Esta semana, la comisión encargada de las sumarísimas formalidades previas al linchamiento de la Junta Nacional de Justicia, publicó nada menos que un “Plan de Trabajo”. El siguiente:
Luego de eso ocurrieron las anormalidades y disfuncionalidades propias de una situación en la que la lumpen política marca la agenda. Hubo otras invitaciones, reprogramaciones y cancelaciones. Todo eso en el lapso de pocas horas.
Antes de eso ocurrió algún debate, en el que quedó patente que buena parte de los miembros de la comisión ni habían participado en elaborar ni entendían las supuestas razones del esquema del “plan de trabajo” hecho público. La congresista Ruth Luque, por ejemplo, preguntó porqué se había invitado a unos y no a otros, como la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
Yo soy, como puede verse, uno de los “invitados”. Se me convoca como “representante de IDL”, que no soy. Soy director de IDL-Reporteros, publicación autónoma de periodismo de investigación; y quien representa al IDL es el director de la institución, Glatzer Tuesta. Pero, como sabemos, la ignorancia es atrevida.
¿Para qué me “invitaron”? ¿Para intentar tratarme como a ministro interpelado y jamonearse con altisonancias? Otros intentaron hacerlo en el pasado y no les fue bien. De hecho, esta hubiera sido una buena ocasión para poner a más de uno (o una) en contacto directo y público con sus fechorías.
Pero la sola asistencia a ese evento implica, por más que se lo denuncie, reconocerle alguna legitimidad. Y eso no sucederá.
No concurriré porque esa farsa, esa charada de “proceso” a lo Barrio King no merece otra cosa que rotundo desprecio y total oposición. La banda que maneja el Congreso y somete al Ejecutivo ha cruzado una línea detrás de la cual le será difícil recular. El atropello matonesco, el lenguaje de tinterillos prepotentes con el que gente que no tiene trayectoria sino prontuario intenta tomar el control virtualmente total del Estado, está a punto de tropezar con su realidad.
La realidad es que esa mafia es apenas una costra en la sociedad peruana. Más del 90% de los peruanos detesta y desprecia a quienes controlan hoy el Congreso. Una cantidad algo menor rechaza también al Ejecutivo avasallado por esa mafia.
Cuando, al fin, una masa crítica de la población se percata de que esa mafia busca ahora destruir los últimos vestigios de equilibrio de poderes que quedan en el Perú, con campañas de desinformación tan groseras y acusaciones tan desaforadas que ya ni siquiera califican como insulto a la inteligencia, entonces es cuando una línea sin retorno se ha cruzado. Y el único camino es el de la protesta ciudadana y el repudio internacional.
No se le debe dar legitimidad alguna a esta maniobra de la mafia. La movilización social, las investigaciones rápidas y sucesivas de quién es qué en esas bandas, deben llegar al país entero y fuera de él. Enfrentamos a un proyecto de dictadura malamente enmascarada, que intenta convertir a este país en una versión recargada de lo que fue Guatemala antes de la victoria sorprendente de Bernardo Arévalo. Todavía no tenemos los Arévalo, pero sí las inmensas mayorías que, una vez despiertas, saben cómo defender y reconquistar una democracia.
