Un momento decisivo de esta singular historia ocurrió el sábado 25, en la sede del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz debía decidir sobre una petición fiscal que, de ser aprobada, tendría resonancia sísmica en las instituciones y la política del país.
La petición había sido presentada por el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, coordinado por la fiscal Marita Barreto. En principio, parecía simple: autorizar la detención preliminar de una persona y el allanamiento de casas, oficinas y registros de esa persona y otras dos más.
Pero de simple no tenía nada: el arresto y las otras medidas eran para profundizar la investigación sobre una presunta organización criminal con una jefa inesperada.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La persona cuya detención se solicitaba era Jaime Villanueva, el principal asesor, consejero y operador de la fiscal Benavides. Las otras dos eran Miguel Ángel Girao, colaborador de Villanueva y también asesor de Patricia Benavides; y Abel Hurtado, coordinador de la Fiscalía en el Congreso y cercano a Benavides, Villanueva y Girao.
Los cuatro eran descritos en la petición fiscal nada menos que como una organización criminal, bajo la jefatura de Benavides, que utilizaba el gran poder e influencia de su cargo institucional para perpetrar sistemáticamente graves delitos.
El juez Chávez Tamariz no podía ignorar que los jueces que habían acogido medidas de protección a adversarios de la fiscal Benavides o de sus aliados en el Congreso, no la habían pasado bien.
Cuando, por ejemplo, la Tercera Sala Constitucional concedió una medida cautelar a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia, amenazados por un proceso acelerado de destitución en el Congreso, la congresista Patricia Chirinos, aliada cercana de Benavides, denunció a los jueces constitucionales por abuso de autoridad y prevaricato.
Pese a ello (o quizá en parte por ello), el juez Chávez Tamariz analizó y organizó la información del caso en una decisión de 124 páginas rigurosamente razonadas en la exposición de hechos y pruebas, que llevaron como conclusión inevitable a ordenar el arresto, los registros y descerrajes.
Así, un juez exigente validó la petición acusadora de los fiscales al declarar “fundado en todos sus extremos, el requerimiento formulado [por] el fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder -Equipo 3”.
Los fiscales del Equipo 3, entre los cuales estaban el fiscal provincial Freddy Niño Torres y los fiscales adjuntos provinciales Julio Ormeño y Mary Luz Cárdenas apuraron la organización del operativo, con refuerzos fiscales y la fuerza operativa del Equipo Especial de Apoyo policial. Esta, integrada por policías de varias unidades, entre ellas la Diviac, se encontraba bajo el mando de los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano que años atrás tuvieron un papel central en la captura de ‘Artemio’, el jefe senderista del Huallaga.
La investigación fiscal y policial llevaba algunos meses y la preparación para la fase operativa, varios días. Pero una vez que Chávez Tamariz dio la luz verde, los preparativos se aceleraron. Las intervenciones iban a iniciarse horas después, en la madrugada del lunes 27 de noviembre.
El secreto se rompió, sin embargo, y todo indica que la fiscal de la nación Patricia Benavides recibió información sobre el inminente operativo entre la noche del sábado 25 y el domingo 26.
Benavides convocó a un grupo de confianza a una reunión en la Fiscalía de la Nación que empezó hacia las ocho de la noche del domingo y duró casi hasta las cuatro de la mañana del lunes. La información filtrada fue, parece, lo suficientemente detallada sobre quién iba a ser arrestado, pues Jaime Villanueva no participó en la reunión y fue, más bien, a internarse en la clínica San Pablo, donde fue detenido en la mañana del lunes.
En la reunión estuvieron, con hora de llegada y de salida, las siguientes personas:
El apellido de Marena no es Sánchez sino Mendoza, la fiscal designada para reemplazar a Rafael Vela en la coordinación del Equipo Especial Lava Jato. Ahí también aparece el fiscal superior Elmer Ríos, quien se hizo cargo de la coordinación del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos en octubre pasado, en reemplazo del fiscal Jorge Luis Díaz Cabello.
Durante la reunión se tomaron por lo menos dos decisiones de emergencia: Destituir a Jaime Villanueva de su cargo de asesor de la fiscal de la nación; y destituir también a la fiscal Marita Barreto de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder. Al primero, para apartarlo profilácticamente de Benavides; y a la segunda por haber investigado (¡y cómo!) a su jefa.
A las 4 de la mañana, antes de que se escuchen pasos ajenos, se fueron todos. Las intervenciones policiales y fiscales empezaron poco después, antes de las 5 de la mañana.
Es muy probable que al perderse el secreto se haya ocultado datos y pruebas valiosas. De todos modos, la detención y los allanamientos y registros fueron realizados y lo que se obtuvo añadió a la considerable información previamente recolectada.
¿Qué indica esa información?
Lo primero que salta a la vista es que la investigación se centró en los delitos cometidos en tres casos, diferentes pero complementarios: la elección del defensor del Pueblo; la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema y el intento de destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Todas las acciones en esos casos tuvieron un objetivo central: consolidar el dominio de Patricia Benavides sobre la Fiscalía de la Nación, barrer toda oposición o competencia y someter por completo a la Fiscalía para producir el resultado ordenado por la fiscal, fuera encubrimiento o abuso.
Desde el comienzo de su gestión, Benavides y su asesor Villanueva tuvieron claro que el balance de fuerzas se inclinaba inequívocamente en favor del Congreso enfrentado a Castillo (que hacía agua, escoraba y predecía un pronto naufragio) y de los partidos y grupos de derecha que lo controlaban. Villanueva tardó en dejar su previa trayectoria castillista (ver: “Las asesorías del camarada Villanueva”) el tiempo que le toma a otros cambiarse de ropa. El “camarada” de unas semanas atrás se convirtió en predicador contra “los caviares”; y en lobista en el Congreso.
La campaña para nombrar a Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo tuvo un objetivo: La Junta Nacional de Justicia. “El Defensor del Pueblo” escribió Villanueva en un chat de mayo de este año “es muy importante, pues es él quien preside la comisión que elige la nueva JNJ y si se queda la junta que está ahora será tomada por los caviares”.
Lo que la JNJ podía hacer era investigar y, en caso necesario, suspender a la fiscal de la nación. Ya había inquisiciones (sobre sus inhallables maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas y sobre la sumaria destitución de la fiscal Bersabeth Revilla, que indagaba en el caso de la presunta corrupción de su hermana, la jueza Enma Benavides, entre otras). ¿Cómo se podía neutralizar a la tímida JNJ? Con maniobras indirectas, como la elección de Josué Gutiérrez o, como veremos, más directas: la destitución de sus miembros por el Congreso.
Para eso había que conseguir votos y a eso se dedicó el asesor con algo que pedir y mucho que ofrecer. Villanueva visitó a Lady Camones, a Gladys Echaíz, a José María Balcázar y a un congresista que, según parece, le inspiró confianza y a quien remarcó: “Ella misma [Patricia Benavides] lo dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes”. Ese congresista cooperaba, desde varios meses atrás, con el Equipo Especial contra la corrupción en el poder. Su seudónimo operativo fue el de “agente especial Roberto”, y consiguió desde temprano mucha información, de chats y grabaciones, que además de ilustrar, sirvieron como prueba.
En la campaña para inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Jaime Villanueva dejaron todo escrúpulo de lado. Los votos de la derecha y ultraderecha no bastaban, así que, con la ayuda de sus nuevos aliados (como, especialmente, la congresista Patricia Chirinos), se lanzaron al trueque de votos por impunidades.
Fue Patricia Chirinos la que presentó la denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos y luego, en mayo de este año, contra la Junta Nacional de Justicia. En uno de sus chat, el 23 de mayo, Villanueva mencionó que “Patty Chirinos … dijo que tenía al bloque magisterial”.
¿Cómo se logró el cambio de intención de votos de diversos partidos y, se supone, ideologías? Gran parte de ellos tenían algo en común: casos penales que se llevaban en la Fiscalía.
Varios chats ilustran cómo se clasificó a los congresistas según sus vulnerabilidades, y cómo se ofreció archivar sus casos a cambio de los votos para la inhabilitación de Ávalos.
El 25 de mayo de este año, Villanueva remitió a una fuente el archivo en Word, “Cuadro.docx”, con una lista de congresistas clasificados así por Villanueva: “Esta es una proyección anterior, en donde en OBSERVACIONES se precisa NIÑO 1 (A los primeros 6); NIÑO 2 al segundo bloque; y NIÑO 3 al tercer bloque según las denuncias presentadas. No lo comparta, es solo para usted. Después no vaya a estar circulando por todos lados”.
En los chats se menciona además, que se “tendría “condicionado” las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial y el partido político de José Luna Gálvez”.
En un chat posterior, el 15 de junio, Villanueva envió la disposición fiscal Nº2 que decide “No haber mérito para promover investigación preliminar contra 37 congresistas por presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio”.
En cuanto a la activa participación de la fiscal de la Nación y de su despacho para lograr la remoción de los miembros de la JNJ, los investigadores recabaron un documento en Word conteniendo una propuesta de resolución legislativa que aprueba la destitución de los miembros de la JNJ. Las propiedades del documento demuestran que fue creado y guardado en la Fiscalía de la Nación.
La alianza operativa con la ultraderecha, círculos corruptos y la intersección de ambos no se agotó en el lobby delictivo. Con archivar los casos de ‘Los Niños’ no bastaba. La Fiscalía de la Nación persigue el delito y en los últimos años se crearon equipos especiales con fiscales de élite para casos de gran complejidad, como el de Lava Jato, Cuellos Blancos (o Lava Juez), los casos importantes de lavado de activos y de narcotráfico y, más reciente, la fiscalía dirigida por Marita Barreto para investigar la corrupción en el poder, que, como se ve, va mucho más allá del régimen de Castillo.
Cada una de esas investigaciones afecta a gente y grupos poderosos. Pese a ello y en medio de grandes obstáculos, las investigaciones avanzaron. En el caso Lava Jato, un número importante de ellas está a punto, o cerca, de entrar a juicio.
Varios de los aliados actuales de Patricia Benavides son investigados o acusados en esos procesos. En Lava Jato, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori está listo para entrar a juicio oral. En la fiscalía de lavado de activos, dos de los más notorios investigados son Rafael López Aliaga y Erasmo Wong, dueño de Willax Televisión. El coordinador tanto del Equipo Especial Lava Jato como de la fiscalía especializada era, hasta el viernes 24, el fiscal superior Rafael Vela.
La ofensiva desde la Fiscalía de la Nación contra Rafael Vela empezó, envuelta en las más evidentes hipocresías. Vela fue amigo por muchos años de Patricia Benavides y tanto él como José Domingo Pérez eran continuamente ensalzados y alabados por Villanueva antes de asumir este su posición de poder en la Fiscalía de la Nación.
Los intensos, aunque estúpidos ataques desinformadores del lumpenaje periodístico mostraron las huellas de Villanueva en el último año. Y cuando la nueva Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dirigida por Antonio Fernández Jerí, lanzó una investigación disciplinaria contra Vela, con razonamientos tan descabellados como para provocar vergüenza hasta en un fiscal stalinista, la fiscal de la nación lo apoyó con un fiscal que apenas nombrado firmó la absurda sanción sustentada en razones que en cualquier lugar que no fuera un refugio de bribones hubieran provocado una felicitación a Vela.
La razón de fondo fue sacarlo de los casos en ambas fiscalías, como primer paso para sabotearlas y desactivarlas. Para fracturar y destruir las investigaciones más complejas y profundas en nuestra historia.
Y esa no fue la excepción sino la actual regla bajo la gestión de Patricia Benavides. En el caso Cuellos Blancos, la fiscal Magaly Quiroz fue brusca y sumariamente apartada del caso cuando lo tenía muy avanzado.
En el largo y complejo caso Sánchez Paredes, Benavides hizo cambiar al fiscal Frank Almanza, que lo conocía muy bien, en un momento particularmente crítico del juicio. Entró gente muy inexperta que, como era de esperar, no supo sustentar el caso, que fue archivado.
Y ahora, la fiscal Marita Barreto ha sido removida de su puesto como coordinadora de la fiscalía contra la corrupción en el poder.
Es decir que todas o casi todas las fiscalías de los casos realmente importantes han sido atacadas, reducidas, saboteadas, encalladas. En lugar de perseguir al delito, la gestión fiscal de Patricia Benavides se ha encargado de encubrirlo (empezando por el caso de su hermana).
En la historia de la Fiscalía de la Nación ha habido grandes fiscales y también grandes bribones. Estos últimos pudieron llegar y sostenerse en el cargo en años de gran violencia y corrupción o de dictadura. No hubo entonces nada equivalente a la Junta Nacional de Justicia. Aunque sí hubo magistrados valientes que enfrentaron y denunciaron tropelías con resonante claridad, aún sabiendo que sus palabras no tendrían efecto ni ese día ni mañana sino en un futuro que eventualmente llegó. Ninguno de ellos provocó vergüenza ajena por su impotente medrosidad ni contempló boquiabierto cómo se le escapaban las tortugas.
