Si alguien pregunta si existe o no corrupción en el Poder Judicial en el Perú, uno podrá estar seguro que esa persona acaba de bajarse de la aeronave espacial Enterprise. El Poder Judicial no solo aparece como uno de los más corruptos en la percepción ciudadana, sino que lo es en realidad.
Se ha dado infinidad de declaraciones y hecho algunos esfuerzos serios para enfrentar la corrupción judicial. Antes de cada elección de presidente del Poder Judicial y de cortes superiores, los candidatos prometen solemnemente llevar a cabo “una lucha frontal” contra la corrupción, si son elegidos. Extrañamente, todos hablan solo de lucha frontal. Ninguno menciona la posibilidad de atacar por los flancos o desde la retaguardia a esa degeneración funcional a la que todos los candidatos invariablemente llaman ‘flagelo’.
Pero en los hechos, la institución a cargo de la lucha cotidiana contra la corrupción y los corruptos en la judicatura, es la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura.
El problema sucede cuando la propia OCMA necesitaría que la investiguen.
No siempre fue así. Cuando estuvo a cargo de la magistrada Elcira Vásquez, de 2007 a 2009, se tomó la misión en serio y las acciones anticorrupción fueron severas.
Pero con la salida de Vásquez se fue también la mayoría de funcionarios especializados en control interno y lucha anticorrupción.
La gestión del nuevo jefe de la OCMA, el magistrado Enrique Mendoza, es considerada blanda en comparación con la de Elcira Vásquez, por fuentes con conocimiento de causa.
Mendoza es candidato a la presidencia del Poder Judicial en elecciones que tendrán lugar este jueves 2 de diciembre. Ha prometido también que luchará “frontalmente” contra la corrupción. Pero en este caso la seriedad de la promesa puede constatarse a partir de la gestión en la OCMA, cuya finalidad central, precisamente, es enfrentar la corrupción.
Hasta el momento, la acción de Mendoza al frente de la OCMA no se ha caracterizado por energía ni empeño en la lucha contra la corrupción. De hecho, varios de los magistrados que trabajan en las Odecma (Oficina de control desconcentrado de la Magistratura) no solo han sido sancionados sino que, en más de un caso, tienen inquietantes trayectorias.
Es cierto que Mendoza no es responsable directo de su nombramiento, pero una acción vigorosa hubiera podido limpiar las Odecma.
Hoy por hoy el escenario no parece precisamente limpio. Por ejemplo:
• La Odecma de la Corte Superior de Lima tiene uno de los números más elevados de magistrados sancionados, nueve en total. Son ellos los que deberían luchar contra la corrupción en Lima, cuya Corte Superior está hasta hoy bajo la presidencia de César Vega Vega. El candidato de fuerza para la jefatura de la Odecma en Lima es Luis Arce Córdova, el magistrado más sancionado dentro del notorio grupo de nueve. Arce tiene seis sanciones (dos multas y cuatro apercibimientos). En su notorio pasado, Arce fue presidente de la Corte Superior de Ucayali, desde meses antes del asesinato del periodista Alberto Rivera. Su manejo judicial de un caso tan importante fue, por lo menos, muy deficiente: permitió que un colaborador de Luis Valdez Villacorta, el principal acusado, actuara durante un tiempo como juez del caso.
• Otros magistrados que integran la oficina de control de Lima que tienen varias sanciones son: Carmen Rojjasi , José Quispe Morote, Rosa Rodríguez, Manuel Román, Aracelli Baca, Magali Valer y Jorge Plasencia. Todo un seleccionado.
• El jefe de la Odecma de Ica, Erazmo Coaguila tiene 68 sanciones; el de la de Tacna, Rodolfo de Amat, tiene 22 sanciones; la de Puno, Pastora Butrón, cuenta con 23 sanciones; el de la de Madre de Dios, Marino Cusimayta, tiene 16 sanciones.
• En junio de este año había 48 magistrados con sanciones trabajando para la OCMA. Ni con el mayor esfuerzo de imaginación se les podría llamar ‘Los Intocables’.
• En otros dos casos notorios, el jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, no ha tomado acción resolutiva, pese a que las investigaciones de su organización ya han concluido hace por lo menos un par de meses. Uno es el caso de Raúl Rosales, el juez que amenazó con una pistola al fotógrafo Carlos Saavedra, de Caretas. El otro es del juez anticorrupción Jorge Barreto, por no haber permitido que el ministerio Público participe en la selección de archivos para ser inspeccionados e investigados en la computadora de Rómulo León, en el caso Petroaudios.
Con esa gestión, no precisamente eficiente, al frente de la OCMA, no resulta claro qué cambio llevaría a Mendoza a la “lucha frontal” contra la corrupción. ¿Cómo luchó contra ella hasta ahora, cuando es su tarea principal? ¿De costado?
