El hecho que reportamos ahora se da en medio de la ofensiva impulsada (con la hipocresía de rigor) por la fiscal de la nación Patricia Benavides para destruir los equipos especiales que investigan los casos de corrupción y crimen organizado más importantes de nuestra historia reciente, ‘Cuellos Blancos y ‘Lava Jato’.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), controlada por Juan Antonio Fernández Jerí, nominalmente autónoma, ha demandado a IDL-R que vulnere la reserva de sus fuentes, lo que constituye un pedido ilegal e inconstitucional.
La posición de la ANC –que reemplazó en sus funciones a la Fiscalía Suprema de Control Interno– es muy similar a la que en julio de 2018 realizó el entonces fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, precisamente como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno a IDL-R para que quebrara la reserva de fuentes y revelara, bajo amenaza, cómo obtuvo los audios –en los que él aparecía como uno de sus protagonistas–, pocos días después de las primeras publicaciones del caso ‘Cuellos Blancos’.
En ese momento, Rodríguez Monteza como miembro activo de la red de corrupción intentó presionar a IDL-R como lo hace ahora la ANC, controlada por Fernández Jerí.
Rodríguez Monteza, como se recuerda, fue destituido por la JNJ en 2021 por estar involucrado en la trama de corrupción del caso ‘Cuellos Blancos’, que expuso la mayor crisis del sistema de justicia desde el retorno de la democracia.
Aquí el oficio de la ANC y la respuesta de IDL-R:
Oficio 337-2023 Autoridad N… by IDL_Reporteros
El requerimiento fue realizado mediante un oficio, fechado a inicios de octubre y recibido por IDL-R el último miércoles 11, dirigido a Gustavo Gorriti, director de esta publicación.
El documento fue remitido por la fiscal adjunta superior titular Silvana Rejas Cevasco, quien está a cargo de la Comisión de Investigación Preliminar de Quejas de la Oficina Desconcentrada de Control de Lima Centro, que depende de la ANC.
El oficio de Rejas tiene que ver con una “indagación preliminar” de la ANC contra el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, y otros dos fiscales de su despacho, Walter Villanueva y Eddie Velásquez.
Rejas solicitó a IDL-R “informar a este órgano de control si algún personal fiscal y/o administrativo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial-Primer Despacho proporcionó videos y/o información de la declaración del ciudadano Jorge Enrique Simoes Barata y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes que sirvieron para las publicaciones de sus notas periodísticas del día 3 de mayo de 2023”.
La publicación de IDL-R a la que se refiere la fiscal Rejas en su oficio es ‘Anatomía de una difamación’, un informe que desactivó una campaña de desinformación mediática en la que se pretendía vincular a Barata con Gustavo Gorriti y también con el director de La República, Gustavo Mohme.
Esta campaña empezó con la publicación de un video manipulado de un interrogatorio a Jorge Barata por el caso de los prófugos Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, investigados por lavado de dinero por el Equipo Especial Lava Jato. El video fue difundido a través del medio digital CTV Perú, comentado con el abogado de los fugitivos Luis Alberto Pacheco Mandujano, quien estuvo en el interrogatorio, y luego fue rebotado por el diario Expreso en su edición digital con el título: ‘Jorge Barata habría comprometido a Gorriti y a Mohme en corrupción de Odebrecht’. El programa Beto a Saber, de Willax TV, también difundió el video difamador.
IDL-R publicó la versión completa de esa parte del video del interrogatorio, que desbarató de inmediato la campaña.
El informe periodístico sobre la maniobra y sus implicados generó una reacción violenta del grupo de agitadores extremistas dirigido por Juan José Muñico, alias ‘Maelo’. En uno de los actos más agresivos que ha perpetrado hasta ahora, más de 50 personas de esa agrupación llegaron al local que comparten IDL-R y el Instituto de Defensa Legal (IDL) para reventar bombardas, lanzar bengalas, y arrojar bolsas de basura al patio de ingreso y estacionamiento del local, mientras gritaban insultos y amenazas.
Es importante mencionar que Pacheco Mandujano es un abogado de pasado aprista que actualmente está inscrito como militante de Renovación Popular, el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien a su vez es investigado por lavado de activos en una de las fiscalías que coordina el fiscal Rafael Vela.
Los vínculos del partido de López Aliaga con ‘La Pestilencia’ han sido ampliamente documentados por IDL-R.
En los días que siguieron, los abogados de los fugitivos Monteverde y Carmona, Pacheco Mandujano y Luis Francia, dieron declaraciones en Willax TV y en Expreso en las que acusaron a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato de supuestamente haber filtrado el video del interrogatorio a IDL-R.
Un periodista vinculado a ‘La Pestilencia’ publicó en el diario Expreso declaraciones de Francia en las que dijo que “los dirigidos por el fiscal Rafael Vela sí entregaron a Gustavo Gorriti el material audiovisual del interrogatorio a Barata, cuando él (Gorriti) no es parte de la investigación”. Pacheco Mandujano, a su turno, uno de los principales promotores de la desinformación, anunció que presentaría una denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez.
Es a raíz de la queja del abogado de los fugitivos que la ANC inició una indagación preliminar contra los fiscales José Domingo Pérez, Walter Villanueva y Eddie Velásquez, “con el objeto de comprobar la existencia de presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de la función fiscal”.
La ANC, por supuesto, no mencionó hasta que punto esa indagación reforzaba la campaña de desinformación perpetrada por los descritos líneas arriba.
Esta indagación contra José Domingo Pérez es parte de una campaña desde dentro de la propia Fiscalía contra los integrantes del Equipo Especial Lava Jato, destinadas a destruir el equipo de investigación y en consecuencia el caso.
Uno de esos actos de la ANC encabezada por el notorio Fernández Jerí es justamente la suspensión por 8 meses y 15 días a Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, por unas declaraciones hechas hace tres años en las que cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a Keiko Fujimori. La resolución de suspender a Vela fue firmada por un fiscal superior provisional (Carlos Muñoz León) que había asumido apenas un día antes su puesto en esa oficina, nombrado por la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
Ahora la fiscal Silvana Rejas demanda que IDL-R revele si el fiscal José Domingo Pérez, alguno de sus adjuntos o personal administrativo de su despacho fueron las fuentes de las investigaciones periodísticas publicadas en este medio sobre el caso.
El pedido es ilegal y pretende violar la Constitución y convenciones internacionales, que el Estado –del que la fiscal Rejas es parte, al ser funcionaria del Ministerio Público– está obligado a proteger y defender.
IDL-R responde a Rejas de la misma forma en que lo hizo en su momento con el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, destituido tiempo después por estar involucrado en la trama de corrupción del caso ‘Cuellos Blancos’: bajo ninguna circunstancia quebraremos la reserva de nuestras fuentes.
IDL-R no comenta cómo, de qué manera o a través de quiénes obtiene información como parte del proceso de reportería para las investigaciones que desarrolla. Es un principio inquebrantable. Defenderemos la libertad de prensa y el periodismo de investigación independiente en todas las instancias y fueros nacionales e internacionales.
