La febril maquinaria de demolición institucional puesta en marcha en Estados Unidos por la dupla Trump/Musk ha convertido en pocos días a organizaciones en escombros con la velocidad y el efecto aturdidor de una blitzkrieg.
En medio del empeño destructivo, una orden presidencial firmada por Trump el 10 de febrero ensordeció la resonancia que hubiera tenido en cualquier otra ocasión.
La orden presidencial suspendió por 180 días la vigencia de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley federal contra las prácticas corruptas en el extranjero. Durante ese período, puntualiza la orden, cesarán todas las nuevas investigaciones y acciones bajo el marco de la ley. Y se revisará todo, mientras se paralizan, las investigaciones en curso.
Las razones expuestas para justificar la medida no dejan duda de que la suspensión de la FCPA es el primer paso a su derogatoria. Según Trump, las acciones contra la corrupción corporativa efectuadas por la FCPA perjudicaron la capacidad competitiva de las compañías estadounidenses impidiéndoles realizar lo que, sostiene, son “prácticas rutinarias de negocios” para otras naciones.
Las medidas anticorrupción de la FCPA, sostuvo Trump, afectan incluso la seguridad nacional de Estados Unidos, que “depende de manera sustancial en que EE.UU. y sus compañías ganen ventajas empresariales estratégicas, sea en minerales, puertos de profundo calado u otras [inversiones] claves en infraestructura o bienes de valor”.
Esas acciones, según Trump, contra ciudadanos y empresas estadounidenses “dañan la competitividad económica de Estados Unidos y, en consecuencia, su seguridad nacional”.
Visto el argumento, viene la pregunta: ¿mejorará la capacidad competitiva de Estados Unidos si sus empresarios utilizan libre y liberalmente el soborno, la coima, la cutra y otras “prácticas rutinarias” de negocios en el extranjero?
Por supuesto que no. La FCPA no solo se aplicó a compañías estadounidenses incursas en actos de corrupción sino a corporaciones de todo el mundo.
Ello sucedió porque Estados Unidos reclamó jurisdicción cuando alguna parte de las transacciones corruptas investigadas pasó por EE.UU.
La FCPA fue promulgada en 1977, pero alcanzó fuerza, potencia y espectaculares resultados investigativos desde los primeros años de este siglo, a través de la acción experta de dos instituciones: el Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ).
Una lista abreviada de sus casos más exitosos y notables es un muestrario cosmopolita y a veces sorprendente del alcance internacional que logró la FCPA.
• Siemens AG, en 2008. La multinacional alemana, responsable de sobornos masivos y sistemáticos, pagó una de las multas más cuantiosas hasta entonces y entró en un programa de profunda reforma corporativa.
• Halliburton, en 2009. Por coimas en, sobre todo, Nigeria. Multas por casi $600 millones, además de, como en virtualmente todos los casos, poner en marcha programas de profunda reforma en cuanto a la integridad corporativa.
• Alstom, la empresa francesa pagó una multa de más de 770 millones de dólares por haber desarrollado un sistema de sobornos en varios países, desde Egipto hasta Indonesia.
• Ericsson, la compañía sueca, admitió haber repartido sobornos en cinco países. Pagó casi mil millones de dólares en multas.
• Telia Sonera, otra corporación sueca, involucrada en un masivo caso de sobornos en Uzbekistán, también pagó cerca de mil millones de dólares en multas.
• Marubeni, la compañía japonesa, admitió culpa en el pago de sobornos en Indonesia y pagó una multa de casi 90 millones de dólares.
• Odebrecht confesó primero ante el DOJ y la SEC como parte de un programa de confesión corporativa en el que participaron también autoridades de Suiza y, sobre todo, Brasil.
Las investigaciones bajo el marco de la FCPA no solo alcanzaron a corporaciones y compañías en varios continentes, sino tuvieron influencia importante en la forma en que otras naciones y organismos internacionales enfrentaron y buscaron prevenir la corrupción corporativa.
En 2010, el Reino Unido promulgó su propia ley sobre sobornos, el Bribery Act. Y la convención antisobornos de la OECD se ha desarrollado en no poca medida bajo la influencia de la ley FCPA.
La FCPA, como vemos, no rigió solo en Estados Unidos, sino que, gracias a la globalización transaccional, devino una ley anticorrupción globalizada, con conocimiento y métodos que tuvieron alcance global, salvo en dictaduras potentes, como China o Rusia.
La lucha contra la corrupción corporativa fue severa pero no destructiva. En la mayor parte de casos, las reformas hacia la integridad corporativa, permitieron que las empresas que los llevaran a cabo continuaran trabajando y prosperando. Pregúntenle a Siemens, por ejemplo.
Pese a sus notables logros, el efecto de acciones organizadas contra la corrupción, como la FCPA o el de la OECD, ha sido hasta ahora apena parcial en un mundo en el que, desde el extremo opuesto, crece el crimen organizado, se sofistican los cleptócratas y se fortalecen los neofascismos predicados en la desinformación y la mentira.
Con la desactivación de la FCPA, el patrón de la Casa Blanca ha asestado un golpe estratégico en favor de la corrupción corporativa. Otros vendrán.
