IDL-Reporteros reproduce a continuación una sobresaliente investigación de Confidencial, de Nicaragua, sobre un tema en el que no falta nada: ni la épica, ni el misterio ni la farsa.
Se trata del gigantesco proyecto de construir un canal interoceánico en Nicaragua, que competiría con el de Panamá –esa hazaña de la ingeniería de fines del siglo XIX y comienzos del XX que cambió la navegación y el comercio mundiales, además del mapa de Latinoamérica–.
El proyecto nicaragüense del siglo XXI (porque hubo, como verán en el reportaje, otros proyectos un siglo atrás), reúne un espectacular elenco de cifras y personajes: un presupuesto de 50 mil millones de dólares (para empezar); un plutócrata chino, Wang Jing, que adorna su suite ejecutiva con murales de Mao; el contrato de concesión detrás del cual aflora una telaraña de 15 empresas de fachada, con registros que van desde Hong Kong hasta las Islas Caimán en los que, como reveló Confidencial, se diluyen responsabilidades; y, por cierto, el presidente Daniel Ortega, que adjudicó el contrato pese a las irregularidades e insuficiencias descubiertas y denunciadas en Nicaragua.
La investigación de Confidencial, sin embargo, lleva la discusión pública sobre el proyecto a un nuevo nivel, donde la gran cantidad de información que el reportaje saca a luz, difícilmente podrá ser soslayada por Ortega o por Wang Jin,en las discusiones dentro y fuera de Nicaragua sobre un tema de evidente importancia y proyección latinoamericana.
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Managua. El 31 de octubre de 2012, mientras el gobierno de Nicaragua suscribió en Managua un acuerdo de cooperación para la construcción del canal interoceánico, el centro de poder de las quince compañías de maletín con las que el empresario Wang Jing gestiona el proyecto pasó sigilosamente a Beijing, la capital de la República Popular China y sede del poder del dragón asiático.
Beijing Dayang New River Investment Management Ltd., con un capital de 81,637 dólares y controlada por el misterioso inversionista, recibió 10,000 acciones de HK Nicaragua Canal Development Investment Co Limited (HKNC) —inscrita en Hong Kong con 1, 290 dólares de capital— de acuerdo con documentos en poder de Confidencial.
El descubrimiento de la nueva empresa resultó una caja de sorpresas para Mónica López Baltodano, abogada de 29 años y una acuciosa investigadora del proyecto canalero.
Consultando varios medios de comunicación internacionales, la abogada descubrió que Beijing Dayang New River está vinculada a concesiones y contratos para construir un puerto de aguas profundas en Crimea. La foto de Wang Jing con las autoridades de Ucrania guarda pocas diferencias de las protocolarias realizadas en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, sólo que mientras en el país centroamericano prometió un canal de 50 mil millones de dólares, el puerto de aguas profundas en Europa será de diez mil millones más.
Tres días antes que la gestora del canal de Wang se “mudara” a Pekín, el propio Ortega mencionó en una entrevista a la televisión rusa que se estaba trabajando con “empresas de la República Popular de China”, aunque se presumía entonces que se refería a la mega constructora China Railway Construction Corporation, que está a cargo de todos los estudios de diseño y supuesta construcción del canal.
Durante la entrevista, Ortega invitó a Rusia a participar en el proyecto, un ritual de relaciones públicas que en otros momentos ha repetido con gobernantes, embajadores y empresarios, aunque hasta ahora ninguna empresa excepto las de la República Popular China se han apuntado al proyecto.
La «soberanía» del Comandante
El comandante sandinista, que enarbola en su tribuna a Sandino –un férreo defensor de la soberanía nacional– ha redefinido el concepto de soberanía como “la posibilidad de tener recursos, contar con un ingreso que ya no lo haría dependiente, como lo es Nicaragua actualmente”.
Pero en el contrato de concesión otorgado a la empresa HKND, el gobierno de Ortega renunció a la inmunidad soberana del Banco Central de Nicaragua, lo que comprometió a juicio de expertos locales las reservas de la institución calculadas en 2,100 millones de dólares en la actualidad.
Oscar Castillo, decano de la facultad de derecho de la Universidad Politécnica en Managua (UPOLI), recuerda cómo la Presidencia firmó el contrato de concesión a espaldas de la ciudadanía y después buscó cómo legalizarlo valiéndose de la mayoría con la que cuenta en el Parlamento.
La protección prodigada por el oficialismo en los documentos parlamentarios llega al punto de convertir el contrato en algo intocable, pues la nueva ley 840 establece que una reforma sólo podrá ser posible con el sesenta por ciento de los diputados que forman la Asamblea Nacional, una situación impensable sin la venia del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El jurista Alejandro Aguilar, quien se desempeña como asesor empresarial, explica lo que ocurrió con el tratado: el gobierno de Nicaragua entregó el terreno para construir una casa al concesionario, dice en forma figurada, y le dijo que si tenía problemas para hacerla no incurriría en ninguna responsabilidad, pero si había obstáculos de parte de las autoridades para llevarla a cabo la administración nicaragüense sí.
La telaraña de «sociedades de maletín» de Wang
Haciendo solicitudes oficiales vía electrónica, la abogada Mónica López Baltodano ha logrado determinar que el proyecto del canal se gestiona a través de quince sociedades de maletín.
Según la documentación, cinco empresas del grupo de Wang están en Islas Caimán, una en Nicaragua, siete en Holanda, una en Hong Kong y la más importante en Beijing, una información que López obtuvo tras el análisis realizado por una firma privada en septiembre de 2013 sobre las operaciones de las compañías de Wang en la bolsa de Shanghai.
En los documentos oficiales, el canal de Nicaragua lo desarrollarían tres empresas: la radicada en Hong Kong (que vendió sus acciones a la otra ubicada en Beijing), otra radicada en Islas Caimán donde el gobierno de Nicaragua es representado en la directiva por el ministro de Hacienda y una local, inscrita inicialmente en Managua por la firma de abogados de Taboada y asociados y que fue reformada en el Juzgado Civil del municipio de Tipitapa a cargo del judicial Felipe Jaime.
Consultado por Confidencial, el juez se negó a entregar cualquier documentación referida al caso pese al interés público que reviste, argumentando las quejas recurrentes que suelen hacer los abogados a la Corte Suprema de Justicia cuando sus papeles andan en manos de terceros.
En septiembre pasado, después de varias solicitudes para una cita, a punto de salir en su camioneta, el juez Jaime dijo que la única forma para entregar los documentos era si “ustedes traen un poder, o viene alguien de la empresa a autorizarlo”.
Sin embargo, Mónica López sostiene que la información oficial confirma que la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI) vendió sus acciones a otras compañías radicadas en Holanda.
“Entendemos que quizás estos pueden haber vendido sus acciones a dos empresas registradas en Holanda: Nicaragua Infraestructure Development Cooperatief U.A (0.01%) y Nicaragua Infraestructure Development B.V (99.99%)”, explicó López.
Taboada alega razones de confidencialidad
El bufete Taboada y Asociados, que representa a Wang Jing en Nicaragua, se rehúsa a brindar información sobre las empresas de su cliente. José Evenor Taboada, el jefe de la firma de abogados que creó la sociedad EDGI, alega que por razones de confidencialidad no puede hablar sobre un trabajo que les ha sido encomendado por un bufete norteamericano.
En palabras de Taboada, sus clientes son una firma “de grandes ligas y de la aristocracia estadounidense”, dice refiriéndose a Kirkland & Ellis, radicado en Chicago y con más de cien años de existencia.
“No conozco a Wang Jing, sólo lo conozco en fotos. Nunca he hablado con él. Nada. Nada. Sólo en fotos, o televisión, igual que vos”, dice el abogado, que delegó en uno de sus hijos, socio del bufete, la atención a HKND. Taboada también es presidente de Funides, un centro de pensamiento asociado al sector empresarial que irónicamente aboga por la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que fueron demolidos por la concesión canalera.
De dos maneras distintas, el abogado Taboada evade contestar quién responderá ante un eventual desastre en la construcción de la obra.
Taboada insiste en que desde hace 200 años la legislación nacional establece que quién responde son las personas jurídicas, refiriéndose a la sociedad que firmó el contrato con el gobierno donde únicamente aparece como director Wang, pero las dudas ante las múltiples sociedades son inevitables.
“La persona jurídica es la que se hace responsable, el interés del gobierno es que se vayan presentando esos estudios y estén dándose todos los pasos que vayan asegurando la obra que va realizar”, dijo Taboada. Para él, el trabajo de la compañía concesionaria no es una aventura.
Un mapa complejo y nuevas sociedades
Pese al silencio de los abogados de Wang en Managua, así como la negativa de sus representantes Dong Lu y Bernard Li a brindar una entrevista a Confidencial, el intricado mapa de sociedades construido en el ordenador de Mónica López Baltodano, a medida que la información iba fluyendo, muestra una telaraña de sociedades que tiende a complejizarse.
“Tanto el Gobierno como el inversionista Wang Jing (y sus contratados) han insistido públicamente en hablar únicamente de HKND Group, lo que en mi opinión busca encubrir la existencia de todas estas sociedades. La pregunta es, ¿por qué lo esconden?”, dijo López.
“Formalmente y legalmente la concesión fue entregada a la empresa nicaragüense EDGI. Lo dice la Ley 840 y lo dice el Acuerdo Marco de Concesión. Aunque ella a su vez está controlada por toda esta red de sociedades hasta llegar a la que está en Beijing. Lo que veo es una red enmarañada que va «escondiendo» y «diluyendo» la titularidad de las obligaciones con el Estado de Nicaragua lo que dificultaría un escenario futuro de demandas. Claro, el problema es que todo esto está pasando con el consentimiento del gobierno”, añadió la abogada.
Un señalamiento que Telémaco Talavera, el vocero de la comisión estatal del gran canal nicaragüense, niega, porque la responsabilidad de Wang es «central» según sus palabras, en las que recuerda que el inversionista es presidente de HKND Group, el grupo de empresas que hará el canal interoceánico.
«Eso (la responsabilidad) no se diluye bajo ningún concepto, al contrario, creemos que va haber muchas empresas de absolutamente todo el mundo participando de esta construcción, porque sienten que es una obra que vale la pena invertir«, dijo Talavera.
Mónica López encuentra más razones para dudar. Durante su investigación, halla otra sociedad desconocida hasta ahora: Hknd Group Management Limited, registrada en Hong Kong el 6 de marzo de 2014 y fundada por HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKC), radicada en Hong Kong, y su director es Wang Jing. Lo extraño es que HKC sólo aparece como propietaria de una acción, mientras 9,999 se ignora a quién pertenecen dice sobre su nuevo hallazgo.
“Yo me pregunto, ¿quién es el dueño de las otras 9,999 acciones? ¿Por qué no aparecen en el registro? ¿Ésta empresa está subordinada o controla a la empresa en Beijing? Es difícil saberlo en este momento”, añadió López.
Las dudas prevalecen y el sistema legal nicaragüense tampoco está obligado a responder. Lo impide una reforma al régimen de sociedades realizado con la ley 840. “La ley canalera dice que estas sociedades ‘podrán tener directores que no tengan ninguna participación accionaria en tal sociedad anónima’ (Arto. 20). Es decir, deja abierta la posibilidad de que Wang Jing pudiera operar como un testaferro”, explica López.
El jurista Alejandro Aguilar insiste en el origen de la fortuna del personaje, quien es presentado como un emprendedor en la página del consorcio, un hombre de 42 años que preside 20 empresas que “operan negocios en 35 países del mundo”.
“Lo normal es que cualquier empresario sensato busque proyectos que son camisas a su medida. Nadie anda buscando un proyecto que te desborde en 10, 40, 50 veces tu capacidad, que podes fracasar, tomarte unos riesgos inadmisibles en los negocios”, dice Aguilar inicialmente.
“A menos que hayan dos posibilidades: que haya alguien detrás que vos no querés decir quién es y que tiene el suficiente dinero para eso, porque salir a recorrer el mundo para recoger 50,000 millones de dólares es difícil. La otra posibilidad es que tu contraparte en el negocio que es el Estado de Nicaragua, que ha puesto las cosas de una manera tan fácil, que aunque el proyecto no se haga nunca no vas a ser responsable de nada”, dice Aguilar sobre el contrato.
El jurista dice que él no hubiera recomendado al gobierno firmar un contrato tal como hizo el comandante Ortega.
Del Chamorro-Bryan al Ortega-Wang
En más de una ocasión, varias generaciones de nicaragüenses han calificado el tratado Chamorro Bryan, con el que se otorgó una concesión canalera a Estados Unidos en 1914, como el peor acuerdo en la historia del país. Sin embargo, en las manifestaciones populares contra HKND ahora enarbolan pancartas en las que llaman “vendepatria” a Ortega.
Un caso curioso de entrega de la soberanía que para el decano de derecho de la UPOLI, Oscar Castillo, no ocurre ni en las democracias más imperfectas de América Latina, incluyendo las que gravitan alrededor de Venezuela.
“El bloque del socialismo del Siglo XXI, un nacionalismo extremo, que lo han hecho más bien es nacionalizar sus recursos, mientras en Nicaragua se privatizan a favor de una sola persona con beneplácito del gobierno”, dijo Castillo.
Las mediciones en el terreno para hacer luego las expropiaciones, que se hacen a cuenta de la empresa con el beneplácito de la comisión gubernamental, han provocado ya diez marchas en los municipios donde pasará la obra cuya ruta fue anunciada en julio pasado y que atravesará el gran lago de Nicaragua, mientras el punto de entrada en el pacífico será Brito y del lado del caribe será Punta Gorda.
Casi es seguro, según Aguilar, que la historia con Wang acabe en un tribunal arbitral en Londres y ni siquiera se sabe qué abogados asesoraron a Ortega para que diera la concesión. “Las posibilidades son altas porque estamos hablando que cualquier cosa que hagás, que impide, limite, directa o indirectamente, eso va a un tribunal arbitral en Londres segurísimo”.
El misterio del origen del capital y la facilidad para obtener la concesión en un país tan lejano para Wang continúan siendo interrogantes que siguen sin ser respondidas por el gobierno.
La comisión gubernamental del canal, sin embargo, no tiene dudas sobre su inversionista. El vocero Talavera recuerda el viaje que hicieron empresarios nicaragüenses a China durante octubre de 2013. Entonces recorrieron la empresa telefónica Xinwei, que Wang preside desde 2011. El portavoz no responde una pregunta concretamente. «Esa es una parte política, yo desconozco», dice cuando se le pide aclarar cuáles son los nexos de Wang con el partido comunista chino.
La construcción de dos puertos, uno en el pacífico y otro en el caribe; proyectos turísticos en las zonas de desarrollo; un aeropuerto internacional; una zona de libre comercio; centrales eléctricas; fábricas de cemento y acero han hecho volar el discurso gubernamental de que Nicaragua por fin logró ver su tierra prometida.
Preguntas sin responder
Las fotografías de HKND Group muestran al abogado Li Chuan, representante en Hong Kong del bufete Kirkland and Ellis, el día que el gobierno de Daniel Ortega ratificó el acuerdo del canal interoceánico el 13 de junio del año pasado.
“Chuan ha sido reconocido como abogado líder en capital privado y corporativo/M& A en Hong Kong y China por Chambers Asia Pacífico 2008-2014, 2011 Chambers Global, IFLR1000 2011 y Legal 500 Asia Pacífico 2013”, dice el bufete sobre él en su página electrónica.
Confidencial solicitó la versión de Chuan, la persona delegada por Kirkland and Ellis para ver el tema del canal interoceánico por Nicaragua. Fueron seis preguntas, a partir de cómo inició la relación del bufete con Wang en torno a la interrogante principal: ¿quién se haría responsable si los recursos naturales de Nicaragua resultasen dañados? Pero nunca respondió.
La solicitud de una entrevista en este sentido también fue transmitida al grupo de Wang en Managua, sin embargo, tampoco hubo una respuesta a las dudas planteadas desde hace meses en la ciudadanía.
