La suspensión por ocho meses y 15 días al fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, ahonda el deterioro de la autonomía del Ministerio Público por cuenta de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. “El descabezamiento del Equipo Especial es una noticia triste para la justicia y la verdad: no encuentro razón alguna que pueda justificar válidamente la sanción disciplinaria”, califica el exfiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui, quien participó en la acusación y condena al autócrata Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, entre otros casos emblemáticos, y luego trabajó en la fiscalía suprema equivalente a la actual Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP).
Vela es también coordinador de las fiscalías de lavado de activos que investigan a la presidenta Dina Boluarte; el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; el dueño de Willax Televisión, Erasmo Wong; y el exsecretario general de Fuerza Popular y alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, entre otros. Para Guillén, la decisión de que ese núcleo anticorrupción “no va más” procede de la coalición autoritaria gobernante, a la cual Benavides le es funcional.
La entrevista se realizó un par de horas antes de que fuera pública la sanción a Vela y, al conocerla, el exfiscal supremo añadió un alerta. “Ocurre en un momento crucial en la tramitación de los procesos donde se encuentran investigados no pocos políticos y empresarios, y por eso puede traer como consecuencia la impunidad”, advirtió.
¿Tardó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en responder el pedido del fiscal superior Rafael Vela de que asuma las investigaciones en su contra en vez de que continúen en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que dirige Antonio Fernández Jerí?
Podemos tener discrepancia de si corresponde o no, pero la Junta debería dar una respuesta más ágil para que eso no se siga discutiendo y se haga ver como una actuación pendiente a la solicitud del doctor Vela.
La suspensión no solo implica el que se quede sin remuneración ni protección policial, sino que están en desarrollo juicios a expresidentes y a empresarios, y está por iniciar el juzgamiento a Keiko Fujimori por lavado de activos.
En un balance riguroso, la labor que ha tenido el Equipo Especial Lava Jato es positiva. Ya han culminado importantes investigaciones, varios procesos están en control de acusación –que es una etapa intermedia– y otros en juicio oral, como los casos de Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Se viene el de Susana Villarán, y el caso de la señora Keiko Fujimori que está pendiente de señalamiento por parte del Poder Judicial. Acá hay un problema cuya dimensión el Poder Judicial parece no percibir. El caso Lava Jato es el más importante de los últimos 20 o 30 años, es un proceso de gran trascendencia para el país donde está involucrada la clase política…
Y empresarial.
Y empresarial. Entonces, ¿por qué no designar salas y jueces ad hoc a dedicación exclusiva para que descongestionen esa enorme carga procesal, ese cuello de botella formado al momento de culminar las investigaciones? Ahí comienza el grave problema para la Fiscalía: realiza sus investigaciones, trata de avanzar a pesar de la labor de los abogados para dilatar, llegan a la etapa intermedia y no hay fecha para un señalamiento de audiencia. El Poder Judicial se ha puesto una venda en los ojos y no quiere ver este problema: recursos económicos no van a faltar para que cree salas y jueces titulares empiecen los juzgamientos que están pendientes.
En cuanto a la suspensión arbitraria…
Más que una decisión a nivel de la ANC-MP pareciera una decisión política de niveles que han decidido que este grupo de trabajo especial del caso Lava Jato ya no va más, y han encontrado una forma para que eso se implemente y ejecute. En la larga lista de involucrados en procesos por el Equipo Especial está prácticamente toda la clase política -con algunas excepciones- y grupos empresariales muy poderosos que tienen interés en que eso se desarticule luego de cinco años de investigación. Ello implicaría que estos casos inevitablemente concluyan en un archivo. Así va a ser.
¿Por qué?
En el nuevo modelo procesal si el fiscal no logra demostrar razonablemente la culpabilidad de los acusados, el Poder Judicial no tiene otra salida que absolver. Se está buscando impedir que los procesos continúen y que quienes han realizado una investigación exitosa puedan tener la siguiente etapa: el juzgamiento.
Eso ya ha pasado con la absolución de los Sánchez Paredes. A pocos días de asumir el cargo, la fiscal Benavides sacó de la investigación al fiscal Frank Almanza, que llevaba esa carpeta por varios años.
Y es un resultado previsible, porque si usted saca a un fiscal que conoce el caso hace siete años y domina el tema, no puede al designar un fiscal que va a revisar miles de hojas en tan poco tiempo e irá disminuido a la audiencia. La mayor parte de mi carrera en el Ministerio Público la he hecho en los estrados judiciales, en tribunales, litigando y enfrentándome a la defensa y sé muy bien que no se pueden hacer cambios en los procesos cuando ya se ha concluido las investigaciones y estamos entrando a una fase de debate oral. Usted puede tener las pruebas, pero si no sustenta bien y no oraliza bien el material probatorio, eso para el juez no existe. El juez no se puede involucrar porque es absolutamente imparcial: está en el medio. Sacar, durante la tramitación, a las personas que conocen con profundidad el proceso significa la renuncia a la aspiración del Ministerio Público de lograr una condena. Eso no es atendible y no es la misión que la Constitución le asigna. Le asigna la persecución del delito como deber fundamental.
“Benavides quiere tener el control”
El 1 de enero de 2019, cuando el entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry sacó a los fiscales Vela y José Domingo Pérez del Equipo Lava Jato, ellos no acataron la decisión y recordaron en una conferencia de prensa a quién representan los fiscales.
Representan a la sociedad, a todos los afectados por una conducta delictiva y por eso nuestro ordenamiento procesal penal asigna al Ministerio Público dos responsabilidades: es el único que puede formular una denuncia penal y tiene que conseguir la evidencia de la realización del delito cometido por el imputado. Por eso la fiscalía tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad respetando el debido proceso y el derecho de defensa, tenemos que buscar que el juez dé una declaración de culpabilidad, solo en ese momento hemos cumplido nuestra misión.
La fiscal Benavides parece ir contra el interés de la sociedad. Cuando saca a la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a la jueza Enma Benavides, cuando presiona al fiscal supremo Jesús Fernández para que deje la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, y luego saca a la fiscal Magaly Quiroz. O al fiscal coordinador del caso Cabitos en Ayacucho…
No he escuchado una fundamentación de la fiscal de la nación sobre esas medidas y está obligada a ello.Ellos tienen derecho a permanecer en el cargo mientras no se les demuestre una inconducta grave que merezca una medida disciplinaria o sanción.
Acá al reemplazar a un fiscal especialista en lavado de activos por una fiscal civil, puedo pensar que el proceso lo voy a ganar así no esté nadie, porque el juez se va a involucrar en el caso y están las pruebas, pero eso no tiene asidero, el nuevo modelo procesal exige al fiscal una labor operativa mucho más intensa con gran responsabilidad en la construcción del proceso. En consecuencia, no hay un informe que diga por qué. ¿Por qué sacan al doctor Almanza? ¿Por qué quieren sacar al doctor Vela? Como esto se está manejando a nivel político, su permanencia es insostenible porque domina este proceso, lo conoce, está preparado y no es manipulable.
Podríamos decir lo mismo de otros fiscales que Benavides apartó: Quiroz, Fernández, Revilla…
Por supuesto.
Si bien la fiscal Benavides no ha fundamentado sus decisiones, los investigados o enjuiciados se van a beneficiar.
Claro, ya están siendo beneficiados. Se ha perdido el caso Sánchez Paredes, y es probable –ojalá me equivoque– que se pierda otros procesos. Daría la impresión de que la fiscal de la nación quiere tener el control de todos los procesos importantes, por eso en el caso de derechos humanos se ha centralizado todos en Lima para manejar no solo la tramitación, sino la estrategia, el manejo y la decisión final. En algunos casos en la historia del MP algunos fiscales de la nación querían eso, pero la independencia de los fiscales y su integridad son los principales valores que se tienen que preservar y defender.
Investigación sin debido proceso
Quien firmó la suspensión de Vela en octubre tenía un día trabajando como fiscal de control interno ¿eso es normal?
Lo que firma un fiscal tiene que ser materia de un debido conocimiento antelado y en profundidad, sobre todo si se trata la máxima sanción disciplinaria que puede poner la Autoridad Nacional de Control. Si voy a dictar una suspensión, lo mínimo es haber escuchado al investigado antes de tomar una decisión para que ejerza su derecho a la defensa y eso no hubo en el caso del fiscal Vela. Firmar a ciegas no es lo correcto, no debe ocurrir nunca. Conocer cabalmente el proceso, escuchar al investigado, y revisar la resolución que se ha proyectado es imposible de un día para otro. Esta es una decisión de apartarlo del conocimiento de los casos Lava Jato, se quiere desarticular este equipo. Esperemos la reacción de la ciudadanía. Acá estamos hablando de procesos que requieren de la participación de los mejores cuadros. José Domingo Pérez es una garantía de imparcialidad, de entrega a una misión y hasta donde he escuchado, si sancionan al doctor Vela sería insostenible que él pueda trabajar así. Esta decisión ya escapa de la propia autoridad (del Ministerio Público): es de carácter político, de una coalición que nos gobierna…
De la que participa la fiscal Benavides…
Lamentablemente es funcional a los objetivos que tiene esta coalición, el objetivo es quedarse hasta el 2026, pero todo apunta a que van a mantenerse en el poder ya que las elecciones, cuando se den, serán un mero trámite con una candidata.
Lo que origina la suspensión y una nueva investigación al fiscal José Domingo Pérez son declaraciones sobre su labor. ¿Tienen derecho los fiscales a expresarse en público?
No solo tienen el derecho, tienen el deber de informar a la sociedad del trabajo que realizan, del cumplimiento de la misión que les asigna la Constitución, los avances y los problemas en la tramitación de los procesos. En el caso del doctor Vela, ha formulado críticas a la decisión de un colegiado: eso no puede dar lugar a una sanción tan severa como la suspensión por ocho meses, ésta implica ya su salida definitiva [del Ministerio Público] porque si al retornar lo someten a un proceso de ratificación va a ser complicado que lo hagan. Se le complica su proyecto de vida.
En cuanto al doctor Pérez, él hace una crítica a la gestión [de la fiscal de la nación] y como integrante de la familia del Ministerio Público puede hacerla. Que diga la Autoridad Nacional de Control cuál es la falta de respeto. Todo funcionario cuando ejerce una función pública puede ser objeto de crítica a su labor. Es un exceso pretender sancionar la libertad de expresión de un fiscal.
En una actividad con fiscales de regiones, la fiscal Benavides trató de desleales a los fiscales Lava Jato y ha buscado adhesión para ella llamando a la “unidad”.
El principal problema de la fiscalía hoy es su independencia. Consulte a cualquier fiscal y no va a poder negar que existe un severo cuestionamiento muy mayoritario acerca de la independencia. Se ve como una institución funcional al poder político: favorece los objetivos y la estrategia del poder político. Con el mayor respeto, pido a las autoridades que evalúen eso, porque el daño que están haciendo a la institución es muy grave y va a tener consecuencias no solo ahora sino en muchos años más. La pérdida de confianza nos debe preocupar a todo. El mensaje de las autoridades del Ministerio Público debe ser invocar a los señores fiscales al debido cumplimiento de la misión que les asigna la Constitución.
Sin embargo, la fiscal de la nación ha estado actuando en contrario.
Se tiene que hacer un giro total para respetar la independencia y la autonomía de los fiscales en el conocimiento y tramitación de sus procesos. Los fiscales son responsables de las decisiones que toman, para eso han juramentado, para eso han postulado, no puede ser que la fiscalía sea vista como una institución que se entromete en un debate político que no le corresponde. La fiscalía tiene que ser una garantía para el ciudadano. El mensaje a los fiscales es que sean firmes en su trabajo, que tomen decisiones y se hagan respetar porque, al final, en sus despachos, frente a sus carpetas y expedientes, ellos son responsables. Más adelante cuando se recupere la democracia en el Perú, ellos van a responder con su trabajo: ‘esto fue lo que hice’, es su apellido lo que van a dejar para el futuro. Es un tema muy doloroso: he conversado con muchos fiscales y tienen un panorama desolador, es una crisis muy marcada por el concepto negativo de la sociedad en relación al MP. Un 65% rechaza la gestión del MP según una encuesta reciente. Todavía es tiempo de que los fiscales reaccionen y puedan honrar su juramento.
“La fiscalía niega la justicia a los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos”
La fiscal Benavides creó en abril en Lima un equipo que investiga los casos de víctimas, por acción de las fuerzas del orden, en las protestas. Los familiares de los fallecidos y heridos siguen pidiendo que vuelvan las carpetas fiscales a sus regiones. Se quejan de que los citan en Lima, gastan dinero que no tienen en viajar y cuando llegan, han suspendido la diligencia.
El traslado de las carpetas por casos de derechos humanos a Lima es la negación de la justicia, es una segunda afectación. Primero fue el crimen, ahora te ponen un muro para que no puedas acceder a justicia, pese a que uno de los deberes fundamentales del Ministerio Público es la defensa y protección de la víctima y su familia, sus deudos.
Lo que se ha hecho es un grave error, va a determinar un retraso muy ostensible en la tramitación de los procesos. Es muy difícil de que los deudos y los agraviados por lesiones graves puedan venir a Lima por los costos de transporte, alimentación, más los gastos judiciales: es imposible de solventar. Es impedir que puedan entrevistarse y conversar con la persona que está a cargo de la investigación de un crimen de un familiar directo.
El Ministerio Público les cobra a los deudos por cada folio escaneado y otro monto mayor por página fedateada, además…
Impedir no solo que los familiares de las víctimas puedan intervenir y desarrollar su defensa en su condición de parte civil es afectar el ejercicio de la defensa. El traslado a Lima de las carpetas es prácticamente señalar que esos procesos están sujetos a la voluntad de un grupo en la capital que no conoce el lugar donde ocurrieron los hechos, ni conoce a los involucrados. Y os familiares tienen que estar sujetos a la voluntad de los fiscales de cuándo van a viajar a la localidad a desarrollar algún acto de investigación. Esto no es un hecho aislado: responde a una política institucional del Ministerio Público de nula voluntad de intervenir o ahondar su intervención en casos de derechos humanos. Por eso todos los procesos terminan en un promedio de 30 años. Saben bien que la demora va a ocurrir, que muchos de los testigos van a fallecer por el transcurso del tiempo, otros se van a desanimar, y van a decir esto ya no va más, cómo voy a estar viajando a Lima, y quien va a cuidar mi casa y mi familia. Es una decisión equivocada que causa mucho dolor a las víctimas.
Es otra capa de agravio.
Mire usted, la tragedia que sufre una persona víctima de una violación de derechos humanos -que maten a tu hijo, hermano o esposo- es de tal magnitud que lo único que te aferra a seguir viviendo y luchando es ese expediente, esa carpeta fiscal que tiene usted tiene a la vista. Hoy se va a levantar usted temprano y va a buscar al fiscal a preguntarle cómo van las investigaciones, qué puedo aportar, qué falta. Ni eso ahora pueden tener a la mano. Es extremadamente doloroso.
Es perverso.
Es perverso que te quiten lo único que te une a tu familia: el expediente. Es una medida cruel. Ahí faltó a los señores abogados de la defensa ponerse más firmes y decir: si van a trasladar los procesos a Lima esto es una simulación de investigación y no vamos a participar en eso.
Los abogados de la defensa reclamaron, pero estaban solos frente al otro poder, frente al régimen. No había voces que los respaldaran.
Es verdad, porque lo poco que han logrado es por los abogados de la defensa, en Ayacucho y Juliaca. Debimos levantar más voces y decir que eso en nada va a beneficiar el esclarecimiento de los hechos.
Las vicisitudes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Esta semana un fiscal se llevó seis computadoras de la JNJ que contienen información reservada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD), pese a que su tarea es investigar supuestas contrataciones irregulares de siete técnicos administrativos.
La fiscalía tiene que ser muy rigurosa y examinar lo que guarda relación a la contratación de estos jóvenes de la DPD: no puede examinar otros documentos de carácter reservado. A simple vista, de lo expuesto en el informe de televisión la labor que desarrollaban los jóvenes era de mera revisión de los requisitos formales cuando se presenta una denuncian contra un juez o un fiscal. Por su hoja de vida no están en capacidad de evaluar o proyectar resoluciones de fondo. En consecuencia me parece que el informe debió precisar la labor que desempeñaban.
Y el nivel en el que estaban.
Sí, porque el informe da la impresión [que la denuncia] era una especie de mero trámite y luego se remitía al despacho del consejero ponente. Los integrantes de la JNJ cuentan con asesores técnicos preparados con quienes trabajan directamente.
Eso no fue mencionado en el reportaje.
No lo fue. Incluso alguno de los trabajadores ya había sido cesado, son detalles que hay que tener en cuenta.
¿Corren riesgo esos documentos reservados en la Fiscalía?
Confío en que la fiscalía va a separar la información que no guarda relación. Estamos hablando de una supuesta contratación ilegal o negociación incompatible, veremos cómo se desarrollan las investigaciones. Pero sí advierto una grosera negligencia por parte del comité de selección que debió cruzar información y no permitir que una misma fuente sustente diversos curriculum vitae de personas que postulan a un área determinada y con una relación de amistad.
Esta denuncia ocurre en un contexto de previos ataques de congresistas y operadores judiciales contra la JNJ.
Para mí es una coincidencia que se ha dado, pero también un llamado de alerta muy severo al pleno de la JNJ. Yendo un poco más a fondo, la institución ha recibido el personal que trabajó en el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Si uno revisa algunos cargos importantes, continúan desde el ex CNM, y no han tenido tiempo para ir depurando y mejorando sus procedimientos y protocolos de actuación. Cuando concluyan las investigaciones internas, de la Fiscalía y la Contraloría vamos a tener más claridad, pero el CNM en sus procesos de selección de jueces y fiscales tenía esta falta de rigurosidad.
La Contraloría informó hace un par de meses a la JNJ sobre problemas en documentos que presentó Antonio Fernández Jerí cuando postuló al cargo que tiene. La sociedad civil ha pedido la remoción del funcionario, pero aún no hay respuesta de la Junta.
La JNJ tiene varios problemas que en su momento espero respondan adecuadamente. Uno es su falta de transparencia: el pleno o la presidenta no explican por qué toman determinadas decisiones de nombramiento de tales jueces o fiscales supremos, o el plan de trabajo que están desarrollando. Hay una oscuridad heredada del CNM y se mantiene. En segundo lugar: su agobiante lentitud, no trabajan con rapidez. La JNJ es el organismo más poderoso del país. Si le dan el ímpetu, el compromiso y la entrega a su labor tienen mucho por aportar al país, lamentablemente los integrantes de la Junta no perciben eso. Los anteriores del CNM sí percibían eso, pero para mal. La JNJ debió rápidamente realizar una pesquisa antes de tomar juramento al jefe de la ANC-MP, era una medida imprescindible para el propio beneficio del doctor Fernandez Jerí para que no exista ningún cuestionamiento en relación a su nombramiento.
