Los videos borrados en Juliaca y Ayacucho

En diciembre del año pasado y enero de este año, los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca fueron escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y miembros del Ejército y la Policía. En el interior y la periferia de ambos recintos, murieron 24 personas por impacto de bala o perdigones y otras tantas resultaron heridas de gravedad. 

IDL-R reconstruyó los trágicos hechos en dos reportajes (aquí y aquí) gracias, en gran medida, a los registros de video de instituciones públicas, locales comerciales, medios regionales; y de ciudadanos que grabaron los hechos con cámaras de celular. 

Hay, sin embargo, un actor central que ha hecho lo posible por permanecer al margen de las investigaciones. 

Desde hace más de una década, los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca operan bajo la concesión de una misma empresa: Aeropuertos Andinos del Perú.

El 25 de enero de este año, IDL-R cursó una primera solicitud de transparencia informativa a la empresa, para acceder a los registros de video de las cámaras de vigilancia instaladas en el Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte (Ayacucho) y en el Aeropuerto Inca Manco Cápac (Juliaca) de los días 15 de diciembre y 9 de enero, respectivamente. 

El pedido fue registrado por la mesa de partes virtual, pero la empresa nunca contestó a esta primera solicitud. 

Pese a ello, IDL-R pudo publicar un detallado informe sobre lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre. La reconstrucción de 6 de los 10 homicidios ocurridos ese día fue posible, entre otros, gracias a los videos de las cámaras de seguridad municipales. 

Tras ello, IDL-R se abocó a la investigación de las 18 muertes de civiles y un policía ocurridas en Juliaca el 9 de enero. Ese día, el aeropuerto de Juliaca sufrió el asedio de miles de manifestantes que fueron duramente repelidos por la Policía. Documentos obtenidos por la Fiscalía prueban, además, que tanto la Policía como el Ejército utilizaron las instalaciones del aeropuerto como base de operaciones. Al final de la jornada, 14 de las 18 muertes de civiles ese día ocurrieron en el interior o los alrededores de este recinto. 

Las cámaras de vigilancia del aeropuerto, por ende, resultaban (y resultan) de vital importancia para cualquier investigación sobre los hechos. 

El 14 de febrero IDL-R presentó una segunda solicitud de transparencia informativa a la empresa, esta vez firmada por la periodista Rosa Laura. Se reiteró el pedido de los registros de video de las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Juliaca entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche del 9 de enero. 

La solicitud fue rechazada por la empresa a través de una carta del 21 de febrero. Pero antes de exponer los pormenores de esa respuesta y las sucesivas, conviene adelantarse al 19 de mayo. Ese día, IDL-R mantuvo un breve pero revelador diálogo con el apoderado de Aeropuertos Andinos del Perú, Abel Flores Quiroz.

Luego de admitir que la empresa contó con videos del aeropuerto de Juliaca del 9 de enero, Flores reveló que todos esos videos habían sido eliminados. 

“Lo que hemos contestado en la carta, eso es. Si ustedes quieren imágenes ahorita, no las tenemos”, señaló.

¿Qué había ocurrido? Según el ejecutivo, no obstante que dichos vídeos pudieron contener evidencia crucial, su eliminación obedeció a un proceso automático.  

“Nosotros nos regimos por las regulaciones aeronáuticas peruanas (RAP). Las RAP te dicen que el período mínimo de almacenamiento (de los videos) es de quince días. Nosotros hemos duplicado ese plazo: tenemos 30 días (de almacenamiento), pero cuando ustedes solicitaron hechos del 9 de enero, el 14 de febrero, en esa fecha ya se habían eliminado esos datos”, explicó Flores.

Ignorando la primera solicitud de transparencia cursada el 25 de enero de este año, Flores argumentó que la (segunda) solicitud del 14 de febrero se habría presentado fuera de plazo. 

Pero ¿fue realmente la razón que arguyó Aeropuertos Andinos del Perú el motivo real para negarse a entregar los videos desde un principio? ¿La empresa podía decidir el desechar videos que potencialmente representaban un importante conjunto de evidencias? 

En realidad, los argumentos cambiaron con el tiempo. Como ya se dijo, la segunda solicitud a la empresa se hizo el 14 de febrero. 

Siete días después, el 21 de febrero, la empresa envió una respuesta rechazando la solicitud aduciendo que se encontraba “impedida de proporcionar imágenes o videos a terceros no autorizados”, es decir, a todo aquel que no pertenezca a la Policía Nacional o al Ministerio Público. 

La respuesta estaba firmada por el mismo Abel Flores, apoderado de la empresa, y contenía una cita del reglamento del Decreto Legislativo Nº 1218, norma que regula el uso de cámaras de videovigilancia de instituciones públicas y privadas. Es esta: 

Es decir, el 21 de febrero la empresa no informó que los videos del 9 de enero habían sido eliminados, sino que argumentó que no podía compartirlos con el medio por las restricciones establecidas en el decreto.  

Ante la negativa de la empresa, el 13 de marzo pasado IDL-R presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) del Ministerio de Justicia. El recurso fue admitido y la empresa conminada a dar sus descargos.  

Un mes después, el 12 de abril, Aeropuertos Andinos del Perú envió una carta al TTAIP reafirmando que se encontraba impedida de compartir las imágenes, pero además informó que no contaba con cámaras ubicadas en el cerco perimétrico del aeropuerto, puesto que su instalación se encontraba en proceso de revisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esa ocasión, la empresa tampoco informó, indicó o sugirió que los videos ya hubieran sido eliminados. 

Los argumentos de la compañía fueron desechados por los miembros de la Segunda Sala del TTAIP, quienes el 13 de abril pasado ordenaron a la empresa entregar a IDL-R todos los registros de video del aeropuerto de Juliaca, a excepción de las (inexistentes) filmaciones desde el cerco perimétrico. 

Aeropuertos Andinos del Perú debía cumplir con este mandato en un plazo máximo de siete días hábiles, pero, desacatando abiertamente la orden, el 15 de mayo la empresa envió una carta a la TTAIP informando que la entrega era “materialmente imposible”. Entonces el argumento ya no era que no podía compartir los registros de video a “terceros no autorizados” ni que “no contaba con cámaras en el exterior” sino que, supuestamente amparada con normativa de la aviación civil, afirmó que todos los registros de video del aeropuerto de Juliaca del 9 de enero habían sido borrados de su sistema.   

La carta, firmada por el mismo apoderado Abel Flores Quiroz, explicaba que si bien el D.L Nº1218 establece que el tiempo de almacenamiento de los videos debe ser de 45 días, la empresa se regía por las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas (RAP), que exige un período de almacenamiento de tan solo 15 días. Pero que, por políticas internas, estos se habían guardado en su sistema hasta por 30 días. Luego de lo cual, según indicó por primera vez, fueron eliminados. 

Asumiendo esta nueva argumentación, la empresa daba a entender que las imágenes del aeropuerto de Juliaca del 9 de enero ya estaban eliminadas incluso el 14 de febrero, fecha en la que se presentó la segunda solicitud de información y que fue motivo de apelación. 

Nada dijo, en cambio, de la primera solicitud presentada el 25 de enero, que sí encajó dentro del plazo. 

Pero hay otro aspecto de esencial importancia en esta trama. Según el mismo Flores, Aeropuertos Andinos no recibió ningún requerimiento de los videos en cuestión por parte de la Fiscalía de la Nación ni de las cuatro fiscalías comunes que han investigado los sucesos del 9 de enero. 

“No tenemos requerimiento. Si hubiera habido requerimiento en su momento, se hubiera entregado, ¿no?”, dijo el apoderado de la empresa a IDL-R. 

Fuentes consultadas para este reportaje informaron que, aun cuando el Ministerio Público no hubiera requerido dichos registros, al haberlos eliminado la empresa no solo incurrió en faltas administrativas sino en delitos de carácter penal. 

De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1218, norma que regula el uso de videocámaras de vigilancia, las grabaciones que contienen “información sobre la comisión de delitos, faltas o existe una investigación de oficio o solicitud de parte sobre los hechos grabados, puede ser almacenada por un período mayor al establecido, haciendo de conocimiento esta situación a la Policía Nacional”. 

Dicha norma también establece que “cuando se encuentre frente a hechos, en tiempo real, que presenten indicios razonables de la comisión de un delito o falta o que constituyan un riesgo al orden interno, orden público y seguridad ciudadana, se informa a la Policía Nacional o Ministerio Público, según corresponda”. 

La conducta de la empresa también encuadra en la definición de delitos establecidos en el Código Penal como el de encubrimiento real:  

Y el de obstrucción a la justicia: 

En cuanto al Ministerio Público, la investigación sobre los hechos del 9 de enero hasta el momento ha transitado por cuatro despachos diferentes. Al inicio estuvo a cargo del fiscal de crimen organizado Guido Pilco, quien en su primera disposición del mismo 9 de enero emitió una orden general para recabar todo video vinculado con la investigación: 

Pero Pilco estuvo al frente del caso apenas unos días. Su reemplazo, el fiscal penal Ernesto Rojas Cayllahua, continuó con la investigación hasta fines de marzo de este año. Al ser consultado si solicitó los videos a la empresa, Rojas se excusó de responder, ya que dijo que “todo estaba en la carpeta fiscal”. 

IDL-R revisó los 23 tomos de la carpeta fiscal y no halló ninguna solicitud por parte de la Fiscalía a la empresa Aeropuertos Andinos del Perú. Tampoco, por cierto, encontró ninguna comunicación por parte de la empresa informando acerca de la existencia de los videos, como sí lo hicieron otros establecimientos de la ciudad. 

¿Y los registros en video de Ayacucho del 15 de diciembre?  

Ante una consulta  de IDL-R enviada el 30 de mayo, la empresa contestó que “el tratamiento de imágenes de cámaras de video vigilancia son los mismos en todos los aeropuertos que se encuentran concesionados a favor de Aeropuertos Andinos del Perú”. 

“Por tales razones, las grabaciones -transcurrido el plazo de 30 días- se sobreescriben de manera automática, pasando a eliminarse de manera definitiva”, añadió. 

Es decir, según la empresa, los videos del aeropuerto de Ayacucho también fueron eliminados. 

La empresa, además, señaló que “durante el período de almacenamiento de (30) días ningún organismo del Estado nos solicitó las referidas imágenes”. 

Para corroborar esta información, IDL-R se comunicó con la fiscal Karen Obregón, a cargo de la investigación de los hechos por cuatro meses, pero esta no quiso responder a las preguntas. En la carpeta fiscal, no existe rastro de una solicitud de la Fiscalía a la empresa o de una entrega de parte. 

Así, resulta que, en la investigación de los hechos trágicos de Ayacucho y Juliaca, que conmocionaron al continente, la compañía que administra los aeropuertos de ambas ciudades, borró (o afirmó haber borrado) los videos, con vital evidencia, apenas pudo; mientras la fiscalía se olvidó, o soslayó, su obligación, de pedirlos.