La tarde del lunes 4 de diciembre, Jaime Villanueva, hasta hace unos días el asesor principal de Patricia Benavides, confesó que la fiscal Bersabeth Revilla fue removida de su cargo para impedir que acuse a la jueza Enma Benavides –hermana de la suspendida fiscal de la nación–, en la investigación fiscal por presuntamente haber recibido coimas a cambio de liberar a investigados por narcotráfico cuando integró el Colegiado E de la Sala Penal Nacional.
Jaime Villanueva hizo esta confesión en el contexto de su proceso de colaboración eficaz, durante un extenso interrogatorio en la Prefectura de Lima a cargo de la fiscal Mary Luz Cárdenas, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, y del capitán PNP Carlos Martínez, de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Dentro de esta confesión, Villanueva contó que a fines de julio de 2022, días después de que Patricia Benavides asumiera la conducción del Ministerio Público, la fiscal coordinó acciones con él y Miguel Girao Isidro, otro de sus asesores, para la remoción de Revilla, porque “sabía que ella no iba a sobreseer (archivar) el caso” de su hermana.
De acuerdo con Villanueva, Girao propuso elaborar un informe de productividad que concluyera que Revilla había tenido un bajo rendimiento en su producción fiscal y que ese documento sirviera como sustento para sacarla de su puesto. “Girao Isidro, por orden de la fiscal de la nación, coordinó con el gerente de control de la productividad fiscal, Abel Cartolín Príncipe, para que elaboren un informe donde describirían con información errónea que la fiscal Bersabeth Revilla Corrales tuvo baja producción durante su gestión como fiscal suprema provisional”, señaló Villanueva durante el interrogatorio. La manipulación del informe de productividad fue revelado por IDL-R en el reportaje ‘¿Orden y firmeza?’.
Para reducir el impacto de la medida y su repercusión en los medios, dijo el colaborador, se acordó que la resolución de remoción de Revilla fuera publicada el 25 de julio de 2022 en el diario El Peruano, el mismo día que se dio a conocer la entrega del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Ese mismo día, Benavides designó a Azucena Solari Escobedo como fiscal suprema adjunta en reemplazo de Revilla. Pero el cambio no pasó desapercibido.
Luego de varios días de críticas contra la medida, Villanueva declaró que, por orden de la fiscal de la nación, se reunió con Girao y Solari y acordaron elaborar un segundo informe de productividad como respaldo al hecho por Cartolín.
Este segundo informe también habría sido elaborado por Miguel Girao –de acuerdo con Villanueva– y fue enviado formalmente por Solari a Benavides el 4 de agosto de 2022.
Fuentes de IDL-R aseguraron que Solari emitió el informe que descalificaba a la fiscal Revilla, pese a que esta última le hizo llegar unas estadísticas que demostraba su alta producción en los años que ocupó ese despacho.
Tras la emisión del informe, se produjo un enroque de fiscales que culminó con la salida de Solari y el ingreso de Uriel Terán en el despacho que investigaba a Enma Benavides. A los pocos días de iniciar su gestión, el 12 de julio de 2022, Patricia Benavides designó a Terán como titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, pero la designación fue objeto de queja de algunos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Según el reglamento de la institución el titular de dicho despacho debía ser elegido por la JFS y no designado a dedo. La salida de Benavides a este problema fue cambiar a los fiscales de puesto: Terán pasó a ocupar el despacho de Solari en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios y Solari fue a la Fiscalía Suprema de Control Interno.
A decir de Villanueva, la designación de Terán en ese despacho no obedeció a estas razones sino a la “consigna de sobreseer el caso” de la jueza Enma Benavides.
Algunas semanas después, el 26 de agosto de 2022, IDL-R dio a conocer en detalle el informe de productividad manipulado con el que Benavides sustentó la remoción de Revilla y demostró que, contrariamente a lo que se mencionaba en las conclusiones, el rendimiento de Revilla había sido sobresaliente en los tres años en que se mantuvo en el puesto. La publicación fue el punto de partida para una de las varias investigaciones a Benavides en la Junta Nacional de Justicia.
Tras la revelación de IDL-R, a inicios de septiembre, Patricia Benavides le pidió a Miguel Girao que elabore una ayuda memoria sobre el caso de su hermana para que sea entregada al abogado Eduardo Roy Gates, quien había sido contratado para asumir la defensa de Enma Benavides, de acuerdo con Villanueva.
Villanueva aseguró, en el contexto de su colaboración eficaz, que la contratación de Gates fue un acuerdo que la propia Patricia Benavides hizo «con sus asesores en la sombra Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón Dall’orto en las reuniones que tenían en las oficinas de Hauyón”.
Como reveló IDL-R recientemente, Hauyón y el exministro aprista son dos personajes que aparecen vinculados a la suspendida fiscal de la nación. Al primero Benavides lo conoció entre finales de los noventa e inicios de los dos mil, a través de Eduardo Arana, actual ministro de Justicia. Desde entonces, habrían forjado una amistad que con los años se hizo más cercana. Hauyón, según fuentes de IDL-R, fue quien presentó a Garrido Lecca y Benavides cuando el primero se desempeñó como ministro del segundo gobierno de Alan García.
Ambos personajes, según la versión de Villanueva, sirvieron de nexo entre la fiscal y el abogado Roy Gates.
El 2 de septiembre de 2022, Gates dio entrevistas al programa “Ampliación de noticias”, de RPP, y “Octavo mandamiento”, de Canal N. En ambas se presentó como abogado de los tres magistrados del Colegiado E. En la última audiencia del caso, Gates se presentó únicamente como abogado defensor de Enma Benavides junto a Bryan Kabsther Berríos, quien forma parte del estudio Hauyón & Hauyón, de José Luis Hauyón Dall’orto.
IDL-R buscó obtener los descargos de Gates, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta de su parte.
Posteriormente, según Villanueva, Benavides coordinó con el fiscal Uriel Terán para que el pedido de sobreseimiento de la investigación contra su hermana Enma fuera presentado en febrero de este año, en medio de la agitación social provocada por la juramentación de Dina Boluarte como presidenta en reemplazo de Pedro Castillo. El requerimiento fue presentado formalmente el 2 de febrero, el mismo día que se discutía en el Congreso un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales enviado por el Ejecutivo ante la crisis que se vivía.
Las maniobras de Benavides para librar a su hermana de la investigación no se limitaron al ámbito de la Fiscalía, según Villanueva. “La fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas, por intermedio de sus asesores en la sombra Hernán Garrido Lecca Montañez y el abogado José Luis Hauyón Dall’orto, habría coordinado con el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, que está abocado a la investigación de su hermana Enma Benavides Vargas, para que la audiencia de control de sobreseimiento de su hermana se realice cuando haya una noticia de connotación nacional para que, cuando el juez instale la audiencia, la noticia no tenga repercusión”.
El exasesor de Benavides indicó que Checkley aceptaría sobreseer la investigación contra Enma Benavides a cambio de que Terán archive una investigación en su contra por su presunta participación en un presunto cobro de sobornos cuando se desempeñó como presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura. Este caso fue revelado por IDL-R en el reportaje ‘Crónica de una escandalosa absolución’
IDL-R intentó comunicarse con el juez Checkley, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, fuentes allegadas al caso indicaron que la demora en la programación de la audiencia de archivamiento del caso de Enma Benavides se debió a que dos de los imputados se encontraban en el extranjero. Uno de ellos es el narcotraficante Roberto Gómez Herrera “Huevo”, quien se encuentra recluido en una cárcel en Brasil.
Las mismas fuentes señalaron que el fiscal Terán concluyó la investigación a Checkley hace algunos meses, pero que hasta el momento no ha tomado la decisión de archivarla o formular acusación.
Villanueva también refirió que en agosto de este año la fiscal Benavides convocó a sus asesores a una reunión para discutir posibles escenarios ante la “potencial” decisión de Checkley de archivar el caso. Lo más probable, les habría dicho, era que la Procuraduría apele la decisión y el caso llegue a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín.
En esa reunión, Benavides dijo que como sabía que “no podría negociar” con San Martín, “había concertado con un fiscal adjunto supremo de su confianza” para que busque algo en contra del juez supremo. “Luego de unos días”, relató Villanueva, “encontraron una comunicación del juez superior Daniel Peirano Sánchez en el caso “Cuellos Blancos”, donde daba cuenta de una llamada que tuvo con el juez supremo César San Martín donde él le pide un favor”.
Villanueva se refería a una declaración del 18 de marzo de 2021 de Daniel Peirano, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, investigado por el caso “Cuellos Blancos”. En aquella ocasión, Peirano refirió que a mediados de 2011 recibió una llamada del juez San Martín, entonces presidente de la Corte Suprema. Según Peirano, San Martín le manifestó “su malestar por un reclamo de la familia Mujica Gallo”, propietaria del Fundo Oquendo, por una orden de desalojo dispuesta por la jueza de paz del Callao Julia Vivero.
Días después de aquella llamada, Peirano reemplazó a la jueza Vivero por Kelly Ocampo Preciado.
Esta información, según Villanueva, fue usada en agosto de este año “como pretexto para poder tomarle una ampliación de declaración a Peirano, para que “precise” la participación del juez supremo César San Martín”.
La declaración de Peirano de marzo de 2021 fue publicada el 18 de agosto de 2023 en el semanario Hildebrandt en sus trece y reproducida al día siguiente por el diario Expreso, fechas que coinciden con la declaración de Villanueva acerca de San Martín y su potencial actuación en el caso Enma Benavides.
Tras ello, según información brindada por Villanueva, el 25 de agosto “se dictó disposición de investigación previa contra César San Martín, a fin de verificar el contenido criminal de esa comunicación, citando a Daniel Peirano Sanchez para que le tomen su declaración que debía producirse en la primera semana de septiembre, pero como la intención de la Fiscal de la Nación es la de tener condicionado al juez supremo César San Martín, está esperando que coincida con el inicio de la audiencia de control de sobreseimiento”.
En comunicación con IDL-R, el exjuez Peirano admitió haber sido citado entre agosto y septiembre de este año para que amplíe su declaración sobre este caso, aunque no fue capaz de recordar qué fiscal cursó el oficio.
“La declaración se iba a realizar por el aplicativo Zoom, pero ese día hubo problemas técnicos y no se pudo llevar a cabo. Después ya no recibí ninguna citación, no hubo reprogramación”, indicó Peirano.
Un dato relevante es que en 2022 la jueza Enma Benavides presentó un recurso ante el Poder Judicial para no ser investigada por organización criminal. La magistrada sostenía que dicha tipificación no se ajustaba a su caso, pues los hechos imputados eran anteriores a la promulgación del decreto legislativo 1244, en 2016, por el cual se introdujo el delito de organización criminal. El recurso fue rechazado en primera instancia y subió en apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín.
San Martín y los integrantes de la sala debían resolver la apelación, pero el 27 de febrero de este año Enma Benavides desistió de este recurso. La solicitud de desistimiento llegó, casualmente, dos semanas después de que el fiscal Terán solicitara archivar su caso por cohecho y asociación ilícita.
Audiencia de archivamiento
El pasado 11 de diciembre, se produjo la audiencia de archivamiento del caso de Enma Benavides solicitada por el fiscal Uriel Terán a inicios de febrero de este año. Como IDL-R informó entonces, el argumento central de este pedido se basa en que no existirían elementos suficientes para incriminar a la jueza Benavides y a sus excolegas del Colegiado E de la Sala Penal Nacional como receptores de los sobornos confesados por dos colaboradores eficaces.
El pedido se hizo a pesar de que existían actos de investigación pendientes como la solicitud de declaración al narcotraficante Roberto Gómez Herrera “Huevo” –liberado en 2014 por el Colegiado E a cambio de un presunto pago de 150 mil dólares–, tramitada a través de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público.
Terán debía sustentar su pedido ante el juez Checkley, pero a última hora delegó esta función a su adjunto, el fiscal Alcides Chinchay.
En la audiencia, Chinchay se limitó a leer los argumentos de Terán, aunque sugirió que esta debía ser suspendida porque varios investigados no habrían sido correctamente notificados y remarcó que el juez tenía la facultad de ordenar que la investigación prosiga.
Por su parte, el representante de la procuraduría anticorrupción se opuso al pedido de archivo y solicitó actos de investigación suplementarios, como el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los jueces investigados, así como una pericia contable financiera para determinar si en esos años existió un incremento patrimonial no justificado.
Al cierre de la audiencia, la defensa de Enma Benavides, a cargo de los abogados Roy Gates y Bryan Kabsther, subrayó que en cinco años de investigación la Fiscalía no habría podido acreditar delito alguno contra su defendida y por lo tanto se mostró conforme con cerrar definitivamente el caso.
El juez Checkley informó que en los próximos días notificaría a las partes su decisión.
