En los anales de la sismología política peruana, noviembre de 2020 será largamente recordado. Las investigaciones de sus extraordinarios sucesos y parciales desenlaces añadirán explicación y perspectiva a lo que ya pertenece a la memoria y el orgullo común.
Dentro de las grandes confrontaciones –con claras fronteras éticas que separan a los contendores– se desarrollan a veces vendettas que entrecruzan y echan sombras ambiguas sobre dichas fronteras.
En los eventos de noviembre, la oscura coalición ad-hoc que destituyó al presidente Martín Vizcarra el lunes 9, utilizó a fondo las revelaciones trascendidas de la investigación fiscal sobre la presunta corrupción de Vizcarra durante su período como gobernador de Moquegua, para atizar y enardecer la postiza indignación de los congresistas que terminó en los 105 votos que determinaron la destitución.
La investigación, llevada a cabo por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial, recabó una serie de confesiones de empresarios corruptos del llamado ‘Club de la Construcción’, en las que afirmaron haber entregado sobornos a Vizcarra por más de dos millones de soles.
Esas revelaciones trascendieron, con detalle, a medios y programas periodísticos durante los fines de semana previos al 9 de noviembre y fueron utilizados a fondo como argumentos para la destitución por congresistas como Edgar Alarcón, Omar Chehade y otros con hojas de vida de parecida notoriedad.
El hecho irrefutable es que una acción fiscal legítima y necesaria dentro de la amplia y profunda serie de acciones del Equipo Especial contra la corrupción fue utilizada por fuerzas corruptas para una destitución usurpadora que, de haber logrado éxito, hubiera tenido resultados catastróficos para toda lucha contra la corrupción en el país.
¿Hubo o no hubo una sincronización consciente entre lo uno y lo otro?
El 22 de noviembre, César Romero, de La República, afirmó en ese diario que la colaboración eficaz de Elard Tejeda, exgerente de la constructora Obrainsa, había sido presionada y condicionada por el fiscal Juárez con el fin de involucrar a Vizcarra en un caso de corrupción.
“La declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción en Moquegua no fue espontánea. Fue sugerida, condicionada y promovida por el equipo de fiscales del caso Lava Jato”, escribió Romero en la nota titulada ‘La declaración contra Martín Vizcarra fue un pedido del Equipo Lava Jato’.
No fue la primera vez que Romero atacó la investigación del caso Lava Jato. Lo hizo en mayo de 2019 y tuvo una respuesta de esta publicación que recomendamos releer como contexto. [Ver: ‘De criterios y cretinos’]
Pero en esta ocasión, Romero no solo tuvo el respaldo que la DBA le dio con entusiasmo el 2019, sino gatilló una campaña de La República.
Un editorial de ese diario publicado el 23 de noviembre aseguró que la destitución de Vizcarra no se explicaba “sin el papel de un grupo de fiscales que participaron en esta operación. Las investigaciones deberían señalar de modo específico cómo se realizó esta infeliz e indigna colaboración”. El editorial afirmó que “los acusados de corrupción escogían a sus fiscales y estos adquirían la condición de sus voceros. Defensa completa: una colaboración inventada para librarse de la prisión, nuevos abogados y fiscales-voceros a su servicio”.
La República persistió en los ataques al Equipo Especial. El lunes 30 de noviembre, el diario publicó otro editorial en lo que ya era una campaña. Bajo el título de ‘Salvar Lava Jato’, pedía no solo la salida de los fiscales Rafael Vela y Germán Juárez del Equipo Especial, sino que fueran sometidos a una investigación en Control Interno de la Fiscalía.
“Este proceso [la lucha contra la corrupción] necesita con urgencia ser rescatado luego de los sucesos recientes en que dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos su coordinador, alimentaron expresamente el golpe de Estado del 9 de noviembre recurriendo a prácticas vedadas e ilegales que van más allá del suministro de supuestas primicias”.
¿Qué hay de cierto en esas graves acusaciones? ¿Fiscales aliados a congresistas de dudosa reputación para derrocar a un presidente a través de confesiones forzadas y fraudulentas?
IDL-R reconstruyó la secuencia de eventos en este caso, que presentamos para responder en forma ordenada si las acusaciones contra el Equipo Especial son ciertas o no. Hay que empezar teniendo en cuenta lo siguiente:
Entre setiembre y octubre pasado, el Juárez Atoche recibió testimonios de exdirectivos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, y del exministro José Hernández, dueño de la empresa ATA, que se encargó de la supervisión de los proyectos Lomas de Ilo y del hospital de Moquegua, adjudicados durante la gestión de Martín Vizcarra como gobernador. Los aspirantes a colaboradores eficaces sostuvieron que Vizcarra había recibido más de 2 millones de soles en sobornos para beneficiar a esas compañías en la adjudicación de dichos proyectos.
De acuerdo con ello, toca ahora responder las siguientes preguntas:
¿Las colaboraciones eficaces de exejecutivos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA fueron sugeridas, condicionadas o forzadas por el fiscal Juárez Atoche?
El lunes 28 de setiembre pasado, el hasta ese momento prófugo Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, presentó un escrito a Juárez –a través de su abogado, Eduardo Roy Gates– en el que indicaba haber sido internado ese día de emergencia en el Instituto Médico Miraflores. Indicó que se sometía a la justicia, para continuar con el interrumpido proceso de colaboración eficaz que inició en 2018, antes de darse a la fuga, cuando tenía como abogado a Mateo Castañeda. Su nuevo abogado, Roy Gates, le dijo a Juárez que su patrocinado revelaría hechos relevantes sobre el Club de la Construcción a partir del gobierno de PPK; y el pago de sobornos a tres exgobernadores regionales.
Elard Tejeda había vivido como prófugo desde enero de 2018, luego que el Poder Judicial ordenara su prisión preventiva por la participación que tuvo en el Club de la Construcción. En agosto de 2018 un juez ordenó el cese de prisión preventiva a razón de un hábeas corpus presentado por su defensa. En ese lapso, Tejeda se acogió a un proceso de colaboración eficaz con el fiscal Juárez –que lleva el caso del Club–, y dio una confesión inicial. Pero pocas semanas después, el PJ ordenó que vaya a prisión, y Tejeda se dio de nuevo a la fuga.
Este año, la defensa de Tejeda solicitó a la jueza María Álvarez –que está a cargo del caso– el cese de prisión preventiva bajo el argumento de que al ser una persona de edad avanzada, con hipertensión, ir a prisión en pandemia representaba un peligro para su vida. La jueza rechazó el pedido de Tejeda, y el 7 de setiembre pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción confirmó la decisión de la jueza.
Al día siguiente, martes 29, Juárez fue hasta la clínica para interrogar a Elard Tejeda. Este anunció que confesaría cómo operó el Club de la Construcción a partir del 2016, los pagos de coimas a funcionarios de Provias; y los sobornos que, según sostuvo, fueron pagados al exgobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito; y a Martín Vizcarra cuando ocupó el cargo de gobernador de Moquegua.
Ese fue el contexto, el del fugado que se entrega, somete y habla para evitar la prisión, dentro del que se produjo la confesión de Elard Tejeda. Tanto Juárez Atoche como el abogado Roy Gates sostuvieron que es falso que la declaración de Tejeda sobre Vizcarra haya sido a pedido de la fiscalía.
En consecuencia, la afirmación es falsa.
¿Es correcto que en su primera declaración oficial, en la clínica, Tejeda “solo habló de Vizcarra, conforme a lo que el fiscal había pedido y le había ofrecido”, según sostuvo Romero en su artículo?
Esa afirmación también es falsa.
En su primera declaración, ocurrida el miércoles 30 de setiembre, Tejeda habló sobre los pagos ilegales que Obrainsa hizo a funcionarios de Provías relacionados a cinco concursos públicos, entre los cuales están la licitación pública 033-2012-MTC/20 y la 05-2014-MTC/20.
El jueves 1 de octubre, Tejeda declaró sobre los pagos hechos al lobista Rodolfo Prialé, y recién el viernes 2 habló sobre los presuntos sobornos pagados a los exgobernadores Acurio, Oscorima y Vizcarra. Ese día el exgerente de Obrainsa entregó tres tomos de documentos que contenían los anexos vinculados a cada caso –correos electrónicos, contratos, archivos–. A la semana siguiente, los fiscales fueron a las oficinas de la compañía para recabar documentación y extraer correos electrónicos de los servidores vinculados al caso de Vizcarra.
Obrainsa, la compañía de Tejeda, había iniciado el año pasado un proceso de colaboración eficaz corporativa que corría peligro de ser rechazada por la fiscalía, debido a que Tejeda estaba prófugo de la justicia. Ese riesgo se agravó durante los meses de pandemia.
Desde marzo pasado, la cuarentena obligatoria causada por el Covid-19 ralentizó los casos del Equipo Especial Lava Jato.
El equipo tuvo que reorganizar su trabajo y redefinir estrategias para enfocarse en lo que podían avanzar mientras duraran las restricciones por la plaga. En esa línea estuvo el buscar de concluir los procesos de colaboración eficaz en curso.
El 9 de junio pasado, el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, envió una circular a los fiscales que decía que “en el marco del Estado de Emergencia Nacional con aislamiento social obligatorio, evalúen dentro de su autonomía fiscal el retiro voluntario de carpetas fiscales de colaboración eficaz, en aras de impulsar las mismas, avancen con los actos de corroboración y conclusión, ya que ellos no constituyen actos de investigación que requieran participación activa de sujetos procesales”.
Hasta ese momento, el Equipo Especial tenía alrededor de 844 investigados –entre personas naturales y empresas–, 55 de los cuales estaban en proceso de colaboración eficaz.
Los fiscales debían acelerar los proceso en curso para concluir las colaboraciones o rechazarlas. En ese contexto se reactivó la colaboración corporativa de las empresas CASA (caso Villanueva) y Cosapi (caso Club de la Construcción), la de José Miguel Castro (exgerente de la municipalidad de Lima), los primos Hernando y José Graña; y varias más en el caso de Fuerza Popular. La colaboración corporativa de Obrainsa era en ese momento una candidata a ser archivada porque, como ya se dijo, uno de sus principales exejecutivos estaba prófugo y porque la información aportada por la empresa hasta ese momento era repetitiva en función a lo ya confesado por otros colaboradores en el caso del Club.
¿El fiscal Juárez podía librar a Elard Tejeda de la prisión?
No. El fiscal puede solicitar una medida, pero la decisión corresponde a un juez. El lunes 5 de octubre, Juárez suscribió un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con Elard Tejeda y dos días después solicitó a la jueza María Álvarez la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario del exdirectivo de Obrainsa.
El viernes 9 de octubre por la mañana, la jueza declaró fundado el pedido de la fiscalía. El mismo día, Juárez fue al despacho de Rafael Vela para informarle de la decisión judicial y añadir que podría generarse un conflicto de competencias con la fiscalía anticorrupción de Moquegua, que ya investigaba obras públicas durante la gestión de Vizcarra como gobernador. Juárez sostenía que el Equipo Especial debería llevar la investigación.
Vela llamó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos para informarle lo que pasaba. Ávalos acordó recibir a Vela.
Rafael Vela llegó al despacho de la fiscal de la Nación poco antes de la 1 de la tarde. En la reunión estuvo presente el fiscal adjunto supremo Ramiro González, del despacho de Ávalos. El fiscal Vela les contó sobre el caso, y abogó por que la competencia del Equipo Especial se amplíe en esa investigación para evitar un eventual conflicto de competencia con la fiscalía anticorrupción en Moquegua. Era un caso conexo con Lava Jato, y tenían el antecedente de haber llevado el caso del pago de sobornos a César Villanueva cuando fue gobernador de San Martín.
El domingo 11 de octubre, El Comercio, Panorama y Cuarto Poder publicaron reportajes sobre el presunto pago de un millón de soles en sobornos de Obrainsa (y su socia Astaldi) a Martín Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua, para que les otorgara la buena pro de la obra Lomas de Ilo, basados en las confesiones de Tejeda. Ese fue el punto de partida del desembalse informativo de las semanas siguientes. César Romero, de La República, también publicó información sobre el tema el lunes 12 de octubre, y en los días sucesivos.
Las confesiones de Elard Tejeda, de Obrainsa, fueron seguidas por las de exejecutivos de la constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), quienes sostuvieron en sus confesiones que la compañía –en consorcio con otra– pagó un millón 300 mil soles a Vizcarra para la adjudicación del contrato por la “ampliación del mejoramiento del Hospital de Moquegua, nivel II”.
¿Cómo llegaron los colaboradores de ICCGSA al despacho del fiscal Juárez?
En los días previos en que Tejeda declaraba a la fiscalía, Juárez se reunió en su despacho con el exgerente general de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós, que ya tenía un proceso de colaboración eficaz en curso por el caso Club de la Construcción.
Juárez le dijo a Castillo –que llegó acompañado de su abogado Edward Álvarez– que en Moquegua se había reabierto una investigación sobre el hospital regional, adjudicado al consorcio conformado por ICCGSA e Incont (Consorcio hospitalario Moquegua) durante la gestión de Vizcarra como gobernador. Y que si se demostraba que había indicios de la comisión de delitos y eso no había sido informado en el proceso de colaboración eficaz, lo tomaría como un acto de ocultamiento de información, que pondría en riesgo la colaboración eficaz que había iniciado en 2019.
La investigación sobre el hospital de Moquegua había sido reabierta el 27 de diciembre de 2019 –después de haber sido archivada en dos ocasiones– a raíz de una investigación publicada por Graciela Villasís, de El Comercio. Villasís también había investigado desde agosto del año pasado el proyecto Lomas de Ilo. Esto está descrito en el artículo ‘Historia de una investigación: ¿Cómo se hicieron los informes del caso Vizcarra?’.
En paralelo a la declaración de Tejeda, Castillo Dibós volvió al despacho de Juárez acompañado de su abogado para confesar sobre los presuntos pagos a Vizcarra para la adjudicación del proyecto del hospital regional de Moquegua. Otros dos colaboradores eficaces de ICCGSA –la empresa está un proceso de colaboración corporativa con ese despacho fiscal– también declararon en ese sentido en los días siguientes.
Para Castillo, el asunto es particularmente complejo, pues está implicado en el caso de los sobornos pagados al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica Sur. En agosto pasado, el fiscal José Domingo Pérez lo acusó de haber cometido los delitos de lavado de activos y colusión, y pidió 20 años y 6 meses de prisión para el empresario. En este proceso, Castillo no ha admitido culpa.
¿Cómo se dio la pugna interna en la Fiscalía entre el Equipo Especial y la Fiscalía Anticorrupción por el caso?
El lunes 12 de octubre, después de la publicación de los primeros reportajes periodísticos, el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, ofició al fiscal Vela para que este le pida a Juárez todo lo relacionado al caso de Vizcarra. Vela respondió que no podía darle información porque estaba pendiente de resolverse un pedido de ampliación de competencias hecho a la fiscal de la Nación. No obstante, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, inició una investigación sobre el caso y notificó a los colaboradores eficaces para que vayan a declarar a su despacho.
Ahí se desató una disputa intensa entre el Equipo Especial Lava Lato y el fiscal Omar Tello por quedarse con el caso, lo que generó un desorden institucional que trascendió en peleas mediáticas entre fiscales.
El viernes 16 de octubre, a las 3 de la tarde, José Hernández, el exministro de Agricultura durante el gobierno de PPK y dueño de la empresa Asesores Técnicos y Asociados S.A. (ATA), que supervisó los proyectos del hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, llegó al despacho del fiscal Juárez, acompañado de su abogado, Mateo Castañeda, para acogerse a la colaboración eficaz.
Hernández ya había sido señalado por otro colaborador como el intermediario de Vizcarra para recibir sobornos. Hernández confirmó la imputación y confesó haber organizado una reunión en su casa con Fernando Castillo, de ICCGSA, y Martín Vizcarra para la entrega de dinero a este último.
En vista de que Chirre ya había abierto una investigación del caso y no se resolvía el asunto de la ampliación de competencias para el Equipo Especial, el fiscal Juárez le dijo a Vela que su despacho abriría una investigación contra Vizcarra, de lo contrario perdería el caso. Era la única manera de generar un conflicto de competencias y que una instancia superior determine qué fiscalía se quedaría con la investigación.
El mismo día, Juárez abrió una investigación contra Martín Vizcarra por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio, por presuntamente haber recibido sobornos por el Hospital Regional de Moquegua y la obra Lomas de Ilo durante su gestión como gobernador. También acusó a Elard Tejeda, Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados (ICCGSA) y José Hernández por los sobornos; e incluyó en la investigación al consorcio Obrainsa-Astaldi, y al Consorcio Hospitalario Moquegua (conformado por ICCGSA e Incot).
Más tarde, a las 9:15 de la noche, el Ministerio Público sacó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, que decía que “los hechos [el caso Vizcarra] corresponderían ser investigados por el subsistema especializado en delitos de anticorrupción, al tratarse de un delito de corrupción”.
#Comunicado de la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/5gSmFq6wfI
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2020
Pero en un oficio fechado el mismo día, la fiscal de la Nación le dijo a Vela que el caso debía ser investigado por una fiscalía anticorrupción, pero que al mismo tiempo no era necesaria una disposición suya para que el Equipo Especial pueda investigar “hechos conexos vinculados al caso Lava Jato”.
Esto desencadenó que Tello como Vela pelearan por el caso con una intensidad mayor a la de días previos. Una pugna interna que trascendió a los medios de comunicación, mientras a la par eran difundidos –fundamentalmente los domingos– los principales avances investigativos del caso.
Además de las intervenciones públicas de los fiscales Omar Tello y Rafael Vela, ese fin de semana, César Romero de La República, el sábado, El Comercio, Cuarto Poder y Panorama, el domingo, revelaron las confesiones de los colaboradores sobre los presuntos pagos de sobornos a Vizcarra de parte del consorcio conformado por la empresa de ICCGSA e Incont. De hecho, fue Romero quien publicó primero que nuevos colaboradores implicaban a Vizcarra.
El martes siguiente, 20 de octubre, fue presentada la segunda moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Vizcarra, con la firma de 27 congresistas. La justificación de esta nueva vacancia fue la investigación del Equipo Especial Lava Jato. Esta moción ocurría casi un mes después de que declarara el primer colaborador que implicaba a Vizcarra.
¿Qué pasó con el caso entre la aprobación para debatir la moción de vacancia y la destitución de Vizcarra, el lunes 9 de noviembre?
La competencia por el caso Vizcarra entre el Equipo Especial y la fiscalía anticorrupción persistía. Ambos defendían públicamente sus fueros. El jueves 23 de octubre, ya con el proceso de vacancia en ciernes, la fiscal de la Nación le respondió un oficio al fiscal Omar Tello en que le aclaraba que no había ampliado las competencias del Equipo Especial para investigar a Vizcarra. Esto a raíz de un pedido de aclaración de Tello.
El lunes 2 de noviembre, Vizcarra le envió un oficio a la fiscal de la Nación para que dirima competencia sobre quién lo investigaría.
“Esta situación podría poner en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que me confiere la Carta Magna; entre ellos el debido proceso, la defensa y el derecho a no ser investigado dos veces por los mismos hechos”, dijo el entonces mandatario en su carta.
¿Elmer Chirre o Germán Juárez?
Por esos días, la fiscal de la Nación convocó a los fiscales Vela y Tello a una reunión en su despacho. Les dijo, entre otras cosas, que no le respondería al Presidente porque ella no dirime competencias; y les prohibió que salieran en medios para hablar del caso hasta que el fiscal supremo Pablo Sánchez resolviera quién tendría el caso.
El viernes 6 de noviembre, Américo Zambrano, del semanario Hildebrandt en sus Trece, publicó un artículo titulado ‘Habla un celular’’, que indicaba que “Un exámen pericial del teléfono del testigo José Manuel Hernández confirma la realización de una reunión clave para las supuestas coimas que habría recibido el actual presidente (…)”. El diario La República publicó en su web un artículo en base a la publicación del semanario. El domingo 8 de noviembre, un día antes de la votación por la vacancia presidencial, El Comercio, Panorama y Cuarto Poder publicaron las conversaciones de WhatsApp entre Vizcarra y el exministro Hernández, que habían sido entregadas por este último a la fiscalía.
El lunes 9, Martín Vizcarra fue destituido con 115 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. No presentó ninguna acción legal ante el TC para revertir los hechos.
Diez días después, el jueves 19 de noviembre –ya con Francisco Sagasti como presidente, tras la renuncia de Manuel Merino– el fiscal supremo Pablo Sánchez resolvió que el Equipo Especial Lava Jato continúe investigando a Vizcarra.
Esa es la secuencia de los hechos recientes y sus antecedentes significativos. ¿Qué indica el examen ordenado de los hechos?
Primero, que la investigación del caso que involucra la confesión de presuntos sobornos al expresidente Vizcarra debió y debe ser investigado por las mismas razones por las que se ha investigado a todos los involucrados en el épico caso de corrupción de Lava Jato a través de los últimos años.
Segundo, que la experiencia de todas las grandes investigaciones anticorrupción en el mundo ha demostrado que cuanto más rápido se informe al público sobre los avances de la investigación, más rápido y mejor avanzará la investigación. La regla fundamental en ese caso, por supuesto, es solo informar hechos verdaderos y relevantes. Así como un periodismo de investigación exitoso necesita de fiscales y jueces honestos y competentes que recojan y avancen esas investigaciones, también los jueces y fiscales logran evitar que sus casos se hundan en los pantanos de la corrupción y el tinterillaje judicial haciendo que la sociedad conozca el avance de las investigaciones y lo que está en juego en ellas.
Tercero, que no se debe ignorar la circunstancia en la que se desarrollan las investigaciones, lo que significa tener en cuenta el riesgo de que legítimas investigaciones anticorrupción puedan ser utilizadas en provecho de fuerzas corruptas.
Esto es lo que sucedió en este caso: las pugnas entre fiscales por adjudicarse la investigación los llevaron a perder perspectiva y no reparar en el aprovechamiento que grupos oscuros, vinculados a grandes casos de corrupción, iban a lograr de ello, para tomar el poder y deshacer todo lo avanzado. No percatarse de ello a tiempo reveló una miopía que solo fue salvada de una catástrofe gracias a la movilización popular sin precedentes que acabó con el gobierno usurpador de Manuel Merino.
Fuentes del Equipo Especial reconocen ahora que debieron haber tenido presente el peligro de contribuir involuntariamente a que terceros con prontuario lograran la destitución del Presidente como primer paso hacia la demolición de toda la lucha anticorrupción. “Nosotros tenemos investigados a gente de Fuerza Popular, del partido de Alianza Para el Progreso, del partido de Luna Gálvez, que apoyaron la vacancia. El escenario político que se desencadenó a partir de la vacancia presidencial era terrible para [la investigación de] Lava Jato. Ingresa una ministra de Justicia que busca traerse abajo el acuerdo de colaboración con Odebrecht y a la Procuraduría Ad-Hoc”, indicaron dichas fuentes a IDL-R.
Pero nada de eso descalifica, ni de lejos, al Equipo Especial Lava Jato ni a su histórico aporte a la lucha anticorrupción en el Perú. La contribución de este grupo de fiscales coordinados por Rafael Vela, no tiene precedentes comparables en nuestra historia. Sus investigaciones han involucrado a cinco expresidentes de la República: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; a ex alcaldes de Lima, a gobernadores regionales, e integrantes de partidos políticos como Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos, así como a las más poderosas corporaciones constructoras de Brasil y Perú, y también a líderes financieros e industriales. No ha habido distingo político o institucional en las investigaciones anticorrupción. Y el país los ha apoyado sabiendo que esas acciones convierten en real y posible el sueño de una república limpia y próspera donde los ciudadanos sepan que nadie robará los frutos de su esfuerzo ni los del bien común.
Pretender castigarlos con acusaciones sustentadas en falsedades y rencores es, por decirlo suavemente, una demostración de hipocresía y fariseísmo.
Eso no significa, en modo alguno, de que estos fiscales no están sujetos al escrutinio y la crítica, como todo ciudadano y, en especial, todo funcionario. Pero lo menos que se puede exigir es que esas críticas estén basadas en un razonamiento articulado con la verdad de los hechos.
