administrativo sancionador contra diez efectivos policiales, por faltas graves y muy graves perpetradas durante las marchas. ¿Qué fue lo que se encontró que ameritó iniciar este procedimiento?
Uno de sus principales hallazgos es la identificación de los policías que estuvieron al mando de las zonas donde fallecieron los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado. Como publicó IDL-R en enero, el plan operativo policial de la marcha del 14 de noviembre solo mencionaba al encargado del cruce de avenidas donde murió Jack (Av. Nicolás de Piérola y Av. Abancay): el comandante PNP Luis Castañeda Urbina. Sin embargo, no había mención al cruce donde murió Inti (Av. Nicolás de Piérola con Jr. Lampa). Además, se conocía que superiores jerárquicos hicieron modificaciones sobre la marcha al plan. Era clave saber estas modificaciones para determinar la línea de mando.
Luego de las investigaciones de la OGII, se ha podido identificar que en Av. Nicolás de Piérola con Av. Abancay (denominada en el plan como “el Quinto Sector”), Luis Castañeda Urbina, de UNISEEP Sur Salvamento, estuvo al mando de 205 efectivos, de los cuales 32 eran escopeteros (de caza y lanzagas). En ese lugar también estuvo el comandante PNP Víctor Oliva Angulo, de la UNISEESP – Centro, al mando de 85 efectivos, de los cuales 11 eran escopeteros, incluido Oliva.
Según el informe, el Quinto Sector fue reforzado posteriormente con 80 policías de la UHPM-POTAO, liderado por el comandante PNP Giuliano Arguedas Pérez. Este grupo, que contaba con 12 escopeteros, había estado inicialmente posicionado en el cruce de Av. Tacna y Av. Emancipación.
Por otro lado, la zona donde Inti recibió el disparo, Av. Nicolás de Piérola con Jr. Lampa, estaba en un inicio al mando del mayor PNP Guido Solís Chorres, que contaba con un grupo de 30 efectivos, entre ellos, dos escopeteros (uno con escopeta de caza y otro con lanzagas). Luego, a eso de las 8:00 p.m., se ordenó el traslado desde Estación Desamparados hasta Estación Colmena de 150 policías de la DIROPESP que estaban al mando del capitán PNP Mario Angelo García. En este grupo había 30 escopeteros (15 de caza, 15 lanzagas). Ellos llegaron a apoyar a Solís Chorres aproximadamente a las 8:50 p.m. y se quedaron en el lugar hasta la 1:00 a.m del día siguiente.
Identificar a los policías integrantes de estos grupos que realizaron los disparos que causaron la muerte de los jóvenes no es competencia del Mininter, refiere el informe, sino de la Fiscalía. Sin embargo, la OGII sí señala a los superiores jerárquicos que dirigieron el operativo policial.
De acuerdo a lo que informó el jefe de la División de Servicios Especiales, coronel PNP, la noche del 14 de noviembre, el Subcomandante general de la PNP, Jorge Lam, y el jefe de la Región Policial Lima, Jorge Cayas, se hicieron presentes en la Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola, antes de que llegaran los manifestantes. Según Villafuerte, Lam y Cayas dieron órdenes y dispusieron incremento de personal policial en la zona, modificando así el plan operativo. Luis Castañeda Urbina también informó sobre estas modificaciones en terreno.
De acuerdo con la información recogida por el informe, Jorge Cayas emitió órdenes directas al personal policial para que haga uso del armamento no letal y asumió el diálogo con los manifestantes, llamándolos a la calma.
El informe concluye que, de acuerdo a la información recabada, “puede afirmarse que el teniente general PNP Jorge Lam y el general PNP Jorge Cayas tuvieron conocimiento directo e inmediato sobre el desarrollo y resultados de las operaciones policiales del 14 de noviembre en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola”.
[Actualización a las 11:10 p.m. del 9 de febrero de 2021]
Sobre el uso de la fuerza y municiones no autorizadas
La Oficina de Integridad es contundente al afirmar que la Policía usó municiones no letales (gases lacrimógenos, perdigones de goma) de manera indiscriminada y desproporcionada contra los manifestantes.
Los planes operativos del 12 y 14 de noviembre establecieron que el uso de material antidisturbios solo podía ser autorizado por el Jefe o Comando Operativo, y únicamente después de haber agotado los medios de persuasión. Por ello, el informe indica que “puede presumirse razonablemente que el uso de armamento no letal contra los manifestantes fue ordenado o, por lo menos, permitido por los oficiales al mando de las operaciones policiales”.
Según los registros de las unidades policiales que participaron en los operativos de los días 12 y 14 de noviembre, se emplearon en total 2,908 municiones no letales y 4,259 bombas lacrimógenas.
El informe considera –como un estimado hipotético– que los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía duraron dos horas. Eso quiere decir que el 12 de noviembre los efectivos policiales habrían realizado 14 disparos de perdigones y 20 disparos de gases lacrimógenos por minuto: un disparo cada 1.7 segundos.
Mientras que el 14 de noviembre, se habrían realizado, en promedio, 10 disparos de perdigones y 15 disparos de gases lacrimógenos por minuto: un disparo cada 2.4 segundos.
La Oficina de Integridad analizó también registros audiovisuales de los días de las marchas (del 9 al 14 de noviembre) y concluyó que estos mostraban “un uso del armamento no letal que no está dirigido a dispersar a la multitud sino a atacar a los manifestantes, e incluso a personas –como el caso de brigadistas de la Cruz Roja y periodistas– que no representaban ningún peligro para la policía o terceros”. El documento también cita la observación que realizó la Defensoría del Pueblo, de que más del 70% de heridos presentaban lesiones en la parte superior del cuerpo (del abdomen hacia arriba). “[Los perdigones de goma y los cartuchos lacrimógenos se usaron de] un modo que representaba un claro peligro potencial contra la integridad de las personas”, concluye el informe.
Sobre el uso de municiones no autorizadas como los perdigones de plomo o las canicas que hirieron o causaron la muerte de manifestantes, la Oficina de Integridad señala que no hay registro de incautación de escopetas o armas hechizas a los manifestantes, ni testimonios, ni fotos y videos que los muestren usándolas. Sin embargo, tampoco encontró perdigones que no sean de goma en los almacenes de las unidades policiales inspeccionadas por la Fiscalía.
“La inexistencia de esta clase de proyectiles no autorizados en los almacenes policiales”, dice el informe, “permite formular la hipótesis de que los cartuchos utilizados no hayan formado parte de la dotación oficial de armamento proporcionado por la Policía, sino que hayan sido posesión individual de los autores de los disparos”.
La información recogida hasta ahora permite sostener que la muerte de dos personas, y las lesiones graves en otras, fueron producidas por perdigones de goma y de vidrio endurecido; y que, “al menos en un caso, el disparo fue realizado por una escopeta del tipo que es usado por la Policía Nacional del Perú”.
Señala, además, que la Fiscalía es la encargada de las responsabilidades penales y debe realizar todas las indagaciones para determinar de dónde vino la munición.
Planes deficientes (o ausencia de ellos)
Luego del análisis de los planes operativos entregados por la Policía para las marchas del 9 al 13 de noviembre, la Oficina de Integridad concluye que “existe una presunción razonable que los días 9, 10, 11 y 13 de noviembre los efectivos actuaron sin un plan u orden de operaciones previamente diseñado”. Mientras que los planes de los días 12 y 14 de noviembre “no establecen con claridad la organización y línea de comando de las unidades policiales involucradas”.
En el caso del plan operativo para los días 9 y 10 de noviembre, recién fue elaborado, tramitado y aprobado recién el 11 de noviembre, de acuerdo con una serie de documentos obtenidos por la Oficina
En cuanto al plan operativo del 12 de noviembre, el informe señala que el coronel PNP Carlos Villafuerte Salas fue designado como jefe Operativo y tuvo a su cargo el Sector B (Congreso y Palacio de Gobierno), pero sin tener un comando Operativo en la estructura organizacional. Tampoco se estableció ante quién tendría que reportar Villafuerte.
Además, el plan no desarrolló el acápite de “Administración”, respecto a la logística. Es decir, la cantidad de efectivos, uniformes, abastecimiento, material antidisturbios, evacuación, etc. “Esta omisión no es menor, por cuanto puede haber tenido como consecuencia que, en la ejecución del plan, la asignación y uso de los medios de policía –entre ellos los cartuchos de lacrimógenos y los cartuchos de perdigones de goma– habrían estado determinados por la discreción de cada grupo o jefe de equipo, lo que habría contribuido a un uso indiscriminado de los mismos, sin obedecer a una acción debidamente planificada y determinada”, señala el informe.
En el plan del 14 tampoco se estableció una línea clara de comando, ni mencionó la cantidad de personal policial, el uniforme a emplearse, los medios logísticos, etc. La Hoja Complementaria N° 1 modificó el plan operativo original tal como detalló IDL-R en una entrega anterior. Dividió al centro histórico en siete sectores, en lugar de dos. Nombró a Carlos Villafuerte como jefe del Operativo y dejó sin mando al coronel Percy Tenorio. Tampoco consignó los jefes de los pelotones ubicados en la Avenida Nicolás de Piérola, entre Tacna y Abancay.
Grabaciones en video del 14 de noviembre muestran, sin embargo, que Tenorio sí estuvo en la zona. Para la Oficina de Integridad, esto indica que Tenorio no tuvo conocimiento o desacató deliberadamente la modificación al plan con el consentimiento de sus superiores; o que la Hoja Complementaria N° 1 fue elaborada después. Ambos hechos representarían faltas graves.
Asimismo, Jorge Cayas no habría cumplido con supervisar el planeamiento, dirección, monitoreo y evaluación del Plan de Operaciones, suscribiéndolo con deficiencias.
Una de las conclusiones del informe es que la improvisación y falta de un adecuado plan operativo “habría tenido necesariamente un impacto negativo en la conducción y ejecución de las acciones para el control del orden público, al no existir una línea de comando clara y formalmente establecida”.
El informe remarca que hubo –como es evidente– incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial y en el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público.
La Oficina de Integridad exhortó a la Fiscalía a investigar y establecer si hubo una “deficiente planificación y ejecución de las operaciones; o, eventualmente, que se hayan emitido órdenes diferentes al disponerse el uso de la fuerza y del armamento no letal”.
Además, recomendó al Ministro del Interior que impulse una iniciativa legislativa para derogar de la Ley N°31012 – Ley de Protección Policial, “por ser contraria a las disposiciones que consagra el ordenamiento jurídico peruano sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
