Actualización al 12 de abril de 2017
La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio informó hoy que la investigación por lavado de dinero a Jorge Barata se debe a «la detección de dos cuentas en un banco peruano con un monto aproximado de 13 millones de dólares correspondientes a fondos mutuos, aportes voluntarios previsionales y otras transferencias internacionales, generados entre los años 2006 a 2016». Hace 4 días, IDL-Reporteros publicó en primicia la siguiente nota sobre el caso.
Hace unas semanas, Luis Bramont Arias, el abogado defensor del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata (y de la empresa al mismo tiempo), alegó ante el juez que sigue el caso que la responsabilidad de Barata en el delito de tráfico de influencia había prescrito y debía archivarse. Barata – que juega el papel doble de perpetrador y delator en el caso– había sido incluido en la investigación fiscal contra el ex Presidente Alejandro Toledo por haber favorecido – según la acusación– a Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de una coima de 20 millones de dólares.
El pedido de “excepción de prescripción” será visto en una audiencia la próxima semana. Pero hay otro caso en el que Barata no podrá pedir prescripción. Se trata de una nueva investigación por lavado de activos que está, en esta ocasión, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche.
En julio de 2008, mientras Jorge Barata ocupaba el cargo de superintendente de Odebrecht en el país, este recibió en su cuenta bancaria la suma de 56 mil dólares de una de las offshore que la constructora brasileña utilizó para lavar dinero y canalizar el pago de sobornos.
Se trata de Klienfeld Services, una sociedad de gaveta basada en Antigua que Odebrecht empleó en la segunda fase de lavado de dinero para sobornar ocultamente a tres altos ejecutivos de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque. En 2009, Klienfeld Services les depositó coimas en sus cuentas offshore por cerca de tres millones de dólares.
Su papel como compañía lavadora de dinero fue probado por el equipo de Fuerza de Tarea del caso Lava Jato en 2015, cuando este logró determinar – gracias también a la cooperación suiza– el esquema de lavado de dinero que utilizó Odebrecht, a través de sociedades offshore, para ocultar el rastro de las coimas. (Ver: Cómo Odebrecht lavó sobornos).
Klienfeld Services también fue utilizada por Odebrecht para lavar dinero a través del sistema financiero peruano. En abril de 2016 IDL-Reporteros reveló cómo la constructora movió dinero desde sus distintas razones sociales, consorcios y offshores – entre las cuales Klienfeld Services– hacia y desde el Perú; a través de un ramillete de compañías controladas por los peruanos María Isabel Carmona Bernasconi y Gonzalo Monteverde Bussalleu. Ambos son investigados ahora por la Fiscalía.
En abril de 2007, Klienfeld Services giró más de 110 mil dólares a Constructora Área, una de las compañías controladas por Carmona y Monteverde desde donde se hicieron transferencias en la típica forma que indica lavado de dinero. Ese año, coincidentemente, es cuando se iniciaron las obras de construcción de la carretera Interoceánica Norte, cuyo costo final fue de un 98% más del precio contratado. (Ver: ‘Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú’ y ‘La ruta dominicana’).
IDL-Reporteros averiguó que las cuentas de Jorge Barata están congeladas.
Esta publicación preguntó a los portavoces de la compañía en el Perú si no había un conflicto de intereses en el hecho de que un mismo abogado represente simultáneamente a una compañía en declarado proceso de reforma ética y al confeso delincuente que la dirigió durante años de crímenes corporativos. La respuesta de un funcionario del área de comunicaciones de Odebrecht fue que, según su área legal, “por lo contrario, Jorge [Barata] colabora brindando información acerca de los hechos y la empresa con la documentación para corroborar”.
IDL-R preguntó también si Odebrecht pagaba al abogado por ambas representaciones, la de Barata y la de la compañía. El funcionario del área de comunicaciones respondió: “La empresa no puede informar. Es una información privada que hace parte de una relación entre un proveedor y una empresa y también personal en el caso de Jorge Barata y su abogado”.
¿Un asunto entre privados? ¿En el caso Lava Jato?
