“La Fiscalía protege a la gente que estaba procesada por corrupción” 

El abogado guatemalteco Juan Francisco Sandoval fue por más de tres años el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, y vive exiliado hace más de dos en Estados Unidos. En cuanto a la captura de órganos constitucionales con fines de impunidad, su país le lleva alguna ventaja al Perú y, por lo tanto, es un personaje que viene del futuro. Afronta 20 órdenes arbitrarias de detención en su contra y más de 100 denuncias absurdas impulsadas por la clase política y empresarial guatemalteca y tramitadas por operadores de justicia cooptados o atemorizados. La entrevista iniciada a las 8 de la mañana del jueves 16 no pudo concluir: el exfiscal recibía desde Guatemala pedidos urgentes para ayudar a la familia de un amigo suyo exiliado, el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas, una de las 27 personas para quienes emitieron orden de detención pese a no haber cometido delito. Rodas está también exiliado y vive en Costa Rica, pero los policías llegaron a su domicilio a intimidar a su familia. Fue una de las personas que acompañó en julio de 2021 a Sandoval a cruzar la frontera para proteger su vida. Se fue de su tierra pocas horas después de su ilegal destitución.

En este diálogo, Sandoval lamenta las formas que adopta la impunidad en casos emblemáticos de corrupción en Guatemala –iguales a las que ocurren en el Perú– y alerta del peligro de que el presidente electo Bernardo Arévalo sea impedido de tomar el mando el 14 de enero, debido a una investigación ilegal que abrió la Fiscalía el jueves. La persecución legal masiva y arbitraria que enfrentan los guatemaltecos no alineados al régimen corrupto desde 2018 es del mismo tipo que ya padecen sus pares peruanos.

El abogado trabajó 18 años en el Ministerio Público pero en su período en la FECI halló indicios de corrupción en el entorno del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, como por ejemplo, pagos de empresarios para obtener una concesión de obra pública o como aportes de campaña electoral. El monto involucrado era de 123 millones de quetzales, más de 15 millones de dólares. Ese fue el momento en el que la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras ordenó su destitución. Tras su ilegal cese, en julio de 2021, describió en una conferencia de prensa el papel de Porras como facilitadora de la impunidad desde el Ministerio Público; similar a lo que informó el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, en una entrevista reciente en Canal N, acerca de Patricia Benavides, la fiscal de la nación, quien ha desbaratado los principales equipos de fiscales de casos de corrupción y de derechos humanos. Para más coincidencias, ambas tienen problemas con sus tesis: Porras, por plagio; Benavides, porque no aparecen y ella no las quiere mostrar.

La creación de la FECI fue una de las reformas institucionales que logró la década pasada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fundada por Naciones Unidas. El Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas firmaron un convenio en 2006 para que la CICIG apoyara a las instituciones que investigan y sancionan penalmente los delitos cometidos “por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”, para identificar sus estructuras y financiamiento, y promover su desarticulación y sanción penal. El fin último era que el sistema legal guatemalteco actuara conforme las convenciones internacionales de derechos humanos.

La Comisión trabajó de 2007 hasta 2019, debido a que el presidente guatemalteco de entonces, Jimmy Morales, se había negado a renovar su mandato en 2018. La CICIG había pedido a la Fiscalía el retiro de la inmunidad a Morales para procesarlo en un caso de presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral.

¿El principal logro de la CICIG fue la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que usted dirigió?

No fue la principal herramienta de las reformas. El legado de la comisión está implícito en varios cuerpos legales que hoy son mal utilizados para perseguir a quienes investigamos los actos de corrupción. Las reformas se tradujeron en ampliar el espectro de aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, reformas al Código Penal relacionadas con casos de corrupción, metodología de investigación para grandes casos usando equipos multidisciplinarios. Todo eso se pudo cambiar a raíz del trabajo de la CICIG: la FECI es parte del legado que dejó, con la construcción de los casos sobre la base de material probatorio sólido para que prevaleciera la prueba científica sobre la prueba de testimonios.

La CICIG empezó sus tareas en 2007 pero en 2013 la Corte Constitucional anuló la sentencia histórica por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. ¿En ese momento empezaron las componendas en el sistema de justicia?

A pesar de esa sentencia, para ese entonces no había iniciado el retroceso en el sistema de justicia como ha sido marcado hasta la fecha: la presencia de la CICIG permitió detener por unos años más algunas acciones tan descaradas como las que hoy vemos en el sistema de justicia. El momento cúspide en el combate a la corrupción en Guatemala fue entre 2014 y 2015, porque se destaparon una gran cantidad de casos. La sociedad en general empezó a acompañar el momento del retroceso del sistema de justicia y el último retroceso inició a finales de 2016, cuando las investigaciones descubrieron que entre los usuarios del sistema corrupto estaban las élites empresariales del país. Ese es el momento en que inicia el retroceso del sistema de justicia.

¿Hubo una secuencia de cooptación en el sistema de justicia u ocurrió en varios entes a la vez?

Hay un momento preparatorio en 2016. Pero debemos retroceder al 2014 con la elección de la Corte Suprema de Justicia actual, que ha prolongado sus funciones más de cuatro años del período que les correspondía porque la Constitución estipula que debe permanecer cinco años en funciones. Esa corte que debió haber entregado [el cargo] en 2019 fue electa a partir de una componenda entre dos partidos que eran mayoritarios en ese momento, la bancada de Patriota y la del partido Lider [Libertad Democrática Renovada]. El propósito de la elección era garantizar impunidad porque ya sentían que se les venía este aluvión de casos de corrupción, fue para proteger a [los políticos y empresarios] Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. Esta corte fue puesta por ellos, seis magistrados de Sinibaldi y siete de Baldizón. 

Ese fue un momento preparatorio, pero debido al acompañamiento ciudadano y la fortaleza que tuvo en algún momento el sistema judicial no llegaron a sacar las uñas, sino cuando fueron acuerpados por la élite corrupta del país, por los políticos que habían sido señalados en graves casos de corrupción. Hicieron una amalgama de intereses, empezaron a boicotear el trabajo de la CICIG, consiguieron que no se renovara el mandato. 

Luego, desarticularon la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se fueron contra los jueces de mayor riesgo, y al haber desbaratado la fiscalía, nos empezaron a perseguir: de hecho somos 45 operadores judiciales en el exilio, hay presos de conciencia, la prensa perseguida… Y en el momento que le estoy hablando están allanando 33 inmuebles, uno de ellos la residencia del exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas, de algunos diputados, justo le estaba dando seguimiento a eso en este momento. De quienes estamos fuera [de Guatemala], alrededor de 15 tenemos orden de captura, otras seis tuvieron que exiliarse estando procesadas, es una verdadera tragedia. Y hay 23 periodistas independientes en el exilio. Y en el último tiempo esto ha estado combinado con que se ha intentado irrespetar la voluntad popular.

desarticularon la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se fueron contra los jueces de mayor riesgo, y al haber desbaratado la fiscalía, nos empezaron a perseguir: de hecho somos 45 operadores judiciales en el exilio, hay presos de conciencia, la prensa perseguida…

Se refiere a las acciones de la Fiscalía y la Corte Constitucional contra los votos en segunda vuelta del Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo.

Sí.

¿En algunos momentos la Corte Constitucional ha sido confiable?

Nunca ha sido confiable, la más o menos rescatable es la del período 2016-2021: emitieron algunas resoluciones que dejaron firmeza en sentencias que se obtuvieron en casos de gran corrupción, pero hubo otras resoluciones que denominamos gallo-gallina, las que prepararon el camino para vivir el sistema de justicia que hoy tenemos.

Cuando el Gobierno cortó la CICIG hubo reacción ciudadana. ¿Por qué no alcanzó para que siguiera?

La intimidación tiene mucha parte de responsabilidad en la desactivación de las marchas, hubo amenaza del Gobierno de reprimir de forma violenta las protestas, entonces les funcionó; pero eso estuvo combinado con otra situación. En muchos de los procesos de mi país, de América Latina en general, pero fundamentalmente de los que estamos más cerca, Estados Unidos tiene mucho que ver. En ese momento no hubo acuerpamiento [respaldo] de la embajada o el Gobierno estadounidense para la CICIG, eso puede haber influido.

La intimidación tiene mucha parte de responsabilidad en la desactivación de las marchas, hubo amenaza del Gobierno de reprimir de forma violenta las protestas

No hubo suficiente reacción internacional.

La protesta era muy urbana, no estaba la esencia de Guatemala, la Guatemala profunda que puede mover cosas.

En algunos casos que usted investigó, antes de tener que exiliarse, logró condenas: como la del expresidente Otto Pérez Molina, sin embargo, él ha conseguido que le fijen dos fianzas. ¿Si paga va a prisión domiciliaria?

En la primera condena no porque son 16 años de prisión; en la segunda, sí. 

¿Entonces va a continuar preso?

Sí.

En otro caso emblemático que investigó su equipo, el de las ‘Comisiones Paralelas’ para designar a magistrados, absolvieron a muchos. Ese caso de tráfico de influencias entre políticos, jueces, decanos que eran parte de las comisiones de postulación se asemeja a los ‘CNM Audios’ en el Perú.

Lo que ha ocurrido a partir de mi salida de la Fiscalía, es que ahora se dedica a proteger a la gente que estaba procesada por corrupción. En ‘Comisiones Paralelas’ hubo dos casos, uno de 2014 y uno de 2020; en el primero acaban de haber absoluciones, pero ya nada sorprende. Tengo un listado de 20 casos donde la actuación de la Fiscalía ha sido surrealista, el realismo mágico en toda su esencia: los actores corruptos siendo liberados y los que descubrimos cómo actuaban somos los perseguidos.

¿Los fiscales no asisten a las audiencias o no operan las pruebas? En el Perú, por ejemplo esta semana en el caso ‘Cuellos Blancos’ la fiscal que reemplazó a quien dirigía el equipo, faltó a una sesión.

Sí, o no impugnan, como en las absoluciones del caso de ‘Comisiones Paralelas’.

Varios de los casos que usted destapó siguen activos.

Sí, existen aún muchos casos en gestión, aunque la petición de la fiscalía es la que va a variar.

El caso Odebrecht

¿Por qué en Guatemala no prosperaron las investigaciones de corrupción de la empresa Odebrecht? ¿Qué pasó con los investigados y qué tipo de personajes eran?

¿Se acuerda que le dije que Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón pusieron a [sus magistrados en] la Corte Suprema de Justicia? Cuando investigamos la primera fase del caso logramos descubrir que entre ellos dos se distribuyeron sobornos [de Odebrecht] por 18 millones de dólares. Había sido procesada la gente que estaba alrededor de ellos, los intermediarios, los que suscribieron contratos con las sociedades brasileñas. Íbamos avanzando porque también logramos descubrir que 107 legisladores recibieron dinero para aprobar la ley que dio vida al convenio de Odebrecht. 

¿Cuál convenio?

Para el proyecto carretero. Aquí en Guatemala, allá en Guatemala [se corrige], Odebrecht estaba construyendo solo un proyecto, era el primero, a diferencia del Perú donde tenía muchos proyectos de infraestructura. Para este hubo necesidad de aprobar una ley para adquirir los préstamos que iban amarrados a que la constructora brasileña se encargara de esa obra. Descubrimos que los 107 diputados recibieron sobornos y la ruta del dinero: ese es uno de los motivos por los que ocurrió mi salida. Pidieron mi captura, dejaron sin efecto los convenios de colaboración y toda la investigación se vino abajo. El caso está en impunidad.

Hay muchas coincidencias entre las fiscales generales Consuelo Porras y Patricia Benavides. Ambas hostigan a quienes no se alinean a sus intereses, por ejemplo, a los fiscales Lava Jato.

Yo tengo seis órdenes de captura. La primera es porque estábamos investigando un soborno que recibió el presidente de la república, yo quería proteger al testigo y la información, pero a mi salida dije públicamente que estaba investigando esto.  La segunda es por Odebrecht. La tercera es por la detención del periodista Rubén Zamora: dicen que yo le filtraba información y con eso él extorsionaba gente. La cuarta es porque yo me comunicaba con mi abogada y el caso estaba en reserva: otro absurdo. El quinto es por el caso Fénix, una sustracción de fondos del IGSS [el seguro social] donde el Ministerio Público solo había investigado delitos de corrupción pero habían dejado en impunidad el lavado de dinero, entonces dicen que por haber investigado el lavado de dinero yo delinquí. El sexto, porque la magistrada Blanca Stalling fue documentada exigiendo a un juez que beneficiara a su hijo en un proceso. Se le levantó la inmunidad, fue detenida, procesada. Pero luego le dieron libertad, la reinstalaron como magistrada y ahora nos tiraron orden de captura a quienes la investigamos.

Una de las sanciones de Estados Unidos hacia el régimen guatemalteco fue congelar la cooperación con la Fiscalía. ¿Continúa?

Sí.

Como Porras, a quien encontraron plagio en su tesis, la fiscal de la nación peruana también tiene un problema: no encuentran sus tesis en las universidades y no las quiere mostrar. No hay certeza de que haya obtenido sus grados adecuadamente. Participa en tramas corruptas con fines de impunidad de políticos y empresarios. ¿Antes de que Porras fuera nominada fiscal general, qué tipo de funcionaria era?

Una funcionaria gris por la que nadie tuvo ninguna preocupación. De la nómina de seis [terna] en el primer período de ella como fiscal, de la que escoge el presidente de la república, los otros cinco sí tenían un perfil conocido, no sé si eran notables pero por lo menos tenían algún reconocimiento en el ámbito penal. Aquella era una funcionaria gris que había sido fiscal de asuntos constitucionales, pero esa es la fiscalía menos fiscalía, porque no investiga, solo analiza. Estuvo ahí como tres años, luego fue magistrada en una sala de la niñez, supervisora general de tribunales, y suplente en la Corte de Constitucionalidad [equivalente al TC].

El anticomunismo y terruqueo

¿Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a operadores del sistema de justicia, como Porras, y a miembros de la Fundación contra el Terrorismo han atenuado sus acciones? [EEUU los incluyó en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica a quienes les retira la visa y bloquea propiedades]

Son importantes las sanciones. Si actúan así sin apoyo de EEUU, ¿con apoyo qué no harían? El que podamos hablar de que de repente el 14 de enero haya toma de posesión [de Bernardo Arévalo] es porque alguna gente ha sido sancionada y los guatemaltecos han salido a las calles. Sí tienen efecto positivo las sanciones.

¿La fiscal general de Guatemala tiene algún contrapeso o es como en el Perú? El Congreso inhabilitó a quien podría ser un equilibrio en la Junta de Fiscales Supremos y busca defenestrar a quienes investigan a la fiscal Patricia Benavides.

Antes existía un consejo del Ministerio Público pero la ley fue reformada en el 2016 y [la fiscal general] no tiene contrapesos. Ni un monarca tiene la inamovilidad de la fiscal general: solo puede ser removida por delito doloso.

¿Qué relación hay entre la Fundación contra el Terrorismo [que defiende a militares violadores de derechos humanos] y las acciones de la fiscal Porras?

Una relación muy directa, se ha establecido un patrón. La FCT denuncia, la Fiscalía a los dos o tres días actúa las querellas aunque no tengan sustento, y luego los jueces que no resuelven conforme a lo pedido por la Fundación, son amenazados públicamente. Muchas veces actúan por temor.

Hay un favoritismo…

Si usted denuncia en la oficina de atención permanente, van a pasar años y puede dormir el sueño de los justos, pero ellos sí pueden denunciar directamente ante la fiscal general y la atención es inmediata, con ellos sí es justicia pronta y cumplida. Para ellos, a las 48 horas sus denuncias están activadas. En las cuentas de redes sociales la información está en reserva para los investigados, pero en sus redes ellos publican para estigmatizar y dicen ‘esto es lo que existe’. Entonces, para quien tiene sed de venganza en Guatemala, lo más efectivo es acudir a la Fundaterror. Ya saben que ellos van a facilitar la gestión.

¿Quiénes son los operadores de esta fundación?

No sé si la expresión fascista está bien utilizada, pero es gente de ultraderecha. El verdadero objeto de la FCT era la defensa no solo legal sino pública de los militares condenados por graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado [1960-1996]. Con el tiempo, la gente que estaba en los cuarteles en los años 70, 80 luego empezaron a aparecer en el ejercicio de la función pública y por ende vinculados a casos de corrupción.

¿Cuándo fue fundada?

En el 2013.

¿Son políticos relacionados con militares?

Más que todo militares que han sido funcionarios. El cerebro de ellos, Moisés Galindo, fue jefe del departamento de finanzas del Ejército, procesado en un caso de sustracción de 471 millones de quetzales [más de 61 millones de dólares] del Ministerio de la Defensa en el 2001. Ricardo Méndez Ruiz, la cara más visible, es hijo de quien fue ministro de Gobernación con el dictador Fernando Romeo Lucas o con Efraín Ríos Montt. El padre de Mendes Ríos fue el artífice de una ley de tribunales de fuero especial jueces sin rostro para juzgar a opositores políticos en el conflicto armado de los 80.

¿La Fundación contra el Terrorismo tiene aliados en los medios?

El monopolio de la TV abierta en Guatemala es de Angel González, conocido en Perú [ha sido dueño fantasma de algunos canales en Lima] y como fueron señalados en un caso de corrupción, son parte de la caja de resonancia de la Fundación y tienen gran posibilidad de penetrar en todo el público.

¿Y en medios digitales?

República, por ejemplo. El director es Rodrigo Arenas, su papá era un empresario que financiaba las actividades contrainsurgentes y murió asesinado por la guerrilla. Muchas de las relaciones que existen hoy en el país tienen su raíz en el conflicto armado…

El exfiscal pide interrumpir la entrevista cuando los familiares del exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas, lo contactaban desde Guatemala debido a la orden de detención. ¿Qué recomendación podría hacer al Perú?, fue una de las preguntas que quedó pendiente. En declaraciones que dio esa noche al medio guatemalteco Factor4GT sobre las 27 órdenes de detención y del pedido de antejuicio para el presidente electo, Sandoval planteó la importancia de documentar todo lo que está ocurriendo. Ese criterio es válido para esta fase crítica en el Perú.

“Debemos de tomar el ejemplo de las comunidades de origen maya que fueron víctimas del Estado de Guatemala en el marco del conflicto armado. Ellos pudieron resguardar la memoria histórica, documentaron en un momento en el que nadie les hacía caso, en un momento en que nada iba a prosperar en el país. En un pequeño trecho de justicia, por medio de lo que lograron resistir y documentar, se permitió que algunos casos llegaran a los tribunales. Hoy en un sistema corrompido donde tampoco existe posibilidad de ejercer el derecho de defensa tenemos que documentar, agotar las instancias nacionales, aunque sean nugatorias, para que sirvan de soporte a lo que vendrá en el futuro, porque es innegable que habrá un futuro mejor. Es innegable que los magistrados de la Corte Suprema deberán responder a la justicia de Guatemala o de cualquier país donde sea válido el principio de justicia universal. Debemos de prestar importancia a documentar. A veces dicen; ‘¿para qué voy a denunciar?’ Para documentar que no funciona nada en el sistema de justicia y preparar las acciones internacionales que correspondan”, explicó el ex fiscal.

Desde el exilio, el abogado de 41 años denuncia en todos los foros posibles que Guatemala vive en una dictadura corporativa, distinta a los regímenes originados en golpes de estado. Sus tuits a veces son eliminados, y desde Washington sigue confrontando el autoritarismo y la impunidad.

En los próximos días, si los fiscales que llevan los casos Lava Jato y los de los líderes de Perú Libre, el expresidente Pedro Castillo y Dina Boluarte son apartados o suspendidos por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el blindaje estará garantizado y los operadores de la corrupción seguirán avanzando.