Normas inaplicables a la producción minera en Madre de Dios; ministerios con discursos contradictorios; un mismo ente que otorga concesiones y las fiscaliza; fiscalizadores sin recursos: grave trasfondo detrás del impactante escenario de las dragas destruidas.
Los operativos de destrucción de dragas realizados el 19 y 20 de febrero por efectivos de las FFAA, respaldados por la presencia de tres ministros en Madre de Dios, tuvieron gran cobertura y fueron aplaudidos por diversos sectores, como puede verse en distintos medios de comunicación, un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y en una lista de correos de ambientalistas, científicos y empresarios de ecoturismo.
La reacción de los gremios mineros, en cambio, fue convocar a un paro en la región. Entre otros motivos, porque decían que las dragas tenían permisos para operar.
En conversación con IDL-Reporteros en Lima, José Luis Quequejana, asesor técnico de la Federación de Mineros (Fedemin), sostuvo además que las dragas no son los equipos más contaminantes. Los más depredadores, dijo, son el shute y la chupadera.
La versión de Quequejana se basa en el único diagnóstico sobre minería informal en la zona, realizado en 2009 por Cooperacción, y coincide con el criterio de funcionarios públicos y expertos consultados.
El shute opera en lechos de río y quebradas con poca agua, con un cargador frontal que excava y traslada el material en un volquete a un módulo o shute, donde hay una tolva y una canaleta de madera donde se procesa la arenilla. El shute requiere una mayor inversión en dinero y personal que la draga.
La chupadera es una forma de extracción depredadora desde el comienzo. Primero, requiere desbrozar el lugar, como sucede con el shute. De una fuente de agua cercana: una bomba lleva el agua al lugar para formar lodo, que a su vez es impelido por otra bomba de mayor potencia hacia una canaleta, y de ahí a la zaranda y tolva. Estas dos maneras de trabajo son las que dejan cráteres en la selva y han producido los casos más impactantes de degradación, en Huepetuhe y Guacamayo.
Según el estudio -elaborado por encargo de Caritas Madre de Dios-, la explotación minera mediante chupadera genera un 80% de impacto ambiental alto, al igual que el shute. En cambio, las dragas causan un poco más del 20% de alto impacto y un 30% de mediano impacto.
Sin embargo, el operativo del Gobierno no atacó a los métodos más depredadores de explotación aurífera sino se concentró en las dragas. ¿Por qué?
El Gobierno dio otras señales contradictorias. Cuando aprobó el decreto de urgencia (DU) 012-2010 hubo reacciones violentas en Chala –dos muertos– y en Madre de Dios. El DU proscribía las dragas; pero, para detener el conflicto, formó una comisión para modificar la norma. Luego permitió el uso de chupaderas mediante una resolución ministerial del Minam. Según el biólogo Ernesto Ráez-Luna, los gremios mineros no consideraban vigente el DU en 2010, cuando el gobierno trabajaba en su modificación. Éste, a su turno, no hizo nada por aplicarlo (Ver entrevista).
Pero en febrero último el Ejecutivo intentó mostrarse duro otra vez y parchó las normas: el decreto de urgencia 007-2011 habilitó a la Dirección de Capitanías (Dicapi) a destruir dragas y la RM- 034-2001 Minam y la Resolución Suprema 060-2011 Mindef dieron el marco para dichos operativos encabezados por los ministros Brack, Thorne e Hidalgo.
El Ministerio de Defensa destruyó 15 dragas hasta el último domingo: ha habido versiones distintas acerca de si los propietarios tenían permisos de operación. IDL-Reporteros contactó telefónicamente al comandante Luis Rodolfo Sara de la Capitanía de Puertos de Puerto Maldonado, quien indicó que todas las intervenidas (menos una) tenían algún tipo de documentación “pero no todos los permisos para la actividad que desarrollaban. Imagínese un auto sin placa pero con tarjeta de propiedad”, aclaró.
Pero el problema no es solo la contradictoria serie de decretos de urgencia y resoluciones con las que el Gobierno intenta controlar la minería informal. Además, las normas existentes no son aplicables a la minería aluvial, es decir, la que se desarrolla en los lechos y riberas de los ríos y otras áreas de la selva. Por último, hay políticas opuestas entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Ambiente.
No hay ley
“Si vemos el reglamento de la Ley General de Minería, se enfoca hacia la minería a cielo abierto o de socavón” dice Henry Luna, director de Promoción Minera en el Minem, “pero con relación a la minería aluvial, falta mejorarla. … Si vemos todas las publicaciones de los medios están enfocadas a esta área, la de Huepetuhe, donde … la minería [no] se desarrolla en el río ni con dragas, sino con otros métodos. Tenemos que promover una legislación para la minería que se desarrolla dentro del río, en el cauce del río y en la zona de bosques, como Huepetuhe”.
Luna informó que el informe –entregado el año pasado– de la comisión técnica para un plan de formalización de la minería incluye una recomendación final sobre la adecuación de la legislación minera a la minería aurífera aluvial.
Julia Cuadros, economista de Cooperacción y miembro del equipo que elaboró el Diagnóstico de minería informal en Madre de Dios, también se refirió a la ausencia de normas y sobre los equipos que más dañan el entorno. “Ésta (la destrucción de dragas) es una medida muy política, muy de medios”, agregó.
En estos días de explosiones de dragas, el Gobierno no ha mencionado que el año pasado formó la comisión para modificar el DU 012, dirigida por el ex asesor de la PCM Erasmo Reyna; y otra comisión para elaborar una propuesta de plan de formalización de la minería.
Los dos equipos de trabajo entregaron sus voluminosos informes a fines del año pasado, pero no se difundió las propuestas. IDL-R solicitó una entrevista con Ronald Ibarra, presidente de la segunda comisión y funcionario especializado en Gestión de Conflictos de la PCM. La entrevista no fue autorizada por la PCM.
El ministro de Ambiente, Antonio Brack anunció este miércoles que como parte de los acuerdos con la delegación de mineros de Madre de Dios que vino a Lima, el Gobierno Regional de Madre de Dios se ha comprometido a elaborar un plan de formalización de la minería informal. Sucede, sin embargo, que ya hay un plan: el que elaboró la comisión de Ronald Ibarra el año pasado. IDL-Reporteros solicitó desde el lunes una entrevista al ministro, que no llegó a realizarse.
Además, según varios expertos, el gobierno regional de Madre de Dios no tiene ni los recursos ni la capacidad para afrontar esa tarea. “Así como está el Gobierno de Madre de Dios no está en capacidad de iniciar un plan de formalización”, dijo Henry Luna.
Políticas opuestas: Minem y Minam
Hay un elemento adicional en esta contradictoria secuencia de supuestos avances y reales retrocesos. Luego de dos años de no admitirlos, la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios ha vuelto a recibir, desde enero, solicitudes de concesiones mineras en la zona supuestamente apta para minería de acuerdo al DU 012-2010.
Sin embargo, si los expertos y hasta las fuentes oficiales reconocen que hay zonas deforestadas sin planes de remediación, y los fiscalizadores no tienen recursos ni capacidad para fiscalizar, ¿por qué siguen otorgando concesiones?
¿Por qué los petitorios que estaban en trámite antes de la moratoria se consideraron como derechos adquiridos? cuestiona la economista Julia Cuadros.
La impotencia del gobierno para regular y fiscalizar la actividad minera en Madre de Dios, fue involuntariamente explicada por el director de Minería del Minem, Víctor Vargas, “Si hay 80 titulares mineros con permiso de operación en Madre de Dios, unos 400 operarios trabajan formalmente y el resto (11,600) serían informales. Cada titular tiene de 4 a 6 operarios”, dijo Vargas.
A su vez, Luna, el director de Promoción Minera mostró un dato aún más contundente: sobre 1,981 concesiones registradas, sólo 14 tienen permiso (certificación ambiental) para explotación.
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