Una anciana ataviada con coloridas pollera y montera espera su ración de comida encorvada como un nudo cordillerano, mientras Carmen Vera, de leggins y gorra rapera, explica porqué participa en la olla común en esta zona de Manchay, al este de Lima.
– No vamos a permitir que nuestros hijos pasen hambre. El menú lo resolvemos día a día. Si hay bonito presupuesto, compramos huevito, fruta, lo que se pueda.
Se trata de La Sazón de la Nueva Juventud, una olla común que funciona en el asentamiento humano Nueva Juventud del Pedregal, en Manchay, en la cresta del cerro, a espaldas del acomodado distrito de La Molina, en una casa de madera. En esta zona de Lima, la urbe escala la quebrada a grandes dentadas, abriendo campo para una choza más, despejando el cascajo para crear un camino carrozable. Aquí no hay agua, no hay electricidad, no hay empleo, no hay dinero. La olla común surgió espontáneamente, alimentada por el hambre, a las seis semanas de declarada la cuarentena, en marzo del 2020.
A diferencia de los comedores populares, promovidos por distintas ONG e instituciones del Estado, estas organizaciones de barrio que surgen ahí donde no hay un comedor popular son espontáneas y temporales y aún no tienen un reconocimiento oficial.
La Sazón prepara 70 raciones diarias de almuerzo y tres veces a la semana ofrece también desayuno. Hoy se ha cocinado escabeche de pescado con arroz y refresco de hierba. Se cobra dos soles por ración. Las vecinas recogen la comida en sus propias ollas –muchas acompañadas de alguno de sus hijos– y se las llevan a casa para almorzar.
– Solo en Manchay tenemos más de 107 ollas comunes, afirma Erico Tueroconza Uscata, uno de los dos coordinadores generales de la red de ollas de Manchay.
El hecho de que las ollas comunes no sólo sigan operando después de tantos meses, sino que estén multiplicándose, es una prueba de que la necesidad es madre del ingenio.
La Red visita una vez a la semana el mercado mayorista de Santa Anita y recupera frutas y vegetales que los comerciantes están a punto de desechar, alimentos aptos para ser consumidos, pero sin valor comercial por estar magullados. En seis meses Tueroconza calcula haber rescatado unas 175 toneladas de esos productos.
La Red está enlazada por WhatsApp con las lideresas de las ollas comunes. Esta aplicación sirve para comunicar las nuevas donaciones, para convocar a asamblea o enviar mensajes de SOS: “Hoy no tenemos qué comer”; “Se agotó el agua”. Tueroconza, 46, ayacuchano, es también administrador de un comedor popular y de cinco ollas comunes en su propio barrio. Feligrés de la parroquia del Espíritu Santo de Manchay, saltó como un resorte al decretarse la cuarentena al inicio de la crisis. “No podíamos quedarnos con los brazos cruzados”, declara.
– Señoras, a partir de la próxima semana tendremos TikTok, anuncia el ayacuchano con una ancha sonrisa, arriba en La Sazón.
– ¿TikTok? ¡Con la tapa de las ollas!, retruca Carmen Vera, captando la ironía.
El registro
En Pachacamac, distrito al que pertenece Manchay, hay un total de 205 ollas comunes que brindan 21 mil raciones diarias de comida, según el registro de la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que en diciembre último lanzó la campaña “Ollas contra el hambre”; en Villa María del Triunfo, 253 ollas comunes; en San Juan de Lurigancho, 142; en Independencia, 106; en San Juan de Miraflores, 72; en Carabayllo, 41, etc.
En total, son 1130 ollas comunes en 32 distritos de la capital las que ha rastreado el Registro. Se sabe que hay más, pero este catastro, que es voluntario, es lo más preciso que hay hasta la fecha.
A diez sólidos meses de pandemia, la subsistencia de esta red de solidaridad es milagrosa; su precariedad, alarmante.
De acuerdo al Registro, en apenas 277 ollas comunes hay “presencia” del municipio distrital; en 619 casos, no; el resto no responde. ¿Coordina la olla común acciones con alguna organización? Sí, 294; no, 574. ¿Con el Vaso de Leche y/o comedor popular? Ninguna, 453. ¿Son supervisadas por el Comité anti-COVID? No, 723. ¿Tipo de combustible usado? Leña, 410. ¿Acceso a agua? Conexión a la red pública, 162.
A pesar de la dramática situación, el total de beneficiarios ha escalado en los últimos meses. En agosto, eran 512 ollas comunes que ofrecían 57,800 raciones diarias de comida; en octubre ya eran 712 ollas y 83,000 raciones; y en diciembre, 1130 ollas y 125,277 beneficiarios solo en Lima, de acuerdo al Registro de la Mesa de Seguridad Alimentaria.
Y aún no había entrado en rigor la segunda cuarentena que castigará aún más la economía familiar.
El fenómeno de las ollas comunes –liderado mayoritariamente por mujeres– revela la extraordinaria organización y solidaridad de los estratos económicamente más pobres de la sociedad, y al mismo tiempo es una baliza de cómo la crisis económica se está profundizando.
Urgente reunión con la ministra
El 19 de enero, el Ejecutivo había observado la ley, aprobada por unanimidad por el Congreso, que reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y solicita que el Gobierno les asigne un presupuesto temporal, mientras dure la emergencia.
“Las ollas comunes, al surgir espontáneamente, no tienen reconocimiento oficial, y por lo tanto tampoco pueden ser destinatarias de ayuda pública”, explica la regidora Jessica Huamán, presidenta y promotora de la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
Ese mismo día, la titular del MIDIS había decretado la creación del programa temporal Hambre Cero, “en beneficio de la población del ámbito urbano y rural en situación de vulnerabilidad como resultado de la propagación del COVID-19”, pero sin decir una palabra de las ollas comunes (Resolución Ministerial 013-MIDIS-2021).
Ambas medidas habían aumentado la ansiedad de los organizadores de las ollas comunes, porque ya se ha terminado la cuota de víveres proporcionada excepcionalmente en octubre por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, del MIDIS.
– “No están viendo la realidad. Las mujeres de los comedores populares y las ollas comunes están en la primera línea de defensa contra el coronavirus, tanto como los policías y las enfermeras, pero al gobierno le importa un pepino”, lamentaba Fortunata Palomino, 56, coordinadora de la red de ollas comunes en Carabayllo.
Fortunata fue una de las lideresas que asistió a la reunión el viernes 29. Ese día, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Silvana Vargas, sostuvo un oportuno encuentro con la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, con Jessica Huamán, y varios coordinadores de las ollas comunes, entre ellos, Fortunata, de Carabayllo, Abilia Ramos de San Juan de Lurigancho, y el ayacuchano Tueroconza de Manchay.
“Fue una muy buena reunión”, resume Huamán, aliviada.
Propósito de enmienda
El encuentro duró una hora y media, despejó los principales temores, y tuvo el mérito de evitar una confrontación. La titular del MIDIS aseguró que las ollas comunes serán parte de la estrategia Hambre Cero, en lo que parece un verdadero propósito de enmienda. Es más, informó que el MIDIS está ya negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto para las ollas comunes, aunque no reveló la cifra.
La ministra Vargas admitió que no conocía el Registro –“no había sido expuesta a estas cifras”– y prometió un programa de trabajo conjunto para cerrar lo antes posible la brecha de inseguridad alimentaria.
El malentendido nunca hubiera ocurrido si el MIDIS participara en la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana que se constituyó en mayo del 2020.
“El MIDIS está inexplicablemente ausente, fue a una sola reunión”, reprocha Alain Santandreu, sociólogo, presidente ejecutivo del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo-ECOSAD y facilitador de la Mesa. La crítica, por cierto, se extiende a Defensa Civil, que tampoco se ha incorporado a esta instancia de coordinación.
En la Mesa participan 56 organizaciones, entre ellas, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas; la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud; el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL); la Defensoría del Pueblo y la Federación de Trabajadores en Mercados del Perú. En representación de las ollas, los coordinadores distritales, principalmente madres de familia.
Todo indica que el Ejecutivo ha comprendido la complejidad de la situación y las limitaciones del enfoque del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), para quien un usuario es una persona o una familia, nunca un colectivo, como el caso de las ollas comunes.
“El programa Hambre Cero sin las ollas comunes no tendrá éxito”, asegura Samuel Yáñez, del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP). “La olla común es la manera más directa de aliviar el hambre”.
Mientras tanto, en Carabayllo
Una blanca y polvorienta bandera marca la ubicación de otra olla común, esta vez en el asentamiento humano El Andy, en Carabayllo. Sirve 120 raciones diarias. Hoy preparó alverjitas verdes con arroz. Cobra un sol cincuenta por plato. Su presidenta se llama Edith Acurio.
– Gastón Acurio, bromea una compañera.
– “Se nos están acabando las provisiones, no sabemos cuándo llegarán los alimentos de Qali Warma” –la tercera, última y rezagada dotación por decreto. “¿Qué va a pasar cuando cierren las ollas comunes?”, entorna Edith los ojos al cielo.
El sol pega implacable como metal incandescente sobre el cascajo. El hambre no espera.
* El fin de semana, el MIDIS repartió alimentos a las ollas comunes, ratificando en los hechos el compromiso verbal de la ministra Silvana Vargas en la reunión del viernes 29 de enero.
