En el interrogatorio que tuvo lugar hoy en São Paulo al extesorero del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, hubo dos momentos particularmente interesantes.
El primero fue cuando, en respuesta a una afirmación hecha el día anterior por el ex Líder Empresarial de Odebrecht, Luiz Mameri, Migliaccio afirmó tajante y enfáticamente que el 100 por ciento de los pagos hechos por el Sector de Operaciones Estructuradas fueron ilegales.
Mameri, como otros altos ex ejecutivos de Odebrecht en otros interrogatorios, habían indicado que algunos pagos (como el de bonos de éxito o productividad a ejecutivos de la corporación) no eran necesariamente ilegales.
Pero lo eran, puesto que se trataba de dinero no contabilizado; es decir, de dinero lavado. Y todo el dinero que pasó por el sector de operaciones estructuradas lo era, afirmó Migliaccio.
¿Cuánto pasó? En su media docena de años de existencia, el Sector de Operaciones Estructuradas efectuó pagos por casi 3 mil quinientos millones de dólares. Una parte coimas directas, otra parte campañas políticas, que al final producían el mismo resultado:
Cuatro dólares ganados por cada dólar empleado en coimas.
Lo que Migliaccio hizo hoy, con un portugués de acento cerrado que obligó a utilizar con frecuencia traducción, fue explicar el funcionamiento del Sector de Operaciones Estructuradas (SOE), en forma somera. Indicar que ellos se encargaban de ejecutar las órdenes de pago hechas por Marcelo Odebrecht o por líderes empresariales como Mameri (en cuyo caso el contador de confianza de Marcelo Odebrecht, Isaías Ubiraci, debía constatar los fondos que respaldaban la orden).
Migliaccio enfatizó que ellos no decidían sino cumplían. Que el proceso estaba organizado de tal manera que no conocían el destinatario, el beneficiario final de los pagos ilegales. Les llegaba un seudónimo (“codinome”) y la descripción del destino de los fondos, generalmente una cuenta. Su trabajo era “operativizar” el proceso.
Solo en una ocasión, dijo Migliaccio, conoció al recipiendario de fondos: Valdemir Garreta, a quien ya tenía referido como estratega de campañas vinculado con el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Nada más.
Migliaccio lució tranquilo durante los dos tramos de sus declaraciones: con el fiscal Germán Juárez primero y con el fiscal José Domingo Pérez, por la tarde.
En esa segunda diligencia participaron varios abogados en representación de los investigados.
Por Keiko Fujimori estuvieron, como en la declaración previa, su abogada peruana, Giuliana Loza y el brasileño Beno Brandão. Augusto Bedoya mandó también un abogado. Pero el que participó más intensamente fue el que representó a Jaime Yoshiyama: Humberto Abanto Verástegui.
Abanto insistió en preguntas de efecto, cuya respuesta era obvia: ¿le pagó a Keiko? ¿le pagó a Yoshiyama? ¿le pagó a Bedoya? Migliaccio respondió que ni en ese ni en ningún otro caso supo a quién le pagaba. Que la estructura del sistema estaba hecha para no saberlo.
Sobre el dinero destinado a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala ya había hablado Luiz Mameri, quien sí tenía que saberlo, el día anterior.
Los temas vinculados con Odebrecht (en este caso como defensor de imputados por recibir dinero negro), no son ajenos a Abanto Verástegui.
En algunos de los numerosos arbitrajes con los que Odebrecht arrolló al Estado en los tiempos de la cutra, Abanto Verástegui fue un árbitro nombrado por la compañía para dirimir una diferencia en el proyecto IIRSA Norte.
Abanto Verástegui falló a favor de la corporación y gracias a eso el Estado tuvo que pagarle 24 millones de dólares más a Odebrecht.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).