El 22 de diciembre pasado, IDL-Reporteros reveló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha estado estrechamente vinculado con el diario Expreso desde el año 2015. Tanto como abogado independiente como a través de dos estudios que fundó: Santiváñez Antúnez & Abogados Asociados; y Molina & Asociados SAC. El ministro Santiváñez omitió declarar ese vínculo en su declaración jurada de intereses de 2024.

Dos días después de publicarse la revelación de IDL-Reporteros, Expreso publicó un editorial en el que reconoció la relación con Santiváñez e, incluso, señaló que el director del diario, Antonio Ramírez Pando, es amigo del ministro desde hace más de 25 años. Sin embargo, Expreso sostuvo que Santiváñez había dejado de ser apoderado de la empresa que publica el periódico.
Los documentos a la vista de registros públicos indican lo contrario.
En esta entrega, IDL-Reporteros expondrá en detalle la cadena de transacciones offshore mediante las cuales se traspasó, vendió o licenció la marca del diario Expreso entre los años 2002 y 2015. Ocho veces, a través de cinco sociedades creadas y registradas (algunas con mucho apuro) en paraísos fiscales. Y Santiváñez jugó un papel en ella.
Este proceso empezó cuando saltó a la luz, ‘vladivideos’ de por medio, la venta (clandestina y al contado) de la línea editorial y periodística del diario a Vladimiro Montesinos y al gobierno de Fujimori. Frente al escándalo y las investigaciones anticorrupción iniciadas poco después de la caída del fujimorato, ante las posibles incautaciones de activos, se inició un apurado proceso de traspasar bienes, como la marca, a empresas offshore.
Estas operaciones offshore empezaron con mucha prisa, pero se extendieron luego por varios años y ocurrieron en forma paralela al esquema empresarial local que mantuvo la edición y publicación del diario Expreso desde las escandalosas revelaciones del año dos mil.
En el eslabonamiento de ambas tramas, la offshore y la local, aparece, años después el ministro Juan José Santiváñez como abogado a título personal o a través de dos estudios de abogados que fundó.

Las offshore de Expreso tuvieron como agentes residentes a Mossack Fonseca y a Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), dos bufetes corporativos panameños que saltaron años después a la notoriedad cuando las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación [ICIJ por sus siglas en inglés]: los ‘Panama Papers’ y los ‘Pandora Papers’ (en las que participó IDL-R), revelaron cómo ambos bufetes facilitaron, en escala industrial, esquemas offshore complejos y eficientes a criminales, empresarios, políticos corruptos, evasores de impuestos, entre otros… para ocultar patrimonio, sobornos, eludir impuestos y lavar dinero.
Los ‘vladivideos’
Pero esta historia tiene como punto de partida el año 1999.
Hacia setiembre de ese año, el entonces presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimir Montesinos acordaron el desvío de fondos públicos de, sobre todo, las Fuerzas Armadas (con la connivencia de sus máximas autoridades), con el objetivo de comprar, de manera encubierta, acciones de Cable Canal de Noticias (CCN); y para sobornar a la dirección del diario Expreso a fin de establecer una subordinación directa al régimen, y no indirecta, que ya la tenían.

Eso era parte importante del plan de tener un control total de los medios de comunicación para las elecciones presidenciales del año 2000, en las que, atropellando leyes e instituciones Fujimori participaría.
Los socios fundadores de Peruana de Cable Televisión S.A. (la compañía dueña de Cable Canal de Noticias) eran Eduardo Calmell del Solar, Manuel Ulloa Van Peborgh (a través de la empresa inmobiliaria Inversiones Atahualpa) y Silva Consultores, de acuerdo con registros públicos. Ambos, Ulloa y Calmell del Solar, también tenían el manejo del diario Expreso. El primero era su presidente ejecutivo y el segundo su director.
En uno de los ‘vladivideos’ quedó registrada una reunión en el SIN entre Vladimiro Montesinos, Calmell del Solar y Vicente Silva Checa donde pactaron la adquisición de las acciones que le pertenecían a Ulloa en Cable Canal de Noticias (75%), por 2 millones de dólares. Quien aparecería como nuevo accionista, actuando como testaferro del gobierno, era Silva Checa.
Silva Checa era accionista de Silva Consultores y tenía un vínculo cercano con el fujimorismo. Fue asesor de los exministros de Fujimori Carlos Boloña, Jaime Yoshiyama y Efraín Goldenberg.

Junto con eso, Eduardo Calmell del Solar recibió de forma directa un millón 750 mil dólares de Montesinos por terminar de someter la línea editorial de Expreso a las órdenes del SIN. Eso quedó registrado en los ‘vladivideos’ y en los documentos que firmó bajo el rótulo de “compromiso de colaboración y apoyo”, que dejaron constancia de la recepción de los sobornos en cuatro armadas, entre septiembre de 1999 y agosto del 2000.

Hasta el año 1999, Editora Nacional SA era la empresa que publicaba el diario Expreso y tenía a su vez la propiedad de la marca. El presidente del directorio era Manuel Ulloa y el vicepresidente Calmell del Solar.
Pero ese año las cosas cambiaron: Editora Nacional SA vendió la marca Expreso a Inversiones Atahualpa SA, accionista de Cable Canal de Noticias.
Inversiones Atahualpa había sido constituida por Ulloa Van Peborgh y otras dos personas en años previos. Calmell del Solar figuraba en los registros públicos de esa compañía como la persona que actuó como su representante para la firma de la minuta de constitución y estatuto de Peruana de Cable Televisión (dueña de CCN).
En enero del año 2001 (dos meses después de la caída del régimen de Fujimori) se hizo público el ‘vladivideo’ sobre la venta de acciones de Cable Canal de Noticias y, poco tiempo después, el de la entrega del soborno a Calmell. En abril, Calmell del Solar fue arrestado y encarcelado; pero en julio de 2002 se fugó del país tras ser liberado por orden de un juez.

Ese año (2002), el procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia solicitó la intervención judicial del diario Expreso. Hubo una fuerte oposición a la medida, el procurador se desistió y pidió al juez de la causa que disponga del embargo de los bienes de Expreso hasta por 50 millones de soles.
Es entonces que, con alarma y con apuro, empezó el esquema offshore de Expreso. Que, como veremos, no solo sustrajo la marca de la acción legal sino permitió transferencias de dinero bajo el paraguas de contratos de venta o de licencia de uso de marca.
Producto de esas operaciones hubo movimientos financieros de al menos 2 millones 281 mil dólares, de acuerdo con documentos revisados por IDL-Reporteros.
Los primeros movimientos offshore
Las primeras operaciones offshore se dieron entre agosto y diciembre del año 2002. En un rango de cuatro meses, la marca “Expreso” (junto con la del diario Extra) fue vendida dos veces.
La secuencia fue la siguiente: Inversiones Atahualpa S.A. vendió las marcas a la offshore Kidman Corporation y esta, a su vez, a la offshore Gaskill Holdings. Las transacciones fueron por un total de 975 mil dólares.
Las tres empresas tuvieron en común al mismo representante legal: José Miguel Ramírez-Gastón Roe, del Estudio Echecopar.
¿Cómo se hizo la operación?
El 28 de agosto (en Panamá) y el 2 de septiembre de 2002 (en Lima), Inversiones Atahualpa SA suscribió un contrato con Kidman Corporation por la “transferencia de elementos de propiedad intelectual de los signos distintivos” de las marcas ‘Expreso y logotipo’, ‘Expreso informando la verdad’, ‘Expreso la opinión de la razón’, ‘Expreso un diario con ideas y con ideas a diario’, ‘Extra y logotipo’ y ‘Extra’.
El precio pactado fue de 250 mil dólares.
También fue transferido “todo el archivo periodístico e informático y hemeroteca de propiedad de Inversiones Atahualpa (Diarios Expreso y Extra), pasado, presente y futuro…”, a razón de una adenda al contrato, de fecha 3 de septiembre de 2002.
Pero el 9 de diciembre de ese año fue suscrita otra adenda, en la que se acordó que el archivo periodístico de Expreso y Extra volviera a Inversiones Atahualpa.
Kidman Corporation había sido constituida poco antes, el 30 de abril del 2002 por dos offshore panameñas, Dulcan INC y Winsley INC; e inscrita en registros públicos de Panamá el 7 de mayo de 2002.
Una vez que Kidman Corporation compró las marcas Expreso y Extra, otorgó un poder a favor de José Miguel Ramírez-Gastón, el abogado que gestionó el esquema.
Correos internos del estudio de Mossack Fonseca de noviembre y diciembre de 2002 entre la oficina de Lima (a cargo de Mónica de Ycaza) y la de Panamá revelan la urgencia por concretar otra operación: la venta de las marcas a otra offshore, Gaskill Holdings.
De Ycaza pidió celeridad con los trámites para satisfacer al Estudio Echecopar que, según dijo, era un cliente nuevo y en poco tiempo había comprado cuatro sociedades. Pidió incluso soslayar la due diligence sobre los clientes finales (dueños reales) de las offshore Kidman Corporation y Gaskill Holdings.

En un correo enviado por Ramsés Owens (entonces abogado de Mossack Fonseca) a Mónica de Ycaza, del 28 de noviembre de 2002, este le pregunta si ella tiene información al respecto de quién era el “usuario real” de las sociedades.

Después de una conversación telefónica con De Ycaza respecto a este asunto, Owens le envió un correo a Ramón Fonseca, socio de la corporación, en el que le dice que “se trata de la gente de más alto nivel de Perú, y que ni siquiera ella se atreve a preguntarle a Ramírez Gastón si esas cuentas serán para uso de él o de su firma de abogados para uso de una tercera persona, porque no quiere perder a este muy importante cliente, con gran potencial de compras”.

El contrato por la venta de las marcas de los diarios Expreso y Extra a la offshore Gaskill Holdings se concretó el 9 de diciembre del 2002, por 725 mil dólares. Fue suscrito en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.
En los días que siguieron hubo un intercambio de correos entre los ejecutivos de Mossack Fonseca para dar celeridad a la legalización del contrato. Incluso Eduardo Ferrero Costa, entonces embajador del Perú ante la OEA, habría intercedido ante el cónsul peruano para que los documentos sean legalizados con rapidez.

Estas operaciones, en el terreno offshore, se dieron de forma paralela al esquema empresarial local para mantener la edición y publicación del diario, marcado por la quiebra de algunas de las compañías que tuvieron el control de la publicación. El siguiente gráfico traza la ruta de las compañías que publicaron el diario en los últimos 25 años, y cuáles entraron en procesos de liquidación por falta de capacidad financiera.

El 11 de diciembre de 2002, Gaskill Holdings suscribió un contrato de “licencia de uso de signos distintivos” con la empresa peruana Editora Sindesa S.A. por las marcas Expreso y Extra. El monto que Editora Sindesa SA pagó fue de 6 mil dólares, por un periodo de 12 meses. Según el contrato, Editora Sindesa S.A. debía pagarle a Gaskill Holdings mensualmente 500 dólares.
Editora Sindesa es la empresa que editó y publicó el diario Expreso entre diciembre de 2002 y diciembre de 2005. La compañía había sido constituida en septiembre de 2002 por Luis García-Miró Elguera y Antonio García-Miró Peschiera, según registros públicos.

En su ediciones impresas del 11 y 12 de diciembre del 2002 –fechas que coinciden con la suscripción del contrato de licencia de uso de marca–, Expreso anunció una “nueva etapa”, bajo la dirección de Luis García-Miró. Se mantuvo en la conducción del diario los siguientes 12 años.

La empresa editora y la offshore
En abril de 2003, se dieron dos operaciones offshore en el rango de tres días, en las que figura Luis García-Miró Elguera, entonces director de Expreso y accionista de la empresa que publicaba el diario.
El 21 de abril, la offshore Gaskill Holdings –que había licenciado por un año las marcas Expreso y Extra a Editora Sindesa S.A.– vendió a la offshore Castelar Management Ltd. (constituida en Islas Vírgenes Británicas) ambas marcas.
Dos días después, Castelar Management Ltd. revendió a Gaskill Holdings las mismas marcas que le había comprado previamente. De acuerdo con el contrato, el representante de Castelar Management Ltd. en esta operación fue Luis García-Miró.
La segunda venta se pactó en un millón 300 mil dólares, que sería cancelado en dos cuotas, la primera el 15 de mayo de 2003 ($1,000 000) y la segunda el 15 de junio ($300 mil) de ese mismo año.
Luis García-Miró ha sido accionista de las empresas que publicaron el diario Expreso entre 2002 y 2010: Editora Sindesa S.A. (2002-2005), Sindesa S.A. (2005-2008) y Conceptum S.A. (2008-2010). Además, fue director del diario hasta el año 2014 y mantiene una columna hasta hoy.
Años más tarde, a inicios de 2008, la offshore Gaskill Holdings cedió sus derechos sobre los signos distintivos de Expreso y Extra a la offshore panameña Tonopah SA, que recién en 2012 quedó registrada en Indecopi.
En esas fechas, el periódico era publicado por Sindesa S.A., una de las empresas de Luis García-Miró.

El papel del ministro Santiváñez
Es desde el año 2015 que Juan José Santiváñez aparece vinculado tanto con la trama offshore como con las compañías que han publicado el diario Expreso.
Santiváñez fue designado ese año apoderado “clase B” de Editora Expreso Extra, la empresa que asumió la publicación de Expreso en junio de ese año (2015) y que se mantiene hasta hoy, de acuerdo con los documentos de registros públicos a la vista.

Al año siguiente, en 2016, el estudio Santiváñez Antúnez & Abogados Asociados fue designado liquidador de El Nuevo Expreso SAC, la empresa que publicó el diario entre 2010 y 2015.

En 2017, Santiváñez fue designado apoderado de la offshore panameña Burdekin International, ya dueña entonces de la marca del diario Expreso. Para hacerse de la marca, la offshore instruyó previamente a Sindesa S.A. para que registrara la marca ante Indecopi, y una vez concedido el registro, lo transfiera a Burdekin International sin pago alguno. (Los detalles de la operación, en ‘La relación oculta del ministro Santiváñez con el diario Expreso’)

Sindesa S.A. fue la compañía que publicó el diario entre 2005 y 2008, cuyos accionistas fueron Luis García-Miró y Antonio García-Miró Peschiera. Uno de los estudios que Santiváñez fundó (Estudio Molina & Asociados) fue designado liquidador de esa compañía en 2020.
En resumidas cuentas, Santiváñez está vinculado con las empresas que han publicado el diario Expreso desde el año 2005 hasta la fecha; y ha sido también apoderado de la offshore, la última de la cadena, que actualmente tiene la marca del diario.
Difícil tener una relación más estrecha que esa.
¿Cómo ha sido la cobertura de Expreso sobre Santiváñez?
Desde que asumió funciones en el ministerio del Interior (primero como jefe de gabinete de asesores de la “alta dirección”, luego como viceministro de Orden Interno y después como ministro), el diario ha publicado portadas y artículos en defensa de Santiváñez –especialmente con relación al caso ‘Culebra’– y ha sido refuerzo periodístico de los ataques de Santiváñez contra fiscales y policías, especialmente contra el Eficcop y la Diviac.
Basta con revisar algunas portadas y notas de julio y agosto del año pasado, cuyo objetivo era victimizar a Santiváñez y desacreditar al capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’, entonces integrante de la Diviac, quien grabó sus conversaciones con Santiváñez. Uno de los audios más notorios es en el que Santiváñez afirma que la presidenta Boluarte le pidió que cierre la Diviac.
En ninguna de esas notas se menciona que Santiváñez es su abogado. Ni local ni offshore.
Al fin y al cabo, experiencia en relaciones y transacciones caletas es lo que menos les falta.