Tras conocer la apertura de la investigación fiscal al director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha exhortado al Ministerio Público y al Poder Judicial a respetar los estándares constitucionales y del sistema interamericano que protegen la libertad de expresión, dado que la pretensión de levantar el secreto de las comunicaciones del periodista afectará el derecho constitucional de proteger las fuentes de información.
El consejo directivo del IPYS precisa que dicha garantía sobre las fuentes periodísticas solo podría ser afectada “en circunstancias extraordinarias, claramente justificadas para un delito de gravedad”, situación que no corresponde con los hechos que indaga el fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
“Gustavo Gorriti no está imputado de pertenecer a una organización criminal ni de obstrucción de la justicia, sino de apoyar como periodista a dos fiscales por un dicho no corroborado de un testigo-colaborador, y sin que se haya aplicado en este caso el principio de ‘progresividad’ de las investigaciones que utiliza la Fiscalía en otros casos, lo que hubiera permitido, por ejemplo, evaluar con mayor rigor y ponderación los hechos”, plantea el alerta difundido este viernes 29.
El IPYS rechaza la decisión del fiscal Chinchay de ordenar diligencias que ponen en riesgo el secreto de las comunicaciones del periodista porque “se hace suponiendo un delito inexistente”. La entidad subraya que “la información sobre investigaciones y procesos penales que involucran a políticos, exfuncionarios o funcionarios es de especial interés público, por lo que el acceso de la prensa a la misma y su difusión, incluso como consecuencia del eventual quebrantamiento del deber de reserva que corresponde a fiscales y jueces, no pueden ser criminalizados”.
La alerta del IPYS descarta la alegación del fiscal Chinchay de un favorecimiento ilegal mutuo entre Gorriti y funcionarios públicos: un supuesto “apoyo mediático” a cambio de “información reservada”, y además una presunta influencia de IDL-Reporteros en una decisión judicial. “Tampoco es posible plantear como delictivo, como lo hace la decisión fiscal, la suposición de que determinada publicación puede haber influido en el criterio de los jueces”, sostiene el pronunciamiento.
“Cada periodista puede brindar “apoyo mediático” en ejercicio de su libertad de expresión. Una línea editorial puede ser objeto de cuestionamientos, pero no criminalizada bajo la afirmación de que el medio habría recibido información reservada. De lo contrario, muchos otros periodistas podrán ser sometidos rutinariamente a investigaciones penales y merecer el levantamiento del secreto de sus comunicaciones como pretende el fiscal del caso con Gorriti para el período 2016-2021”, advierte el IPYS.
La organización periodística indica que las eventuales excepciones a estos estándares de protección de las fuentes “deben ser rigurosamente analizadas y justificadas, supuesto que no se advierte en esta ocasión”.
Para el IPYS, los periodistas no cuentan con un privilegio para evitar ser investigados “como cualquier ciudadano”, pero considera que “en la medida que se comprometa el ejercicio de la libertad de expresión, las autoridades del sistema de justicia están obligadas a realizar un escrutinio riguroso del respeto a las garantías que protegen este derecho fundamental. El mismo que es un elemento esencial del funcionamiento de la democracia. Deben evitar decisiones que de manera directa o indirecta signifiquen censura o generen efectos de autocensura”.
