La última, agresiva e infecta campaña de infundios y desinformación contra IDL-Reporteros, perpetrada por Willax y sus satélites hace 22 días, sobre la base de declaraciones testimoniales del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ha tenido como objetivo presentar la mentira como verdad, deformar los hechos y tratar de imponer una narrativa en la que el director de esta publicación, Gustavo Gorriti, es presentado, en una grotesca caricatura, como un operador político que domina y maneja fiscales de la nación, como líder de una supuesta “organización criminal” en el Ministerio Público que habría utilizado el caso Lava Jato para perseguir a ciudadanos virtuosos.
El hecho de que virtualmente todos los protagonistas (abiertos y semi-ocultos) de esta campaña enfrenten serios casos de corrupción; y que casi todos hayan sido investigados por IDL-Reporteros a lo largo de los años en reportajes que nunca fueron rebatidos, no escapará a la atención de la gente.
El objetivo de los individuos involucrados en esta campaña de desinformación, como Keiko Fujimori y prominentes miembros del alanismo, es lograr la impunidad en todos los casos que enfrentan por lavado de dinero, corrupción y crimen organizado.
Y como ninguna de las investigaciones de IDL-R ha podido ser refutada, han elegido el camino de un retorcido acoso judicial y la perversa criminalización del periodismo de investigación. En los últimos 16 días, un notorio militante del Apra y el partido Fuerza Popular presentaron, por separado, denuncias penales contra Gorriti en las que también están incluidos los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela; y los exfiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.
La consigna es clara: convertir a los investigadores en investigados. Y a los políticos investigados por graves hechos de corrupción, en perseguidos políticos.
En ese escenario fueron reactivadas, con estridencia y postizo apasionamiento, las acusaciones del alanismo y el fujimorismo de que IDL-R y los fiscales habrían supuestamente cercado (o acorralado) a Alan García e instigado su suicidio.
La falsedad y desvergüenza de la reciclada imputación tuvo pie en dichos falsos de la testimonial (a diferencia de la colaboración eficaz, donde mentir tiene consecuencias) de Villanueva respecto a las investigaciones de este medio sobre Alan García.
Este artículo desmentirá rotundamente a Villanueva; pero no terminará en eso, sino que describirá y explicará cómo, de qué manera y desde cuándo IDL-R investigó la corrupción del gobierno de Alan García (y de todos los otros de este siglo) vinculada con Odebrecht y con la trama global del caso Lava Jato.
¿Cómo empezó IDL-R la investigación del caso?
Índice
Odebrecht, la principal contratista del Estado
El inicio de Lava Jato
La Red de Periodismo de Investigación Estructurado
La declaratoria de culpabilidad de Odebrecht
Las delaciones secretas
La conferencia pagada por Odebrecht
Alan García y la Caja 2
El suicidio de García
El testimonio torcido de Jaime Villanueva
«Odebrecht, la principal contratista del Estado»
La constructora brasileña Odebrecht fue una de las primeras corporaciones que IDL-R investigó desde su fundación, en 2010. Las razones nos fueron evidentes: Odebrecht ganaba, generalmente en consorcio como socia dominante, casi todos los concursos públicos en los que participaba. Pero, sobre todo, había un patrón en los proyectos que se adjudicaba: terminaban costando cientos de millones de soles más de los pactados originalmente en los contratos.
En agosto y setiembre de 2011, IDL-R publicó tres entregas de un primer reportaje sobre el tema: ‘Cuentas con levadura’, ‘Haciéndole túnel al SNIP’ y ‘Criterio de competencia…en el caso Odebrecht’, que describió cómo cuatro de las principales obras ejecutadas por la compañía, sola o en consorcio, habían registrado elevados sobrecostos.
Se trataba de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la carretera Interoceánica Norte, y el tramo 1 del tren eléctrico (o Metro de Lima). Este último proyecto había sido adjudicado durante el mandato de Alan García.
Estaba claro para nosotros, a partir de esas primeras investigaciones, que había corrupción. El asunto era detectarla con precisión: medirla, establecer sus patrones, métodos, e identificar a sus protagonistas.
Entonces ya sabíamos de la estrecha relación entre el gobierno de García (y el previo de Toledo) con Odebrecht. García parecía tener además cercanía con el representante de la corporación en el Perú, Jorge Barata.
Barata y García se veían con cierta frecuencia en Palacio de Gobierno o en la casa del primero. El propio Marcelo Odebrecht, entonces presidente de la constructora, tuvo también acceso pronto y cercano con García.
Para IDL-R, pasar de los sistemáticos e inexplicados sobrecostos (indicio virtualmente seguro de corrupción) a la revelación de cómo se había perpetrado dicha corrupción, fue muy difícil, aunque no dejamos de buscar e indagar, como es evidente en los artículos publicados entre 2011 y 2014.
El inicio de Lava Jato
[Y la conformación de la Red]
A inicios de 2014 arrancó (eclosionó más bien) en Brasil el caso Lava Jato. Involucró inicialmente a la petrolera estatal Petrobras con las principales constructoras de ese país. Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, entre otras. Varios de sus principales ejecutivos fueron arrestados, algunos de los cuales se convirtieron en colaboradores eficaces (o “delatores premiados” según el más preciso término brasileño). Así empezó la cadena de confesión de fechorías, descripción de métodos corruptos para conquistar proyectos y, en especial la información sobre a quiénes sobornaron, por cuánto y con qué métodos de pago.
Después de un modesto comienzo, Lava Jato expandió velozmente su horizonte investigativo para abarcar primero Brasil y, poco después, el resto de América Latina.
En Perú, en octubre de ese año, IDL-R publicó tres entregas de una investigación que documentó cómo dos compañías vinculadas con Luis Nava Guibert, exsecretario general de la Presidencia y socio de Alan García, trabajaron para Odebrecht durante el segundo gobierno aprista.
Se trataba de Transportes Don Reyna y el estudio Nava & Huesa Abogados, que el exsecretario de García había fundado pocos años antes, en 2003, en sociedad con otros dos abogados apristas.
El 19 de junio del 2015, después de veloces avances investigativos de los procuradores a cargo del caso en Brasil, arrancó, desde Curitiba, la decimocuarta fase de Lava Jato, llamada “Erga Omnes”, que marcó un punto de inflexión en el caso. Hubo varias detenciones, pero una de ellas, sobre todo, conmocionó Brasil y varios países de Latinoamérica, especialmente en Perú: la de Marcelo Odebrecht.
La fotografía del hasta ese momento presidente de una de las empresas más grandes de Brasil, custodiado por policías federales camino a una prisión en Curitiba, demostró que el concepto“too big to jail” (demasiado grande, o importante, para ser encarcelado) había dejado de existir en Brasil.
Pocos días después, a inicios de julio de 2015, Gustavo Gorriti, director de IDL-R, y Romina Mella, jefa de redacción, llegaron a Curitiba en el primero de lo que fueron muchos viajes de reportaje al Brasil. Luego de varios días fructíferos, de regreso a Lima, en el aeropuerto de Sao Paulo, entrevistaron a Leonardo Meirelles, uno de los principales traficantes de divisas y lavadores de dinero del caso, que se había convertido en colaborador eficaz.
Meirelles “dio un testimonio directo de la manera en que funcionó el complejo lavado de dinero y la ejecución de los sobornos que el caso Lava Jato pugnaba por descubrir”, como fue descrito en el artículo ‘Crónicas de investigación estructurada’.
Meirelles contó varios hechos vinculados a Perú. “Yo viajé una vez llevando 200 mil dólares a Lima. Fui en un avión particular […] Yo llevé el dinero en una maleta y le entregué el dinero a un enviado […] los de OAS requerían que se hagan pagos en el Perú y se llevó el dinero en cash”, relató Meirelles.
La Red de Periodismo de Investigación Estructurado
Después de ese primer viaje tuvimos la certeza que la trama del caso Lava Jato en Brasil había sido expansiva, que había cruzado fronteras, operado en todo el hemisferio y que se convertiría, sin lugar a duda, en el caso más importante de corrupción de América Latina, por lo menos en su historia reciente.
Entendimos también que la única manera de investigar a fondo el caso y tener éxito, era hacerlo de forma colaborativa con otros periodistas de investigación en la región. Si el crimen era transnacional –con complejos esquemas de corrupción y lavado de dinero como ya habían sido descritos por algunos de sus protagonistas–, desde el periodismo de investigación lo que debíamos hacer era organizar y coordinar una red transfronteriza, sostenida en el tiempo, de periodistas abocados a su cobertura a fondo.
IDL-R convocó a algunos de los mejores periodistas de investigación de Brasil, Venezuela, Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Ecuador para integrar la Red, que se desarrolló con la investigación en sí, de forma orgánica.
Con algunos de ellos ya habíamos trabajado en investigaciones colaborativas regionales o globales, como las que coordina el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Como esta sería una investigación compleja y de largo aliento, era indispensable que los periodistas que integraran la Red se comprometieran a dedicar una parte central o significativa de su tiempo. Y, lo más importante en este tipo de casos, no abandonarlos.
En IDL-R, al ser un equipo de investigación pequeño, decidimos concentrar una parte central de nuestros esfuerzos en la cobertura del caso Lava Jato. Estaba muy claro para nosotros –y lo confirmaríamos en el transcurso de las investigaciones durante los años que siguieron–, que, en términos de corrupción corporativa, nada se comparaba en importancia a esta investigación. En el Perú no era difícil entrever que estaban involucrados virtualmente todos los presidentes desde el retorno de la democracia, sus partidos, políticos, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, altos funcionarios públicos, abogados; así como corporaciones peruanas del rubro de la construcción.
Saberlo era una cosa. Documentarlo y probarlo otra muy diferente. Pero la ventana de oportunidad abierta por el caso Lava Jato en Brasil permitía suponer que con disciplina, pertinacia y habilidad investigativa, se llegaría a los hechos precisos y, de ahí, a las pruebas.
En cuanto a la dinámica misma de la Red, establecimos una especie de redacción virtual horizontal, de confianza, colaborativa, muy activa, en la que todos compartimos los mismos principios, estándares éticos y rigurosidad.
Cultivamos y compartimos fuentes diversas, información, documentación, verificamos datos, cruzamos información. Cada reportero no solo investigó sobre su propio país sino que también hizo reportería para el resto de integrantes de la Red.
Todos entendimos que la única forma de tener éxito era mantener la actividad y coherencia de un equipo de notables periodistas de investigación. En el proceso, colaboramos con varios otros colegas, en otros países.
Hicimos varios viajes de reportería conjuntos con integrantes de la Red, con el objetivo de unir los eslabones de los complejos sistemas del lavado de dinero para llegar hacia los destinatarios finales de las coimas en nuestros países.
A mediados de diciembre de 2016, por ejemplo, cuatro miembros de la Red viajamos por una semana a Brasilia y Curitiba para hacer varias entrevistas y tener la mayor información posible sobre la delación corporativa de Odebrecht que apenas había empezado: 77 altos ejecutivos con su expresidente, Marcelo Odebrecht, a la cabeza, empezaban a contar lo que sabían sobre sobornos y financiamientos de campañas políticas, en Brasil y el extranjero. En ese grupo se encontraba Jorge Barata.
Hasta ese momento, diciembre de 2016, ninguna fiscalía peruana había intervenido seriamente en la investigación internacional del caso. Todo lo avanzado, que no era poco, fue logrado exclusivamente por el periodismo de investigación, que ya entonces había acumulado conocimiento, experiencia y buenas fuentes sobre el caso.
La declaratoria de culpabilidad de Odebrecht
[Y la conformación del Equipo Especial Lava Jato]
Pocos días después de nuestro retorno a Lima del viaje a Brasil, el 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció – a través de un documento que dio la vuelta al mundo– que las compañías Odebrecht y la petroquímica Braskem, que tenía a Odebrecht como accionista mayoritaria, se declararon culpables de corrupción y acordaron pagar “por lo menos 3 mil 500 millones de dólares” de multa conjunta.
Según los documentos del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), entre los años 2005 y 2014 “Odebrecht pagó aproximadamente 29 millones de dólares en pagos corruptos a funcionarios gubernamentales peruanos para asegurarse los contratos de obras públicas. Odebrecht obtuvo beneficios de más de 143 millones como resultado de esos pagos corruptos”.
Odebrecht había reconocido corrupción en la adjudicación de proyectos durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, todos ellos investigados por IDL-R desde 2011.
El gobierno de Humala no fue mencionado por el DOJ porque su investigación estuvo centrada en los sobornos corporativos y no en la financiación ilegal de campañas electorales.
El anuncio del DOJ definió varias cosas en Perú.
De un lado, el 26 de diciembre el entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez, creó el Equipo Especial Lava Jato y designó al fiscal Hamilton Castro para que dirija las investigaciones fiscales, bajo la coordinación del fiscal César Zanabria.
Y del otro, los medios peruanos empezaron a hacer la cobertura del caso, que hasta ese momento había sido un trabajo periodístico casi solitario de IDL-R y la Red, salvo contadas excepciones.
Para ese momento, IDL-R llevaba seis años investigando los negocios de Odebrecht en el Perú. Eso ya nos había permitido establecer patrones y dinámicas de corrupción, identificar a algunos de sus protagonistas, pagos de cutras, casos de conflictos de interés y puerta giratoria. Teníamos la certeza de que todos los presidentes (a excepción de Valentín Paniagua) que el Perú había tenido en el siglo XXI, estaban comprometidos en el caso.
En esos años, y los años siguientes, IDL-R desarrolló investigaciones originales, en paralelo, sobre los otros involucrados en la trama del caso Lava Jato. Por ejemplo, investigó y publicó sobre los sobornos que Odebrecht pagó a Alejandro Toledo y la corrupción en proyectos adjudicados durante su mandato; el financiamiento de Odebrecht a la campaña de Ollanta Humala así como los pagos ilícitos, con dinero de la Caja 2 de Odebrecht, vinculados al Gasoducto del Sur; el aporte de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori –que fue primero revelado por IDL-R e incorporado después por la Fiscalía a sus investigaciones–; el financiamiento de las constructoras brasileñas a las campaña de Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio en la alcadía de Lima; las coimas que recibió Félix Moreno como gobernador regional del Callao; entre decenas de otros casos.
Investigamos también los contratos que Odebrecht se adjudicó durante el fujimorato: en diez años la constructora ganó más proyectos que durante los tres gobiernos juntos de Toledo, García y Humala.
Entre 2014, cuando arrancó el caso Lava Jato en Brasil, y diciembre de 2016, IDL-R publicó alrededor de 70 investigaciones de la trama de corrupción de Lava Jato, que incluyeron revelaciones importantes sobre Perú y América Latina, como parte de la Red. Muchas de ellas fueron luego el punto de partida para investigaciones fiscales en Perú y varios otros países de la región.
Durante ese periodo, por ejemplo, IDL-R publicó investigaciones sobre el esquema de lavado de dinero que Odebrecht desplegó con su división de sobornos (llamada Sector de Operaciones Estructuradas), así como sus operadores y lavadores peruanos; las irregularidades en el proyecto Línea Amarilla (adjudicado a la constructora OAS) que abarcó las gestiones de Castañeda Lossio y Villarán en la alcaldía de Lima; y cómo OAS contrabandeó dólares a Perú.
Además, IDL-R analizó todos los contratos que Odebrecht ganó durante los gobiernos de Toledo, García y Humala, con sobrecostos de más de 4 mil 600 millones de soles. También documentamos la corrupción en el sistema arbitral, que permitió que la constructora brasileña ganara otros 254 millones de dólares gracias a un grupo de abogados sobornados para votar a favor de la compañía.
IDL-R también analizó los 48 proyectos públicos adjudicados al cartel Lava Jato (integrado por siete constructoras brasileñas implicadas en la trama de corrupción en Brasil, que operaron en Perú), en consorcio con empresas locales que integraron otro cartel, el ‘Club de la Construcción’, que cobraron más de 3 mil 500 millones de dólares en sobrecostos al Estado durante los períodos de Toledo, García y Humala.
Casi el 40% de los proyectos del cartel fueron otorgados durante el mandato de Alan García.
Eran cifras de escándalo y de espanto. Todo ese dinero había sido robado al país, a los peruanos. Calculamos cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántas postas médicas se hubieran podido construir con esos dineros… Así, ¿era necesario continuar con la investigación a fondo del caso, o no? ¿Era imperativo descubrir quiénes se habían beneficiado con el dinero sustraído al país, o no? La respuesta fue clara y proseguimos investigando.
Las delaciones secretas
En mayo de 2017, la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas coordinada por IDL-R consiguió, a través de fuentes muy reservadas, todo el contenido de la delación corporativa de Odebrecht sobre sus delitos fuera de Brasil, que se mantenía hasta entonces en secreto.
Ahí estaba todo lo confesado hasta entonces, en preciso detalle y en portugués.
La secuencia urgente de tareas fue revisar el material (vídeos y documentos), trabajar en la reportería, hacer las traducciones, relacionar documentos, cruzar información, y entrevistar al mayor número posible de fuentes en los distintos países.
Después de ese proceso, que fue arduo y complejo, empezamos a publicar en nuestros países investigaciones que incorporaron como elemento central o complementario las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht. Esta información fue muy importante en varios de los casos en Perú, entre ellos los casos del gobierno de Alan García.
Ese año, 2017, y el siguiente, IDL-R publicó varias investigaciones sobre la corrupción del gobierno de García en la trama del caso Lava Jato, como por ejemplo, la confesión de Marcelo Odebrecht de mayo y diciembre de 2017 en la que describió cómo su compañía estableció la relación con García, los aportes que hizo hizo Odebrecht a su campaña presidencial; la actuación de Miguel Atala, exvicepresidente de PetroPerú, como testaferro de García; y cómo se pactaron los sobornos en el Metro de Lima, un proyecto por el que también se pagaron coimas durante el primer mandato de García.
Las investigaciones publicadas por IDL-R desataron la ira de García, quien a la par de negar haber recibido dinero de Odebrecht con frases como “otros se venden, yo no”; habría de liderar luego una campaña de ataques personales y desinformación que se centró en el director de IDL-R, que incluyó comentarios antisemitas.
También fue atacado el fiscal del caso, José Domingo Pérez, quien había sido incorporado al Equipo Especial Lava Jato el 20 de julio de 2018, bajo la coordinación del fiscal superior Rafael Vela.
Cuando García, en los intentos de defenderse, pasó a utilizar desenfrenados ataques personales contra el director de IDL-R, este contestó, bajo su propia firma y con dureza, los ataques de García. IDL-Reporteros mantuvo los exigentes estándares de verificación en cada investigación publicada entonces (atenerse exclusivamente a la verdad documentada de los hechos) como puede comprobar hoy quien lea esos artículos.
La conferencia pagada por Odebrecht
[Y la solicitud de asilo político]
La mañana del 15 de noviembre de 2018, García llegó en un vuelo de Madrid a Lima, para asistir a una diligencia por el caso del Metro de Lima, en el que estaba como investigado. Asistió a la fiscalía por la mañana, pero el fiscal José Domingo Pérez suspendió la diligencia.
Era conocido y había sido difundido por los medios de comunicación que García, que vivía en España, viajaría para asistir a la citación fiscal. Incluso RPP publicó la hora en que había llegado a Lima.
Ese día IDL-R publicó la investigación titulada ‘Alan García y la Caja 2’, que reveló que la conferencia que García había dado en Sao Paulo en 2012 para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), por la que recibió un pago de 100 mil dólares, en realidad había sido pagada por Odebrecht a través de la Caja 2.
IDL-R documentó que en “el escenario ficticio que se creó para simular un origen diferente del pago, el supuesto contratante, José Américo Spinola fue solo el intermediario entre el dinero de la Caja 2 y Alan García. Dicho intermediario era un operador contratado por la oficina de operaciones estructuradas, que pocos años después, al estallar el caso Lava Jato, pasó a ser un delator premiado en Brasil”, describió IDL-R en el artículo que publicó el 15 de noviembre.
IDL-R publicó el vídeo de su confesión, realizada el 14 de diciembre de 2016 ante la procuraduría federal anticorrupción de ese país, en el que habló sobre la Caja 2, las finanzas clandestinas de Odebrecht. Ese vídeo formaba parte de la delación secreta de los ejecutivos de Odebrecht y sus operadores que había obtenido la Red coordinada por IDL-R en mayo de 2017.
“En el proceso de crear el escenario que disfrace los pagos”, describió el artículo, “se firmaron documentos con fechas atrasadas para dar la impresión de acuerdos previos a la conferencia. Por ejemplo, el contrato firmado entre García y el operador, José Américo Spinola, tiene como supuesta fecha el 5 de abril de 2012 y el recibo de Alan García por los 100 mil dólares está fechado el 24 de mayo de 2012.
Sin embargo, como se verá en esta nota, a Spinola recién se le ofreció tener el papel de organizador de contratos ficticios y canalizador de pagos (por un honorario de 15 mil dólares), el 15 de junio de 2012, dos meses y días después de la supuesta fecha en la que firmó el contrato. Spinola solo se enteró del tema el 15 de junio. Antes no sabía nada.
De hecho, el pago real a la cuenta de Alan García recién se realizó el 9 de julio de ese año.
Es evidente que se firmó documentos con fecha atrasada de varios meses. Y está claro que eso tuvo que ser con conocimiento de García, puesto que él los firmó”, dice el artículo.
IDL-R había iniciado la investigación de la conferencia meses atrás, a raíz de una declaración de Marcelo Odebrecht, en Curitiba, a fines del 2017. Odebrecht había dicho que cuando los presidentes dejaban el poder, la constructora los contrataba. “Yo recuerdo que contratamos a PPK para dar conferencias para nosotros. […] Barata puede haber ayudado a Alan García en una conferencia”, dijo Odebrecht.
Unos días después de esa declaración, Alan García publicó en su cuenta de Twitter (ahora X) lo siguiente:
El tuit de García nos llevó inmediatamente a revisar nuestros propios archivos. IDL-R había publicado, en diciembre de 2013, un artículo sobre las conferencias que García dio después de su mandato en distintas partes del mundo a empresas o grupos económicos que habían contratado con su gobierno.
Esas conferencias habían sido investigadas previamente por José Peláez Bardales cuando fue fiscal de la nación, en el contexto de una investigación por enriquecimiento ilícito a García. El caso fue archivado utilizando como sustento un peritaje financiero hecho, nada menos que, por un aprista.
Al mediodía del 15 de noviembre de 2018, durante una entrevista con un periodista de Latina, García calificó la publicación de IDL-R sobre la conferencia como “un refrito”. “Jamás saldrá un centavo de coima para Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo! Encuentren algo”, exclamó García. Incluso hizo una publicación en su cuenta de Twitter.
Horas después, El Comercio informó que el fiscal Pérez había solicitado al juez Juan Carlos Balbuena, el impedimento de salida del país por 18 meses, por el caso Metro de Lima.
Un par de días después, el 17 de noviembre, el juez declaró fundado el pedido de la Fiscalía. “No es una sanción estar 18 meses en mi patria”, dijo García al finalizar la audiencia judicial.
Sin embargo, horas después de esas declaraciones, García ingresó a la residencia de la embajada de Uruguay en busca de asilo político, el cual, después de unas semanas, fue negado el 3 de diciembre.
Cuando Alan García tuvo que dejar la embajada, se lanzó a una campaña para desprestigiar la investigación, a los periodistas de investigación y al fiscal del caso.
En diciembre de ese año, IDL-R publicó una serie de fotos elocuentes y reveladoras: Alan García junto a todo el elenco de funcionarios del Metro de Lima, implicados en la trama de sobornos, en la celebración por el trigésimo (30) aniversario de Odebrecht en el Perú, que había tenido lugar en el Swissotel, el 10 de diciembre de 2009, en pleno gobierno de García.
Ese fin de año fue turbulento.
La noche del 31 de diciembre, en plena celebración del año nuevo, el entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarry, implicado en la trama del caso ‘Cuellos Blancos’, removió a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial.
Ante la presión y movilización ciudadana, Chavarry tuvo que reponerlos el 2 de enero de 2019.
Alan García y la Caja 2
[Y los aportes de campaña al Apra]
El inició del 2019 fue particularmente movido. Keiko Fujimori y otros políticos implicados en la trama del caso Lava Jato estaban en la cárcel, cumpliendo un mandato de prisión preventiva.
Alan García, a su turno, había arreciado su campaña de ataques contra IDL-R, su director; y el fiscal José Domingo Pérez. Esta se había extendido a través de trolls alanistas en redes sociales y un pasquín semanal llamado Presente, vinculado a apristas.
El 29 de enero, IDL-R publicó la evidencia que tenían las autoridades de Andorra sobre los pagos que hizo el Sector de Operaciones Estructuradas a la offshore Ammarin Investment Inc, de Miguel Atala, por más de un millón 300 mil dólares. Semanas después publicamos otra nota, que documentó como Atala movió el dinero de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Unos días después, el 18 de febrero, IDL-R publicó otra entrega sobre la conferencia de García. Se trató del decisivo testimonio de Marcos Grillo, un exfuncionario de Odebrecht que tuvo a su cargo el programa de ‘Generación de Recursos’ que proveía fondos para el Sector de Operaciones Estructuradas.
Grillo confirmó que el contrato mediante el cual se pagó la conferencia que dio García fue ficticio y simulado; y que fue él quien organizó el proceso para la simulación de ese pago. Pero además contó que quien lo llamó para pedirle que haga esa operación fue Jorge Barata.
Como reacción inmediata a la publicación de IDL-R, García y su abogado defensor, Erasmo Reyna, intentaron tergiversar las declaraciones del exejecutivo de Odebrecht a través de sus cuentas de Twitter.
Unos días después, García arreció sus ataques contra Gorriti. En una entrevista con el diario El Trome, dijo que el director de IDL-R lideraba “una mafia judía”. En otro momento, en su cuenta de Twitter, García lanzó nuevamente el mismo ataque, que fue respondido en otro artículo del director de IDL-R.
El 6 de abril de 2019, IDL-R publicó la investigación (‘El Apra’, ‘Laque’ y la Caja 2’) que documentó el aporte de 100 mil dólares de Odebrecht a la campaña de Alan García, en 2006. De acuerdo con documentos del Sector de Operaciones Estructuradas, el pago fue hecho en dos partes: 60 mil dólares a ‘Laque’, el seudónimo del exministro aprista Luis Alva Castro; y 40 mil dólares, al ‘Apra’, que no figura con seudónimo alguno.
Unos días después, el 14 de abril, IDL-R publicó –en el artículo ‘Los pagos ilegales a Luis Nava’– documentos del Sector de Operaciones Estructuradas que registraron pagos ilegales a Luis Nava Guibert, bajo el seudónimo o codinome de ‘Chalan’, por más de 4 millones de dólares.
También publicamos, ese mismo día, los pagos que el departamento de coimas de Odebrecht le hizo a José Antonio Nava Mendiola, bajo el seudónimo de ‘Bandido’, por casi medio millón de dólares, entre enero y octubre de 2010.
El suicidio de García
[y las campañas de odio]
La mañana del miércoles 17 de abril, Alan García se pegó un tiro en la cabeza durante una intervención policial y fiscal para arrestarlo en su domicilio en Miraflores. Su detención era parte de un operativo mayor en que fueron detenidos preliminarmente, por 10 días, algunos integrantes de su círculo más cercano y funcionarios implicados en la trama de corrupción del caso Metro de Lima: Luis Nava, Miguel Atala, el exministro Enrique Cornejo, Oswaldo Plasencia, entre otros.
Es probable que García supiera que iba a ser arrestado esa mañana. La noche anterior, la revista Caretas publicó en su cuenta de Twitter un “adelanto de edición” con la portada de esa semana. Y señaló que el juez Sánchez Balbuena estaba evaluando “el pedido de detención preliminar” solicitado por el fiscal José Domingo Pérez contra el expresidente García y Miguel Atala.
A partir del suicidio de García, se desató una campaña intensa de odio e incitación a la violencia contra el director de IDL-R y los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. La campaña fue tan intensa, que generó un pronunciamiento de distintas organizaciones internacionales en defensa del periodismo de investigación y la libertad de prensa, en respaldo a IDL-R.
Entonces, como ahora, apristas, sus operadores, desinformadores, y otros implicados en el caso Lava Jato que actúan como sus aliados, acusaron, frenética pero coordinadamente, a Gorriti y a los fiscales, de haber acosado a García para instigarlo al suicidio.
La campaña se recicló en estos días, pese a que los familiares y colaboradores cercanos de García, la desmienten.
En una entrevista de febrero de 2020, Carla García, la hija mayor del exmandatario, le dijo a Milagros Leiva que en varias oportunidades su padre le dijo que tenía decidido quitarse la vida. “Me di cuenta que era su decisión y que lo tenía muy bien pensado. El máximo amor no está en salvar a una persona de hacer lo que quiere hacer, está en aceptar sus deseos”, dijo la hija del exmandatario.
Recientemente, en una entrevista con Beto Ortiz, el abogado Humberto Abanto (investigado por su participación en la trama de los arbitrajes) dijo que sabía que García tenía pensado suicidarse. “Rechazo la tesis de que Alan García haya sido inducido a suicidarse, fue una conducta digna de no dejar que lo mancillen y lo maltraten y lo vejen y destruyan su figura histórica”, dijo Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama en el caso Cócteles.
El testimonio torcido de Jaime Villanueva
En su declaración testimonial del 30 de enero, conducida por el fiscal provincial Reynaldo Abia, el exasesor de Patricia Benavides dijo que en el contexto de las investigaciones a Martín Vizcarra por parte del Equipo Especial Lava Jato sobre corrupción durante su periodo como gobernador en Moquegua, un grupo de “medios caviares” no respaldaba la gestión del fiscal Rafael Vela al frente del Equipo Especial Lava Jato.
Y que por esa razón, dijo Villanueva, este le sugirió al fiscal Vela que converse con el director de IDL-R. Villanueva añadió que la conversación se produjo y que el fiscal le dijo a Villanueva: “Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo [sic] le di toda la información para cercar a García”.
“Recordemos que cuando García llegó a una citación a la fiscalía”, dijo Villanueva al fiscal, “él viene cuando Alan está aquí Gorriti [sic] saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García, en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo. José Domingo ya había pedido el impedimento de salida, entonces toda esa planificación, lo que busca era que Alan no se vaya, y me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo, por eso me dijo he ido a cobrarle lo de Alan, y entonces me parece ahí Gustavo sale en una entrevista a apoyar a Vela y a partir de que Gustavo apoya a Vela, ya todos los medios de ese sector Rosa María Palacios, Jacquie Fowks y todo ese grupo empieza a apoyar a Vela, preciso que todo ese apoyo era para que Zoraida no lo saque a Vela, de hecho, Rafael me comentó que el propio Gustavo llamó a Zoraida para decirle que no lo saque a Vela (…)”.
Tal como ha quedado demostrado líneas arriba, la investigación sobre la conferencia que dio García, pagada por Odebrecht con dinero de la Caja 2, fue una investigación de largo aliento, que tuvo como elemento central las delaciones corporativas secretas de Odebrecht, obtenidas por la Red de investigación periodística coordinada por IDL-R.
En lo que permite la reserva de fuentes, IDL-R está en condiciones de afirmar que:
– Parte sustancial de la investigación sobre los pagos a García a través de la Caja 2 tuvo como base las delaciones corporativas secretas (descritas líneas arriba) que la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, liderada por IDL-R, obtuvo en Brasil.
– Una pequeña, aunque importante, actualización corroborativa fue obtenida de fuentes no pertenecientes a la Fiscalía.
Eso es todo lo que hay que decir sobre el pago ilícito a García a través de la Caja 2. Lo importante es que IDL-R demostró al margen de toda duda que su investigación fue atinada y verdadera.
Villanueva miente, como lo ha hecho en varias otras ocasiones, en las que no está sometido a los rigores corroborativos de la colaboración eficaz y puede echarle la culpa de cualquier mentira a una equivocación, un error de memoria.
En cuanto a la cronología de los hechos, hay varias falsedades. Si bien el artículo ‘Alan García y la Caja 2’ fue publicado el mismo día en que García asistió al despacho del fiscal Pérez Gómez, fue después de ello que el fiscal solicitó al juez el impedimento de salida del país de García. La solicitud de impedimento de salida fue por el caso Metro de Lima, no por el asunto de la conferencia.
En cuanto a la versión de Villanueva sobre lo que le habría dicho Vela, IDL-R entrevistó al hoy suspendido fiscal. Este, Rafael Vela, indicó que “todo lo declarado por Villanueva es falso, que en ningún caso se condice con la realidad y verdad”.
El fiscal Pérez Gómez, entrevistado también sobre el tema, indicó a IDL-R que era él, y no el fiscal Vela, quien condujo la investigación de García. “No es parte de la competencia de Vela ver este caso”.
Pero hay más. La investigación sobre la corrupción vinculada a la gestión de Vizcarra y al ‘Club de la Construcción’ mencionada por Villanueva en su declaración, ocurrió dos años después de la publicación de IDL-R sobre la conferencia de Alan García.
¿Chequearon eso los desinformadores de Willax? Ni eso ni nada que pudiera llevarlos, aunque fuera por accidente, a la verdad.
De todos modos, IDL-R entrevistó a Zoraida Ávalos, que fue entonces fiscal de la nación. Ella dijo que “Gustavo Gorriti nunca me ha llamado para pedirme nada. No estaba en mis planes sacar al fiscal Rafael Vela de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato”.
La parte más repulsiva de este montaje hipócrita es la histriónica reacción de varios de los alanistas, que, todo indica, sabían lo que estaba en preparación en los digestores de Willax, como Jorge del Castillo (abogado también de la suspendida Patricia Benavides).
Esto sacó Del Castillo (y fue rebotado y hasta exagerado, si cabe, por una serie de notorios individuos).
Ya es tiempo de enfrentar esa falaz histeria.
¿Qué tuvo que ver la investigación de IDL-Reporteros con el suicidio de García? ¿Que haber encontrado y expuesto la verdad de los hechos iba a provocar el suicidio? ¿IDL-R debió no publicar y quizá ni siquiera investigar por ese supuesto peligro?
De otro lado, ¿cómo podía saber alguien, en IDL-Reporteros, que García preparaba su suicidio? Nadie lo supo, ni tenía cómo saberlo.
En cambio, ellos sí lo sabían. Todo el cogollo cercano a García, así como, por lo menos buena parte de su familia, lo sabía. Y así lo han declarado.
Sabiendo, como sabían, ¿qué hicieron por evitarlo? ¿Qué hicieron para hacerlo desistir? ¿Qué hicieron para buscar ayuda profesional? ¿Qué hicieron para sustraer el arma con la que se mató, o por lo menos la munición? ¿Qué hicieron por juntar amigos, gente que él respetara, para convencerlo de que desista en el propósito de matarse?
La respuesta es ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡Ellos sí sabían y los demás no! ¡Y no hicieron nada por evitarlo! Fue una pasiva connivencia con la inminente tragedia, que tiene una figura penal, la “omisión de auxilio o de aviso a la autoridad”, pero sobre todo una aplastante sanción moral. Sabían y nada hicieron. Y luego tuvieron el cuajo de intentar responsabilizar por ese trágico desenlace a los periodistas de investigación que cumplieron con su deber de sacar la verdad de los hechos a la luz, con total desconocimiento del propósito suicida del investigado.
La próxima vez que Del Castillo quiera chillar “¡Malditos!”, que lo haga frente a un espejo, acompañado por los bribones hipócritas que le hicieron coro y eco.
