El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la Fiscalía que interrogue al director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, con el único propósito de que revele las fuentes de la investigación del caso ‘Cuellos Blancos’ y entregue parte de los audios que este medio publicó en los que el prófugo exjuez supremo César Hinostroza aparece como interlocutor.
Esta decisión judicial, de fecha 25 de octubre pasado, se dio a raíz de una tutela de derechos presentada por Hinostroza al juez Checkley en el proceso de la investigación fiscal en su contra por la presunta relación indebida que mantuvo con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.
De acuerdo con las investigaciones, Edwin Oviedo estableció contacto con Hinostroza a través del empresario Antonio Camayo, con el objetivo de contrarrestar la investigación en su contra conocida como ‘Los Wachiturros de Tumán’ y ser favorecido en una casación de otro caso. Oviedo le ofreció, de acuerdo con testimonios, un pago mensual y entradas para el Mundial de Fútbol en Rusia con viáticos incluidos a cambio de que Hinostroza le informara sobre el proceso judicial y le indicara qué documentos debían ser presentados por su defensa.
En su resolución judicial, Checkley ordenó que el director de IDL-R entregue seis audios de llamadas de Hinostroza que fueron publicados en los artículos ‘Corte y Corrupción’ y ‘Los tratos ocultos de Hinostroza’, de julio y agosto de 2018. ¿La justificación? De acuerdo con la decisión judicial, esto permitirá “acreditar la tesis de defensa” de Hinsotroza de que se rompió la cadena de custodia de los audios interceptados legalmente y cuestionar su autenticidad.
En el análisis del abogado penalista Ronald Gamarra, el juez se equivoca cuando dice, a petición del investigado, que la testimonial de Gorriti “sería pertinente, útil y conducente”. “Lo llaman a declarar sobre hechos en los que como periodista tiene derecho a no hacerlo para guardar la reserva de las fuentes: eso es lo que no ha aquilatado correctamente el juez. Está llamando a un periodista para que declare sobre qué, cómo, cuándo y dónde obtuvo los audios, y es contrario a la actuación reconocida de un periodista y su secreto profesional”, sostuvo Gamarra.
Para Gamarra sería muy preocupante “que este caso pasara”, porque en otras investigaciones fiscales, como las de los muertos y heridos en las protestas de 2022 y 2023, otros investigados podrían cuestionar –como el prófugo Hinostroza– el contenido publicado por la prensa y que la Fiscalía haya usado como elementos de convicción. “Obviamente se abrirían las puertas para cuestionar la labor del periodismo de investigación y eso es preocupante”, expresó.
De acuerdo al abogado de Gorriti, Carlos Rivera, Hinostroza ha actualizado su estrategia de defensa sobre la sustancia de la imputación porque “ha sido derrotado judicialmente en España, ha utilizado tiempo, recurso y dinero a montones, e intenta remover lo que sostiene la imputación retomando el camino de la anulación de los audios”.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló, a través de un comunicado, que la decisión debería ser cuestionada por el Ministerio Público “y revocada en su momento por la Sala Penal de la Corte Suprema”.
Esta no es la primera vez que magistrados hacen pedidos conminatorios y amenazantes a IDL-R para que entregue material periodístico del caso ‘Cuellos Blancos’ y revele la identidad de sus fuentes, violando así la Constitución y los tratados internacionales que protegen la reserva de fuentes periodísticas.
Como se recuerda, el 10 de julio de 2018, apenas tres días después de que IDL-R publicara la primera entrega de la investigación ‘Corte y corrupción’ (que luego pasó a llamarse ‘Cuellos Blancos’), un fiscal llegó a la redacción acompañado con cuatro policías –sin ninguna disposición fiscal u orden judicial– para llevar a cabo una diligencia de “exhibición e incautación” de los audios que IDL-R había publicado.
Al día siguiente, la comisión de Fiscalización del Congreso citó a Gustavo Gorriti para que fuera a revelar sus fuentes. Y un día después, el ahora exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, entonces jefe de Control Interno de la Fiscalía, envió un oficio amenazante al director de IDL-R que decía que si en un plazo de tres días no le entregaba “el íntegro de los audios sin editar” del primer reportaje ‘Corte y corrupción’, denunciaría a la organización por “resistencia a la autoridad”. También preguntó “quién, dónde, cuándo y a través de qué medio” los periodistas de IDL-R recibieron el material.
Días después, IDL-R publicó varios audios que revelaron la participación de Rodríguez en la trama de corrupción del caso ‘Cuellos Blancos’; y tiempo después la Junta Nacional de Justicia lo destituyó porque alertó a la red de funcionarios involucrados en el caso que estaban siendo objeto de interceptaciones legales como parte de la investigación fiscal.
Conflicto de interés de Checkley
El juez Juan Carlos Checkley está bajo investigación del despacho fiscal que hasta el viernes ocupó la fiscal suprema Delia Espinoza, junto con otros cinco magistrados, debido a las supuestas coordinaciones con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, para favorecer el archivo de la investigación fiscal a su hermana Enma Benavides, quien presuntamente recibió sobornos de investigados por narcotráfico a cambio de excarcelarlos cuando ocupó el cargo de jueza en la Sala Penal Nacional.
Según el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, dos consejeros en la sombra de la fiscal (José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca) coordinaron con el magistrado supremo para que programe la audiencia de sobreseimiento del caso de Enma Benavides en la fecha de otro hecho que atrajera la atención nacional, para que pase desapercibida. A cambio, la titular del Ministerio Público habría ofrecido a Checkley el archivo de una investigación por corrupción cuando trabajaba en Piura: la carpeta fiscal correspondía a ‘Los ilegales de Piura’.
En el reportaje ‘Crónica de una escandalosa resolución‘, de febrero de 2023, IDL-R informó que, según un colaborador eficaz, el magistrado presuntamente recibió un soborno a cambio de decisiones judiciales en el periodo en que fue presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de esa región. Ese caso está actualmente en manos del fiscal Alcides Chinchay.
La abogada Cruz Silva, investigadora sobre justicia y magistratura en el Instituto de Defensa Legal (IDL), comentó que debido a esos reportajes, “por decoro Checkley debió haberse inhibido dado que el medio de comunicación ha investigado una conducta suya no ética”.
“No cumple con la apariencia de imparcialidad y al no hacerlo podría estar involucrado en una inconducta funcional que debiera ver la Junta Nacional de Justicia”, apuntó Silva.
De acuerdo a la especialista, la resolución de Checkley contra el director de IDL-R “tiene un efecto de venganza, hostigamiento y represión contra el periodista y el medio que lo investigó, pues lo que decide va en contra de la actividad de investigación periodística y evidencia un profundo desconocimiento de esa labor, se asemeja a la criminalización [del periodismo] que realiza el fiscal supremo Alcides Chinchay”, dijo, en alusión a la investigación hostil que abrió a inicios de este año contra Gorriti.
Coincidentemente, el juez de investigación preparatoria en esta causa contra el director de IDL-R es Checkley.
Resolución judicial 00014–… by IDL_Reporteros
Otros operadores de justicias tras las fuentes de IDL-R
El 11 de octubre de 2023, la Autoridad Nacional de Control Interno, que dirige Juan Antonio Fernández Jerí, envió un oficio a Gustavo Gorriti para preguntar si alguno de los fiscales o personal administrativo del Equipo Especial Lava Jato habían sido fuentes para la informe publicado el 3 de mayo de 2023, ‘Anatomía de una difamación’, que derribó una brutal campaña de desinformación contra el director de este medio y el director del diario La República, Gustavo Mohme.
La operación fue preparada por Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado de los investigados y prófugos del caso Lava Jato, Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona.
En abril de este año, la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, citó a declarar a Romina Mella, jefa de redacción de IDL-R, para que revelara cuáles fueron las fuentes de información del artículo ‘El champagne que no se descorchó’, publicado en 2016, sobre el intercambio de mensajes entre el expresidente de la constructora brasileña OAS, Leo Pinheiro, y la abogada Giselle Zegarra, quien suscribió como representante de la Municipalidad de Lima el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, durante la gestión de Luis Castañeda.La citación a Mella se hizo a pedido de la defensa de Zegarra, “bajo apercibimiento de ser conducida por grado o fuerza” en caso de no asistir.
