El martes seis de marzo, cerca de las ocho de la mañana, un equipo de fiscales de lavado de activos dirigido por el fiscal José Domingo Pérez, allanó las viviendas de dos altos dirigentes del fujimorismo: Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular, y Augusto Bedoya, exministro de Transportes durante el régimen de Alberto Fujimori. Ambos habían sido sindicados por el exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, como las personas a quienes entregó por lo menos un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en 2011.
El exejecutivo de la constructora brasileña había sido interrogado pocos días antes en Sao Paulo por el fiscal Pérez Gómez y el procurador brasileño Orlando Martello, sobre los aportes ilegales que Odebrecht hizo no solo a la campaña de Fujimori, sino también a la de los exmandatarios Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.
Esa misma mañana, a las 11 y 20, en plena diligencia fiscal, el juez supremo César Hinostroza, entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria, llamó por teléfono a quien, todo indica, era un asesor. “Sabes, quiero hablar con el amigo, [con el] que siempre coordinábamos”. “Perfecto, listo”, le dijo su interlocutor. “No, del… del de allá, de la Plaza Bolívar. (…) En la Plaza Bolívar [Congreso de la República]. Su teléfono se me ha extraviado. A ver si me lo mandas por mensaje”, respondió Hinostroza.
Veinte minutos después, Hinostroza llamó a la misma persona para pedirle el teléfono del congresista fujimorista Héctor Becerril, entonces vocero alterno de la bancada fujimorista. “Un favor, ¿tienes el teléfono de Héctor Becerril? (…) Por mensaje pues hermanito (…) Sin decir el nombre, solamente el número nomás”, le dijo a su interlocutor.
Dos minutos después, Hinostroza recibió la llamada de la misma persona, quien le confirmó que ya le había enviado el teléfono de Becerril.
Entre las 11:51 y el medio día, el juez supremo llamó tres veces al congresista Héctor Becerril, sin obtener respuesta. Parece que aquel estuvo muy ocupado dando declaraciones a varios medios de comunicación. “Hay un sesgo. Hay una persecución política de parte del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a Fuerza Popular, queriendo impactar en la imagen de nuestra lideresa. (…) Esto es parte de un show montado”, dijo a RPP desde el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso.
Esta no fue la primera vez que el legislador atacaba a la Fiscalía. El once de diciembre pasado, durante el allanamiento a dos locales de Fuerza Popular conducido por el fiscal José Domingo Pérez, los congresistas Héctor Becerril, Luz Salgado, Rosa Bartra y Alejandra Aramayo trataron de intimidar al equipo fiscal.
Dos meses después de este episodio, el lunes 7 de mayo, a las 3 y 16 de la tarde, Hinostroza llamó al congresista Becerril, quien le pidió hablar luego porque estaba en una reunión. “Yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos…”, le dijo el juez.
Semanas después de esta conversación, la Sala Suprema que presidía el juez César Hinostroza admitió el recurso de casación que interpuso la defensa de Keiko Fujimori para revertir la decisión judicial que permitió que el fiscal José Domingo Pérez Gómez adecúe la investigación por el Caso Cócteles a la Ley de Crimen Organizado.
Hasta el cierre de esta edición, IDL-Reporteros intentó contactarse sin éxito con el congresista Becerril y el juez Hinostroza.
Esta llamada es otra manifestación más de los numerosos acercamientos que tuvo este año Hinostroza con el fujimorismo.
