“[Desarrollamos el Metro de Lima] en consorcio con Graña y Montero, que no conocía del asunto [pago de coimas, NdR]. Nosotros hicimos los pagos”, indicó Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a los fiscales brasileños que lo interrogaron el 15 de diciembre pasado sobre las coimas que la constructora brasileña negoció y pagó para adjudicarse los contratos para la construcción de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García.
Como se ve, Barata aseguró que Odebrecht negoció y sobornó sola. Que pagó 8 millones 100 mil dólares en coimas al entonces viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y a los integrantes del comité técnico que manejaron el proceso de licitación en el ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que fue un millón 400 mil dólares en sobornos por el Tramo 1; y 6 millones 700 mil dólares por el Tramo 2. (Ver: ‘Cómo Odebrecht pactó las coimas del Metro de Lima’)
Jorge Barata hizo esta confesión como parte del acuerdo de delación premiada (o colaboración eficaz) que firmó con la Fiscalía brasileña el año pasado junto con otros 77 ejecutivos de Odebrecht que también lo suscribieron. El acuerdo obliga a Barata a responder con la verdad a todas las preguntas hechas por los fiscales brasileños con respecto a los delitos cometidos por él en los países donde estuvo destacado. Mentir u omitir conscientemente hechos importantes puede invalidar el acuerdo. Lo que en términos prácticos puede llevar a la pérdida de la reducción de pena y eventualmente a cumplir la condena en prisión.
Poco tiempo después de la declaración a los fiscales brasileños, Jorge Barata dio otra muy distinta a los fiscales peruanos. En esa ocasión, según fuentes de la fiscalía anticorrupción y documentos que obtuvo IDL-R, el exejecutivo indicó que la constructora brasileña compartió el pago de coimas con sus socios locales.
¿Cómo se hizo? Según Barata, Odebrecht pagaba los sobornos (por lo general a través del Sector de Operaciones Estructuradas), y luego cobraba la cuota de sus socios en el reparto de utilidades.
Este testimonio forma parte de la carpeta de colaboración eficaz de Barata que está en el despacho del fiscal anticorrupción, Hamilton Castro.
Como respaldo a la versión de Barata, Odebrecht entregó a la fiscalía anticorrupción información que documentaba cómo esta se dividió el pago de los sobornos con sus socios en varios proyectos. Ahí figuran actas del Consorcio Tren Eléctrico que demuestran, según Odebrecht, que la constructora Graña y Montero cedió gran parte de sus utilidades a Odebrecht para compensar las coimas pagadas por el Metro de Lima.
Esto ya fue descrito en un artículo de IDL-Reporteros (‘Obtención de resultados’), el 7 de julio pasado. Se publicó entonces el “Acta de Distribución de Resultados del Consorcio Tren Eléctrico” del 29 de febrero de 2012, donde se formaliza la distribución de utilidades a fines de diciembre de 2011. Ahí se indica que los beneficios fueron de 128 millones 317 mil 540 soles. Luego viene la cobranza.
“Adicionalmente las Partes reconocen [que la] Constructora Norberto Odebrecht ha asumido riesgos adicionales a los que le correspondían por su participación en el Consorcio…” y añade, “… considerando que el papel de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú ha sido determinante en la obtención de los resultados del Consorcio, asumiendo inclusive riesgos adicionales, corresponde que reciba un mayor porcentaje al de su participación de los resultados del Consorcio al 31 de diciembre de 2011”, indica el acta publicada por IDL-R.
Quienes suscribieron el documento del lado de Odebrecht son Raymundo Trindade Serra (exapoderado y gerente general) y Carlos Nostre (exdirector de contratos); y desde la constructora peruana son Juan Manuel Lambarri (gerente corporativo de Ingeniería y Construcción) y Hernando Graña Acuña (exdirector).
En otro documento titulado “Acuerdo de Distribución de Resultados y Liquidación del Consorcio Tren Eléctrico”, del 4 de mayo de 2015, se indica que la utilidad por repartir es de 39 millones 18 mil 326 soles. Y otra vez, “las Partes” reconocen los “riesgos adicionales” que había asumido Odebrecht; y teniendo en mente que “el papel de CNO [Odebrecht] ha sido determinante en la obtención de los resultados del Consorcio, acordaron que reciba “un mayor porcentaje al de su participación de los resultados”. Y así, a Odebrecht le tocó algo más de 35 millones de soles, mientras que Graña y Montero aceptó recibir un poco más de 3 millones 900 mil soles”.
Toda esta documentación está dentro de la carpeta de colaboración eficaz de Barata y ahora está siendo verificada por peritos contables, según indicaron fuentes de la Fiscalía a IDL-Reporteros.
¿Por qué Barata negó la participación de Graña y Montero primero, y luego entregó información incriminatoria sobre su supuesta participación en la división de las coimas?
IDL-Reporteros buscó de tener una respuesta de Jorge Barata, a través de la gerencia de comunicaciones de Odebrecht. Lo que llegó fue una carta – sin firma – de Carlos Kauffmann, abogado del exejecutivo, que tiene fecha del 19 de setiembre pasado.
Kauffmann indicó que es oportuno “esclarecer que él [Barata] es colaborador eficaz en Brasil y, en esta condición, entregó todas las informaciones solicitadas por los procuradores de la República en declaraciones cuyo secreto es resguardado por determinación del Supremo Tribunal Federal”.
“De esa misma forma”, añadió Kauffmann, “entregó informaciones a las autoridades peruanas, cuyo tenor está en perfecta consonancia con aquello que fue informado en Brasil, sin cualquier tipo de contradicción bajo la perspectiva de un conjunto integral de declaraciones prestadas. Jorge Henrique Simoes Barata reitera su intención de celebrar un acuerdo de colaboración con las autoridades peruanas y, de esta forma, contribuir con las investigaciones”.
Pero como se ha visto, sí hubo por lo menos una importante contradicción.
Ambas constructoras tuvieron una relación empresarial de larga data. En los últimos tres mandatos presidenciales (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala) fueron socias en siete consorcios para ejecutar obras públicas. Entre ellas la tercera etapa del proyecto Chavimochic, la carretera Interoceánica Norte, los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, y el Gasoducto del Sur. Los dos últimos proyectos están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción.
En el testimonio que dio en marzo pasado en la comisión parlamentaria sobre el caso Lava Jato, José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero, negó que su compañía haya participado en el pago de coimas. “Ni nuestra empresa, ni nuestros ejecutivos, conocieron, gestionaron o realizaron pago alguno, o realizado algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha manifestado el exrepresentante de Odebrecht en el Perú sobre el supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero no es verdad (…) ellos actuaron solos”, aseguró Graña. En una reciente presentación a la Comisión, el empresario se reafirmó en sus anteriores declaraciones.
Delación en riesgo
IDL-R conversó con el procurador brasileño Vladimir Aras, el 14 de setiembre pasado, cuando aún ocupaba el cargo de jefe del área de Cooperación Internacional de la Fiscalía brasileña, en Brasilia.
Aras indicó que “la Fiscalía de Brasil puede buscar la invalidación del acuerdo si [Barata] no coopera completamente con la verdad. Él tiene el deber de decir toda la verdad. No están permitidas mentiras”.
–¿Barata tendría que contar todo lo que sabe solo en Brasil?– preguntó IDL-Reporteros.
– No. En Perú también. Pero no está obligado a hacerlo sin cumplimiento del acuerdo. [En ese caso] Tiene derecho al silencio. Solo tiene el deber de colaborar en el marco del acuerdo. (…) Una persona puede mantenerse en silencio si hay una acusación en su contra. Por otro lado, si firma un acuerdo y obtiene beneficios, tendrá ese deber de contar todo. Mientras el acuerdo siga siendo cumplido, debe colaborar. Sí no hay un acuerdo, entonces no se puede exigir que hable – dijo Vladimir Aras.
Como es conocido, Jorge Barata tiene una investigación abierta en la fiscalía de lavado de activos por haber recibido dinero en sus cuentas personales de una offshore empleada por Odebrecht para lavar dinero y pagar sobornos. La investigación, a cargo del fiscal Germán Juárez, fue iniciada a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) después que la fiscalía anticorrupción llegara a un acuerdo de colaboración con Barata. El ser colaborador en una fiscalía (con la inmunidad penal que eso implica) y ser investigado por otra, motivó que en junio pasado, la Fiscalía brasileña le diera la razón a la defensa de Jorge Barata, que pidió cancelar una audiencia en Río, que lo convocaba como testigo a solicitud de la Fiscalía peruana.
– Barata puede elegir guardar silencio en el Perú por el proceso que tiene de lavado de activos, pero no en Brasil. ¿Es correcto?– preguntó IDL-Reporteros a Vladimir Aras.
– Correcto.
– Si eventualmente es llamado en Brasil, caso en el que está obligado a decir la verdad, ¿solo se podrá compartir la información con los fiscales peruanos si estos resuelven la situación con Barata?
– Es verdad – dijo Vladimir Aras.
Fuentes de IDL-Reporteros indicaron que los abogados de Jorge Barata están en negociaciones con los fiscales de lavado de activos para que este pueda convertirse en testigo en todos los casos vinculados con la compañía. Con respecto al proceso en su contra por lavado de activos, Barata solicitó el levantamiento parcial del congelamiento de sus cuentas bancarias en aquellos casos en los que, según Barata, la procedencia del dinero era lícita. La Fiscalía de lavado de activos se allanó a la parte que fue sustentada como recursos supuestamente de procedencia lícita; sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera se opuso y el juez de la causa, Richard Concepción Carhuancho, falló en contra del pedido de Barata. Esto ha sido apelado por el exejecutivo y el caso está por verse en una sala superior.
Mientras tanto, las contradicciones en el testimonio de Barata siguen sin explicación.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por IDL-Reporteros y los periodistas Hugo Alconada (La Nación/Argentina); Guilherme Amado (O Globo/Brasil); Rolando Rodríguez (La Prensa/Panamá); Joseph Poliszuk (Armando.Info/Venezuela); Fabián Werner y Darío Klein (Sudestada/Uruguay); e Ignacio Rodríguez Reyna, Alejandra Xanic y Marcela Turati (Quinto Elemento Lab/México).
