Pocas horas antes de presentarse en el Congreso que habría de inhabilitarla ese mismo día, la fiscal suprema (antes fiscal de la nación) Zoraida Ávalos fue entrevistada en el programa La Rotativa del Aire, de RPP. 

Las preguntas fueron, cuando mucho, olvidables; pero pese a ellas, Ávalos hizo el esfuerzo por defender con vigor su caso (algo que empezó a hacer solo pocos días antes de la votación). 

Uno de los puntos centrales de su defensa pública fue denunciar que la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, efectuaba –a través de sus funcionarios de confianza– solapadas pero vigorosas gestiones en el Congreso para conseguir y asegurar los votos para la inhabilitación de Ávalos. 

Ávalos ya lo había dicho en otras entrevistas. Con Rosa María Palacios, por ejemplo, y con Fernando Carvallo en otro programa de RPP. 

Pero su declaración en La Rotativa del Aire añadió un interesante detalle somático.

“… diferentes fuentes me avisaron que había funcionarios del despacho de la fiscalía de la nación que estarían yendo a hablar con congresistas para […] que voten en contra mía para lograr mi inhabilitación, […] en la Junta de fiscales supremos, que fue el 1 de junio, manifesté de que [sic]  un coordinador parlamentario había dicho que solo le faltaban 8 votos para lograr mi destitución y también [que] había ido un asesor de contextura robusta”.

¿Y qué asesores de la actual fiscal de la nación corresponden a ese voluminoso perfil? No hay tantos, pero veamos mejor quiénes anduvieron en esos meses y semanas en el Congreso, y con quién hablaron.

Según una información que publicó La República, hubo varias visitas de asesores de confianza de Benavides a despachos de congresistas vinculados con la denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos.  

Esos asesores de la fiscal de la nación fueron Jaime Villanueva Barreto, Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado (este último el coordinador de la fiscalía de la nación en el Congreso). De los tres, Villanueva es el que tiene mayor cercanía e influencia con la fiscal de la nación.

La relación de visitas es elocuente: el 3 de octubre del año pasado, Jaime Villanueva visitó en el Congreso a Gladys Echaíz. Repitió la visita a su despacho el 17 de octubre. Volvió a ver a Echaíz el 16 de noviembre, acompañado por Miguel Girao. Y retornó al mismo despacho, esta vez solo, el 12 de enero, en una visita que duró varias horas. 

Otro congresista visitado fue José Balcázar, expresidente de la comisión de elección del Tribunal Constitucional. El asesor Miguel Girao lo visitó el 17 de agosto del año pasado. 

El 21 de septiembre, Balcázar fue visitado por Girao, Villanueva y Hurtado. Balcázar ya era objeto de una investigación fiscal relacionada con su actuación en el proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional.

Ese mismo día, el 21 de setiembre, Villanueva y Girao fueron a la oficina de la congresista Lady Camones, para una reunión con esta.

Camones había sido elegida unos días antes presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que luego impulsó el informe final contra Zoraida Ávalos. 

¿A qué fueron los asesores de Patricia Benavides al Congreso?

Frente a preguntas de la prensa, el ministerio público respondió que las visitas a Echaíz y Balcázar tuvieron como objetivo “abordar la problemática sobre la provisionalidad de fiscales”. No quedó claro si el abordaje de “la problemática” culminó en “la solucionática” de la referida provisionalidad.

¿Y sobre la visita a Camones? Fue, según la respuesta, para “hablar de un  proyecto sobre la autonomía de la Fiscalía”.

Extraño, porque la reunión fue en septiembre de 2022 y el proyecto se presentó en febrero de 2023. 

¿El motivo real de las reuniones fue, como afirmó luego Zoraida Ávalos, hacer lobby, gestionar, planear o presionar por su inhabilitación? 

¿Cuál fue el papel de Jaime Villanueva, el principal asesor de Patricia Benavides, en esas maniobras? El hecho de que en la votación para inhabilitar a Ávalos se hayan unido, en pragmática (o cómplice) confluencia, bancadas y tendencias que hasta hace menos de dos años estaban enfrentadas a través de los enconos, los miedos y las furias de lo que parecía el prolegómeno de una guerra santa, de la ultraderecha contra el stalinismo andino, ¿fue facilitado en parte por quien desarrolló la habilidad de deslizarse en poco tiempo a través de casi todo ese espectro? 

Jaime Villanueva asumió el “cargo de confianza de Asesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación” [sic], con “eficacia anticipada”, a partir del 2 de julio de 2022. 

Villanueva y Patricia Benavides mantienen cercanía desde hace varios años. 

Ocho años atrás, cuando Pablo Sánchez era fiscal de la nación, Villanueva fue secretario general de la Fiscalía, de enero a agosto de 2015. Ese mismo mes fue nombrado “en el cargo de confianza de Asesor Principal de Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación” [sic].

Hubo pronto otros cambios y Villanueva pasó a ocupar el cargo de gerente central de la Escuela del Ministerio Público, desde fines de 2015 a junio de 2018.

Ese mes, junio de 2018, Villanueva contactó a autoridades fiscales brasileñas para pedirles que inviten al entonces todavía fiscal supremo, pero próximo a asumir la fiscalía de la nación, Pedro Chávarry, a visitar Curitiba y Brasilia. Distanciado de Sánchez, Villanueva se había acercado a Chávarry, con quien ya colaboraba Patricia Benavides, entonces fiscal adjunta suprema adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Pablo Sánchez se enteró de la gestión a través de los propios brasileños, montó en cólera y cesó a Villanueva de la Escuela del Ministerio Público. 

Chávarry había sido elegido fiscal de la nación el 7 de junio y juró el cargo el 21 de julio, en un medio remecido por las revelaciones del caso Lava Juez (o Cuellos Blancos). Antes que el caso lo envolviera, Chávarry dispuso (en gran medida por la gestión que hicieron los entonces muy cercanos a él Jaime Villanueva y Patricia Benavides) la reorganización del equipo especial dedicado a la investigación del caso Lava Jato, al que puso bajo la coordinación de Rafael Vela, con la participación central de José Domingo Pérez. 

Muy poco después Chávarry se arrepintió de los nombramientos y trató de desarmar el equipo especial, pero fue tarde para hacerlo y tarde para él también. En ese período de agonía funcional, tanto Benavides como Villanueva se apartaron de Chávarry, quien tuvo que renunciar al cargo de fiscal de la nación el 7 de enero de 2019. 

Pasaron muchas cosas desde el inicio de 2019 hasta 2022 y volveremos pronto a ese período, pero queda clara la antigua y cercana relación de Patricia Benavides con Jaime Villanueva y no resulta, por eso, sorpresa alguna que lo haya nombrado su asesor en julio de 2022. 

Villanueva asumió desde el principio una defensa a rajatabla, con frecuencia agresiva, a veces en forma abierta y otras ocultando la mano, de la gestión de la nueva fiscal de la nación.

En abril de este año, por ejemplo, Villanueva publicó el siguiente tuit:

¿“Corifeos y viudas del corrupto golpista”?

Lo de “corrupto golpista” se refería, sin la menor duda, a Pedro Castillo.

En cualquier otro caso los calificativos no hubieran llamado la atención. Pero con Villanueva la llamaban, y mucho.

Porque Villanueva trabajó para el gobierno de Castillo, en posiciones de confianza, y no en uno sino en tres ministerios. Y lo hizo, defendiendo la gestión de Castillo, hasta pocos días antes de ser nombrado asesor de Patricia Benavides. 

Lo que hace más remarcable ese capítulo es que, antes del gobierno de Castillo, Villanueva no fue militante de lápiz y sombrero.

En las elecciones de 2021 llamó más bien a votar por Verónika Mendoza:

Pero luego de la victoria de Pedro Castillo, se puso al servicio del nuevo gobierno, al comienzo en el ministerio de la Mujer, en la gestión de Anahí Durand, mientras declaraba sus coincidencias tempranas con Castillo. Dijo, por ejemplo, en una columna publicada en Sudaca el 22 de julio de 2021:

“En el Perú, darle paso al proceso constituyente no sólo significa estar a tono con los nuevos procesos sociales y populares que se van dando en la región, sino que significa también acatar la voluntad popular que votó masiva y mayoritariamente por la opción que trajo como propuesta una nueva constitución. […]

Con el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo, se abre la posibilidad real de que el proceso constituyente que ya vivimos encuentre su expresión en una asamblea que sea fruto de la voluntad popular y vayamos en el camino de decidir nuestro propio destino. Querrán frenar este proceso aduciendo formalidades legales, pero la discusión en este plano no es sólo legal y jurídica, sino política y social”.

Poco antes, ese mismo año, en febrero de 2021, Jaime Villanueva había defendido con energía a la entonces fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, a raíz de la confrontación (y sus revelaciones) entre las fiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro.

En un artículo en Sudaca, “Y mientras tanto… celebran los hermanitos”, del 24 de febrero de 2021, Villanueva escribió que: 

“… Por eso, ha hecho muy bien la Fiscal de la Nación [sic] en removerlas de su cargo. Ellas deberán dar cuenta de lo que hicieron y dejaron de hacer ante las instancias correspondientes.

La mayor víctima de esta reunión es la propia investigación. Hoy “los hermanitos”, esa fraternidad inmunda que controlaba el sistema de justicia en el Perú, celebran su aparente triunfo. Parece que han logrado su primer objetivo que es desmantelar el equipo especial que, en noviembre, la Fiscal de la Nación reformuló con buen criterio para darle mayor impulso a las investigaciones. Luego es evidente que quieren ir tras la cabeza de Zoraida Ávalos y finalmente terminar de tumbarse el caso. Es decir, lograr la impunidad”.

En octubre de 2021, Villanueva fue nombrado en su primer cargo de confianza del régimen de Castillo:

Duró dos meses en el cargo. El 8 de diciembre, Durand aceptó la renuncia de Villanueva.

Fue una despedida cordial, porque Villanueva no salía del gobierno de Castillo sino pasaba a otro ministerio, el de Defensa. El 9 de diciembre asumió su segundo cargo de confianza. 

Villanueva había conocido al entonces ministro (el exfiscal Juan Carrasco Millones), en la escuela del Ministerio Público. Este no tuvo problema en llevarlo del ministerio de la Mujer al de Defensa y lo puso a trabajar como parte del equipo de asesores de su entonces jefe de gabinete ministerial: Félix Chero, un chiclayano, como el propio ministro, a quien conocía desde sus tiempos de estudiantes en la universidad Pedro Ruiz Gallo.

Cuando Carrasco terminó su efímera gestión en Defensa, en febrero de 2022, Félix Chero fue nombrado ministro de Justicia. 

¿Adivinan a quién llevó como asesor?

El 31 de marzo de 2022, Jaime Villanueva asumió el cargo de Asesor II Nivel F-5 en el despacho del flamante ministro de Justicia, Félix Chero.

Era realmente un cargo de confianza. Por orden de Chero, Villanueva fue designado responsable del equipo revisor de la transferencia de gestión.

Los encargos de confianza del gobierno de Castillo se sucedieron. El 14 de junio de 2022, Villanueva fue nombrado como miembro integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales del ministerio de Justicia.

Durante el tiempo que sirvió a tres ministerios en el gobierno de Pedro Castillo, Villanueva escribió varias veces en favor de las políticas del régimen. 

A Anahí Durand le escribió un tuit, al despedir su gestión, en febrero 2022:

El 5 de abril de 2022, Villanueva defendió la decisión del gobierno de Pedro Castillo, de declarar un estado de emergencia en Lima y Callao, con orden de inamovilidad, que fue masivamente desacatado.

Y el 29 de mayo de 2022, cuando el Congreso no obtuvo los votos suficientes para un segundo intento de vacancia contra Pedro Castillo, Villanueva publicó el siguiente tuit, con un tosco parafraseo de la célebre línea del Canto Coral de Alejandro Romualdo.

Apenas un mes después, Villanueva salió del Ejecutivo, regresó a la Fiscalía de la Nación y pasó, sin solución de continuidad, a definir al régimen que acababa de servir y defender como el “del corrupto golpista”. 

¿Acto fallido o intento reprimido de confesión sincera?

Hasta el momento de pasar del gobierno de Castillo a la fiscalía de la nación, Villanueva atacó repetidas veces a la ultraderecha, a sus portavoces, sus líderes y los “periodistas” a su servicio. 

Aquellos con los que terminaría gestionando y concertando pocos meses después. 

Sobre Milagros Leiva escribió lo siguiente, en mayo de 2020:

A Keiko Fujimori le dedicó, entre muchos, el siguiente tuit, en abril de 2021:

Sobre Jorge Montoya y su jefe de partido, Rafael López Aliaga, escribió esto en junio de 2021.

El retorno de Villanueva a la Fiscalía de la Nación –aunque esta vez con mucho mayor fuerza, como antiguo aliado y ahora asesor ejecutivo de la FN– cambió con rapidez las cosas. Tenían el poder, pero este estaba vinculado a una nueva línea. No solo se trataba de concentrarse en una investigación acusatoria a fondo contra el presidente que había servido hasta, casi literalmente, el día previo, sino que había que hacerlo en implícita alianza con los grupos de ultraderecha que, para todo efecto práctico, eran la fuerza dominante en el Congreso. 

Benavides (y Villanueva) se manejaron en consecuencia. Mientras el equipo especial contra “la corrupción en el poder”, dirigido por la fiscal Marita Barreto, avanzaba velozmente en la investigación contra las cutras del Ejecutivo de Castillo, se atenuaron los faros en otras direcciones. 

Benavides aceptó feliz la condecoración de un investigado por su propia fiscalía por nada menos que lavado de dinero: el actual alcalde, Rafael López Aliaga. 

Los propios atropellos de Benavides, como sacar sin contemplaciones a la fiscal, Bersabeth Revilla, que investigaba por gravísimos casos de corrupción a la jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal, para nombrar en su lugar a un fiscal complaciente, Helder Uriel Terán, que poco después archivó el caso, debían ser ignorados o, para emplear el lenguaje grato a Willax que Villanueva ya empleaba, adscritos a los “corifeos y viudas del corrupto golpista”.

Parece que hay viudas con amnesia.

Hace poco, uno de los más importantes casos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, el de Sada Goray, pasó incómodamente cerca de Villanueva.

Una nota de Álvaro Reyes en Perú21 informó sobre el extraño caso. 

En apretado resumen: Sada Goray quería poner un allegado como jefe de la Sunarp, para registrar a su nombre un terreno en Chilca. Todo perfectamente cutrero. Pidió que se nombrara a Luis Longaray. Castillo aceptó y llamó al ministro Félix Chero, dentro de cuyo sector funciona la Sunarp. El problema era que el director en ejercicio, Harold Tirado, estaba realizando una buena gestión. Pero Castillo le ordenó a Chero que hiciera el nombramiento indicado y Chero accedió, después de lo cual, según el documento fiscal:

En la investigación fiscal sobre esa cutra en específico, el relato central es el del delator estrella del caso Castillo, Salatiel Marrufo. 

El informe de Reyes indica que, “según el delator, el ministro ordenó a su entonces asesor Jaime Villanueva convocar al jefe de la Sunarp, Harold Tirado, para el día siguiente por la mañana. Ese día le pidió su renuncia. Villanueva es hoy asesor en la Fiscalía de la Nación.

Un día después, el 15 de ese mes, salió publicada en el diario El Peruano la resolución suscrita por Chero y Castillo designando a Longaray como jefe de la Sunarp. El pacto estaba cerrado”.

Ahí no acaba todo. En la versión de Marrufo que reportó Álvaro Reyes, el entonces ministro Chero le pidió luego una coima por lo hecho. Marrufo asintió, de acuerdo con su testimonio, y le entregó 50 mil soles en efectivo.

En cuanto a Jaime Villanueva, el diario Perú21 lo contactó para conocer su versión de los hechos. Villanueva respondió que “aquella vez solo acató la orden del entonces ministro Félix Chero de convocar a Harold Tirado sin conocer las razones de la cita”.

Tarea importante para un asesor de confianza: hacerle las llamadas telefónicas al ministro.

Según fuentes con conocimiento de la antropología interna de la fiscalía, la nota que Álvaro Reyes publicó en Peru21 hizo poco por mejorar las ya nada cordiales relaciones entre Jaime Villanueva y la fiscal Marita Barreto. 

En cuanto a los efectos de las acciones del asesor de “contextura robusta” en el Congreso, hubo un evento poco común en la fiscalía unos días antes de la votación para inhabilitar a Zoraida Ávalos. 

Un despacho en La República, el 16 de junio, informó que la fiscal Benavides había archivado una investigación sobre cerca de 40 congresistas por presunta corrupción. Aunque ese caso se archivó, hay otros que permanecen abiertos. 

Pocos días después se votó el pedido de inhabilitación de Zoraida Ávalos. Ella presentó la defensa de su caso con claridad y vigor. Una vez que terminaron las palabras, llegó el momento de la votación. 

Nada menos que 71 congresistas votaron a favor de la inhabilitación, 15 en contra y 8 se abstuvieron. 

Todo Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, votaron por la inhabilitación. Casi todo Perú Libre y el Bloque Magisterial (dos disidentes en cada caso), unieron sus votos para inhabilitar a Ávalos. 

La nueva coalición, independiente de ideologías, cuyo lema bien podría ser: “salvo la impunidad, todo es ilusión”, actuó masivamente. El hecho de que todos ellos juntos, y sin quitarse los zapatos, no representen a más del 6% de la población en el país, parece importarles poco, por ahora. 

En un escenario con tal nivel de descomposición, donde las palabras significan menos que el aire caliente que las emite y los conceptos se travisten con la velocidad con la que los saltapericos se cambian de camisa y lealtades, se seguirá agravando el deterioro de la democracia hasta que la ciudadanía movilizada la rescate.